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Santa Fe, Santa Fe, Argentina
Abogado con veleidades de constitucionalista y literato. Aprendiz de mucho, oficial de nada. Librepensador me educó mi padre... Mi CV aquí http://www.domingorondina.com.ar/1999/10/cv.html

LA CONSTITUCION SANTAFESINA COMO TEXTO POSIBLE






Compartimos una sustanciosa nota que nos realizó Nancy Balza para Diario El Litoral, donde analizamos los inicios de un nuevo intento de Reforma Constitucional en la Provincia de Santa Fe.
Proponemos un itinerario que puede recorrer el proceso para modernizar la Constitución Provincial, para que siga siendo orgullo santafesino.




DOMINGO RONDINA
Proyecto de reforma Constitucional: “Tenemos que hacer el texto posible”
  • El abogado y experto en Derecho Constitucional ofrece un panorama concreto y didáctico sobre los aspectos que deberían evaluarse en caso de que se modifique la carta magna provincial. Luces y sombras de un texto sancionado hace 54 años. Por qué 2018 aparece como una fecha oportuna para una eventual modificación.

Luces y sombras. Para el experto, en materia de derechos, la Constitución de 1962 es muy completa. El sistema de “blindaje” que se explica en el contexto histórico es un inconveniente al momento de plantear la reforma.
Foto: Mauricio Garín
Nancy Balza
nbalza@ellitoral.com
Domingo Rondina preside el Instituto de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de Santa Fe, uno de los organismos con los que el gobierno provincial firmó convenios en el marco del debate sobre la posible reforma de la carta magna santafesina. Desde ese espacio, está a cargo de la comisión provincial de reforma constitucional, creada por el gobernador Miguel Lifschitz, que funciona en el marco del Consejo Económico Social. “En esa comisión, coordino y organizo con las entidades que tienen que ver con el debate de la sociedad civil frente a la reforma”, señaló en diálogo con El Litoral.
—Una reforma que se plantea como amplia en cuanto a las consultas y los temas que abarca.
—La reforma tiene tres carriles. El principal que es el acuerdo con los diferentes sectores políticos, los que tienen representación legislativa y los que no la tienen; primero porque para que la reforma se declare se necesitan dos tercios de la totalidad de los miembros de cada cámara y ese número mágico sólo se logra con un altísimo acuerdo con todos los partidos. Pero, además, nuestro sistema de reforma constitucional del ‘62 está blindado, tiene restricciones y dificultades: eso hace que si llega a haber cualquier dificultad en la convención, si se aprueba un tema que no se había autorizado expresamente, si se queda sin quórum, se cae toda la reforma. Eso significa que hay que acordar con los partidos que se van a presentar a esa elección, aunque ahora no tengan legisladores en las cámaras.
—¿En qué momento se estableció este sistema blindado?
—En el ‘62 por la mutua desconfianza que se tenían los sectores políticos en ese momento. Por eso, es muy difícil reformar la Constitución de Santa Fe. La provincia tuvo muchos problemas con las reformas: que se hacían, que no se aplicaban, que se intervenía la provincia para anularlas. El problema más grave se dio con la reforma del ‘21 que fue idealista pero no gozaba de consenso partidario. Fue anulada y durante diez años no se aplicó; luego el gobernador Luciano Molinas la puso en vigencia durante un tiempo. Pero es el ejemplo de lo que no debemos hacer: una Constitución que a todos nos convenga pero que no podamos aplicar. Tenemos que hacer el texto posible, la reforma posible. En ese sentido, hay un grupo de entre 6 y 10 temas que tienen alto consenso multipartidario y creo conveniente avanzar sobre esos puntos.
—¿Cuáles son los otros carriles?
—Otro carril es el de la participación de los constitucionalistas y especialistas, que tenemos que definir a partir de los consensos que la política haya logrado, cómo se tiene que escribir. Si se pusieron de acuerdo en que las elecciones en las comunas sean cada cuatro años, cómo lo escribimos: la dimensión de la política es la dimensión de lo que quiero, la dimensión del constitucionalista es la de lo que puedo, o del cómo.
El tercer carril es el de la sociedad civil, es el carril del para qué. El desafío como comisión provincial es explicarle a la gente el para qué de la reforma.
—¿Y para qué la reforma?
—En primer lugar, no podemos decirle a la gente: “Vamos a hacer todo lo que ustedes piden”. Hay cuestiones que tienen que ver con el acuerdo político y con cómo se escribe, y la gente no puede incidir sobre eso. Es necesario explicar el camino que vamos a seguir y cómo se puede incidir sobre ese camino. La principal incidencia de la ciudadanía es al momento del voto, escuchar las diferentes propuestas de quienes quieren reformar la Constitución y elegir aquellos planteos que resulten más convincentes. Habrá partidos que pidan que el catolicismo no sea la religión de Santa Fe y otros que si; partidos que van a pedir autonomía plena para Rosario y Santa Fe y otros que pidan autonomía para todos, como también otros que no quieran autonomía. Después, la gente puede aportar a los contenidos sobre los que hay acuerdo: una cuestión que se planteó en la primera reunión de la comisión provincial fue la necesidad de cuatro años de gestión
En este país, lo urgente nos quita tiempo para lo importante, surgen otras necesidades, otros temas. Pero tenemos que empezar a dar el debate, sacarlo de las tapas de los diarios pero ponerlo en la agenda de las páginas interiores. Porque, si no, va a llegar el momento de la reforma y no vamos a tener material preparado”.
de las comunas, y alguien dijo que no era tan decisivo el plazo sino qué recursos van a tener las comunas para hacer algo en esos cuatro años.
—Cuando hablamos de sociedad civil no hablamos de los ciudadanos comunes.
—Hablamos del ciudadano común institucionalizado. No de una encuesta que se hace en la peatonal, sino de los mecanismos a través de los cuales se canalizan las cuestiones ciudadanas. Por eso, se plantea que es tan importante participar en las entidades intermedias que son las interlocutoras de los temas gubernamentales. No tenemos un mecanismo de ágora o asamblea donde se cite a todos; hay mecanismos institucionales que tienen que ver con las organizaciones de la sociedad civil.
EL CONSENSO NECESARIO
“Este período de gobierno de Miguel Lifschitz es bueno para intentar una reforma. Si hay una Legislatura fuertemente oficialista, la reforma la escribe uno solo. Cuando hay un panorama de tanta dispersión con una cámara de un partido y otra de difícil mayoría de otro partido y un Ejecutivo de otro color, está la obligación del diálogo y el consenso. Me parece que nuestros políticos han madurado mucho en estos 33 años de democracia y están en condiciones de afrontar estos debates”, opinó más adelante. Y aportó que “hablo con todos los legisladores de todos los partidos que tienen en claro que la reforma es necesaria aunque sea en media docena de temas”.
—¿Cuáles son esos temas?
—Uno: Que las comunas tengan mandatos de cuatro años, que no fue un error en el ‘62 sino que entonces eran pequeños parajes. Con el paso del tiempo, las comunas fueron creciendo y cuando superan los 2.000 habitantes se vuelven inmanejables con dos años de gestión. Además, tienen muchas funciones que entonces no tenían. Tampoco, hay argumento técnico para diferenciar el municipio de la comuna en el marco de autonomía que otorga la Constitución Nacional del ‘94.
Dos: El balotaje. Hay que tratar de resolverlo en los niveles municipales. Quizá no se logre consenso para la elección a gobernador pero hay que ver este tema porque existen comunas donde la elección se resuelve por sorteo debido a que se dan empates con frecuencia.
Tres: El Consejo de la Magistratura. Desde el gobierno de (Víctor) Reviglio es una autolimitación que hace el gobernador, porque la Constitución le da amplias facultades para designar a quien quiera. En ese entonces, ni se debatía pero hoy se plantea y es un escándalo: 54 años después cambió mucho el mundo. Algunos gobernadores se han ido autolimitando, pero tenemos que plasmar este tema en la Constitución y establecer reglas.
Cuatro: La remoción de magistrados. El problema es que la provincia, a partir de la sentencia de la Corte Nacional en la causa Frois, se ha quedado sin sistema de destitución de magistrados. Es necesario que restablezcamos el control de la ciudadanía sobre los malos magistrados judiciales (con) un mecanismo de remoción a través de un Consejo de la Magistratura o un jurado de enjuiciamiento independiente que asegure una fácil destitución en estos casos.
Cinco: La Cámara de Diputados. En nuestra Constitución, la lista que gana se lleva 28 legisladores y los restantes 22 se distribuyen entre todos los perdedores. Esa distribución se explica en aquel momento histórico, donde ese número de 28 diputados fue pensado como un techo. Ahora, es diferente: en un escenario de dispersión del voto entre muchos partidos, el que gana por unos pocos sufragios se lleva un premio enormemente superior al segundo. Además, ha cambiado el mundo, hoy nos parece razonable que los diputados sean en proporción a los votos.
Seis: La constitucionalización del defensor del Pueblo, que hoy es una figura establecida por ley, y la autonomía de los Ministerios Públicos de la Acusación y de la Defensa que están en una profunda crisis porque la ley que los reguló lo hizo de forma deficiente.
Siete: El replanteo de la composición de la Corte Suprema, única en el mundo de seis miembros, con empate y alta preponderancia de sus presidentes. Es bueno que Santa Fe se incluya dentro de los tribunales constitucionales de manera de sacarle a la Corte los problemas de voltaje político.
Ocho: El grado de autonomía que les corresponde a comunas y municipios es un tema de mucho debate. La Constitución Nacional nos manda a que demos autonomía a los municipios; entonces, tenemos que ver en qué grado. En el medio, estamos los que opinamos que se debe respetar cierto nivel de decisión a las poblaciones de las ciudades, pero con una coordinación provincial que mantenga unificado el territorio.
“No tenemos un mecanismo de ágora o asamblea donde se cite a todos; hay mecanismos institucionales que tienen que ver con las organizaciones de la sociedad civil”. Foto: Mauricio Garín
2018: LA FECHA OPORTUNA
  • Otro de los grandes temas a debatir es la fecha apropiada para concretar la reforma. En este punto, Rondina considera que “como el año 2017 es de elecciones intermedias, creo que no es bueno que se mezcle la elección de cargos convencionales con la de cargos comunes; por eso es que la Constitución establece un proceso especial. Además, ésta debería ser una buena ocasión para discutir sólo los temas que hacen al futuro de nuestra provincia como institución, no como mera discusión partidista”.
En su opinión, “sería bueno que la ley de necesidad de la reforma se dicte a finales de 2017 para que la elección se concrete a principios de 2018 y se erija la convención el segundo semestre de ese año”. “Por eso vengo proponiendo desde hace varios meses que 2018 sea el año en que pueda concretarse la reforma. Y si no se concreta, quedémonos tranquilos porque la Constitución tampoco es mala. Ninguno de los problemas que tenemos en la provincia es culpa de una Constitución atrasada: la nuestra es una buena Constitución: lo que falta es que los gobiernos la ejecuten en todos los términos”.



PERSONALIDAD Y LEGITIMACION PASIVA DEL PODER LEGISLATIVO

Legislatura legitimada





Tal como ya lo habíamos planteado en la causa López c/ Cámara de Diputados de Santa Fe s/ Amparo (Robustelli), la antigua doctrina de falta de legitimación procesal de los órganos legislativos debe flexibilizarse en algunos casos.
Cuando se discute en juicio una decisión discrecional, soberana, de una o ambas cámaras, debe habilitarse algún grado de participación de ellas en el debate judicial.
En la causa por la banca de Robustelli ya lo habíamos explicado y había sido admitido por las distintas instancias (VER AQUÍ).
En el año 2016, a raíz de un amparo promovido por el concejal rosarino Boasso, se volvió a discutir el tema, ahora respecto al Senado provincial.
Pretende el concejal que se le informe detalles y procedimiento para el otorgamiento de subsidios por parte de la Cámara de Senadores. Este es un tema muy importante, y que debe respetar los principios republicanos de buen gobierno y transparencia, en el cual ha avanzado muchísimo la Legislatura en los últimos años. Pero, en definitiva, estamos ante facultades privativas constitucionalmente consagradas.
Compartimos a continuación el escrito que elaboramos para contestar demanda, sosteniendo que debe admitirse la participación de la Cámara.
Y aquí puede leerse la nota de Diario El Litoral sobre el tema.



Ref.: “Boasso, Jorge c/ Provincia de Santa Fe
s/ amparo”
(expte. Nº 21-02866509-9)

Juzgado de Primera Instancia en lo CyC – 18ª nominación

Contesta demanda



Sr. Juez:
Carlos Alcides Fascendini, DNI 10.057.367, Vicegobernador de la Provincia de Santa Fe, y como tal Presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, con el patrocinio letrado del Dr. Domingo Rondina, abogado, con fianza suficiente para el ejercicio de la procuración, constituyendo domicilio ad litem en  Santa Fe 1950-Planta Baja-OFICINA PRESIDENCIA DEL SENADO  de la ciudad de Rosario, ante V.S. me presento y respetuosamente digo:


I) OBJETO
Vengo a comparecer por la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe que presido, y a contestar demanda por ella, solicitando se declare el objeto de esta causa abstracto y como cuestión política no judiciable, resultando de ello un DEFECTO ABSOLUTO EN LA POTESTAD DE JUZGAR (FALTA DE JURISDICCIÓN) por parte de V.S.
A todos los fines, solicito se rechace la demanda, con expresa solicitud de imposición de costas al reclamante.


II) CITACIÓN y PERSONERÍA
Que la Honorable Cámara de Senadores que presido es el sujeto requerido en la causa que tramita ante V.S.
Que la demanda se endereza contra la Provincia de Santa Fe y/o CAMARA DE SENADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE diciendo el actor expresamente que pretende entenderse litigiosamente con nuestra Cámara: “En cuanto a la Cámara de Senadores se trata de un órgano que cuenta con presupuesto propio y normas internas propia (sic), corresponde a dicho organismo la contestación de la nota cursada, consecuencia de lo cual su legitimación pasiva surge nítidamente.”
Y, así como la contestará el Poder Ejecutivo a través del Fiscal de Estado, es menester que contestemos nosotros y seamos tenidos por parte por razones que infra desarrollaré, pero que resumo:
* se pretende revisar actos de la Cámara que resultan totalmente ajenos a la voluntad del Ejecutivo, por lo que debe defenderse la independencia de los poderes
* no tenemos facultades constitucionales ni legales para darle instrucciones al Fiscal de Estado, por lo cual no podemos asumir como propias las decisiones que él tome, ni los argumentos de su contestación
Por ello, aunque se haya omitido citarnos, vengo a tomar intervención y a contestar demanda, sin perjuicio de las advertencias y salvedades que a continuación formularé.
Y, en representación de la Cámara, solicito ser tenido.


III) CITACIÓN A FISCALÍA DE ESTADO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
Considero correcto que el Fiscal de Estado comparezca en esta causa. Pero no para que represente a la Cámara que yo represento en esta presentación. Sí para que tome la intervención que el Poder Ejecutivo considere adecuada.
Es criterio del suscripto que el Fiscal de Estado Provincial, en este caso, debe limitarse a suscribir el criterio jurídico que la Cámara sostiene, para cumplir cabalmente su obligación de defensa en juicio de todos los órganos del Estado.
Una actitud diferente del Sr. Fiscal de Estado podría conducir a la esquizofrenia del conflicto de poder.


IV) LEGITIMACIÓN PASIVA DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES
Expondré por qué considero que la HCS se halla legitimada para intervenir en esta causa de modo directo, y luego argumentaré respecto a su personalidad, sin perder de vista que considero que la presente cuestión resulta NO JUDICIABLE.
En decisiones autónomas de cada Cámara, como lo es el uso de sus facultades discrecionales (en este caso, la de conceder subsidios), es dicho órgano constitucional totalmente independiente, actuando según el mejor criterio de su mayoría, discrecionalmente, sin cortapisas posibles provenientes de otros poderes estatales (sea el Ejecutivo o el Judicial).
La decisión hace a la propia función, y por ende admitir cualquier invasión foránea pondría el funcionamiento mismo de la Cámara en manos de otro órgano invasor.
Se trata de una facultad asignada directamente por el Poder Constituyente, y dada sin restricciones de ningún tipo.
Por ende, la decisión que la Cámara que presido toma en estos temas sólo es atribuible a ella, y debe ser defendida por ella, entendiéndose con la Cámara la discusión que aquí pretende entablarse.


V) PERSONALIDAD DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES
La antigua doctrina, que era comúnmente aceptada, sostenía que la Legislatura no es demandable.
Suponían los autores clásicos que cualquier pretensión de un particular contra ella iba, en definitiva, a repercutir sobre decisiones provinciales, sobre el presupuesto provincial, sobre el gobierno, y por lo tanto se suponía que el único legitimado pasivamente por el concepto ‘Estado Provincial’ era el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, con la lenta pero persistente perforación de la doctrina de las cuestiones políticas no judiciables, han ido apareciendo casos que nos llevan a reformular la tesis.
En efecto: cuando un juzgado, como en el caso, da trámite a una demanda cuyo objeto hace a funciones propias, intransferibles, de una Cámara legislativa, debe admitirse su participación litigiosa.
Ello por varias razones que intentaré desarrollar a continuación:


LA PERSONALIDAD POR FUNCIÓN DISCRECIONAL
Al tratarse de un tema concedido sin cortapisas por la Constitución, como lo es la facultad de conceder subsidios, estamos ante una decisión exclusiva, y discrecional de la Cámara.
Es la decisión de la HCS la única que causa el efecto buscado por la Constitución (concesión de subsidios) y así es la Cámara la única que puede causar el daño que el demandante cree estar sufriendo (insuficiente información).
Postular al Poder Ejecutivo, o a su órgano Fiscal de Estado (‘es el asesor legal del Poder Ejecutivo’, dice el artículo 82 de la Constitución Provincial), como representantes de la Cámara resulta inidóneo para la profundización del debate judicial sobre la causa.
Por lo tanto, surge claro que la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe debe ser admitida como parte en la causa.


LA PERSONALIDAD POR AFECTACIÓN DE LA SENTENCIA
La sentencia que V.S. puede llegar a dictar, si antes no admite su falta de potestad judicial, afectará de manera exclusiva y directa a la Cámara que presido.
La sentencia que el actor pretende implica restringir una facultad que la Constitución le da a un órgano constitucional.
Dejar en manos del Fiscal de Estado esa posible decisión es absurdo. Ni a él ni al Poder Ejecutivo les afectaría de modo alguno la sentencia, ni podrían comprometerse a cumplirla, ya que el manejo del propio presupuesto es potestad de la misma Cámara, con lo cual malamente podría cumplirse una sentencia de ese objeto.
Si V.S. dispusiese determinados requisitos a seguir por el Senado respecto a su facultad constitucional de conceder subsidios, ni el Fiscal de Estado ni el Poder Ejecutivo podría ordenarnos un temperamento, por lo tanto es menester que sea la misma Cámara quien participe de la causa.
Es que, para que la Cámara pudiese ser forzada en el marco de una hipotética e inconstitucional ejecución judicial, debería haber sido parte del proceso, y condenada en firme.
Por lo tanto, surge claro que la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe debe ser admitida como parte en la causa.


LA PERSONALIDAD POR CONFLICTO DE PODER. LA ACTUAL SITUACIÓN HISTÓRICA DE LA COMPOSICIÓN DE LA CÁMARA DE SENADORES
Que si se pretendiese dar intervención al Ejecutivo o al Sr. Fiscal de Estado (ubicado orgánicamente dentro de la estructura del Poder en la órbita ejecutiva) estaríamos en una situación de grave crisis institucional, ya que podríamos afrontar un serio conflicto entre el Departamento Ejecutivo Provincial y una de las Cámaras Legislativas.
Súmese a ello que, actualmente, la mayoría de la Cámara de Senadores no responde al partido del Gobernador, y por lo tanto no podemos presumir que haya sintonía absoluta entre los criterios del Fiscal de Estado, instruido por el Gobernador, y los criterios decididos por mayoría en esta Cámara.
Pero, tal como sostuvimos y hemos demostrado siempre, es posible la convivencia democrática entre mayorías partidarias diferentes, siempre y cuando haya diálogo democrático, y se respeten las competencias e incumbencias de cada poder.
Pero si se aceptase que, ante una demanda, el Gobernador debe representar a la Cámara de Senadores, caeríamos en una gravísima desviación de las competencias funcionales.
En todo litigio una mala gestión procesal puede conducir a una derrota.
En todo litigio existe la posibilidad de allanarse a la demanda.
En todo litigio debe haber identidad entre quienes debaten y quienes son condenados.
Por lo tanto, surge claro que la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe debe ser admitida como parte en la causa.


ART. 93, INC. 6 - LA CORTE ES SUPREMA
En este caso, si se permitiese al Poder Ejecutivo Provincial entenderse con quien reclama información propia del Senado, estaríamos ante un claro supuesto de conflicto de Poder que debería ser zanjado por la Corte Provincial.
Si se impidiese a la Cámara de Senadores tomar intervención judicial a través de sus autoridades, y se delegase la tarea al Fiscal de Estado dependiente del Gobernador, se provocaría una crisis institucional de proporciones producto del desbalance de poderes.
Téngase presente que, por razones propias, el Ejecutivo podría tener sus criterios y preferencias respecto a cómo debe manejarse el Senado, en cuyo caso nadie podría garantizarle a la Cámara la JUSTA DEFENSA EN JUICIO con lo cual serían estériles las cláusulas constitucionales que la hacen independiente en el desempeño de sus facultades.
Por todo ello, surge claro que la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe debe ser admitida como parte en la causa.


LA PERSONALIDAD Y LA DEMANDABILIDAD
En DI LEO (Reg.: A y S T 32 p 348, 13/12/74) la CSJPSF directamente rechazó que pueda demandarse a la Legislatura provincial diciendo sucintamente:
“CONSIDERANDO: Que el Poder Legislativo no tiene legitimación procesal para actuar en juicio. Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Declarar inadmisible el recurso interpuesto.”
Respetuosamente entendemos que hay una invasión conceptual.
Por una parte, lo que impide a la Legislatura estar en juicio, como enseñan Sagüés y Serra siguiendo a Ulla, es que se le ha dado un marco de inmunidad frente al Poder Judicial para que no se revisen decisiones que le son propias.
Precisamente por eso aquí planteamos lealmente que estamos ante una cuestión política no judiciable. Es un obstáculo a la demandabilidad.
Pero cuando las demandas son admitidas, cuando se va a analizar el comportamiento del Poder Legislativo, se le debe reconocer cierta personería para comparecer. No puede obstaculizarse la defensa.
“171. ¿Tienen "personalidad" los órganos? ¿Son sujetos de derecho? Los órganos que, como tales, integran una persona jurídica, no pueden considerarse como sujetos de derecho, con personalidad jurídica distinta de la persona a que pertenecen. La personalidad, en tal caso, le corresponde a la persona jurídica. Así, los órganos legislativo, judicial y ejecutivo, integrantes de la persona jurídica "Estado", carecen de personalidad, la cual le corresponde al Estado. De manera que los meros "órganos" de una entidad o persona jurídica no tienen personalidad: no son sujetos de derecho.
Lo que antecede constituye el "principio", el cual, sin embargo, puede verse modificado por un texto expreso de derecho. Siempre ha de tenerse presente el ordenamiento jurídico vigente, aplicable al caso que se considere.” (Marienhoff, Miguel; Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 1)
En Giordano Monti (Reg.: A y S t 125 p 185-194 27/03/96), al tratar sobre la Medida Cautelar, la CSJP sostuvo su añeja jurisprudencia de falta de personalidad del órgano legislativo (Bastino, Decoud, Di Leo)
Pero, como bien dice Marienhoff, ese es el ‘principio’.
Ahora, debemos atender al caso y al derecho vigente.
Estamos aquí en una situación particularísima donde la Legislatura debe defender no un acto administrativo cualquiera sino una decisión que hace a su esencia: la decisión sobre su propio presupuesto, y sobre cómo cumplir su función constitucional, sus atribuciones, sus “le corresponde”.
Pensemos cuánto evolucionó el derecho constitucional en los últimos años. En la edición 1995 de su “Acción de Amparo” Sagüés sigue explicando que la doctrina mayoritaria rechaza el amparo contra las leyes inconstitucionales y sólo lo acepta contra actos administrativos…
En ‘Decoud’ (Reg.: A y S t 117; p 217-276; 07/06/95) la Corte Provincial señaló que la negación de personalidad a los ‘órganos’ (entre los que incluye a las Cámaras) se debe a “la inexistencia de un interés distinto del órgano a cuya satisfacción se destine su actividad”.
Y –justamente en este caso- se advierte que la Cámara de Senadores puede tener intereses propios DIFERENCIADOS de la Provincia representada por el Poder Ejecutivo.
“El problema de la legitimación procesal. Procuraremos ahora advertir otras facetas del encuentro que motivan la acción con sus implicados en el derecho constitucional y en el derecho procesal. Ellas se nutren en algunos planteos filosóficos, o bien, surgen de principios particulares de la teoría general del derecho que insisten en presentar al derecho procesal como un derecho de praxis, exclusivamente instrumentador de los derechos materiales y, particularmente, de los denominados “derechos subjetivos”, o de aquella categoría que se refiere a las “situaciones jurídicas subjetivas”.
La tesis que propiciamos consiste en sostener, básicamente, las siguientes posiciones:
a) que el derecho procesal no es únicamente un derecho absolutamente instrumental, sino, esencialmente, una garantía de los derechos fundamentales del hombre, de modo tal que si aparece en alguna de sus instituciones estructurales (jurisdicción, acción y proceso) algún desconocimiento, alteración o transformación crítica hacia los derecho humanos, le corresponde a la ciencia procesal encausar el desvío, olvidando las reglas de las seguridades formales establecidas, para ir en busca de la justicia especifica que debe concretar;
b) que, en materia de legitimación procesal, y en especial, en el juicio de amparo, debe postergarse la protección de las individualidades, cuando ella significa anular la tutela en los intereses sociales, colectivos o difusos. El soslayo se basa no tanto en la insuficiencia manifiesta que muestra la captación de los derechos subjetivos, sino porque, además de la tutela y defensa de los intereses particulares, la socialización y la masificación de las preocupaciones funda un orden diferente que urge ser tenido en cuenta.
En este sentido, la dimensión y novedad que presentan los fenómenos sociales, encierra concertaciones entre grupos, organizaciones, Estados, y no existe aún mecanismo alternativo que preserve esos intereses.
En verdad, como lo dijo Capelletti, “los derechos y los deberes no se presentan más, como en los códigos tradicionales de inspiración individualista- liberal, como derechos y deberes individuales, sino metaindividuales y colectivos”. (El derecho de Amparo, Osvaldo Alfredo Gozaíni, Págs. 99 y 100)
Y hacia allá vamos. Para desentrañar la verdad del caso sólo puede llevarse el pleito con la Cámara de Senadores como parte.


VI) ABSTRACCION DE LA CAUSA (moot case)
Que el objeto de cualquier amparo por mora (figura regulada pretorianamente en nuestra provincia), es justamente el expresado en el capítulo “objeto” de la demanda que contesto: que el juez fije un plazo para que el órgano estatal brinde una respuesta formal la petición de un ciudadano.
El amparo por mora, vía elegida por el actor, no congloba en su objeto que el órgano estatal se pronuncie en determinado sentido. Solamente puede concluir con una orden de tipo perentorio, que fija plazos.
En este caso, con algunos días de anticipación a la notificación de la demanda, nuestra Honorable Cámara de Senadores contestó el pedido del ciudadano Boasso, conforme surge del expediente administrativo que en copia debidamente legalizada acompaño.
Efectivamente, en fecha 21/09/2016 se ingresó en Mesa de Entradas del HCM Rosario la respuesta de nuestra Cámara.
Efectivamente, como dice en su demanda, con fecha 16/08/16 ingresó nota membretada del HCM Rosario ante la oficina de Presidencia Senado Rosario, la cual entró por Mesa de Entradas General de la HCS en fecha 17/08/16.
Allí el concejal solicitó determinada información que dio lugar a la formación del expediente 33352.
Tras los lógicos pasos procedimentales y los dictámenes pertinentes, se ingresó respuesta dirigida al Concejal Boasso a través de la Mesa de Entradas del Honorable Concejo Municipal de Rosario en fecha 21/09/16, conforme surge de las constancias certificadas que acompaño.
Si la misma no es del agrado del peticionante, o si pretende otra información, debe peticionarla, y en todo caso acudir judicialmente mediante una acción propia del acceso a la información.
Pero el amparo por mora –vía electa- no puede incluir ese debate, agotándose en la fijación de un plazo cuando el pedido no ha sido respondido.
Pero en este caso sí fue respondido.
Por lo tanto, el objeto de esta causa se ha vuelto abstracto, habiendo enmudecido el caso, al decir de la doctrina norteamericana.


VII) LA MALICIA PROCESAL. BÚSQUEDA DE UN RESULTADO DE FONDO MEDIANTE UN AMPARO POR MORA
Apenas se lee la demanda del concejal Boasso, patrocinado por su socia Dra. Moschen, se advierte que los conceptos confusos no son producto de impericia o desconocimiento fáctico ni jurídico.
Poniendo diferentes pretensiones en una misma bolsa argumental intenta que V.S. no solamente provea un amparo por mora (fijando un plazo para responder una nota) sino que directamente V.S. disponga sobre el fondo, imponiendo una obligación de informar, cuánto informar, cómo informar y qué informar.
En su objeto, si bien habla de amparo por mora y de que se fije un plazo para contestar a su solicitud, agrega otros pedidos como que se ordene el acceso y la entrega de documentación, que son pedidos de fondo.
Por supuesto que confiamos en que V.S. distingue claramente la vía procesal instanciada de un amparo de fondo, y por eso ha proveído el presente como amparo por mora, pero quiero poner de resalto que se pretende confundir al juzgador, a las partes, y al público.
Así lo hizo el actor en su twitter el día 07/10/16 diciendo que la jueza había hecho lugar a su amparo y ordenado al Senado informar detalladamente sobre los subsidios en 5 días, cuando solamente se dio admisibilidad a la causa y se corrió traslado por 5 días.
Y siendo abogado el actor, y estando debidamente patrocinado, no puede ignorar que no hay sentencia sin traslado previo, más aún teniendo en cuenta que no ha pedido ni medida cautelar ni autosatisfactiva.
No podemos dejar de señalar también que Boasso inicia la causa y notifica su traslado después de haber recibido la contestación de nuestra Cámara, mostrando claramente su mala fe y la innecesariedad de esta demanda.
Pero así ocurre cuando la ambición política no deja ver el cauce procesal…


VIII) EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (AIP)
LA OBLIGACION DEL PODER LEGISLATIVO RESPECTO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Los decretos que el amparista invoca en su presentación administrativa, y ante V.S., expresamente excluyen de su régimen al Poder Legislativo.
Pese a esta exención, la Cámara que tengo el honor de presidir, en otra demostración de su compromiso republicano con la transparencia, contestó detallada y fundadamente a la requisitoria del Dr. Boasso.
En efecto el decreto 692/2009 dice en su artículo 2º in fine:
“Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente decreto los Poderes Legislativo y Judicial.”
Y el decreto 1774/2009 no tiene nada que ver con el caso, ya que solamente refiere a datos de empleados públicos, que no es lo que busca el actor. Transcribo las normas pertinentes:
“ARTÍCULO 1º: Créase el Sistema Provincial de Información Mínima Publicable respecto de agentes públicos, que como Anexo Único forma parte del presente decreto.”
“ARTICULO 3º: Invítese al Poder Legislativo, al Poder Judicial y a las Municipalidades y Comunas de la Provincia de Santa Fe a adherir al presente Sistema y/o a generar los propios dentro de sus respectivos ámbitos si no los tuvieren.”
Por ende, no nos son imperativas las normas que menciona el actor, e incluso nos hallamos relevados de la obligación que el amparista pretende imponer en estos autos.

IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR MORA A RAÍZ DE LA EXENCIÓN DE LOS DECRETOS DE AIP
No obstante lo dicho, debemos decir que no se puede fijar judicialmente un plazo para hacer algo a lo que el sujeto no está obligado a hacer.
El amparo por mora se justifica cuando un órgano estatal, obligado a contestar, no contesta.
En este caso, tal como expresamos, el Poder Legislativo provincial no tiene obligación legal de contestar los pedidos de acceso a la información pública, pese a lo cual ha brindado todo lo que se le solicitó.
Pero en cualquier caso, y en cualquier otro supuesto, debe V.S. tener presente que no podrá fijarse plazo alguno para hacer aquello que no estamos obligados a hacer.
Pretender como lo hace el amparista controlar si en cada caso el ciudadano careciente merecía o no la ayuda estatal es una revictimización de los débiles y una invasión a facultades privativas de esta Cámara.
En la ya famosa causa “CIPPEC c/ ESTADO NACIONAL – Ministerio de Desarrollo Social” la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció claramente que no debe informarse los motivos de los subsidios porque implicaría difundir datos personales sensibles, siendo suficiente conque se forme expediente con nombre y dni del beneficiario, tal como lo hace esta Honorable Cámara.
De ese modo, en aquella causa, se determinó que está cabalmente cumplido el acceso a la información pública.
Nuestra Cámara informa cuánto gasta, en qué lo gasta, verifica identidades, paga por cheques, rinde cuentas y tiene mecanismos de auditoría interna y externa (del Tribunal de Cuentas) sobre su proceder. Exactamente el mismo itinerario que sigue el Ejecutivo a través de sus oficinas de asistencia social.
Más aún: en la web oficial de la HCS se informa detalladamente, subsidio por subsidio.
Para mayor ilustración, esta es la pantalla desde donde se pueden descargar los listados completos de beneficiarios institucionales de subsidios con número de expediente, identificación y demás datos de interés público:

Pulsando sobre “descargar archivo” se abre un documento acrobat que detalla los subsidios que la Cámara otorgó a solicitud de cada senador durante ese mes.
Se reservan las identidades de las personas físicas para evitar revelar datos sensibles de los desvalidos sociales, pero eso no quita que la identidad está expresada y certificada en cada expediente individual.
En los años 2007 y 2008 (presidencias Bielsa y Tessio) hubo varios pedidos ciudadanos sobre el tema, y por eso la Cámara resolvió construir este detallado mecanismo de acceso a la información pública de sus subsidios.
Así las cosas, y pese a estar nuestra Cámara exenta de los decretos de AIP, informamos de manera clara, completa y suficiente sobre el tema.


IX) LA CLÁUSULA CONSTITUCIONAL
El 13 de abril de 1962, en la 7ª sesión ordinaria de la Honorable Convención Constituyente, se leyó el entonces inciso 23 (luego 22 por rechazo de un inciso previo en el proyecto).
Así se estableció expresamente:
Artículo 55: Corresponde a la Legislatura (…) inciso 22: Conceder subsidios.
El presidente de la Convención, Chiaraviglio, anuncia que se va a votar el inciso 23, no había despachos de minoría desde la comisión, era unánime el acuerdo, y se vota por la afirmativa sin discusión ninguna.
Con esta reseña histórica que hace al espíritu del constituyente, pretendo demostrar que nunca estuvo en discusión la facultad de conceder discrecionalmente subsidios por parte de ambas cámaras legislativas.
Así lo hace cada Cámara: se elabora un programa para la consecución de determinados fines, se discute, se aprueba por mayoría, y se distribuyen subsidios en el marco de su presupuesto.
Cumplido así el mandato constitucional, nada puede cuestionarse a la conducta legislativa.


X) QUÉ HICIMOS. POR QUÉ LO HICIMOS.
Hicimos uso de nuestra facultad discrecional, hicimos una opción constitucional, en el ejercicio de nuestra parte en la tarea de gobierno.
Hicimos una opción legal, permitida por la Constitución Provincial, tendiente a asegurar derechos.
Hicimos una opción progresiva, pro hominem, eligiendo la solución que mejor asegura los derechos constitucionales.
HICIMOS UNA OPCIÓN, lo que no es revisable por ninguna otra autoridad.


XI) CUESTIÓN POLÍTICA NO JUDICIABLE. DEFECTO ABSOLUTO DE LA POTESTAD DE JUZGAR. FALTA DE JURISDICCIÓN
Entendemos que V.S. debe declarar su falta de jurisdicción por tratarse en autos de una cuestión política no judiciable.



CUESTION POLITICA NO JUDICIABLE
Conforme con la doctrina estadounidense fundadora de las “political questions”, estamos ante un claro supuesto de facultad discrecional del órgano Senado.
La Constitución provincial, en su artículo 55 inciso 22 establece que corresponde a la Legislatura “conceder subsidios”.
Tal como la constitución redacta esa facultad, sin restricciones objetivas, estamos ante una clara facultad discrecional, de índole política.
Es decir: no existiendo requisitos para esa concesión, no fijando la Constitución condiciones, no existiendo pasos a seguir, nuestra Cámara es libre para decidir el procedimiento, los requisitos, el mecanismos que seguirá en cada concesión de subsidios.
Pretender que nuestra Cámara deba exhibir ante el Poder Judicial las penurias que atraviesan las personas que solicitan un subsidio sería una lisa y llana intromisión de un poder estatal sobre otro.
No puede judicializarse aquello que no tiene requisitos objetivos que cumplir ya que no hay un itinerario constitucional a controlar.
Pretender que se le informen los problemas de cada persona que ha solicitado una pequeña ayuda económica es desconocer los problemas de la gente que los legisladores día a día tratan de paliar.
Y, en definitiva, es desconocer una facultad constitucional clara y fundadamente establecida por los convencionales de 1962.
Por ello, debe quedar claramente establecido que estamos ante una facultad propia de la Cámara, irrevisable por otro poder como el Judicial.
Y así debe declararse que estamos dentro del reducido campo de las cuestiones políticas no judiciables.


POLITICAL QUESTIONS
Resume Cassagne: “La concepción restrictiva del control judicial sobre las cuestiones políticas pone el acento en la necesidad de impedir el llamado “gobierno de los jueces” a efectos de resguardar el principio de equilibrio en que se nutre la doctrina de la separación de poderes y de evitar, por lo tanto, que un poder quede a merced de otro, como consecuencia de trasladar el poder político a los tribunales judiciales, con todas las implicancias que tendría la injerencia política de los jueces (BIDEGAIN).
En esa línea, pero en una postura menos rígida y más realista, se ubica BADENI al sostener que “en definitiva, las cuestiones políticas no abarcan todas las facultades constitucionales conferidas a un órgano político sino solamente aquellas que revisten carácter discrecional en orden a su contenido, oportunidad y conveniencia y que no son susceptibles de ser examinadas por los jueces sin alterar el equilibrio e independencia de los poderes consagrados en la Ley Fundamental”.
Alberto Bianchi, principal analista doctrinario argentino de esta teoría, explica al tratar de las cuestiones políticas no judiciables que tienen las Cámaras del Congreso:
“Para ello poseen una facultad discrecional, ajena al conocimiento de la Corte. Si ha habido arbitrariedad en esta decisión, no es la Corte el órgano competente para investigarla. Será el electorado el que juzgará, a su vez, a esos senadores, en el próximo comicio. En este sentido, la eventual arbitrariedad del Senado es mas remediable aún que la arbitrariedad de la propia Corte, que, orgullosamente, sostiene que no es susceptible de remedio su propia arbitrariedad.
(…)
Se da un supuesto en el que, típicamente, debe intervenir la Corte y repara el error inexcusable en el que haya incurrido la sentencia. En este caso, su fallo no podrá tener otro efecto que devolver las actuaciones para que se produzca nuevo pronunciamiento, conforme a las pautas allí indicadas.”
Más recientemente, con los fallos ‘Bussi’ y ‘Patti’, la Corte tuvo oportunidad de actualizar sus criterios sobre las ‘political questions’, estableciendo la improponibilidad procesal de las mismas
Y en Santa Fe la doctrina es uniforme en admitir la irrevisibilidad de las decisiones políticas no judiciables de la Legislatura Provincial:
“Actos del Poder Legislativo. En principio, ellos están excluidos del amparo: Ulla aclara que para impugnar las decisiones de tal órgano del Estado existe un régimen de recursos propios, estimados suficientes para resguardar los derechos de los afectados. En tal tema, explica, la Constitución guardaría correspondencia con el recurso contencioso administrativo, que no abarca la revisibilidad de la actividad de la Legislatura.
Cabe advertir, desde luego, que numerosos actos del Poder Legislativo son conceptuados como “cuestiones políticas no justiciables”, y por lo tanto irrevisables judicialmente. Aunque también debe alertarse que el número de esas political questions ha disminuido. Por ejemplo, las decisiones vertidas en juicio político, hoy justiciables.
Si un asunto decidido por el Poder Legislativo se cataloga como cuestión política no justiciables, no es discutible por el amparo, ni por otra ruta procesal judicial.” (Derecho procesal constitucional de la Provincia de Santa Fe. Néstor Pedro Sagüés y María Mercedes Serra, Pág. 194)
LAS CUESTIONES POLÍTICAS NO JUDICIABLES EN SANTA FE
Ha dicho nuestra Corte Santafesina en el leading case “Giordano Monti” que, en distintas etapas, surfeó en su jurisprudencia durante los últimos 20 años:
“Dicho privilegio es una garantía destinada a preservar o tutelar la plena independencia de los departamentos legislativos protegiendo y defendiendo un bien público -la institución- para el mejor uso de las competencias que tiene atribuidas como tales, en consecuencia, tiene un carácter instrumental respecto del ejercicio de la función.
Ahora bien, en el ejercicio de esas facultades privativas parece lógico admitir que puede reconocérsele al órgano una mayor dosis de discrecionalidad en punto al fondo de sus decisiones. En ese ámbito, es del caso recordar, que existen zonas de difícil acceso para este tribunal, el que no debe penetrar, en principio, en el núcleo discrecional interno de la respectiva decisión, vale decir, en lo que ésta tiene de estrictamente discrecional.” (CSJP Reg.: A y S t 215 p 50-72, 02/08/2006)


XII) INCOMPETENCIA DE V.S.
Vengo a plantear la incompetencia de Su Señoría para entender en esta causa, solicitando su remisión al Juzgado de igual fuero de la ciudad de Santa Fe.
En efecto, conforme a las pautas de jurisdicción establecidas en el artículo 4 de la ley provincial 10456, resulta competente el juez del lugar donde el acto lesivo surte efectos.
El actor se queja falsamente de no haber recibido respuesta de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe.
La Cámara que presido tiene su asiento en la sede de la Legislatura Provincial: General López 3055, ciudad de Santa Fe.
Y la nota debía ser contestada en nuestra sede, por eso en fecha 17/08/2016 ingresó allí, allí se contestó, y desde allí se emitió la respuesta.
Por lo tanto el acto lesivo (FALTA DE RESPUESTA) es en la sede de la Legislatura donde podría ocurrir.
Y el acto de fondo (BRINDAR INFORMACIÓN) también es en la sede de la ciudad capital, ya que allí es donde se guardan los expedientes, y desde donde se emiten los subsidios y las normas que los regulan.
Por lo tanto, sin perjuicio de mis otros planteos, debe V.S. declararse incompetente para seguir interviniendo en este proceso.



XIII) NEGATIVAS
Niego todas y cada una de las afirmaciones y consideraciones expuestas por el actor en su demanda, salvo aquellas que sean admitidas expresamente en el presente escrito de responde.
En particular insisto en negar expresamente lo siguiente:
No es cierto que haya más presupuesto destinado a subvenir necesidades de personas e instituciones que aquel que se informa en la web institucional del Senado.
No es cierto que las cifras imaginadas por el actor se correspondan a la realidad que surge del presupuesto abierto de la Cámara.
No es cierto que las consideraciones del concejal Boasso puedan ser imperativas para la HCS que solamente debe respetar las prescripciones constitucionales.
No es cierto que la información difundida públicamente vía web sea incompleta o insuficiente.
No es cierto que no se detallen los subsidios a personas físicas, ya que solamente no se revelan sus identidades, las cuales sí se verifican en cada expediente individual que se forma, archiva y queda dentro de la revisión que realiza el Tribunal de Cuentas.
No es cierto que no se haya contestado la petición de Acceso a la Información Pública del Concejal Boasso, la cual se contestó incluso 5 días antes de que él promueva esta demanda.
No es cierto que los decretos 692/09 y 1774/09 alcancen a la Legislatura.
No es cierto que las resoluciones de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta tengan alguna influencia en este caso.
No es cierto que la jurisprudencia y normativa nacional e internacional citadas tengan relevancia en este caso, donde se ha contestado en tiempo y forma el pedido de AIP.
No es cierto que haya reasignación de partidas desde el Ejecutivo hacia el Senado, siendo que la Cámara maneja su propio presupuesto previamente establecido.
No es cierto que corresponda la admisibilidad de la demanda.
No es cierto que haya arbitrariedad ni ilegalidad manifiestas en la conducta de la Cámara.
No es cierto que no haya habido remedios administrativos idóneos para obtener la información pública solicitada.
No es cierto que la demanda haya sido tempestiva, siendo que se presentó después de ya logrado su objeto.
No es cierto que sea V.S. competente, ya que la sede de la Cámara está en la ciudad de Santa Fe.
No es cierto –principalmente- que haya morosidad de la Honorable Cámara de Senadores en contestar la petición de Acceso a la Información Pública del Sr. Boasso, la cual fue evacuada en fecha 21/09/2016.


XIV) PRUEBA
DOCUMENTAL
Acompaño copia debidamente certificada del expediente 33352 iniciado en fecha 16/08/16 por el concejal Boasso y contestado en fecha 21/09/2016.


XV) DERECHO
Fundo la presente en la Constitución de la Nación Argentina, la Constitución de la Provincia de Santa Fe, los tratados internacionales con jerarquía constitucional, los tratados internacionales sobre Derechos Humanos suscriptos por nuestro país, la ley 10456, y demás normativa concordante.


XVI) RESERVAS
Que en razón de encontrarse directamente afectados y comprometidos Prerrogativas, Principios, Derechos y Garantías de rango constitucional y que fueran oportunamente referenciados, para el hipotético e improbable supuesto de que V.S. admitiera total o parcialmente las pretensiones del actor, dejamos desde ya planteada la reserva constitucional y formulamos expresa reserva de requerir la intervención de la Corte Suprema de Santa Fe en virtud del inciso 6 del artículo 93 y de ocurrir ante la Corte Suprema de Justicia Provincial por la vía del Recurso de Inconstitucionalidad (Ley Provincial Nº 7055 y sus modificatorias), y en su caso, por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación interponiendo el respectivo Recurso Extraordinario previsto en el art. 14 de la Ley Nacional Nº 48 y sus concordantes.
Dejamos también reservada la vía para acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica por violación de la CADH.


XVII) PETITORIO
Por todo lo expresado, del Sr. Juez respetuosamente solicito:
1) Me tenga por presentado, patrocinado y domiciliado
2) Me conceda la participación que me corresponde en representación de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, como presidente de la misma, admitiendo la personalidad y legitimación pasiva de la HCS.
3) Se declare incompetente, remitiendo la causa a su par de la ciudad de Santa Fe
4) Declare la abstracción del caso por haber la Cámara de Senadores respondido a la nota del actor, antes incluso de que se inicie esta demanda.
5) Admita la carencia absoluta de su facultad de juzgar por tratarse de una cuestión política no judiciable
6) Agregue la prueba documental acompañada.
7) Rechace la demanda intentada, con costas.
8) Tenga presentes las prevenciones y reservas formuladas.

RESOLVIENDO ASÍ

SE HARÁ JUSTICIA