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Acerca del Constitucionalista

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Santa Fe, Santa Fe, Argentina
Abogado con veleidades de constitucionalista y literato. Aprendiz de mucho, oficial de nada. Librepensador me educó mi padre... Mi CV aquí http://www.domingorondina.com.ar/1999/10/cv.html

TERRORISMO LEGAL


el camino de la 26734




La ley del terror

Una de las peores creaciones del Congreso Nacional argentino ha sido la ley 26734, dictada supuestamente a pedido de organizaciones internacionales.
Desde ya que semejante confesión de los legisladores que la apoyaron, nos releva de toda prueba respecto a lo antinacional de su texto.
Pero además, aunque se alegan algunos buenos motivos, toda norma que genera tipos penales tan amplios, agravantes tan laxos, es peligrosísima en un estado constitucional de derecho.
Compartimos el texto de la norma, que suficientes y serias críticas ha generado en toda la comunidad del derecho constitucional.



CODIGO PENAL

Ley 26.734

Modificación.

Sancionada: Diciembre 22 de 2011

Promulgada: Diciembre 27 de 2011

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1º- Derógase el artículo 213 ter del Código Penal.

ARTICULO 2º - Derógase el artículo 213 quáter del Código Penal.

ARTICULO 3º- Incorpórese al Libro Primero, Título V, como artículo 41 quinquies del Código Penal, el siguiente texto:

Artículo 41 quinquies: Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo.

Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional.

ARTICULO 4º- Renumérense los artículos 306, 307 y 308 del Código Penal de la Nación como artículos 307, 308 y 309, respectivamente.

ARTICULO 5º- Incorpórase al Título XIII del Código Penal, el siguiente artículo:

Artículo 306:

1.    Será reprimido con prisión de cinco (5) a quince (15) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero, con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte:

a)    Para financiar la comisión de un delito con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies;

b)    Por una organización que cometa o intente cometer delitos con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies;

c)    Por un individuo que cometa, intente cometer o participe de cualquier modo en la comisión de delitos con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies.

2.    Las penas establecidas se aplicarán independientemente del acaecimiento del delito al que se destinara el financiamiento y, si éste se cometiere, aún si los bienes o el dinero no fueran utilizados para su comisión.

3.    Si la escala penal prevista para el delito que se financia o pretende financiar fuera menor que la establecida en este artículo, se aplicará al caso la escala penal del delito que se trate.

4.    Las disposiciones de este artículo regirán aún cuando el ilícito penal que se pretende financiar tuviere lugar fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, o cuando en el caso del inciso b) y c) la organización o el individuo se encontraren fuera del territorio nacional, en tanto el hecho también hubiera estado sancionado con pena en la jurisdicción competente para su juzgamiento.

ARTICULO 6º- Se considerarán comprendidas a los fines del artículo 1° de la Ley 25.241, las acciones delictivas cometidas con la finalidad específica del artículo 41 quinquies del Código Penal.

Las disposiciones de los artículos 6°, 30, 31 y 32 de la Ley 25.246 y 23 séptimo párrafo, 304 y 305 del Código Penal serán también de aplicación respecto de los delitos cometidos con la finalidad específica del artículo 41 quinquies y del artículo 306 del Código Penal.

La Unidad de Información Financiera podrá disponer mediante resolución fundada y con comunicación inmediata al juez competente, el congelamiento administrativo de activos vinculados a las acciones delictivas previstas en el artículo 306 del Código Penal, conforme la reglamentación lo dicte.

ARTICULO 7°- Sustitúyese el inciso e) del apartado 1) del artículo 33 del Código Procesal Penal de la Nación, por el siguiente:

e) Los delitos previstos por los artículos 41 quinquies, 142 bis, 142 ter, 145 bis, 145 ter, 149 ter, 170, 189 bis (1), (3) y (5), 212, 213 bis y 306 del Código Penal.

ARTICULO 8°- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.

-REGISTRADO BAJO EL N° 26.734-


AMADO BOUDOU.- JULIAN A. DOMINGUEZ.- Gervasio Bozzano.- Juan H. Estrada

CASEROS

con la pluma, con la ESPADA, y la palabra


Nuevamente tenemos el gusto de compartir una interesantísima, y muy bien escrita, nota hasta hoy inédita del Dr. Alejandro Gonzalo García Garro, sobre aquella magna gesta del 3 de febrero de 1852.
Si bien, como en todos estos temas de revisionismo histórico, el titular del blog no coincide con el criterio de AGGG, es siempre un gusto leerlo.
Porque yo, como hombre del interior y admirador del Brigadier López, soy profundamente antirrosista. Súmese a ello mi devoción por mi tocayo Sarmiento, y estaremos lejos de AGGG como Rosas de Urquiza...
Por eso, ilustramos con el sanjuanino, pero leemos con gusto al entrerriano García Garro.

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La Batalla de Caseros: Rosas y el combate por la Historia

Deseo antes de entrar en el análisis de la Batalla de Caseros, hacer unas aclaraciones que considero imprescindibles antes de referirme o polemizar sobre Rosas, que son de igual o mayor importancia que el análisis de la efeméride en si misma. Son unas premisas, que considero esenciales, a la hora de abordar el tema Rosas.
En función de este objetivo dividiré la nota en dos partes. En la primera me referiré a Rosas y la historia, la historia oficial y el revisionismo y la forma en que creo que debemos discutir a Rosas hoy, partiendo desde unas premisas que considero como irrefutables. En la segunda parte, sí, me referiré a la Batalla de Caseros, analizando las causas y consecuencias, políticas, económicas y sociales.


1. Juan Manuel de Rosas: Combates por la Historia

“¡OH Rosas te maldigo! Ni el polvo de tus huesos la América tendrá”.
José Mármol.

Se impone en primer lugar afirmar, en mi caso otra vez más, que el propósito de los emigrados unitarios que regresaron a Buenos Aires después de Caseros y se apoderaron del gobierno era clarísimo: destruir todo vestigio del régimen rosista. Mintieron, fabularon, denigraron, vilipendiaron a Rosas, a su obra, a sus seguidores, y aun más, buscaron directamente borrarlo de la historia.
Esta maquinación la podemos verificar desde mucho antes de que Rosas fuese vencido en Caseros (1852), en el deseo y la predicción no cumplida de José Mármol, cuando en su poema “A Rosas” de 1843, maldice al “salvaje de las pampas que vomitó el infierno” y repite en dos estrofas distintas que “ni el polvo de tus huesos la América tendrá”. Este texto “poético” contiene una verdadera sentencia política que fue ejecutada prolijamente  por el aparato cultural del sistema durante de 120 años. Los restos mortales de Don Juan  Manuel  tuvieron que aguardar hasta 1989 para que pudieran descansar en la tierra que lo vio nacer, cumpliéndose así su última voluntad.
Rosas ocuparía durante muchos años el lugar del malvado en la historia oficial. Se enumeraban los crímenes perpetrados por la Mazorca, su negativa a organizar institucionalmente el país, la tiranía, las formas reaccionarias de ejercer el poder con facultades extraordinarias, la mirada estrecha para entender los cambios en el mundo exterior. Acusado de los más horrendos abusos fue durante años un innombrable que se lo mencionaba elípticamente como “el dictador” o “el tirano”.
Ese lugar de “maldito” sobrevive sin embargo en los últimos bolsones culturales de la oligarquía liberal y se derrama todavía a importantes sectores de la sociedad, incluida buena parte de la academia y las universidades. Es natural encontrar aún, de vez en cuando, alguna nota periodística de un indignado Sebrelli o de una aterrada María Sáenz Quesada por la “incomprensible vigencia” de la imagen del Restaurador.
En la actualidad, Juan Manuel de Rosas ocupa un lugar en la historia, no es más un maldito marginal como otrora. En su dimensión popular, está considerablemente vaciado políticamente, como San Martín, como Moreno, pero tiene su territorio en la historia y el aparato cultural del sistema le ha otorgado un discreto lugar. Sus restos fueron repatriados después de una larga lucha y descansan en el panteón familiar del cementerio de la Recoleta. Desde 1999 tiene ya su monumento: una estatua ecuestre hecha en bronce del Restaurador se yergue en la ciudad de Buenos Aires en la esquina de Sarmiento y Libertador. Su rostro está impreso en los billetes de 20 pesos y en casi todas las ciudades de la Argentina una avenida, una calle o un barrio lleva su nombre. Y, por fin, de un tiempo a esta parte los manuales de historia lo mencionan no como un tirano oscuro y sangriento sino como un gobernador de la provincia de Buenos Aires que gobernó con “mano dura” un largo y difícil período. Ha sido este gobierno nacional, el de Cristina Fernández de Kirchner, quien ha recuperado al mejor Rosas, el antiimperialista y lo ha puesto en el panteón histórico con el feriado nacional del 20 de noviembre, en homenaje  la Batalla de la Vuelta de Obligado.
Pero esta institucionalización de Rosas, este reconocimiento, no fue otorgada por un gracioso favor del aparato cultural sino que fue el resultado de una lucha política que duró años y que señala entre otras cosas un triunfo del revisionismo histórico sobre la historiografía liberal.
Don Arturo Jaureteche escribió que: “Para comodidad en la exposición y simplificándola de una manera didáctica pudimos considerar la historia oficial como la tesis y el revisionismo como la antítesis”. El revisionismo tuvo la tarea de demoler en una vasta tarea la historia falsificada, oponerse como antitesis a ella. Creo que, faltaría -y es lo que se está gestando hoy-, un tercer movimiento historiográfico, la síntesis superadora, que colocase a Juan Manuel de Rosas en su verdadero lugar en la historia de la Patria. Despejado el terreno, desechada la mentira de la historia falsificada (tesis), surge el revisionismo histórico (antitesis) que rescata y valoriza la figura de Rosas. La dinámica de la dialéctica exige la síntesis. La historia oficial ya fue destronada, es preciso ahora objetivarse para una nueva polémica, una nueva interpretación que coloque a Rosas en un lugar ecuánime y objetivo en la historia argentina. Esta nueva etapa se debe nutrir de la dialéctica histórica tal cual la imaginaba Walter Benjamin, que recupera el relato de los vencidos, porque “encender en el pasado la chispa de la esperanza es un don que sólo se encuentra en aquel historiador que está compenetrado con esto: tampoco los muertos estarán a salvo del enemigo, si éste vence. Y este enemigo no ha cesado de vencer” (Walter Benjamin, Tesis VI en “Sobre el concepto de historia”). Eso le paso a Rosas, sin dudas. Y en la derrota de los proyectos populares, que hay mucho de esto en nuestra historia, está lo que ha sido y puede ser nuestra Nación. Y una nueva mirada a nuestro pasado debe tener eso, recuperar la tradición de los oprimidos, los derrotados, los humillados, los exiliados, se debe nutrir de los malditos, es “cepillar la historia a contrapelo” como dice Benjamin en la Tesis VII. Es una historia con perspectiva de futuro y funcional al presente. “Necesitamos de la historia, pero de otra manera de como la necesita el ocioso exquisito en los jardines del saber”, dice el Nietzsche que cita Benjamin, porque “el sujeto el sujeto del conocimiento histórico es la clase oprimida misma”, el pueblo me permito decir, pero “cuando combate”, tal reza la Tesis XII. Para eso debe servir la historia. Este debe ser el compromiso de los historiadores y en especial los historiadores y divulgadores históricos del campo nacional que entienden que “La historia es la política del pasado y la política la historia del presente.”
Hecha las aclaraciones, en función de esa imprescindible síntesis considero que cualquier mirada del hoy sobre Rosas tiene que partir de la aceptación de estas tres premisas históricas:
A) Rosas Estadista. La Revolución de Mayo no había dado ningún ESTADISTA, ningún político de envergadura, salvo Moreno que fue una estrella fugaz que logró señalar un rumbo. Alvear, tal vez... había mostrado ciertos dotes, pero su juventud y las circunstancias internacionales lo hicieron fracasar. Dorrego se desmoronó en parte por su falta de ductilidad para adaptarse a las circunstancias y su obra encontró fin en el aberrante crimen del unitario Lavalle. Rivadavia, es justamente todo lo contrario a un político, es más bien la caricatura de un tipo de político, fue un autista alejado de la realidad. Belgrano, enorme en su voluntad, infalible en su desacierto. San Martín, se niega a participar en las luchas internas y parte al destierro. Ramírez, Quiroga y López, no pudieron pasar las fronteras del caudillismo local. Artigas, enorme en su integridad, coherente en su lucha y meridiano en claridad ideológica nunca pudo ser el poder real ni imponer la dirección política al conjunto. Ninguno había logrado hasta entonces generar un orden nacional, dominar la anarquía, poner un dique a la balcanización. Esta fue la obra de don Juan Manuel de Rosas, quien es a mi juicio el primer estadista de visión nacional que forjó la Revolución de Mayo.
B) Rosas Nacional En el área de las relaciones internacionales Rosas supo hacer respetar celosamente la independencia nacional. Fue el estadista custodio de nuestra soberanía en el Siglo XIX. Representa el honor, la unidad y la independencia de la Patria recién nacida.
La historia argentina reconoce un periodo crucial: la resistencia nacional de Rosas y su gobierno a un proyecto colonizador, a una tentativa imperial europea altamente peligrosa. Los episodios diplomáticos y militares de la intervención anglo francesa constituyen por la reacción de Rosas y su pueblo una de las paginas más memorables de nuestra historia. En esa obcecada resistencia y apasionada intransigencia se definió nuestro destino como nación independiente. En el dilema de ser una factoría extranjera o una nación soberana Rosas optó por lo segundo, que era el camino del sacrificio y de la lucha pero también el del honor.
Desde la historia oficial durante años se intentó tergiversar el verdadero cariz de la intervención imperialista, pero el revisionismo desenmascaró esta operación señalando con claridad que se trataba de una verdadera operación colonial con intereses económicos  concretos. Los cañones de las más grandes potencias europeas apuntaron la Confederación y a pesar de la superioridad militar al final de la guerra la causa nacional terminó invicta y reconocida en todos los países del mundo incluso los enemigos.
C) Rosas Popular. El pueblo de Buenos Aires, el pueblo auténtico, la gente, no había figurado aún en nuestra historia. Vimos que la gente que se congregó frente al Cabildo el 25 de mayo constituía un pequeño grupo. Las diferentes puebladas y golpes militares consistían en rebeliones o alzamientos minoritarios y sectarios. Artigas fue el primero en incorporar el pueblo a la revolución. Pero es Dorrego el que prepara el terreno para la aparición de lo popular en la escena política. Rosas lo continúa y lo profundiza. El nuevo escenario presenta una novedad: Las masas. La plebe de las orillas, los negros, los mulatos, los compadritos, la gente de la campaña, e incluso los indios, todos antes escondidos ahora se exhiben y participan. Esta fuerza política despreciada por los unitarios será la base social que Rosas, caudillo del campo popular, pone en acción en defensa de la Soberanía Nacional.
Ningún personaje hispanoamericano, salvo quizás, Bolívar, ha apasionado tanto como Rosas a los pueblos que descendemos de España. Entre nosotros, Rosas es un tema de actualidad desde hace más de 160 años. Se podría afirmar que es el único tema histórico de actualidad permanente. Cientos de libros, miles de ensayos se han escritos sobre Rosas. Algunos trabajos son simplemente apologéticos otros directamente denigratorios. Los menos intentan cierta objetividad. Tantas publicaciones y opiniones manifiestan ciertamente que existe un ansia por conocer la verdad y que la polémica no está concluida.
La polémica no está concluida, es más, es preciso profundizarla y afinarla. Es puntual estudiar, investigar y discutir muchas instituciones, hechos y conceptos políticos de la época de Rosas: la naturaleza del federalismo planteado por Rosas, el sistema político de la Confederación, la relación con las provincias, los alcances de la Ley de Aduanas, los intereses ganaderos de la provincia de Buenos Aires, el carácter autocrático de la conducción de Rosas y mucho más. La investigación y las cuestiones polémicas están abiertas, pero a mi juicio, desde el previo reconocimiento, de que estamos frente al  primer estadista que tuvo la Revolución de Mayo, que le dio a la política de su tiempo, un contenido definitivamente nacional y auténticamente popular.


2. La Batalla de Caseros: La Confederación en guerra con el Brasil.

 “En eso estaban las cosas al comienzo del año 1851, cuando se produce el hecho más increíble de la historia argentina y uno de los acontecimientos más vergonzoso de la historia universal. El general en Jefe del Ejército de Operaciones argentino para la guerra contra el Brasil; Don Justo José de Urquiza, entra en tratativas con el enemigo para pasarse a él y arrastrar a las tropas que el país ha puesto bajo su mando y responsabilidad. Así también todos los pertrechos y armamentos a su disposición.”
Juan Domingo  Perón. “Breve historia de la problemática argentina”.

Es difícil sintetizar que fue Caseros, cómo se llegó al enfrentamiento, el desenlace, etc. Trataré de ser breve… Este hecho que se conmemora cada 3 de febrero se dio mucho tiempo después del ascenso al poder de Rosas y cuando el Restaurador y la Confederación habían logrado su consolidación política, afianzado el poder y alcanzado el respeto y reconocimiento de las naciones de América y Europa después de los triunfos contra las agresiones extranjeras y sus aliados. Allí, en ese momento, empezó a organizarse la coalición que habría de derribarlo.
La historia mitrista al referirse a la caída de Rosas relata una vez más otra adulteración histórica, otra leyenda. En la misma el protagonista principal de la coalición es el entonces gobernador de mi provincia, Entre Ríos, y Jefe del Ejército, el General Justo José de Urquiza. Según la conocida alteración de los hechos, Urquiza emprende una cruzada libertadora contra el tirano para rescatar a la República de las garras del déspota (afirman esto omitiendo que el por entonces Imperio esclavócrata del Brasil fue el principal socio y soporte económico y militar de Urquiza). Como adelanté, la historia oficial ni menciona la participación del Brasil, y si se refiere, lo hace de tal manera de no empañar la gloria del libertador ya que Caseros se constituye para la historia oficial como un episodio fundacional de nuestra propia nacionalidad porque además de derrotar al tirano nos dió la Constitución.
Para los historiadores revisionistas, en cambio, Caseros fue “la mayor calamidad de nuestra historia” (citando a uno de los primeros revisionistas peronistas, Ernesto Palacio), una verdadera derrota nacional donde se perdió no sólo una batalla sino la hegemonía continental abriendo las puertas a la penetración europea y dando comienzo a una largo periodo de dependencia económica en el Río de la Plata.
A la caída de Rosas confluyeron varios poderosos factores (que, como era de esperarse, se enfrentaron inmediatamente después de Caseros):
a) La burguesía comercial porteña que exigía una política económica más abierta con el imperio británico.
b) Algunas provincias mediterráneas que buscaban la organización nacional bajo una constitución.
c) Las provincias del litoral ahogadas por el puerto único.
d) Los propios ganaderos bonaerenses originalmente aliados a Rosas ávidos de librarse de la pesada mano del Restaurador y lograr un trato más libre con los compradores europeos.
e) Y finalmente Brasil que aliado incondicional de Inglaterra –una vez más aquí ejecutando la geopolítica inglesa- que deseaba la libre navegación de los ríos para su comercio y se presentaba como el enemigo histórico de la Confederación en la disputa por la hegemonía de América del Sur. A este respecto manifestaría el diputado Pereyra da Silva en la Cámara de diputados brasileña en junio de 1850: “Los designios del General Rosas no son ocultos. Pretende reconstruir el Virreinato de Buenos Aires (léase del Río de la Plata), acabando con todos los pequeños estados que de él se habían hecho independientes. Estos designios son fatalísimos, perjudiciales al Imperio del Brasil”.
Estos factores pactaron y se aliaron contra la Confederación porque aisladamente no hubiesen podido derrotar a Rosas. Urquiza fue un instrumento, sólo una herramienta utilizada por la diplomacia brasileña que fue la verdadera autora de la coalición. La situación de Brasil no era auspiciosa en 1850, la clase dirigente brasilera estaba preocupada por los movimientos separatistas riograndenses que despertaban temor por un posible acrecentamiento territorial argentino. Es preciso entonces comprender la caída de Rosas en Caseros no como lo pretende la historia mitrista producto de la gesta libertadora de Urquiza, sino como una crisis geopolítica en la región donde hasta Paraguay participó atraído por el reconocimiento de su independencia en caso de que se ganara la guerra.
Caseros fue la hora del Brasil. A Caseros hay que considerarla como una batalla, la final de “la segunda guerra argentina brasileña” como titula José María Rosa al capítulo concerniente a la derrota de la Confederación. Este capítulo de la “Historia Argentina” será la base de uno de los mejores libros de Rosa y de la historiografía argentina: “La caída de Rosas”, trabajado entre los años 1953 y 1958 en los archivos de Buenos Aires, Montevideo y Río de Janeiro en donde desentraña todos los hechos deliberadamente trastocados por la historiografía liberal.
Fue la hora del Brasil porque, cuando Francia y Gran Bretaña se retiran militarmente del Plata, vislumbró la llegada de su oportunidad histórica. El Imperio de Brasil no había perdido su viejo sueño de anexar la “Cisplatina”, frustrado en Ituzaingó y obtener territorios en la cuenca del Plata. La diplomacia del Imperio sabia que podía contar con importante aliados para enfrentar a la Confederación: Paraguay, cuya independencia Rosas desconocía porque seguía considerando que era territorio nacional. Los sectores políticos uruguayos enfrentados con Oribe. Los exiliados argentinos contrarios al régimen del Restaurador. Y un general en Entre Ríos, que ya había dado señales de querer traicionarlo, manifestando que sus intereses no coincidían con los de los estancieros bonaerenses.
En noviembre de 1849, las fuerzas brasileñas ingresan a territorio uruguayo en busca de las tropas de Oribe. El conflicto que plantea el Imperio con su incursión fue doble: contra Oribe y contra Rosas. El Jefe de la Confederación presentó un reclamo ante el gobierno de Río de Janeiro y Brasil sin volver atrás comenzó a negociar un convenio con los sitiados en Montevideo. Enseguida concreta la diplomacia brasilera una alianza con el Paraguay y quedan rotas las relaciones de la Confederación con el Brasil.
Agentes brasileños bien provistos de dinero, trabajan eficazmente en Montevideo, Asunción, Corrientes y Entre Ríos sobornando a quien sea necesario, preparan alianzas con los jefes de gobierno y corrompen la oficialidad. En el mes de abril de 1851, el General Urquiza dirige una circular a las provincias argentinas que habían reelegido a Rosas como encargado de relaciones exteriores para incitarlas a que quitasen su voto y su respaldo al Restaurador. El 1 de Mayo se pronuncia públicamente contra el jefe de la Confederación y sus representantes firman en Montevideo un tratado de alianza con los brasileños y con los uruguayos sitiados por Oribe. El Imperio había encontrado la alianza que necesitaba.
Comienza la campaña de los aliados, el primer enemigo a derrotar es Oribe. Urquiza cruza el Rió Uruguay e inicia la marcha contra las tropas de Oribe que asistía a la traición o defección de sus principales jefes. Una poderosa fuerza brasileña entra en el Estado Oriental al mando del duque de Caxias mientras la escuadra lusitana ocupa Colonia. Oribe atenazado por los dos ejércitos firma la capitulación ante Urquiza. Los aliados van ahora por más... por Rosas y la Confederación, pero antes es preciso que se firmen los tratados entre los aliados.
Pocos días después de la redición de Oribe, firma Urquiza un tratado con los brasileños que será una verdadera lápida histórica para el gobernador de Entre Ríos. El Imperio le otorgaba un préstamo mensual  de 100.000 patacones a las provincias de Corrientes y Entre Ríos y obligaba a Urquiza a obtener el reconocimiento de esa deuda y otra más a la Confederación cuando se obtuviera la victoria. Las provincias mesopotámicas hipotecaban sus rentas y tierras públicas como garantía del acuerdo y se comprometía a utilizar todas las influencias posibles para conseguir la libre navegación de los ríos una vez que Rosas fuera depuesto. Textualmente: “Su Excelencia el señor Gobernador de Entre Ríos se obliga a obtener del gobierno que suceda inmediatamente al del general Rosas, el reconocimiento de aquel empréstito como deuda de la Confederación Argentina y que efectúe su pronto pago con el interés del seis por ciento al año. En el caso, no probable, de que esto no pueda obtenerse, la deuda quedará a cargo de los Estados de Entre Ríos y Corrientes y para garantía de su pago, con los intereses estipulados, sus Excelencias los señores Gobernadores de Entre Ríos y Corrientes, hipotecan desde ya las rentas y los terrenos de propiedad pública de los referidos estados”.
Hay un dicho que dice que la ruta del dinero nos lleva siempre al origen de los cosas… Aquí también. En Caseros hay un actor central que es muy poco conocido y no aparece en ningún manual escolar. Irineo Evangelista de Sousa, quien sería a la postre el Barón y Vizconde de Mauá es el alma de la intervención contra Rosas. Es quien ofrece y facilita la financiación de la guerra contra la Confederación. Ya antes de Caseros el Barón de Mauá se reunió con Mitre y Sarmiento y fue luego la clave financiera de la conspiración.  Es a la vez el quien encubre la financiación real que hace el Imperio del Brasil e Inglaterra. Urquiza concertó dos grandes deudas para esta empresa, la contraída con Mauá y el “empréstito Buschental”. Pero lo real es que Buschental y Mauá eran socios y ambos eran mandatarios de la banca inglesa Rothschild, que geopolíticamente servía a los intereses del Imperio Británico y se propusieron, con éxito como se verá, afirmarse en el Brasil, penetrar en la Banda Oriental y dominar el litoral argentino con la creación de Banco Mauá. Así fue como el “filántropo” amigo de Urquiza era un financista ligado al imperio, que surgió y ascendió financieramente cuando fue promovido al rango de socio menor y testaferro de los Rothschild en Brasil (para saber más de esto les recomiendo leer: “Baring Brothers y la Historia Política Argentina”, de Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde).
Volviendo al contexto nacional y al desenlace. No obstante que la mayoría de las provincias de la Confederación se pronunciaron abiertamente en contra de Urquiza y sus alianzas con el extranjero, Rosas se muestra indeciso y comete errores en momentos decisivos. Tal vez ya acosado por el cansancio y una permanente desconfianza hacia sus subordinados pierde algo de reflejos políticos y militares retardando una acción ofensiva que hubiese cambiado el curso de la historia.
El “Ejercito Grande”, así lo había denominado Urquiza, comienza el avance hacia Buenos Aires. Contaba con un total de 28.149 plazas formadas por correntinos, entrerrianos, uruguayos, exiliados unitarios y brasileños pertenecientes al ejército imperial. Los brasileños habían apostado, además, 12.000 hombres en Colonia -el "ejército chico"- como refuerzo. Tenía 45 cañones modernos y una batería de cohetes. Entre los exiliados enganchados en el Ejercito Libertador se encontraban dos personajes que serían en el futuro presidentes de la Argentina: Sarmiento, vestido con un exótico (ridículo, por así decirlo) uniforme de oficial francés oficiaba de “boletinero” del Ejército y Bartolomé Mitre, capitán del arma de artillería y poeta.
La Confederación por su parte contaba con 22.000 hombres -12.000 de caballería y el resto de infantería- pero muchos eran bisoños, sin ninguna experiencia de guerra. Sus 60 cañones viejos casi no tenían munición. La batalla presentada fue ante todo una cuestión de honra; no en vano en la parte final, cuando era evidente la derrota, Rosas centró la lucha contra las tropas imperiales (también la inició contra ellas) marcando así el concepto que le merecía su enemigo, que se había aliado con el imperio de Brasil para derrotar a la Confederación.
Después de dos horas de lucha, las fuerzas de Rosas cedieron terreno y Urquiza quedó como dueño de la victoria. Una victoria que desprovista de brillo porque la presencia de 4.000 brasileños la empañaba hasta convertirla en el desquite histórico de Ituzaingó. Tan de Brasil fue la victoria que el desfile de la victoria y la entrada de las tropas brasileras en Buenos Aires se realizó el día 20 de febrero, aniversario de la batalla de Ituzaingó (1827), pero, como todos sabemos, la batalla de Caseros se había librado el 3 de febrero.
Rosas, herido en una mano de un balazo, se alejó acompañado de un auxiliar. Bajo un ombú situado en Hueco de los Sauces (actual Plaza Garay) redactó su renuncia que encomendó a su ayudante, quien inmediatamente la hizo llegar a la Junta de Representantes. Luego, cubierto por un poncho, durmió -llevaba tres noches en vela- una hora. A las cuatro de la tarde llega a la embajada inglesa. Esa misma noche, con el auxilio de su hija de Manuelita el embajador inglés Gore lo convence de la necesidad de refugiarse en el buque de guerra “Centaur”, anclado en la rada. Rosas lo hace finalmente y junto con algunos miembros de su gobierno navega, días después, hacia el exilio en la Nación que él mismo, años atrás obligara a agachar su altivez imperial ante la denodada defensa de la soberanía argentina.
¿Quiénes fueron los ganadores reales de esta coalición?: Los comerciantes y los ganaderos de Buenos Aires. La Argentina fue incorporada urgentemente al sistema de complementación económica británica. Sobre las ruinas de las industrias provincianas se introdujo una economía de mercancías importadas. Al decir de Abelardo Ramos; “Bajo el manto purpúreo del Imperio comenzó a organizarse el granero de la era victoriana.”
Para Inglaterra y Francia la caída de Rosas ofrecía la tantas veces frustrada oportunidad de negociar la libre navegación de los ríos interiores. En abril de 1852 ambos países europeos mandaron con este objeto a sus enviados especiales, como también lo hizo el gobierno norteamericano. Finalmente, el 10 de julio de 1852 Urquiza firmó, cumpliendo convenios y compromisos adquiridos, tratados con Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, que establecían el libre tránsito de los ríos Paraná y Uruguay.


Dr. Alejandro Gonzalo García Garro

garciagonzalo@hotmail.com

VIEJO TRIUNFO


IDEAS PROHIBIDAS




Uno de los temas más interesantes para analizar en las democracias modernas es la tesis del suicidio de la democracia.

Muchos se preguntan si podemos admitir que participen del debate democrático aquellos grupos que plantean que la democracia misma debe ser eliminada.
Los utópicos como nosotros pensamos que se los debe dejar participar igual, ya que en definitiva es la decisión mayoritaria del pueblo la que gobierna. Que debemos discutir sus erróneas ideas para convencerlos y convencer a todos de que no tienen razón.
Nino señalaba que podíamos dar todo debate pero sin que se vulnere una regla muy sencilla: la mayoría, por enorme que sea, nunca puede matar ni silenciar a la minoría, por pequeña que sea.
Algo de eso empezamos a analizar hoy con la sentencia de la Corte Suprema que en 2009 impidió la inscripción de un partido con ideas totalitarias, filonazis.



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"Partido Nuevo Triunfo s/ reconocimiento - Distrito Capital Federal"
REX S.C. P. 1469, L. XLI.-

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DICTAMEN
Procuración General de la Nación

S u p r e m a C o r t e :
I A fs. 1058/1078, la Cámara Nacional Electoral confirmóel fallo del Juez de grado que no otorgó el reconocimiento de la personería jurídico-política en el Distrito Capital
Federal solicitada por la Agrupación Nuevo Triunfo.
Para así resolver, señaló -en lo sustancial- que no eran las ideas políticas de los miembros del Partido Nuevo Triunfo lo que determinó en el caso la imposibilidad de reconocerlo legalmente para actuar en el ámbito del derecho público, sino su emulación de un régimen basado en pretendidas desigualdades, que agravia ostensiblemente uno de los derechos humanos más elementales consagrados por el orden jurídico nacional e internacional, y que -en el desenvolvimiento de dicha agrupación- se traduce en concretos actos discriminatorios por motivos de raza, sexo y origen nacional.
II Disconforme con este pronunciamiento, la actora dedujo el recurso extraordinario de fs. 1082/1093 que –concedido por el a quo, excepto en orden a la arbitrariedad invocada
(fs.1098/1100)- trae el asunto a conocimiento de V.E.
III Ante todo es menester destacar que, en el sub examen, la defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad así como la "representación del interés y orden públicos" fue ejercida por los representantes del Ministerio Público Fiscal, en consonancia con lo dispuesto por el art. 120 de la Constitución Nacional, la Ley Orgánica del Ministerio Público y la Ley Orgánica de los Partidos Políti-

A fs. 1095/1097, el Fiscal Nacional Electoral, al contestar el traslado del recurso extraordinario, solicitó el rechazo de la apelación intentada y señaló -en lo que aquí interesa- que la presentación de la actora sólo exhibe una mera discrepancia con lo decidido por el tribunal, lo que no constituye fundamento suficiente como para habilitar la instancia excepcional.
Así las cosas, con el propósito de mantener el principio de unidad de acción del Ministerio Público Fiscal, he de limitarme a sostener lo peticionado en la pieza citada.
IV
En tales condiciones, considero que corresponde rechazar el recurso extraordinario.
Buenos Aires, 6 de abril de 2006.
E S C O P I A
RICARDO O. BAUSSET

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Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.
Vistos los autos: "Partido Nuevo Triunfo s/ reconocimiento - Distrito Capital Federal".
Considerando:
1°) Que la Cámara Nacional Electoral confirmó la decisión de la instancia anterior que había rechazado el reconocimiento de la personalidad jurídico-política solicitada por los apoderados de la agrupación originariamente denominada "Partido Nacionalista de los Trabajadores" y luego "Partido Nuevo Triunfo", en el distrito de la Capital Federal.
Para así decidir, el tribunal de alzada sostuvo que la organización liderada por el señor Alejandro Carlos Biondini constituye una emulación del "Partido Alemán Nacional Socialista de los Trabajadores" de la década del 30. Llegó a esa conclusión a partir de que las prácticas y los símbolos utilizados eran comunes con los del régimen que instauró una teoría basada en la superioridad racial, todo lo cual resulta agraviante para los derechos humanos más elementales consagrados en el orden jurídico nacional e internacional. A tal efecto tuvo en cuenta que la agrupación: 1°) había intentado ser reconocida con el nombre de "Partido Nacional Socialista de los Trabajadores" en clarísima analogía con el "Nationalsozialistiche Deutschen Arbeiterpartei"; 2°) utiliza símbolos tales como la cruz gamada y, luego, el "siete de San Cayetano" y brazaletes y estandartes "...del mismo modo en que lo hacían los 'nazistas'". A todo ello, agregó que el programa de gobierno con el que la entidad pretende ser reconocida postula
"el drástico desmantelamiento de la red homosexual, drogadicta y corrupta que hoy infecta a la Argentina" (art. 29, inc. d) y, con referencia al castigo de la "vagancia" (art. 27, inc.
d) especifica que "el respeto a esta norma será doblemente importante en el caso de los extranjeros".
A partir de estos elementos de juicio, la cámara de apelaciones concluyó que las manifestaciones y actividades de la agrupación resultan suficientes para tener por configurados actos concretos de discriminación absolutamente contrarios al principio de igualdad ante la ley y que, a los fines de su reconocimiento como partido político, no encuentran cobijo en el art. 38 de la Constitución Nacional, en los tratados internacionales incorporados a su art. 75, inc. 22, ni en las leyes 23.298 de partidos políticos y 23.592, que sanciona los actos discriminatorios.
2°) Que, contra este pronunciamiento, el recurrente interpuso el recurso extraordinario de fs. 1082/1093 vta.
Alega la existencia de una "cuestión federal suficiente", toda vez que está en disputa la personería de un partido político, entidad a la que la propia Constitución Nacional le asigna la máxima valoración como institución fundamental del sistema democrático (art. 38). Expresa que ha habido un flagrante desconocimiento de lo dispuesto por la ley 23.298, lo que provoca un caso de extrema gravedad institucional.
Considera que la decisión adoptada por el tribunal es arbitraria, pues interpreta erróneamente normas federales y viola derechos constitucionales fragmentando pruebas y hechos de la causa, lo que se traduce en un rechazo a las "ideas políticas" de su partido en seria contradicción con los principios de libertad de opinión y expresión que salvaguarda la Constitución Nacional. Finalmente alega que al existir una falta de subordinación al estado de derecho y a la ley vigente, se lo ha discriminado ideológicamente.
3°) Que el tribunal de alzada denegó el remedio federal interpuesto con apoyo en la doctrina de arbitrariedad de sentencias. Por el contrario, el recurso, en cuanto a la cuestión federal alegada, fue concedido en los términos de fs. 1098/1100.
En consecuencia, es menester advertir que los agravios relativos a cuestiones de hecho y prueba que fueron subsumidos en la causal de arbitrariedad sostenida por el recurrente no serán atendidos, porque además de involucrar, en principio, una materia ajena a la vía del recurso extraordinario, fueron expresamente denegados por la cámara, sin que el recurrente haya deducido la queja respectiva.
De tal manera que el material probatorio existente en la causa, que llevó al convencimiento del a quo de que la agrupación política "Partido Nuevo Triunfo" constituye una organización que promueve un programa inspirado en las mismas ideas vinculadas a la inferioridad de ciertas personas por su condición racial, religiosa o por su origen nacional que, en Alemania, llevó adelante el Partido Nacional Socialista, bajo el gobierno de Adolf Hitler, debe, entonces, considerarse debatida y resuelta en la instancia anterior.
Sobre esta base, cabe sostener que la cuestión constitucional que habilita la jurisdicción apelada de este Tribunal, en los términos del art. 14 de la ley 48, se encuentra circunscripta a examinar si la decisión del tribunal de alzada de denegar el reconocimiento de la personería jurídica al Partido Nuevo Triunfo, por las circunstancias antes señaladas, determina para el recurrente un trato discriminatorio.
Dicho en otras palabras, se debe resolver si constituye o no una decisión inconstitucional negar autorización para funcionar a una organización que se identifica en actitudes, imágenes y programa, con el ya mencionado partido nazi que gobernó Alemania en la década de 1930.
4°) Que es evidente la trascendencia institucional de la cuestión sub examine por lo que significa dentro del marco de un estado constitucional de derecho denegar a una agrupación política la personería que solicita.
Es, precisamente, esa profunda significación la que obliga a que dicha decisión tenga como fundamento circunstancias suficientemente graves e insuperables; y la probada conculcación por su parte del derecho a la igualdad contenido en el art. 16 y en los tratados internacionales integrados mediante lo prescripto en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.
5°) Que, a fin de abordar esta cuestión, se debe tener particularmente presente que el derecho genérico de las personas a ser tratadas de modo igual por la ley no implica una equiparación rígida entre ellas, sino que impone un principio genérico (igualdad ante la ley de todos los habitantes) que no impide la existencia de diferenciaciones legítimas. La igualdad establecida en la Constitución no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que en iguales circunstancias se concede a otros (Fallos: 153:67, entre muchos otros). El criterio de distinción no debe ser arbitrario o responder a un propósito de hostilidad a personas o grupos de personas determinados (Fallos: 229:428), o tratar desigualmente a personas que están en circunstancias de hecho esencialmente equivalentes (Fallos: 229:765).
Al mismo tiempo, debe recordarse que tales propósitos hostiles o arbitrariedad en la distinción no se presumen, esto es, no serán tenidos por ciertos, según el criterio de esta Corte, hasta tanto sean probados por quien los invoca (Fallos: 306:2147, 2154). Dicho de otro modo, las clasificaciones introducidas por la ley, a la luz del art. 16 de la
Constitución Nacional y de su interpretación por la jurisprudencia de esta Corte, tienen una presunción favorable que debe ser derrotada por quien la ataque.
6°) Que, a su vez, este Tribunal ha complementado el principio de igualdad mediante la aplicación de un examen más riguroso cuando se trata de clasificaciones basadas en criterios específicamente prohibidos (también llamados "sospechosos").
El derecho constitucional argentino contiene, en especial a partir de la incorporación de diversos tratados internacionales sobre derechos humanos, la prohibición expresa de utilizar criterios clasificatorios fundados en motivos de "raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social" (art. 1° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 26 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos).
Por ende, la interdicción de la discriminación en cualquiera de sus formas y la exigencia internacional de realizar por parte de los Estados acciones positivas tendientes a evitar dicha discriminación deben reflejarse en su legislación, de lo cual es un ejemplo la ley 23.592, y también en la interpretación que de tales leyes hagan los tribunales.
Así, cuando esta Corte ha tenido que resolver sobre la constitucionalidad de leyes que utilizan tales clasificaciones basadas en alguno de esos criterios expresamente prohibidos, lo ha hecho partiendo de una presunción de inconstitucionalidad (Fallos: "Hooft" 327:5118; "Gottschau" 329:2986 y "Mantecón Valdez" 331:1715). Por lo tanto, el trato desigual será declarado ilegítimo siempre y cuando quien defiende su validez no consiga demostrar que responde a fines sustanciales antes que meramente convenientes y que se trata del medio menos restrictivo y no sólo uno de los medios posibles para alcanzar dicha finalidad.
7°) Que la decisión de negar autorización al Partido Nuevo Triunfo supera los cuestionamientos basados en el derecho a la igualdad, tanto desde el punto de vista del criterio amplio cuanto del más estricto impuesto por las cláusulas antidiscriminatorias. En efecto, el régimen de partidos políticos, tal como ha sido interpretado en la sentencia apelada, distingue del resto a aquellas organizaciones cuyo programa político incluya la promoción del desprecio u odio racial, religioso o nacional y ese distingo responde a una finalidad sustantiva que el Estado no puede en modo alguno soslayar ni demorar.
El hostigamiento discriminatorio que precedió a la persecución, sometimiento y asesinato en masa de personas que pertenecían a ciertas tradiciones nacionales o religiosas, perpetrado por el régimen nazi liderado por Adolf Hitler, se ha convertido en un paradigma del tipo de crímenes contra la humanidad cuya prevención y persecución es hoy un deber asumido por gran parte de las naciones entre las que se encuentra la República Argentina (la conexión entre los juicios de Nüremberg y la evolución posterior del concepto de crimen de lesa humanidad en el derecho internacional es mencionada en "Simón", Fallos: 328:2056). Un fin que necesariamente debe alcanzar el Estado es, entonces, desalentar y contrarrestar el desarrollo de prácticas que promuevan el odio racial o religioso, y la sujeción o eliminación de personas por el hecho de pertenecer a un grupo definido por alguna de las características mencionadas.
Es por tal razón que no sólo resulta conveniente, sino imperativo, que las autoridades de la República Argentina tomen en cuenta este dato a efectos de trazar políticas orientadas a impedir el proselitismo a favor de semejante oferta política. Lo contrario implicaría permitir no sólo el elogio de conductas que constituyeron uno de los peores crímenes de que tenga recuerdo la humanidad, sino incluso consentir la realización de un programa orientado a reproducirlo en alguna medida.
8°) Que el deber antes mencionado como finalidad de la política estatal contra el odio racial, no sólo tiene indiscutible validez moral, sino que también ha sido recogido en instrumentos internacionales que forman parte del derecho vigente en el país. De conformidad con lo establecido en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, es condenable "toda la propaganda y todas las organizaciones que se inspiren en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o un grupo de personas de un determinado color u origen étnico, o que pretendan justificar y promover el odio racial y la discriminación racial, cualquiera sea su forma, y se comprometen a tomar medidas inmediatas y positivas destinadas a eliminar toda incitación a tal discriminación o actos de tal discriminación y, con ese fin, teniendo debidamente en cuenta los principios incorporados en la Declaración Universal de Derechos Humanos..." (art. 4°). La Convención citada establece que "...la expresión 'discriminación racial' denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública" (art. 1°).
En el mismo orden de ideas, el art. 4°, inc. b, prescribe que los Estados Parte declararán "ilegales y prohibirán las organizaciones, así como las actividades organizadas de propaganda y de toda actividad de propaganda, que promuevenla discriminación racial e inciten a ella, y reconocerán que la participación en tales organizaciones o en tales actividades constituye un delito penado por la ley".
Es también de importancia en este aspecto el art. 20, inciso 2°, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: "Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley". En el mismo sentido, cabe mencionar el art. 13, inc. 5° de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en cuanto dispone que estará prohibida por la ley "toda propaganda a favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional".
Por último, es a la luz de estas cláusulas que deben interpretarse los arts. 16 y 38 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos 23.298.
9°) Que, en tal marco jurídico de fuente internacional y su recepción constitucional y legislativa por parte del Estado argentino, debe éste velar por su cumplimiento estricto y se obliga a que sus órganos administrativos y jurisdiccionales lo apliquen. De aquí se sigue que no se pueda legitimar como partido político a quienes incurren en apología del odio e, indirectamente, incitan a la violencia cuando propugnan el "drástico desbaratamiento de la red homosexual, drogadicta y corrupta que hoy infecta a la Argentina" (fs. 16), el doble castigo para los extranjeros (fs. 15), la utilización de símbolos del mismo modo en que lo hacían los nazis tristemente reconocibles por quien tenga al menos una somera idea de la historia del siglo pasado y que utilizan terminología empleada por el Tercer Reich aludiendo a determinadas personas como "subhumanas" (fs. 414).
10) Que de conformidad con lo antes señalado, se observa que la decisión del tribunal de alzada de negar reconocimiento político a una agrupación que se basa en el desconocimiento de los derechos más esenciales de ciertos grupos de personas o de minorías y en la superioridad de una raza, que promueven diferencias en razón del color, origen, religión, orientación sexual, etc., por entender que todas estas actitudes consideradas en forma conjunta revelan una práctica discriminatoria prohibida, no hace otra cosa que respetar estrictamente el mandato de la ley nacional e internacional.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador Fiscal subrogante a fs. 1107, se declara procedente el recurso extraordinario y se confirma la sentencia.


Notifíquese y devuélvase. RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA
I. HIGHTON de NOLASCO - CARLOS S. FAYT (según su voto)-
ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL
ZAFFARONI - CARMEN M. ARGIBAY.

ES COPIA

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VOTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS S. FAYT

Considerando:
11) Que la Cámara Nacional Electoral, por decisión unánime de sus miembros, confirmó la sentencia de primera instancia que en los términos del art. 71 de la ley 23.298C había denegado el reconocimiento de la personería jurídico- política al Partido Nuevo Triunfo. Contra dicho pronunciamiento la agrupación peticionaria interpuso recurso extraordinario, que fue concedido en cuanto remite a la interpretación de las normas federales que señala; en cambio, fue declarado inadmisible con respecto al planteo por el cual se pretende cuestionar el fallo, con base en la doctrina de la arbitrariedad, en lo que atañe a la apreciación de las cuestiones de hecho y prueba, sin que el recurrente haya deducido a su respecto la queja prevista por el art. 285 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
21) Que la sentencia impugnada, tras destacar el rol significativo que corresponde a los partidos políticos en el gobierno representativo, en el sistema democrático y en el orden constitucional (art. 38 de la Constitución Nacional) y la importancia que para ello tiene que dichas entidades puedan comunicar libremente sus ideas, decidió denegar la personería solicitada sosteniendo que su constitución podía ser restringida cuando la actuación de la asociación política se tradujera en "una vulneración de derechos constitucionalmente establecidos" (fs. 1067).
En ese sentido, la sentencia señaló que "...lo que en semejante hipótesis se niega o prescribe no es el derecho en sí mismo ni la titularidad de él, sino sólo la posibilidad de que se lo ejerza de manera que inflija daño o perjuicio al interés general, al de un grupo sustancial del pueblo (cf. arg. de Fallos: 253:133 y sus citas)" (fs. 1067).
Seguidamente, el a quo pasó a examinar diversos "...elementos de juicio incorporados a la causa que deben necesariamente valorarse para resolver la cuestión planteada", a fin de dar primacía a la verdad jurídica objetiva e "...impedir su ocultamiento ritual..." (fs. 1071 vta.). A tal efecto tuvo presente que inicialmente la agrupación pretendió ser reconocida como "Partido Nacional Socialista de los Trabajadores", y utilizar como símbolo partidario la cruz esvástica, cuya difusión por sí sola estimó la cámara resulta suficiente para considerar consumado el delito de discriminación (conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala II, 28 de febrero de 1996, en los autos "Biondini, Alejandro y otros s/ infr. art. 3 de la ley 23.592"); agregó la alzada que "no deja lugar a dudas respecto de su reconocimiento con la fuerza política que ejerció el poder en Alemania entre los años 1933 y 1945
‘Partido Alemán Nacional Socialista de los Trabajadores' cuya teoría sobre la superioridad de una raza produjo atroces consecuencias, por todos conocidas, que no es necesario reseñar en esta causa" (fs. 1072).
La cámara indicó respecto de la sustitución de la cruz gamada por otro símbolo (el "siete de San Cayetano"), actualmente utilizado por la agrupación, que "...no solo no se distingue claramente de aquel usado por el régimen 'nazi' sino, que, por el contrario, induce a recordarlo. Más aún por el hecho de encontrarse estampado en un círculo blanco que luce sobre fondo rojo, de modo análogo a la forma en que lo usaban los actores de aquella política" (fs. 1072 vta./1073).
A ello agregó que "Más allá de los esfuerzos argumentales ensayados por el recurrente, lo cierto es que los brazaletes y estandartes que pretenden ser usados del mismo modo en que lo hacían los 'nazistas'; el saludo romano; los uniformes pardos; el trato de 'camarada'; la figura del águila imperial y la proclama de alcanzar un 'Cuarto Estado', constituyen elementos que podrían considerarse equívocos si fuesen considerados aisladamente, pero su utilización conjunta no deja margen de interpretación razonable para arribar a una conclusión diversa de la que se ha expuesto" (fs. 1073).
Después de afirmar que al peticionante y a otros integrantes de la agrupación se les impuso una condena penal en orden al delito previsto por el art. 31 de la ley 23.592 que establece una pena de prisión para quienes "participaren en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial y religiosa en cualquier forma"C y reseñar que ello ocurrió por "haber pegado afiches en la vía pública con la inscripción 'Habla Biondini', '(Defendamos nuestro derecho a ser nacionalistas!', una cruz esvástica negra en el centro, invitando a un acto (...) del Partido Nacionalista de los
Trabajadores" (fs. 1074), la Cámara Nacional Electoral concluyó que "...la agrupación de autos se encuentra identificada con el régimen que instauró una teoría basada en la superioridad de una raza, que nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales de su jerarquía condenan a la luz del principio de igualdad" (fs. 1075).
La sentencia recurrida también tuvo en cuenta (fs.1076 vta.) que el programa de gobierno con el que la entidad pretende ser reconocida como partido político postula el
"drástico desmantelamiento de la red homosexual, drogadicta y corruptora que hoy infecta a la Argentina" (art. 29, inc. d) y que, con referencia al castigo de la "vagancia" (art. 27, inc.d), especifica que "el respeto a esta norma será doblemente importante en el caso de los extranjeros", para concluir que las manifestaciones del Partido Nuevo Triunfo contrarias al principio de igualdad comprendían también discriminaciones por motivos de sexo y origen nacional.
Aludió finalmente la sentencia a manifestaciones del recurrente que impedían diferenciar su actividad política, la del partido que representa y el portal de Internet que administra, el que habilita el acceso a páginas de movimientos neonazis y xenófobos. Sobre el punto destacó la existencia de observaciones del Comité Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial a los informes de
Argentina correspondientes a los años 2000, 2002 y 2004 en los que manifestó su preocupación por los incidentes de incitación al odio racial y la propaganda racista en Internet.
31) Que en el recurso interpuesto, la agrupación Partido Nuevo Triunfo sostiene que existe cuestión federal suficiente, en los términos del art. 14 de la ley 48, toda vez que, por un lado, está en disputa la personería jurídica de un partido político, entendido éste como una "institución fundamental del sistema democrático" art. 38 de la Constitución
Nacional; y han sido conculcados los derechos y garantías constitucionales contenidos en los arts. 14, 16, 18, 19, 37, 43 y 109 de la Ley Fundamental. Por otro lado, denuncia un flagrante desconocimiento de lo dispuesto en la ley 23.298 y en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, e invoca la existencia de gravedad institucional como factor habilitante del remedio extraordinario introducido.
Los agravios que expresa pueden sintetizarse del siguiente modo:
a. La cámara omitió la consideración de elementos de prueba fundamentales para la valoración de la actividad partidaria del Partido Nuevo Triunfo, los que seguidamente se detallan: la expresa reivindicación y defensa de los derechos históricos de la comunidad indígena; el declarado objetivo de la agrupación de trabajar por la unidad nacional; la prioritaria promoción de la protección de la vida, de la ancianidad, de la niñez, de los desamparados, de la madre soltera, de los discapacitados y "de todos los sectores más débiles de nuestra sociedad"; contenidos todos ellos en el programa de gobierno de fs. 8/17; la subordinación absoluta al Estado de Derecho y a la legislación vigente; la propuesta de superación de "artificiales antagonismos ideológicos de izquierda, centro o derecha", y de "privilegiar y alentar la mancomunión de los ciudadanos honestos contra la corrupción", expresadas en el documento titulado "Propuestas Fundamentales que impulsa el ciudadano Alejandro Biondini como candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", agregado como anexo G al recurso en examen; el expreso rechazo a cualquier forma de racismo o antisemitismo del que daría cuenta el acta partidaria de fs. 486 en su punto 4°; las documentadas referencias al denominado "revisionismo histórico", movimiento intelectual que estaría encabezado por "notorias personalidades judías", y que no debería ser interpretado como antisemita; el compromiso público por la paz y contra cualquier forma de violencia que surgiría de los documentos que certifican su adhesión a la "Marcha por la Paz" que tuvo lugar el 18 de diciembre de 2002; la salutación expresa que, en razón de tal actitud, le dirigió el entonces obispo auxiliar de la ciudad de Buenos Aires; a lo que debe sumarse la carta de agradecimiento del cónsul español en Argentina, en respuesta a las expresiones de solidaridad por parte del Partido Nuevo Triunfo ante los ataques terroristas ocurridos en España en marzo de 2004; y, por último, se habría omitido la "pormenorizada explicación sobre la naturaleza empresaria y pública del portal de hosting denominado "Ciudad Libertad de Opinión", de modo que la alzada habría confundido el sitio allí existente del Partido Nuevo Triunfo con otros de agrupaciones que también aparecen en el marco del mismo portal, los que, por otra parte, darían cuenta del carácter de su actividad "abierta, multinacional y antidiscriminatoria" (fs. 1091).
A las presuntas omisiones arriba relatadas, las que importarían una conculcación del derecho a la defensa en juicio, de la debida fundamentación sustentable de todo pronunciamiento judicial, y del principio del respeto al debido proceso, el recurrente expone lo que califica como "consideraciones tendenciosas" (fs. 1091 vta.), en las que habría incurrido la alzada en el marco de la interpretación de los arts. 27 y 29, en ambos su inc. d, del programa partidario, al extraer de ellos expresiones tenidas injustificadamente por discriminatorias en razón de sexo y origen. Afirma que la propuesta de un "drástico desmantelamiento de la red homosexual, drogadicta y corruptora que hoy infecta a la Argentina" (fs. 16, art. 29, inc. d), fue concebida como medida para garantizar "el derecho a la salud espiritual de nuestro pueblo", bajo la plena conciencia de que las acciones privadas de los hombres exentas de la autoridad de los magistrados deben encontrar debido cauce de modo de no ofender al orden y a la moral pública (art. 19 de la Constitución Nacional); y que cuando se sostiene, como medida para garantizar el derecho al trabajo, que "La vagancia deliberada se castigará con particular rigor. El respeto a esta norma será doblemente importante en el caso de los extranjeros" (art. 27, inc. d), la misma debe ser entendida en el contexto de "una nueva Argentina donde exista lo que hoy parece inalcanzable: el Pleno Empleo", y en la inteligencia de la creación de una determinada política inmigratoria propia "de todos los gobiernos civilizados del mundo".
b. el pronunciamiento atacado ha violado su derecho a la igualdad ante la ley y a no ser objeto de discriminación
(arts. 16 y 43, respectivamente, de la Carta Magna), pues ha existido en las actuaciones judiciales una directa injerencia del Poder Ejecutivo Nacional con la intención de hacerse parte en el expediente, y de este modo se han violado los arts. 109 y 57 de la Constitución Nacional; con el calificativo de emuladores, la alzada ha quitado entidad propia al Partido Nuevo Triunfo y denigrado a sus simpatizantes, quitándoles así sus derechos de asociación y electorales contra lo establecido en los arts. 37 y 38 de la Carta Magna; el presunto trato discriminatorio que emergería de la sentencia hallaría pie en el papel incriminatorio que se atribuye a términos como
"camarada", en la interpretación de las "camisas de trabajo de nuestra juventud sindical" como "uniformes pardos", y del águila imperial propia del escudo de la ciudad de Buenos Aires como un remedo del águila del tercer Reich alemán, así como del uso del "Siete sagrado de San Cayetano" forzando su semejanza con la cruz esvástica; es decir "elucubraciones subjetivistas" con fundamento en las cuales se pretendería proscribir a un partido político por ideas que no son las que terceros profesan. Por último la desigualdad de trato surgiría también a partir de que otros partidos políticos que gozan de personería jurídica, tienen sin embargo un nombre y una doctrina que atentan contra los principios democráticos básicos.
4°) Que el recurso extraordinario es admisible en tanto se ha cuestionado la validez e inteligencia de normas de carácter federal como son la ley 23.298 y los preceptos constitucionales puestos en juego, y la decisión impugnada es contraria a las pretensiones que el recurrente fundó en sus disposiciones. La apertura de la instancia que permite a esta Corte ejercer la jurisdicción que ha calificado, con énfasis y reiteración, como más alta y eminente, también se sostiene en que en este asunto se encuentran comprometidas instituciones básicas de la República, al estar en juego el derecho a elegir a los representantes del pueblo que habrán de cumplir funciones de gobierno (doctrina de Fallos: 326:1778, entre muchos otros).
51) Que de manera liminar corresponde precisar los pilares estructurales sobre los que se asientan los partidos políticos como sujetos de derecho legal y constitucional, para lo cual resulta conveniente recordar los principios que este Tribunal ha desarrollado al respecto, principalmente con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, suceso histórico que, como se reseñará más adelante, dio lugar a un movimiento en el ámbito de las ciencias sociales y políticas que sirvió de marco fecundo para el intercambio de ideas, la reflexión y posterior creación de concretos institutos de derecho constitucional, orientados a definir determinados contornos sobre el reconocimiento, los fines y la actividad de los partidos políticos en una democracia republicana y representativa.
Una adecuada solución del caso, en función de los antecedentes relacionados, exige recordar la vigencia de conocidos principios establecidos sobre la materia controvertida en el sub lite.
6°) Que en la forma representativa de gobierno consagrada por los arts. 1° y 22 de la Ley Fundamental, el pueblo, como entidad política, es la fuente originaria de la soberanía. El modo de ponerla en ejercicio es la elección de los representantes por el cuerpo electoral sobre la base de la representación libre. De este modo, el sufragio es la base de la organización del poder, y el derecho que tienen los ciudadanos de formar parte del cuerpo electoral, y, a través de éste, de constituir directa o indirectamente a las autoridades de la Nación (Fallos: 319:1645).
Los partidos políticos son organizaciones de derecho público no estatal, necesarios para el desenvolvimiento de la democracia representativa, y, por tanto, instrumentos de gobierno cuya institucionalización genera vínculos y efectos jurídicos entre los miembros del partido, entre éstos y el partido en su relación con el cuerpo electoral; y dentro de la estructura del Estado, como órganos intermedios entre el cuerpo electoral y los representantes. Coexisten como fuerzas de cooperación y oposición para el mantenimiento de la vida social, a cuya ordenación concurren participando en la elaboración y cristalización de normas jurídicas e instituciones, y, vinculados al desarrollo y evolución política de la sociedad moderna, materializan en los niveles del poder las fases de integración y conflicto, convirtiendo las tensiones sociales en normas jurídicas (Fallos: 310:819, considerando
7°) Que su reconocimiento jurídico deriva de la estructura de poder del Estado moderno, en conexión de sentido con el principio de igualdad política, la conquista del sufragio universal, los cambios internos y externos de la representación política y su función de instrumentos de gobierno.
En rigor son grupos organizados para la elección de representantes en los órganos del Estado, haciendo posible que éste sea, efectivamente, la organización política de la
Nación. Los partidos forman parte de la estructura política real, de ahí que la vida política de la sociedad contemporánea no pueda concebirse sin ellos, entendidos como fuerzas que materializan la acción política. Reflejan los intereses y las opiniones que dividen a los ciudadanos, actúan como intermediarios entre el gobierno y las fuerzas sociales, y de ellos surgen los que gobiernan, es decir, los que investidos de autoridad por la Constitución y por las leyes, desempeñan las funciones que son la razón de ser del Estado (Fallos:
310:819, considerando 14).
8°) Que la función de los partidos de proveer el directorio político como auxiliares del Estado explica su encuadramiento estatuario, y, en los hechos, que sistema de partidos y sistema representativo hayan llegado a ser sinónimos.
Esta Corte ha reconocido que los partidos políticos, cuya existencia y pluralidad sustenta el art. 1° de la Constitución
Nacional, condicionan los aspectos más íntimos de la vida política nacional, e incluso la acción de los poderes gubernamentales. De ellos depende en gran medida lo que ha de ser, en los hechos, la democracia del país; y al reglamentarlos, el Estado democrático cuida una de las piezas principales y más sensibles de su complejo mecanismo vital (Fallos: 310:819, considerando 15). La relevancia de sus referidas funciones de articulación de la democracia representativa ha justificado su reconocimiento en la mayoría de los ordenamientos constitucionales de postguerra, y su incorporación a nuestra ley fundamental mediante la reforma de 1994 (art. 38), en un todo de acuerdo con la interpretación que al punto asignaba con anterioridad este Tribunal (Fallos: 319:1645).
9°) Que el principio de normalidad funcional preserva la existencia del sistema de partidos y el cumplimiento de sus fines, operando como garantía de que su inserción en el régimen representativo no producirá indebidos avances en espacios de poder, incompatibles con su condición de instrumentos para la designación de candidatos y la formulación y realización de la política nacional. Según el Preámbulo de la
Constitución Nacional, "los representantes" son "del pueblo de la Nación Argentina", y es deber de los partidos enriquecer con su acción al régimen representativo y fortalecer en el elector la mentalidad democrática (Fallos: 319:1645, considerando
13). Esta se recicla a través de las actitudes y comportamientos, y se caracteriza por el gradual desarrollo de sentimientos de libertad y de las convicciones sobre el valor de la justicia, el bienestar general, la paz interior, y el carácter representativo del poder y la autoridad. Tiene por virtudes morales la tolerancia, la lealtad y la sinceridad.
Esta última, en relación a las elecciones, se traduce en el respeto a la opinión y voluntad del sufragante mediante la transparencia de todos los actos y procedimientos destinados a garantizar la corrección de los comicios. Esto se traslada a los sistemas electorales, que son modos de convertir los votos en cargos.
A esto debe sumarse, como presupuestos de la vida democrática, la unidad de la comunidad nacional, el consenso y el pluralismo. La unidad se basa en un implícito acuerdo fundamental que se ratifica cotidianamente, por el trabajo de todos para hacer posible la vida en común y la voluntad de compartir el pasado y el futuro interrelacionados con actitudes y creencias que todos o una gran mayoría comparten. En cuanto al consenso, es decir el acuerdo para estar en desacuerdo, es el resultado de ese mínimo de necesidad mutua que predispone a conducir las discusiones con respeto y a actuar con tolerancia cuando surgen problemas que dividen. El pluralismo, por último, consiste en la voluntad de una sociedad diversificada de vivir como una comunidad única, por más que se entrecrucen y a veces choquen los intereses y las representaciones de orden político, social, económico o cultural. "[Las sociedades] Son pluralistas en el sentido de que, por una parte, consideran natural y en el fondo afortunada la variedad sociológica del medio político, y por otra parte conceptúan un valor eminentemente respetable la autonomía de cada persona humana. Este pluralismo es, pues, a la vez social y espiritual. Admite como un dato de hecho el abigarramiento de las categorías sociales con las representaciones que le son propias. Se refuerza adhiriéndose a una filosofía que ofrece una garantía a las originalidades individuales contra la sumisión a un orden totalitario (Burdeau, G., La Democracia, ed. Ariel, Caracas-Barcelona, 1960, págs. 87/88; Fallos: 312:2192, considerando 16).
10) Que al innegable carácter ético Ces decir, de compromiso con la "mentalidad democrática" que cabe atribuirle al concepto de normalidad funcional antes expuesto cabe agregar las palabras de Alfredo L. Palacios dichas desde su banca de senador en 1938, hechas suyas por el juez Petracchi: "Los partidos son órganos de la democracia...; tienen por función en el Estado organizar y educar cívicamente a los ciudadanos sobre una base ética. Actúan, además, como agentes de ideas; disciplinan las fuerzas y orientan las corrientes de sentimientos e ideas que se agitan en la sociedad..." (Fallos:
310:819, considerando 15). Formulado de otro modo, los partidos tienen como tarea, entre otras, la de "preparar al ciudadano para el buen uso de la herramienta de trabajo cívico que es el voto" (Fallos: 319:2700, disidencia del juez Fayt, considerando 14).
11) Que también ha dicho el Tribunal que el hecho de que los sistemas electorales estén relacionados con el régimen de partidos políticos y que éstos sean órganos intermedios entre gobernantes y gobernados y pieza clave para la existencia del régimen representativo, no significa sino reconocer que los partidos existen por y para el régimen representativo y no éste por y para aquéllos. Y esto exige establecer claramente las funciones y límites de los partidos y defender el régimen representativo en todo cuanto tienda a debilitarlo, desnaturalizarlo o destruirlo, teniendo en cuenta que la Nación como antes se recordó adoptó para su gobierno la forma representativa y que el pueblo no delibera sino por medio de sus representantes (arts. 1° y 22 de la Constitución Nacional) (Fallos: 312:2192 y 319:1645, considerando 81).
12) Que destacada, como queda hecho, la significación constitucional de los partidos políticos enunciada en el art. 38 de la Ley Fundamental, e incluso comprendidos ellos como la expresión derivada del ejercicio de uno de los derechos fundamentales de mayor tradición en la historia constitucional liberal como es el de libre asociación, cabe recordar que la Constitución, primer instrumento de gobierno, debe analizarse como un conjunto armónico dentro del cual cada parte ha de interpretarse a la luz de las disposiciones de todas las demás (Fallos: 167:121; 236:100), pues sus normas, como las de toda ley, deben ser interpretadas en forma coherente, de manera que armonicen entre ellas y no traben el eficaz y justo desempeño de los poderes atribuidos al Estado para el cumplimiento de sus fines del modo más beneficioso para la comunidad y los individuos que la conforman (Fallos: 234:482 y 326:1778).
En el mismo sentido se ha afirmado que "el reconocimiento de los partidos políticos no importa que éstos no se encuentren sujetos a regulaciones legales. En efecto, los derechos civiles, políticos y sociales que la Constitución
Nacional consagra, lejos de ser absolutos, están sujetos a limitaciones o restricciones tendientes a hacerlos compatibles entre sí y con los que corresponde reconocer a la comunidad (Fallos: 191:139). La Constitución ha confiado al Poder
Legislativo la misión de reglamentar dentro de cierto límite el ejercicio de los que ella reconoce, y no es de resorte del
Poder judicial decidir el acierto de los otros poderes públicos en el uso de facultades que les son propias" (Fallos: 310:819, antes citado). "Una concepción antisocial", es la que permitiría, según lo ha afirmado el Tribunal, la admisión de un derecho ilimitado (Fallos: 136:161 y 253:133).
13) Que a la luz de los principios expuestos más arriba in extenso y de los extremos que surgen de la causa, corresponde ahora proceder a examinar los agravios en que se funda el recurso extraordinario; y ello bajo el imperio de la necesidad de acordar primacía a la verdad jurídica objetiva e impedir su ocultamiento ritual, en pleno acatamiento a la exigencia constitucional referente al adecuado servicio de justicia que garantiza el art. 18 de la Carta Magna.
14) Que si bien los agravios relacionados con la fundamentación del fallo y violación del debido proceso remiten a planteos sostenidos en la arbitrariedad de sentencia expresamente descartada por la alzada y sobre los que la recurrente no dedujo recurso de queja corresponde ingresar en su examen en la medida en que guardan, en su mayoría, una vinculación inescindible con los temas federales en discusión
(Fallos: 323:2519; 327:5640 y 330:2206). Al respecto se impone señalar que tal planteo no refuta mínimamente en rigor, ni siquiera se ha intentado hacerlo los siguientes elementos de juicio que tuvo en cuenta la Cámara Nacional Electoral respecto de la doctrina y la conducta de los integrantes del
Partido Nuevo Triunfo emergentes de las constancias de autos:
1. "la incidencia de la cuestión referida" al nombre "Partido Nacional Socialista de los Trabajadores" y a los símbolos de la cruz gamada y el "siete de San Cayetano" con que la agrupación solicitó originariamente ser reconocida (considerando 16 de la sentencia de cámara). 2. los brazaletes y estandartes
"usados del mismo modo en que lo hacían los nazistas" (considerando 17); y 3. la gravitación de las sentencias de la justicia federal criminal y correccional que condenaron a miembros de la agrupación, entre ellos su presidente, por el delito previsto en la ley 23.592 (considerando 18). Esas consideraciones fueron suficientes para que el tribunal a quo concluyera que "la agrupación de autos se encuentra identificada con el régimen nazi" (ver considerando 19).
De la misma forma es como debe ser leído el documento obrante a fs. 758, el que según la interpretación del recurrente constituiría una prueba, no considerada en la sentencia, del compromiso por la paz y contra cualquier forma de violencia por parte del Partido Nuevo Triunfo (ver fs. 1089 vta.). Del examen de este instrumento surge que se trata de una impugnación contra la decisión de no incluir en el preámbulo de la Norma Fundamental que rige a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la fórmula de invocación religiosa, esto es contra una decisión adoptada por la asamblea respectiva, sobre la que se expresa que es "un conjunto de habitantes sin residencia ni nacionalidad que redactaron un preámbulo para una pretendida e ilegal Constitución", sin que pueda colegirse de sus términos un claro mensaje a favor de la paz y en contra de la violencia. Igual consideración cabe extender a la nota obrante a fs. 960, en tanto se trata de un mensaje electrónico dirigido al Partido Nuevo Triunfo por el cual se agradecen las expresiones de pésame que habrían sido dadas por la agrupación frente a los trágicos acontecimientos de público conocimiento ocurridos en marzo de 2004 en Madrid, comunicación que frente a la prueba adversa colectada y valorada en las actuaciones ni siquiera basta para crear una imagen de suficiente consenso social como para obtener la personería jurídica solicitada.
Un párrafo aparte merece la pretensión de soslayar o mitigar las actitudes discriminatorias, en razón del sexo y del origen nacional que contienen algunos textos organizativos del Partido Nuevo Triunfo y que el a quo, persiguiendo la búsqueda de la verdad objetiva, ha puesto de resalto para fundar la resolución denegatoria de la personería.
Sin duda que un sustancioso análisis de la cuestión no puede prescindir del conocimiento de lo ocurrido en Europa; continente en el que, por razones histórico-culturales en el sentido más amplio que pueda asignársele a la expresión, los hechos de discriminación racial, sexual y de origen que tuvieron lugar durante el siglo XX, hicieron ganar a sus habitantes una experiencia atesorable para terceros desplegada posteriormente en múltiples niveles normativos. Y este carácter se encuentra más justificado todavía si se considera el rebrote de concepciones discriminatorias ocurrido allí a partir de las últimas dos décadas del siglo pasado, el que ha tomado específica presencia en el marco de la organización de los partidos políticos.
El aporte de las respuestas dadas en el derecho comparado ante las experiencias históricas vividas en otras naciones se manifiesta, también, genuino y en los hechos necesario in re, desde que una muy relevante parte de la propia materia en discusión tiene como insoslayable referente el movimiento político nacionalsocialista de procedencia europea.
Según Pierre Lambert, presidente del Instituto de Derechos del Hombre de Bruselas (Institut de Droits de l'Homme du barreau de Bruxelles), "la creciente ola de partidos políticos de extrema derecha en Europa se confirma nítidamente en las elecciones sucesivas que se han desarrollado en el curso de los últimos veinticinco años, sea en Austria, en Francia, en Suiza, en Dinamarca, en Alemania o en los Países
Bajos...y en Bélgica en sus tres regiones. Estos partidos alientan, notablemente, el odio al extranjero, la discriminación racial y el negacionismo) Qué hace la democracia para defenderse? (...) Forzoso es constatar que es la propia democracia la que ha favorecido y continúa favoreciendo la expansión de partidos cuyo programa intenta anular los derechos y libertades que proclama la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y los instrumentos jurídicos internacionales que resultan de aquélla..." (Les partis liberticides et la Convention européenne des droits de l'homme, Bruylant, 2005,
pág. 9).
Frente a semejante fenómeno social países como Bélgica, mediante la ley "Moureaux" de julio de 1981, y Francia mediante las leyes de 1972, la ley del acta Gayssot y la Lellouche han intentado frenar actos tanto racistas como xenófobos, particularmente cuando tienen lugar en el marco de partidos políticos. También en ese contexto cabe mencionar la resolución del Parlamento Europeo del 10 de diciembre de 1996, en la que se "considera necesario que los partidos políticos europeos tengan como mínimo las siguientes obligaciones: (...)
b) respetar en su programa y en su actividad práctica los principios fundamentales de derecho constitucional consagrados en el Tratado de la Unión relativos a la democracia, el respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho".
15) Que una consideración diacrónica de la jurisprudencia europea relativa a los límites de la libertad de expresión y asociación en el marco de actividades de partidos políticos lleva a recabar forzosamente, como punto de partida, en el conocido fallo (BVerfGe 2, 1) del Tribunal Constitucional Alemán que declaró agraviante del orden político fundamental la actividad del Partido Socialista del Reich (SRP), por emulación del nazismo. Se trataba de la difícil tarea de determinar en qué consistía el orden fundamental democrático liberal (freiheitliche demokratische Grundordnung) de modo de alcanzar una definición que pudiera, por un lado, poner un límite, llegado el caso, a la creación de partidos políticos de ideología antidemocrática; y, por el otro, también aventar toda posibilidad de que el Poder Ejecutivo se sirviera del concepto para excluir con él a partidos opositores fuera del escenario de las fuerzas políticas. La piedra fundamental resultó ser, para la inteligencia del fallo, la identidad entre valores fundamentales (Grundwerte) y el orden mencionado; el orden democrático resultaba ser un orden unido a esos valores (wertgebunden), y mediante aquélla pudo predicarse la inconstitucionalidad de la actividad de un partido político en razón de afectar algún o todos los valores fundamentales propios del orden democrático, entre los que se enumeraban, como era de esperar, los derechos fundamentales del hombre.
A su vez el fallo reseñaba los rasgos de conducta de la organización política constitucionalmente objetada:
1. "En el Estado moderno las luchas por el poder que tienen por objeto destruir el orden existente se muestran cada vez menos abiertas, y son dirigidas con cada vez menos violencia directa; más bien en modo creciente, mediante sigilosos procedimientos de destrucción interna. Abiertamente y con violencia son impuestos los objetivos inconstitucionales recién cuando el poder político ha sido alcanzado. Estos objetivos partidarios inconstitucionales, a los que se refiere el art. 21 de la Constitución, no son, naturalmente, enunciados con claridad ni nitidez. Hitler prestó antes de 1933 repetidas veces el juramento de lealtad, y cuando Hindenburg lo nombró canciller del Reich, hasta juró por la Constitución de Weimar. A su vez el programa del NSDAP estaba formulado de modo tan ambiguo que con dificultad dejaba reconocer los reales objetivos del partido". Para concluir que: "Como lo muestra el ejemplo de Hitler, si las declaraciones oficiales de la conducción de un partido inconstitucional son usadas para encubrimiento, y el programa del partido se sostiene con 'cautela', entonces la letra del programa y las declaraciones de lealtad Cen relación a las que el SRP hace referencia como medida de pruebaC no tienen valor probatorio para los verdaderos objetivos partidarios" (punto G, primer párrafo).
2. "El programa [partidario] muestra en el estilo general reveladoras similitudes con el del NSDAP. Como éste se desarrolla en lugares comunes, hace exigencias de tono general, que resultan ser el acervo común de todo partido o hasta datos de la realidad, y eleva a los diferentes grupos del pueblo vagas, utópicas y contradictorias promesas de orden económico (por ejemplo 'amplísimo aseguramiento de la alimentación a partir de las posibilidades de la propia economía agraria', y 'socialismo de raíz popular')."
3. Se hace referencia al slogan "Alemania despierta", y al uso de gestualidad y banderas, brazaletes etc., propios del NSDAP.
4. En relación al trato del SRP con los otros partidos, se concluye que "Este montón de insultos, sospechas y calumnias no tienen nada más que ver con la libertad de opinión protegida por el orden constitucional, ni con una auténtica oposición política. Exponen más bien la tendencia a hacer estremecer en el pueblo íntegramente la confianza en los representantes de la República, para que así, simultáneamente, aparezca el orden fundamental democrático liberal puesto en cuestión como un todo. El mismo método aplicó Hitler para destruir la democracia y la libertad, y erigir la dictadura" (punto G, V, H).
Huelga decir que el Tribunal encontró, como primer agravio constitucional, que el "SRP como partido político desconoce, como lo muestra la conducta de sus adherentes, los derechos humanos fundamentales, especialmente la dignidad del hombre, el derecho de la persona al libre desenvolvimiento y el principio de la igualdad ante la ley. Ante todo la reanimación antisemita llevada adelante prueba esto con firmeza" (punto G, VI, I).
16) Que en concordancia con lo hasta aquí expuesto deben ser entendidas las disposiciones de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (n.° 23.298) que, al prohibir que el nombre, los símbolos o emblemas partidarios exterioricen "antagonismos raciales, de clases, religiosos o conduzcan a provocarlos (conf. arts. 16 y 38, in fine) establece un claro óbice para el reconocimiento de agrupaciones que, como en el caso, contemplen en su simbología, programa político o actividades la discriminación racial o religiosa. Manifestaciones éstas que, en definitiva, implican una abierta vulneración de los derechos consagrados en los arts. 14, 16, 20, 25 y 75, inc. 22, de la Constitución Nacional.
17) Que se agravia la agrupación Partido Nuevo Triunfo respecto del supuesto trato discriminatorio que la sentencia aplicó a la entidad y a sus integrantes con relación a otros partidos y personas individuales cuya actuación y antecedentes, no obstante ser comparables según la recurrente a los que la sentencia impugnada le atribuye, no han constituido un impedimento para el reconocimiento de su personalidad jurídico-política.
Sobre el punto cabe señalar que el tema central que aquí se debate es el reconocimiento de la personalidad jurídico- política de la agrupación de marras y no la imputación dirigida contra otras organizaciones políticas reconocidas o a sus integrantes, asunto que resulta ajeno al trámite de estas actuaciones y que, de formularse, debería hacerse en la instancia y por la vía correspondiente asegurando el derecho de defensa de quien fuera el destinatario de tal imputación.
18) Que este Tribunal no desconoce la trascendencia institucional, invocada por la recurrente y emergente de la propia decisión que se adopta en este pronunciamiento, que significa, en el marco de convivencia política que otorga el
Estado constitucional de derecho propio de una democracia representativa como la nuestra, la denegación de la solicitud realizada, y con ello la exclusión del Partido Nuevo Triunfo del orden político legal nacional.
Es precisamente esa profunda significación la que obliga a que el fundamento de dicha exclusión sea lo suficientemente grave, e insuperable, como para alcanzar a la razón misma del ordenamiento político, en cuyo seno el Partido Nuevo Triunfo pretende actuar; y la probada conculcación por su parte del derecho a la igualdad contenido en el art. 16 y en los tratados internacionales integrados mediante lo prescripto en el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional, resulta ser una razón suficiente para el rechazo de la petición. Denegatoria que es, a su vez, aplicación del mandato de explícita matriz constitucional, cuyo art. 38, segundo párrafo, circunscribe la creación de los partidos políticos y el ejercicio de sus actividades al "respeto a esta Constitución".
En rigor, se trata de evitar el uso abusivo de un derecho político fundamental para el sistema representativo democrático, que supera la frontera de la licitud constitucional en la medida en que está dirigido a conculcar abiertamente otro derecho fundamental. Ese abuso deja de ser el ejercicio legítimo de un derecho constitucional para transformarse en el empleo inconstitucional de un derecho fundamental; y debe ser considerado como portador de una "causa ilícita" también en el sentido propio de la palabra de acuerdo con las condenas recibidas por miembros del partido mencionadas en el considerando 18 del fallo atacado, y distinguido del derecho fundamental en cuyo seno pretende cobijarse.
El impedimento de la actividad que despliega la causa ilícita en el caso la violación al derecho de igualdad referida por parte de la autoridad pública no comporta la trasgresión del art. 28 de la Ley Fundamental, pues "lo que en semejante hipótesis se niega o prescribe no es el derecho en sí mismo ni la titularidad de él, sino sólo la posibilidad de que se lo ejerza de manera que inflija daño o perjuicio al interés general, o al de un grupo sustancial del pueblo" (Fallos: 172:21, "Avico").
La debida coherencia interpretativa de las normas constitucionales impide la admisión ilimitada de un derecho, de carácter antisocial, dado que su razón teleológica es la armonía de las esferas de acción de las primeras, en cuya realización se concentra el mayor beneficio de la comunidad y de sus individuos. Un programa político que prevea la discriminación por sexo, raza y origen resulta ser paradigmáticamente antisocial, carácter que no se aligera ni disimula bajo el enmascaramiento de constituir una institución arraigada en la Carta que tutela los derechos fundamentales.
19) Que con arreglo a las razones expuestas precedentemente, esta Corte considera que no cabe otorgar al Partido Nuevo Triunfo la posibilidad de que condicione, mediante la obtención de la personería jurídica pretendida, "los aspectos más íntimos de la vida política nacional, e incluso la acción de los poderes gubernamentales", de modo que de él también "dependa, en gran medida, lo que ha de ser, en los hechos, la democracia del país" (Fallos: 310:819).
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador Fiscal subrogante a fs. 1107, se resuelve:
Declarar procedente el recurso interpuesto con el alcance expresado en los considerandos y confirmar la sentencia apelada.
Notifíquese y devuélvase. CARLOS S. FAYT.
ES COPIA
Recurso extraordinario interpuesto por Alejandro Carlos Biondini, con el patrocinio de la Dra. Edith Aída Macías.
Traslado contestado por el Dr. Jorge Álvarez Berlanda (Fiscal Nac. Electoral).
Tribunal de origen: Cámara Nacional Electoral.
Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal n° 1, Secretaría Electoral.