RECOMENDANOS con un click: Derecho Constitucional - Domingo Rondina - Dando cátedra: 2006

Acerca del Constitucionalista

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Santa Fe, Santa Fe, Argentina
Abogado con veleidades de constitucionalista y literato. Aprendiz de mucho, oficial de nada. Librepensador me educó mi padre... Mi CV aquí http://www.domingorondina.com.ar/1999/10/cv.html

¡allí está, detrás del trono, la naranja que perdí!


yo sigo en busca de lo naranja y verde


El Mono Liso tenía una naranja, que mucho le costó conseguir, que mucho cuidó, que mucho entrenó.
Pero una noche, entró un ladrón y se la robó.
Mono Liso acudió al Rey a quejarse por el robo, en busca de justicia.
El Rey le miente que Otro es responsable de sus males. Le miente porque sí, pero con frenesí.
Y en ese momento, Mono Liso hace un descubrimiento sorprendente: la naranja está detrás del trono, secuestrada por el mismísimo Rey.

Como siempre, la genial María Elena Walsh, desliza en una canción, supuestamente infantil, una profunda lección política.

Nosotros, aquí, vamos a buscarle una lectura jurídico-constitucional.

Nuestras libertades públicas son permanentemente vulneradas. Los laureles libertarios que supimos conseguir son birlados en la noche. Nuestros derechos civiles, verdaderas áreas exentas del individuo, son invadidos por el Estado.

Y nos costó conquistarlos, nos costó aprender a usarlos y defenderlos, mucho nos costó cuidarlos, frente al Estado omnipotente de las monarquías absolutas.

Pero en la noche de los tiempos, actualmente, en distintas partes del mundo, incluso asegurando que pretenden defenderlos, nos están robando nuestras libertades.

No podemos disponer sobre nuestros propios cuerpos, no podemos constituir las familias que deseamos, no podemos consumir aquello que deseamos aunque nos dañe, no podemos decidir si ser padres o no, no podemos elegir contra lo que el Estado considera deseable.

Y tenemos la tonta pretensión civilizada de recurrir al mismo Estado para que nos asegure la justicia, el recupero de nuestra dorada naranja. Pero siempre fui un tonto, que creyó en la legalidad…

Y nuestros gobernantes, con esa infantil perseverancia que cultivan, juran perjurando que ellos no son los responsables, que son otros los culpables: las circunstancias, otros estados, los demás políticos, los demás ciudadanos, la oculta sinarquía, e incluso las mismas víctimas. Nunca ellos, nunca el gobierno es responsable de nuestra pérdida.

Es entonces donde debemos abrir los ojos: debemos advertir que nuestra perdida naranja está DETRÁS DEL TRONO.

Es triste, pero debería ser esperable.

El Estado nos está robando las libertades personales. Cada vez más su presencia aminora nuestro ámbito de libre albedrío. Estamos retrocediendo, nos estamos medievalizando.

Tenemos que recuperar nuestra anaranjada libertad, tenemos que sacarla de donde la tienen escondida, detrás del trono, reconquistarla de las garras del Estado, y volver a ser individuos libres, con amplios márgenes de acción.

Quizás no sea fácil, quizás haya que luchar contra este Estado que se pretende trascendente, superior al individuo, capaz de decidir contra todos.
Pero tenemos que intentarlo, la libertad es más valiosa que cualquier otro bien.

Por eso es imprescindible tomar conciencia, ver, y luego gritar ‘¡allí está, detrás del trono, la naranja que perdí!’.


Entre el Jordán y el Leteo

Renaciendo en el Jordán 


“-Ahora el enemigo va a ganarnos muchas batallas y por mucho tiempo... –dijo Quomo.
-¿Por qué se pone pesimista ahora? ¿Ganamos, no?
-Sí pero no es suficiente, todavía nos quedan por hacer algunas cosas más: sublevar las Malvinas, hacer cornudo al Príncipe de Gales, desalcoholizar el wisky, vender Playboy en Teherán, desmoralizar a los japoneses, sacarles a los pobres el orgullo de ser pobres.
-¿Lo vamos a hacer?
-Es más fácil descubrir el secreto de la ruleta, le aseguro. Pero alguna vez alguien lo hará.
-No agachar más la cabeza –dijo Chemir.”
(Osvaldo Soriano, “A sus plantas rendido un león”)


I) Historia antigua
Intentaremos un análisis absolutamente abstracto, procurando que nadie se sienta ofendido en lo personal. Un análisis, diría, semántico, histórico, geográfico, mitológico.
Dos ríos titulan nuestro opúsculo. Dos ríos por antonomasia. Dos ríos que bañan de metáforas la historia de los hombres.
Jordán
El río Jordán recorre varios países: Israel, Líbano, Palestina, Siria y Jordania, la cual toma de él su nombre.
Río importantísimo en la mitología judeocristiana, separa al pueblo de Israel de la tierra prometida, y por eso Moshé, al ser condenado por J’h’v’, sabe que nunca cruzará el Jordán.
El Jordán es aquel río en el cual Juan el Bautista sumerge a Jesús, purificándolo innecesariamente, y donde se concreta la segunda y definitiva Teofanía, ya que el Espíritu Santo lo sobrevuela y la voz del Padre, desde los cielos, anuncia que ése es su hijo.
En el Jordán se bañaban los enfermos, convencidos de sus dotes curativas del cuerpo. En el Jordán bautizaba Juan, convencido de sus dotes purificadoras del alma.
Por eso el Jordán es el río del Perdón y de la Promesa.
Leteo
El otro río es el Leteo. Nunca se supo exactamente por dónde arrastraba su cauce. Algunas leyendas creen verlo en el río Limia, que nace en tierras de la provincia de Orense (España).
El Leteo era uno de los ríos divinos de las creencias griegas.
Durante una etapa que fue silenciada por el tomismo, que pretendía ver en la filosofía griega un precristianismo, la mitología griega (vid. Pitágoras) intuyó la posibilidad de la reencarnación.
Para que ese volver a la vida funcionase, primero había que purgar los pecados y luego olvidar el pasado (que no es lo mismo pero es igual).
Los pecados se purgaban a través de distintos castigos, de naturaleza varia y, por lo general, basados en la repetición (las danaides, Tántalo, Sísifo, Prometeo, etc.).
El olvido del pasado se efectuaba mágicamente al cruzar el Leteo. El río de la amnesis borraba -casi definitivamente- el recuerdo de la vida anterior.
Sus propiedades de paso al mundo de los vivos lo identifican de algún modo con el líquido amniótico, con el parto, con la mujer.
Así, el Leteo es el río del olvido y del renacimiento.
Dos culturas
Griegos y Judíos. Dos ríos. Una suerte de encuentro entre lo helénico y lo hebreo.
Borges señalaba, en una conferencia creo que inédita, que “la cristiandad, más allá de nuestras convicciones o de nuestras dudas personales, es una amalgama de dos naciones que me parecen esenciales para el mundo occidental. Esas son: Israel (el cristianismo procede de Israel) y Grecia.” Y luego “ya que Roma fue una suerte de extensión del helenismo, creo que todos, por el mero hecho de pertenecer a la cultura occidental, somos hebreos y griegos.”
Yo agregaré que también nos encontramos ambas culturas, oriental y occidental, por definición, entre estos dos ríos cuyas corrientes nos arrastran: entre el perdón y el olvido.

II) Historia no tan antigua
Aunque la metáfora sea esperable, debo decir que a lo largo de la historia argentina, venimos constituyendo una identidad fluvial que rastrea su cauce entre el Jordán y el Leteo.
El perdón no implica olvido, pero lo simula. El perdón es una sensación agria que cría raíces en el pecho esperando la oportunidad en que la herida vuelva a abrirse para sembrar de pus el universo. El perdón mendiga el silencio, o la media voz del confesionario.
El olvido necesita borrar no sólo el recuerdo del enemigo sino al enemigo mismo. El olvido se construye a puñetazos, a balazos, revolución tras revolución. El olvido es un grito, pero no una queja, es un alarido guerrero para liquidar mágicamente la batalla. Nos olvidaremos el día que no existan más los que querían que los perdonáramos. Cuando no haya más penas, habrá olvidos.
1810
Nuestros primeros patriotas, aún sin patria, eran arrastrados por corrientes opuestas: Morenistas por el olvido, Saavedristas por el perdón.
El perdón, como el Jordán, es muy cristiano. Por eso Saavedra cuenta con la Iglesia de su lado. El olvido, como el Leteo, es pagano. Por eso Moreno está solo, muere solo, con la cabeza llena de frases en francés, con una boca que no puede hablar porque se ahoga.
Siglo XX
La misma combinación vemos en 1916. Los Mitristas son el perdón, la reconciliación con el enemigo. Los Alemnistas son el olvido, la batalla.
Y en 1946, cuando la oligarquía reclama el perdón, el disimulo, el gatopardismo, Eva, gigantesca, demuestra que no habrá perdón sino combate. Que no hay, no puede haber, tregua alguna entre el pueblo y el antipueblo. Que el olvido sobrevendrá cuando se mueran de miedo porque una cualquiera se sienta en la mesa de las grandes decisiones, cuando se mueran de asco viendo cómo nos lavamos las patas en la fuente de Plaza de Mayo, cuando se mueran de vergüenza viendo que la mayoría reclama lo robado, cuando se mueran...
Después, ya nada fue lo mismo. Y desde el 55 al 83 lo único que se repartió fue agua del Jordán. Cada uno que llegaba, como Illia, promulgaba una amnistía, hablaba de reconciliación nacional, de sentarnos a la mesa con quienes nos provocaban arcadas.
Alfonsín
Y en 1983 Alfonsín nos hizo creer que venía el Leteo, haciendo ruido como el río que agua trae. Íbamos a tener reconciliación pero desde la justicia, no desde el perdón.
Y sin embargo, mirado hoy a lo lejos, el alfonsinismo no fue otra cosa que un gran zambullón en el Jordán. Un blanqueo macabro.
El sistema funcionó más o menos así: si te sumás a nosotros, si condenás el pasado, si empezás a hablar de derechos humanos, vas a tener un salvoconducto a la resocialización.
Fue el gran ojo de la aguja por el que pasaron los camellos represores. Fue el inmenso ojo de la aguja que se abrió para borrar los pecados de una generación. Fue el salvoconducto, el pasadizo.
Y por ese ojo de aguja pasaron los ricos en desaciertos, con camello y todo: Grondona, La Nación, Clarín, Ruckauf, Menotti y toda la selección, el mismo Borges, Sábato que llamaba a Videla ‘General Progresista’, el privilegiado Bacigaluppo, Daniel Marx que siguió a cargo de la deuda, Cavallo que la estatizó, De La Rúa y su cuñado Basilio Pertiné, el cardenal Aramburu, la fiscal Carrió, y mil demonios más cuyo nombre es Legión, porque son muchos.
Las Universidades
Y no poco de esa legión fue lo que entró en las Universidades Argentinas. Y hay que decirlo. ¿Nunca se nos ocurrió preguntar a nuestros eximios profesores qué función ocupaban en el Proceso? Sería un ejercicio digno de encomio publicar las listas de autoridades universitarias que fueron impuestas por el régimen.
Y la de profesores que fueron nombrados, ascendidos, mimados mientras se mataba a sus alumnos. Y la lista de altos funcionarios de la Justicia y del Gobierno, aunque sea Provincial. Ni hablar si pudiésemos obtener las listas de quienes soplaban a los servicios de inteligencia del Estado.
¡Y qué gracioso! Los nombres que encontraríamos, coincidirían -¿error? ¿amnesia?- con los de los grandes defensores de los derechos humanos, de los personalísimos.
Hay cátedras enteras que se han bañado en el Jordán. Hay nombres que por entonces metían miedo y hoy sólo dan vergüenza.
Hagamos la prueba, preguntemos. Seguramente oiremos hablar de reconciliación nacional, de perdón, de Jordanes caudalosos.
¿Por qué no?
Pero ¿está mal esa conversión? ¿no puede una persona haberse equivocado? ¿no puede haber aceptado un puesto por vanidad sin querer por ello convalidar atrocidades?
Yo digo que hay que desenmascararlos. Porque necesitamos dejar de vivir en la falsedad, en la esquizofrenia. Porque “violencia es mentir”.
Y hay que tener cuidado porque sus discursos son caballos de Troya. Ellos son los mismos que dirán que hay que moderar los escraches. Que pobre Alemann. Que hacia dónde vamos. Que no se pueden ir todos.
O dirán que los políticos son corruptos, que hace falta otra dirigencia, y mientras tanto, con cara de tener el ancho de espadas, encubrirán sus ‘pequeños’ robos, sus pasados homicidas, sus denuncias.
Y aquí debo decir algo terrible: casi que prefiero a Astiz, que sigue reivindicando los horrores de Estado. Que no disimula su ponzoña. Facineroso y todo es sincero, un sincero hijo de puta. Pero no me miente valores para que me olvide de quién fue quién en la Argentina.
Los otros, los jordánicos, se zambullen en el perdón, se lavan con lejía sus pústulas. Militan en el Opus Dei, condenan el aborto de los pobres y la píldora del día después, temen a la memoria combativa, a la utopía militante, son políticamente correctos.
Hoy parece que excelencia académica es hablar pomposamente, saludar amablemente, aburrir solemnemente, y cobrar por eso.
Y excelencia académica es compromiso con la verdad, con lo justo, con la memoria. Excelencia académica es, a veces, gritar en el desierto.

III) Historia por-venir
Creo que merecemos otro destino. Otro río deberá traernos otras aguas. Al igual que ese sol que brilló el 20 de diciembre (no el 19) nos trajo otros días.
No podemos seguir creyendo en el perdón. El perdón no está cerca de la Justicia. Y para olvidar de verdad deberíamos borrar del mapa la mentira. El olvido es paz, y la paz proviene de la justicia, la paz nacerá cuando sepamos que logramos quebrar a la injusticia, cuando hayamos terminado con las causas de nuestro dolor, cuando se nos haga carne aquel lema olvidado de que “las libertades que nos faltan son las vergüenzas que nos quedan”.
Merecimos este país, merecimos esta angustia. Pero hagamos algo para dejar de merecerla. Ésta es nuestra casa y no debemos permitir que nos hagan sentir como inquilinos.
Construyamos una revolución, aunque sea chiquitita. Encaremos las cosas de otro modo. Reclamemos a los gritos para que no nos roben la esperanza. No estamos estudiando ingeniería, no estamos enseñando teología. Estamos construyendo la más noble pero también la más humana de las ciencias. Estamos construyendo Derecho, aunque lo construyamos por la izquierda.
Éste que escribe intenta desde hace algunos años una batallita. Y aceptó y aceptará los costos, de huevo. Veamos que tienen para decir los que vienen, todos ustedes. Veamos qué Universidad y qué Argentina sueñan, y muéstrennos qué hacen para realizarlas. Todos confiamos en eso. Los estamos esperando.
Veamos si tragamos el perdón o si construimos el olvido. Aunque sea para no merecerlo.

En el pais de las verbas inflamadas

Lenguas... 




En el país de las verbas inflamadas


“Este mundo es nuestro mundo;
este país, nuestro país;
esta sociedad, nuestra sociedad.
¿Quién tomará la palabra si no la tomamos nosotros?
¿Quién pasará a la acción si no somos nosotros?”
(Domingo French)




Vengo con tanta nostalgia de un país lejano que ya quedó atrás...
(Oscar Taverniso)


Una vez este país se pensó grande y fuerte. Hubo hombres que diseñaron un modelito que hasta hoy llenaría de envidia a cualquier otro país. Hubo hombres que construyeron las bases de la nacionalidad, que aportaron -más o menos- a hacer real el país soñado: Sarmiento, Irigoyen, Perón, Alfonsín...
Hasta el gobierno de Menem nos sirvió: pudimos unirnos los que estábamos del lado del pueblo y enfrentar lo que considerábamos antipueblo (¿quién se acuerda de ‘la contradicción fundamental’ de 1982).


La República Argentina: esa novia enamorada y abandonada.

En primer lugar no vendría mal aclarar la etimología de la palabra ‘palabra’. Viene del latín ‘parabola’ que significa "comparación, símil, reproducción" como su antecesora griega que era el verbo "comparar". Saussure no estaba ni en pañales y ya alguien entendió que la palabra no era nada en sí misma sino como representación de otra cosa. Que la comparación es la principal función de la palabra que suscita en nuestra mente imágenes, que nos genera un mundo irreal y, por irreal, verdadero.
¿Pero qué clase de país es éste donde nos alimentamos del viento de la palabra?
Somos una jovencita fascinada que nos hemos enamorado para siempre de los que nos supieron chamullar: Castelli, Sarmiento, Alem, Perón, Evita, Alfonsín, Carrió...
Mientras los hombres que no fueron buenos oradores han sido o serán olvidados por la historia romántica de la palabra: Berutti, Roca, Yrigoyen, Menem...
¿Será que nos sabemos tan huérfanos de realidades que decidimos optar por la fantasía de la palabra? ¿Será que hemos renunciado a construir y nos quedamos con las promesas?
Las claves que intentaré buscar en este opúsculo rondan estas preguntas.


Una buena frase política puede detener el análisis durante 50 años
(Murphy)

Quien mire un poco la secuencia electoral de estos últimos 18 años notará que el pueblo siempre eligió al presidente que le hacía falta, que nunca deshonró su compromiso histórico.
En el 83 necesitábamos consolidar democracia y derechos humanos: no podía ser Luder con Herminio Iglesias y los muchachos, y elegimos al demócrata. Elegimos al que nos convenció de que podíamos ser los campeones de los derechos humanos.
A primera vista se podría pensar que nos equivocamos, que seguramente el peronismo había sufrido más en carne propia la persecución militar que el radicalismo. Pero creo que elegimos acertadamente. Alfonsín era el más duro, tuvo lo que hay que tener para consolidar la democracia, pero con el tiempo se fue ablandando. Y ya no nos pudo vender la Obediencia, el Punto, el Austral y se fue.
Pero Alfonsín ya ha sido perdonado: porque siempre supo hablarnos melifluamente, incluso supo conmovernos a tiempo, aparecer convaleciente, y nosotros amamos a quien sufre y sabe hablar. Y el tío Alfonso lo sabe, por eso, desfalleciente, caído sobre una ruta patagónica, aprovechó para decir la que pudo ser su última frase: “Dígale a la gente de Ingeniero Jacobacci que me perdonen, pero me parece que no voy a poder llegar a tiempo”. Inmenso, titánico, conmovedor... patético. Y nos encanta.
El 89 llegó con su saña, no es fácil tener un presidente electo siete meses antes del fin del mandato. Alfonsín renuncia y, aunque no se respeta el procedimiento constitucional, asume Menem.
¿Por qué lo elegimos a Carlos Saúl?? Porque había hambre. Porque habíamos descubierto que con la democracia pelada no se come, ni se educa, ni se cura. Y elegimos al que nos habló del granero del mundo, del país rico que podía tener el salariazo y la revolución productiva. Que si no teníamos el bienestar era porque alguien lo escondía pero estaba ahí, esperando para ser repartido.
Votamos al provinciano que andaba a caballo y comía ñoquis, que era abogado pero no lo parecía. Era mejor que el cordobés que usaba lentes, traje y hablaba a lo serio y, para colmo, nos planteaba que había que achicarse. Linda elección la del 89, había que elegir entre dos ladrones. No sé si elegimos al menor.
Pero insisto en que elegimos bien: probablemente Angeloz no hubiese podido hacer otra cosa que seguir a los tumbos sobre un país en ruinas.
Y Charly Méndez anduvo sin rumbo un año, sabía que debía aliarse al establishment (que le había pagado la campaña) pero no sabía cómo darles de ganar y que la gente se sienta mejor. Y lo encontró a Cavallo que lo orientó. Y gobernó seis años con la estabilidad, no de las instituciones, sino del dinero. Nos había sabido chamullar: la inflación es tu peor problema y yo te lo resuelvo.
Político inteligente es aquel que genera problemas para los cuales sólo él tiene la solución.
Reformamos la Constitución y la llenamos de palabras. Mucha declamatoria. Verba para vos, verba para mí. Promesas y más promesas. Pero Menem no es un hombre de palabras, sino de acción, y puso en la reforma lo único operativo que necesitó. Y fue reelecto.
Y creo que volvimos a elegir bien. Al que nos podía dar seguridad, aunque fuese la seguridad del espanto. ¿O hay alguien hoy que crea que Bordón o Masaccesi hubieran sido mejores presidentes??
Y Carlos I siguió gobernando. Y como todos los hombres de acción se limpiaba los mocos con las palabras, aunque esas palabras fueran la ley.
Pero no podía resolvernos el hambre. Ni la sensación de que nos estaban saqueando.
Y se fue. Entre lo que parecía ser el abucheo general. Aunque ahora le están preparando el perdón histórico. Menem no se va a accidentar como Alfonsín. Se hace detener, se convierte en preso político, deja gobernar a los que le ganaron. Cuando en septiembre la Cámara lo libere lo van a ir a buscar para pedirle perdón.
No pudimos hacer justicia sin show, correctamente, tranquilamente, probadamente, y vamos a perder una oportunidad histórica. Es el axioma de Tertuliano: la sangre de los mártires es semilla de victoria.
Y llegó el 10 de octubre del 99. Y elegimos a De La Rúa ¿por qué?
Necesitábamos alguien que termine con la corrupción y que gobierne moderadamente, previsiblemente. No era Duhalde que no pudo desprenderse de las acusaciones de corrupción ni convencernos de que era un buen gobernante.
Y creo que no nos equivocamos. Duhalde no servía (aunque está soñando con el 2003). Pero eso no quiere decir que De la Rúa sea buen presidente.
Y ahora en octubre de 2001 vamos a cambiar la mitad de la Cámara de Diputados y todo el Senado. Y es previsible que se iniciará el camino de caída de este gobierno. Creo que está cantado que elegiremos al menos peor. Pero eso no es esperanza. Ni mucho menos.


Las ideas no se matan
(Sarmiento)

Porque realmente queríamos terminar con la fiesta de pocos (y esto terminó en la fiesta de Antonito y algún otro), queríamos trabajo (y tuvimos ajuste), queríamos previsibilidad (y tuvimos 8 cambios de planes en un año y medio), queríamos gobierno (y encontramos la muerte de la política).
Como decía un amigo, este gobierno es especialista en dos cosas:
1- en dilapidar crédito político: a los radicales sólo hay que dejarlos gobernar, y, gracias a Chacho descubrimos que a los frepasistas sólo hay que dejarlos ganar.
2- en resucitar cadáveres: lo saben Cafiero, Duhalde, Alfonsín, Terragno, el episcopado, Alicia Castro, Daer, Barrionuevo, Bravo, etc.
No pudieron destituir (o por lo menos licenciar) a un solo senador, ni siquiera a los confesos, ni a Cantarero ni a Massat. No pudieron encontrar un solo economista que no sea el monstruo al que responsabilizáramos de todos los males. No pudieron darnos honestidad. No pudieron darnos gobierno. No pudieron o no quisieron.
Tenemos que sufrir payasos, oligarcas, inútiles, malditos: Bullrich, Colombo, Pertiné, De Santibañes, Gallo, Baylac, Antonito y Aito, Aiello, y mil más.
Y hoy, en esta orfandad dirigencial que estamos sufriendo, no vemos quién se puede hacer cargo del país si nos decidimos a echar a patadas a estos tipos. Estamos bailando con la más fea pero no podemos dejarla porque no encontraríamos otra, quizás porque nosotros somos los más feos de la milonga.
Pero lo peor de todo es que tenemos que terminar admirando a imbéciles, descubrimos que los peores son mejores que los que están. Que es preferible la delirante mística de la Carrió, aunque esté des-carriada. O el elitista Terragno. O el polifracasado De La Sota. A este paso el mejor candidato va a terminar siendo Bilardo.


Poca res y mucha verba

Y entre los miles de discursos que compramos ya sabemos que las teorías conspirativas son las favoritas, las preferimos siempre porque explican que Argentina es pobre por algún culpable que no somos nosotros. Se llame FMI, lavadores de dinero, oro ruso, soplones de la iglesia, banqueros, bolitas, financistas, europeos, Brasil fuerte, Chile autoritario, López Rega, el entorno, los brujos, la maldición bonaerense, Racing, los del Norte, el destino, Rosas, Lavalle, Sarmiento, el presidente de turno, los políticos o cualquiera que no seamos nosotros.
Y todo, como decía Jauretche, es discurso para el zonzaje.
Nunca nadie nos ha dicho que somos malos, haraganes, cagones, fascistas, ladrones. Nadie nos dijo que mientras el presidente se roba los impuestos nosotros nos robamos las lapiceras de la oficina. Que mientras otros países están trabajando todos nosotros nos rascamos el higo y queremos que nos paguen fortunas por ello. Que nos encantan los discursos de derecha pero queremos que nos digan progresistas. Nos barnizamos de izquierda, como hace Clarín, Hadad, Mauro Viale, Crónica. Eso es lo que favorece al patacónico Ruckauf, lo que nos hizo ver 20 años a Neustadt y a Mirta Legrand.
Nunca nadie nos dijo que no servimos para revolucionarios, que somos el único país que demoró 6 años entre la revolución y la independencia, que los pocos revolucionarios que engendramos en los 70 o los matamos, o los olvidamos, o los despreciamos, o los dejamos solos. Somos, hay que decirlo, el mismo país que fusiló a Liniers y a French, que arrojó por la borda a Moreno, que deslenguó a Castelli, que olvidó al Brigadier López y a Domingo Cullen, que se burla de Evita...


Esta noche no me pidas nada, sólo endúlzame los oídos...
(Patricia Sosa)

¿Qué nos pasa a los argentinos?? ¿Estamos locos?? Yo creo que no. Creo que somos unos pobres tipos que nos enamoramos. Que somos seducidos y abandonados. Siempre serviles y siempre maltratados. Somos una chica de barrio a la que embaraza cada uno que le dice algo lindo. Es que estamos tan necesitados de afecto, necesitamos creer que alguien nos quiere bien, que alguien quiere para nosotros un buen futuro.
Pero parece que no tenemos suerte.
Y nos vamos poniendo viejos, cada vez habrá menos candidatos y un día estaremos desahuciados. Quizás ese día sabremos que hubo un tiempo, un inicio de milenio, un año en que todavía éramos jóvenes y fuertes, en que debimos ponernos de pie y hacer tronar el escarmiento.


Si a la historia la escriben los que ganan
eso quiere decir que hay otra historia...

Tenemos que saber, de una vez para siempre, que si a la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Pero tampoco es la verdadera, apenas es otra historia. Quizás no haya historia verdadera. Quizás tengamos que aprender a vivir con nuestra media historia y media ficción. Quizás debamos aprender a convivir con la falta, con nuestras limitaciones, con nuestras verbas moderadas.
Aunque todo esto no haya sido más que palabras.

Somos cascarrabias

Enano constitucionalista



Equilibrio de poderes en una sociedad desequilibrada.

El dilema de Hamilton y las angustias de los constitucionalistas.


La Constitución diseña, imbuida del ideario republicano de la tripartición de poder.
La Constitución también incluye, mecanismos de frenos y contrapesos para asegurar esa separación.

La idea, como todos sabemos, es asegurar que los tres Palacios se mantengan independientes.
No aislados, no esquizofrenizados del poder, sino independientes, ecuánimes, al valorar y al decidir.

¿Y eso por qué? Porque el ser humano, basándose en la experiencia de las relaciones interpersonales más básicas, ha entendido que es imposible lograr objetividad si es la misma persona quien norma, ejecuta y juzga.
Hemos comprendido que no existe un ser omnisapiente y omnipresente, capaz de actuar sin atarse a pasiones ni intereses propios.
Entonces, para conjurar esta incapacidad, entendimos que había un solo mecanismo: el tercero.
Que sea otro el que juzgue, que sea otro el que legisle, que sea otro el que cumpla.
Este otro, es el ‘Otro’ del psicoanálisis lacaniano.
Es, debe ser para que el sistema funcione, una entidad completamente diferenciada.

Y todo sólo para lograr la objetividad al decidir, que evidentemente es un bien muy preciado.

Podemos decir sin equivocarnos que las constituciones tienen dos funciones básicas: asegurar los derechos del individuo y organizar la independencia de los poderes. O quizás una sola función desde Juan sin Tierra: resguardar los derechos individuales, porque la división de los poderes es también garantía de ellos.

Pero ahora, luego de hacer las mejores normas constitucionales, luego de interpretarlas en pro de la estanqueidad de los poderes, luego de hacer doctrina en pro de la independencia, luego de transitar centurias de constitucionalismo, no podemos evitar la angustia, tan clarividentemente presagiada por Alexander Hamilton, el más brillante de los constitucionalistas:
"El principio fundamental del gobierno republicano, reconoce el derecho del pueblo a alterar o abolir la Constitución en vigor en todo caso en que llegue a la conclusión de que está en desacuerdo con su felicidad, sin embargo no sería legítimo deducir de este principio que los representantes del pueblo estarían autorizados por esa circunstancia para violar las prevenciones de la Constitución vigente cada vez que una afición pasajera dominara a una mayoría de sus electores en un sentido contrario a dichas disposiciones, o que los tribunales estarían más obligados a tolerar las infracciones cometidas en esta forma que las que procedieran únicamente de las maquinaciones del cuerpo representativo.
Mientras el pueblo no haya anulado o cambiado la forma establecida, por medio de un acto solemne y legalmente autorizado, seguirá obligándolo tanto individual como colectivamente; y ninguna suposición con respecto a sus sentimientos, ni aun el conocimiento fehaciente de ellos, puede autorizar a sus representantes para apartarse de dicha forma previamente al acto que indicamos.
Pero es fácil comprender que se necesitaría una firmeza poco común de parte de los jueces para que sigan cumpliendo con su deber como fieles guardianes de la Constitución, cuando las contravenciones a ella por el Legislativo hayan sido alentadas por la opinión de la mayor parte de la comunidad."

Y aquí llegamos al nudo de nuestra exposición, a lo que llamamos “la angustia de los constitucionalistas”.

Cuando el pueblo mayoritariamente aplaude los atropellos a las instituciones...
¿de qué servirá la férrea división del poder, la perseverante búsqueda de independencia, la paciente construcción del Otro?

En estos días, en que al igual que en los noventa, una bonanza económica cultiva una afición pasajera a conductas contrarias a las instituciones, y se defienden los incumplimientos y hasta se ensalzan las violaciones, no está demás volver a plantearnos el dilema de Hamilton.

Es indudable que alguna doctrina ya nos contestó hace décadas, es aquella teoría que se llamó ‘de la vigilancia contramayoritaria’ liderada por Bickel.
Se decía que nadie puede arrogarse un control de normas contra la voluntad de la mayoría. Se decía que es superior el poder aunque momentáneo del consenso democrático al poder anquilosado de cualquier norma. Se decía que es preferible la equivocación si todo el pueblo consiente en ella que el acierto sostenido por un grupo de jueces que vigilan el cumplimiento de normas obsoletas, contrarias a la voluntad mayoritaria actual. Se decía que la sociedad debía ser democrática y plebiscitaria, decidiendo en cada caso lo mejor sin atarse a normas cristalizadas anteriormente.

Esas mismas ideas parecen hoy gritarse desde las tribunas.

Es mucho más rápido cambiar la orientación del legislativo y del Ejecutivo que cambiar las normas. Entonces parece ser más sencillo violarlas, olvidarlas, burlarlas.

Hoy mismo, los constitucionalistas, que analizamos y defendemos normas de difícil modificación, y exigimos respeto por lo escrito, parecemos un grupo de viejitos cascarrabias defendiendo las Leyes de Indias...

Pero a eso vinimos.
Vinimos a decir que las normas constitucionales deben respetarse hasta tanto por el procedimiento solemne establecido sean modificadas.
Vinimos a decir que la división de poderes es un bien valiosísimo construido con sangre y lágrimas de gente que sufría injusticias superiores a las presentes.
Vinimos a decir que por mucho consenso que tenga un Presidente o un Congreso no pueden obviar las normas constitucionales.
Vinimos a decir que por más mayoritario que sea un consenso entre la comunidad, por muy fuerte que sea el entusiasmo, no se puede desoír la voz del acuerdo fundamental cristalizado en la Constitución Nacional.
Vinimos a cumplir con nuestro deber de sostener el delicado equilibrio de los poderes.
Vinimos a preferir las normas constitucionales a las aficiones pasajeras.
Vinimos a pasar por cascarrabias.



GÉNESIS Y APOCALIPSIS DE LAS PROMESAS CONSTITUCIONALES. La inconstitucionalidad por omisión en el derecho argentino de fin de siglo

Son promesas... 


PRÓLOGO
En el génesis de su historia este pueblo quiso ser libre y grande, nuestros ancestros soñaron un futuro, un destino... una Nación. Y expresaron toda esa telaraña poblada de quimeras en la Constitución Nacional. Y es allí, donde primero hemos de buscar el tan mentado “ser nacional”.
¿Por qué? Porque tanto los convencionales constituyentes como los reformadores creyeron, quizás erróneamente, que todo lo que allí enunciaran se convertiría en realidad, como si una Constitución fuese una varita mágica.
¿Qué ha ocurrido para que estas ofertas no se concreten?. Primero: el constituyente se ha excedido, llevado por la demagogia o la ingenuidad, al declamar posibilidades; segundo: el legislador ha hecho oídos sordos a los mandatos constitucionales; tercero: los jueces han sido excesivamente tímidos a la hora de admitir estos derechos a las partes; cuarto: los abogados han actuado tímidamente al momento de exigir al legislador y a los jueces el reconocimiento y la realización de las promesas constitucionales.
Y así es como llegamos a la idea de los "derechos imposibles": aquellos derechos paradojales que tenemos asegurados pero sin posibilidad de obtenerlos, derechos que nos pertenecen como miembros de esta nación pero que no sabemos cómo incluirlos en nuestras vidas.
Alarmados por esta situación hemos decidido encarar un estudio de las herramientas de que disponemos para obtener lo que nos pertenece. Alguien tendrá que entender que hay solamente dos caminos: o se modifica la Constitución y se eliminan todas las promesas, o se legisla y sentencia, construyendo el sendero para la materialización de los derechos que la Constitución nos reconoce.
Nos decía Alexander Hamilton: "El principio fundamental del gobierno republicano, reconoce el derecho del pueblo a alterar o abolir la Constitución en vigor en todo caso en que llegue a la conclusión de que está en desacuerdo con su felicidad. (...) Mientras el pueblo no haya anulado o cambiado la forma establecida, por medio de un acto solemne y legalmente autorizado, seguirá obligándolo tanto individual como colectivamente; y ninguna suposición con respecto a sus sentimientos, ni aun el conocimiento fehaciente de ellos, puede autorizar a sus representantes para apartarse de dicha forma previamente al acto que indicamos. Pero es fácil comprender que se necesitaría una firmeza poco común de parte de los jueces para que sigan cumpliendo con su deber como fieles guardianes de la Constitución, cuando las contravenciones a ella por el Legislativo hayan sido alentadas por la opinión de la mayor parte de la comunidad."[1]
Es imprescindible devolver el mando a la Constitución. Tenemos que hacer todo lo jurídicamente posible para que ella, como piedra angular del sistema, sea un marco para la legislación, una valla inquebrantable que evite las violaciones a los derechos básicos, una prenda de unidad entre todos los argentinos y una herramienta que conduzca a mejorar la situación de los menos favorecidos por la fortuna, de los más castigados por el sistema.
El único remedio (no definitivo por cierto, hemos dicho remedio y no panacea) que hasta ahora encontramos para estas deficiencias que nos obsesionan es la consagración de la inconstitucionalidad por omisión.
Pero, ¿por qué exigir que la Constitución se cumpla?
Primero: porque cumplir la Constitución debe ser la función de todo buen gobierno. Esto fue gráficamente expresado por Tom Paine: "La Constitución es el antecedente del gobierno, y el gobierno es sólo una criatura de la Constitución... y gobierno sin Constitución es poder sin derecho."[2].
Ya lo había dicho el padre de nuestra Constitución: "La política no puede tener miras diferentes de las miras de la Constitución. Ella no es sino el arte de conducir las cosas de modo que se cumplan los fines previstos por la Constitución."[3]
Así lo entendió el doctor Hipólito Yrigoyen cuando, junto con sus correligionarios, en la campaña electoral de 1916 decía: "La Constitución Nacional, rectamente interpretada y sinceramente aplicada, es el mejor programa que debe anhelarse."[4]
Segundo: porque los ciudadanos debemos acostumbrarnos a exigir, como un derecho irrenunciable, que nuestros representantes hagan aquello a que están obligados.
Tercero: porque si el poder vive en la ajuridicidad, sin que nadie lo impugne, es de autoritarios e ilusos exigir el cumplimiento de las leyes al pueblo.
Cuarto: porque como defensores del Estado Constitucional de Derecho que somos, sabemos que, si el basamento del sistema no impera, sus derivaciones son contradictorias hasta la esquizofrenia.
Quinto: porque si el constituyente sabe que intentaremos concretar lo que promete, mesurará su declamatoria demagógica, narcotizante.
Sexto: porque de una vez para siempre debemos aprender que el pueblo es el principal "artífice de su destino"[5] y que ese destino se intenta asegurar a través de las constituciones. Este volksgeist impreso en la ley fundadora de la nacionalidad debe ser respetado.
Séptimo: porque es necesario revalorizar la función de los jueces como creadores del derecho concreto, como la parte del trípode gobernante más cercana a la gente. La judicatura tiene que abandonar su papel de 'cenicienta del legislador'[6], receptora y responsable de sus errores, bien pagada con lo poco que el legislador le cede; debe asumir un papel activo en la vida jurígena y resolver en los casos donde la ley no existe. Sólo así el Poder Judicial recuperará su credibilidad ante la gente, ocupará el lugar para el que fue creado y con su acción dejará al descubierto la desidia que tan reiteradamente afecta a nuestros representantes.
Hamilton nos decía: "No es admisible suponer que la Constitución haya podido tener la intención de facultar a los representantes del pueblo para sustituir su voluntad a la de sus electores. (...) Una Constitución es de hecho una ley fundamental y así debe ser considerada por los jueces. (...) debe preferirse la Constitución a la ley ordinaria, la intención del pueblo a la intención de sus mandatarios.
Esta conclusión no supone de ningún modo la superioridad del poder judicial sobre el legislativo. Sólo significa que el poder del pueblo es superior a ambos y que donde la voluntad de la legislatura, declarada en sus leyes, se halla en oposición con la del pueblo, declarada en la Constitución, los jueces deberán gobernarse por la última de preferencia a las primeras.[7]
Concluyamos diciendo que hay que hacerle entender al legislador que puede parecerle bien o mal la orden constitucional, puede regularla de una u otra manera acorde a los tiempos, pero no puede desoírla porque la ley puede ser dura pero es la ley, y la Constitución es 'la' ley.

La figura genérica de la inconstitucionalidad por omisión. Concepto y terminología.

Digamos, básicamente, que la inconstitucionalidad por omisión se configura cuando quien está obligado a determinado comportamiento por la mismísima Constitución, no cumple con ese imperativo.
Dicha orden se cifra mayoritariamente en las denominadas “cláusulas programáticas” que son aquellas que el constituyente cincela como preceptos que no surten efectos por sí mismos sino que requieren de una o más leyes que los instrumenten, que los operativicen. Por eso la doctrina generalmente define a la norma programática como una "norma sujeta a condición suspensiva", siendo la condición esperada la sanción del precepto infraconstitucional.
La doctrina obligacionista nos ha enseñado que hay prestaciones "positivas" (que implican hechos positivos: dar o hacer) y "negativas" (que consisten en una abstención: no dar o no hacer).
La inconstitucionalidad positiva es aquella en la que se hace lo que la Constitución prohibe, en cambio la inconstitucionalidad negativa es aquella en la que no se hace lo que la Constitución manda.
La inconstitucionalidad negativa es, pues, la inconstitucionalidad por omisión. La llamamos también inconstitucionalidad omisiva, omisión inconstitucional o inconstitucionalidad por defecto.

2 - Especies y subespecies
2.1 - Según el destinatario constitucional del acto omitido.
Debemos decir que la primera distinción que cabe hacer es entre omisiones inconstitucionales de contenido individual y omisiones inconstitucionales de contenido general. Las primeras son aquellas donde se omite un acto que afecta a un individuo concretamente determinado, las segundas implican la afección de toda la comunidad, el menoscabo del interés general de legalidad.

2.2 - Según el omitente
Si bien este trabajo está enfocado hacia las omisiones del Poder Legislativo, pueden reconocérselas, con distinta magnitud, en los tres poderes.

2.3 – Según la extensión de la omisión
A - Omisiones absolutas y relativas: las primeras se configuran cuando el legislador no crea norma alguna en respuesta al imperativo constitucional. La omisión relativa en cambio se erige cuando la norma dictada es más restrictiva que la norma programática. La restricción consistirá generalmente en excluir del derecho o garantía a algunos individuos que la norma constitucional incluye, violando claramente el principio constitucional de igualdad[8]
B – Omisión sobreviniente (prognosis errónea u omisión por desfase): las normas de prognosis son aquellas que se realizan atendiendo a una realidad concreta e intentan, como todas las normas, extenderse hacia el futuro. Pero en algunos casos el avance histórico las deja desfasadas, con lo cual incumplen el mandato al que intentaron responder. Por eso las llamamos de prognosis errónea, han fallado en su anticipación de los cambios siendo superadas por ellos. En este caso la realidad ha hecho caer al legislador en inconstitucionalidad omisiva sobreviniente.

La inconstitucionalidad por omisión del legislador. Ingredientes definitorios de la figura.
1 - Mandato expreso
Debe existir, como piedra angular de la figura, un mandato expreso. Dicho mandato ha de ser de génesis constitucional: por estar contenido en la misma Constitución formal, o bien en un tratado o una ley constitucionales, componentes del bloque constitucional material.
Esta orden debe estar dirigida al legislador, al Ejecutivo o a cualquier otro órgano jurígeno competente para realizar el derecho, garantía o situación constitucional en cuestión.
Por último, digamos que el precepto ha de colocar al órgano en una posición de obligado tal que no le quede otra salida que dictar la norma indicada.
Los mandatos constitucionales pueden ser: completos, indicativos o funcionales. Todos sin embargo deben ser cumplidos.
El mandato completo es determinante en lo temporal y en lo esencial.
El mandato indicativo es determinante en cuanto al tiempo o en cuanto a la esencia.
El mandato funcional es aquel en que las facultades legisferantes son amplísimas e indeterminadas, pueden concretarse en un momento u otro, de esta o aquella forma, según el criterio de oportunidad del órgano.

2 - Conducta omisiva del obligado - Plazos
Una vez identificado el mandato y dadas las condiciones para que se lleve a la práctica, ha de comprobarse el incumplimiento del obligado a normar, sea el legislador o cualquier funcionario competente para hacerlo.
¿Desde cuándo puede considerarse omisiva la conducta del obligado?. Consideramos que a estos fines se ha de tener en cuenta la determinación del mandato: así un mandato completo sería exigible al cumplirse el plazo o no respetarse el contenido fijo; un mandato indicativo se violaría cuando no se respeta la parte imperativa, sea el tiempo o la esencia; en cambio un mandato funcional sólo estaría incumplido si se dan claramente las condiciones fácticas que requieren su ejecución, análisis imprescindible que dificulta la certeza. Con esta distinción creemos que se hará más sencillo determinar el momento en que una demora deja de ser discrecional para pasar a ser omisiva.
Hay plazos formulados de manera más o menos clara. Hay plazos estrictos (varias disposiciones transitorias), hay otros laxos, que defieren al legislador la evaluación de la oportunidad (juicio por jurados, consulta popular) y otros tan difusos que no se les puede hallar un marco temporal concreto (proveer a la defensa común).
Los plazos estrictos conllevan a reputar inconstitucional la omisión del legislador ni bien se cumplen, los plazos laxos son exigibles cuando los jueces perciben que ya se han dado las condiciones fácticas que requiere el precepto; en cambio en los difusos es difícil evaluar el incumplimiento con lo cual los preceptos que integran son de difícil exigibilidad.

3 - Vulneración de un derecho o garantía
Digamos que, como es lógico, debe afectarse un derecho o garantía otorgados por la Constitución. La discusión se plantearía en cuanto al sujeto perjudicado ¿es individual o colectivo? ¿puede reclamarse basado en el interés general de legalidad? ¿es posible entender que la Constitución entrega un derecho a un sujeto determinado?.
Este tema requiere un enfoque progresista, enfoque basado principalmente en la idea de ampliar el acceso a la jurisdicción. Exigir la subjetividad de la afección es tornar ilusoria la defensa de la Constitución.
Creemos que en lo relativo a la inconstitucionalidad omisiva es preciso admitir la legitimación fundada en la defensa del interés general de legalidad y justicia. ¿Con qué argumentos un juez puede negar el acceso a la jurisdicción de quien plantea que no se cumple la Constitución?. Ella es la piedra basal de nuestro edificio jurídico y nada de ese edificio puede intentar escabullirse a su cumplimiento sin riesgo de provocar el derrumbe.

4 - Magnitud
La afección provocada por la omisión de cumplimiento ha de tener una entidad suficiente, debemos demostrar que redunda en consecuencias prácticas y concretas. Sin embargo, teniendo en cuenta las particularidades de esta figura, entendemos que cuando la Constitución da un mandato expreso que se incumple, difícilmente no se verán efectos reales.

5 - Materia sujeta a contralor
Toda omisión sea general, individual; sea del Poder Ejecutivo, del Legislativo o del Judicial; sea absoluta, relativa o sobreviniente.

El andamiaje necesario.
1 - Acción
Creemos que lo mejor en este aspecto sería consagrar una acción abstracta y directa de inconstitucionalidad.
Después de la reforma constitucional de 1994, la mayoría de la doctrina[9] entiende que el nuevo artículo 43 admite la vía del amparo para el cuestionamiento de las omisiones inconstitucionales.

2 - Legitimado activamente
En nuestro sistema ideal, el legitimado puede probar tanto un derecho subjetivo como un interés legítimo, simple o difuso, afectados por la omisión.
Pero el artículo 43 de la Constitución, que hemos aceptado como medio posible para peticionar la declaración de inconstitucionalidad omisiva, requiere la afección personal del accionante en un derecho o garantía propios (derecho subjetivo).
En cambio, respecto de cualquier forma de discriminación (muy habitual en las omisiones relativas) y respecto a los derechos de incidencia colectiva, están legitimados como amparistas: el afectado (en estos derechos siempre se entiende que el interés del afectado puede ser simple o difuso), el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines.

3 - Tribunal
Nuestro ideal, para todo el control de constitucionalidad, es la institucionalización de un Tribunal Constitucional. Sin embargo sólo se podría llegar a ello mediante una reforma de la Constitución
Habiendo aceptado que la acción de amparo es la más útil a nuestros fines sólo nos resta aclarar que el tribunal competente para entender en ella dependerá del sujeto que omite desarrollar las normas programáticas de la Constitución.

4 - Medidas a adoptar por la sentencia que acoja la pretensión.
4.1 - Omisión de contenido individual
El tribunal debería (si prueba la omisión) librar un mandamiento de ejecución inmediata contra el funcionario omitente (institución ya conocida en el Derecho Constitucional provincial, verbi gratia: Río Negro). En caso de que éste incumpla el mandato el tribunal debería:
- iniciarle proceso penal por desobediencia judicial[10].
- dirigirse a su superior inmediato con el mismo mandamiento incumplido.
- si el incumplimiento persiste, sólo se podría condenar al estado como civilmente responsable por los daños y perjuicios ocasionados al accionante.

4.2 - Omisión de contenido general
En este supuesto, nuestra idea de máxima consiste en que el tribunal intime al órgano omitente para que, en un plazo prudente que el tribunal fijará, subsane la omisión. Si el órgano incumple el tribunal deberá primero declarar inconstitucionales con efectos derogatorios erga omnes, todas las normas infraconstitucionales opuestas a la cláusula incumplida y, en segundo lugar, rellenar la laguna normativa con efectos generales (respecto a todos los casos con identidad fáctica). Pero esta integración se considerará sujeta en su existencia a la condición resolutoria consistente en el dictado de la norma por el órgano competente. Si, pese a todo, no se pudiese dictar la norma por imposibilidad material del tribunal para operativizar la norma programática, la sentencia deberá resolverse por la condena al Estado a indemnizar por daños y perjuicios a los afectados, sean individuos o comunidad.
Creemos que en el mismo acto, previo a resolver la integración o la indemnización, el tribunal debe emitir en la sentencia una declaración formal de inconstitucionalidad del comportamiento del órgano incumplente, como forma de llamar la atención de la comunidad respecto de sus representantes y como necesario correlato de la sanción penal que proponemos para el funcionario rebelde.
En el campo de lo posible todo lo propuesto puede hacerse, sólo que los efectos deberán ser limitados al caso resuelto. La indemnización, por tratarse de una afección general, deberá ser destinada por el juez cómo crea más conveniente.

4.3 - Omisión relativa
Si la norma está dictada pero incluye a algunos grupos y a otros no, la solución es similar a la vista en cuanto a las omisiones de contenido general, pero el efecto de la sentencia, en caso de incumplimiento del intimado, será no dictar la norma sino modificarla para extender sus efectos asegurando el principio de igualdad.

4.4 - Omisión por desfase
Aquí la solución también es similar pero el efecto ante el incumplimiento consistirá en actualizar la parte desfasada de la norma para adecuarla a la realidad actual, como correcto desarrollo de la cláusula programática a la que anteriormente respondía.

Proyecto normativo
Nos tomaremos el atrevimiento de proponer una norma que podría legalmente consagrarse (como reglamentación de los artículos 16, 43 y 75 incisos 12 y 23) para dotar de andamiento efectivo al instituto que defendemos. Pero aclaremos que, en el estado actual de desarrollo de la doctrina y la jurisprudencia, no es necesaria una norma legal para que los jueces amplíen su control de constitucionalidad a las omisiones de los poderes públicos.
Vamos a los cuatro artículos en que hemos dividido nuestro proyecto:
* Todos los derechos y garantías que la Constitución reconoce a los habitantes, son directamente operativos y la omisión de cualquier medida necesaria para permitir su funcionamiento es inconstitucional. Todo instituto establecido por una norma constitucional ha de conformarse dentro de un plazo prudente; si el órgano obligado a constituirlo no lo hace incurre en inconstitucionalidad por omisión.
* Si un funcionario administrativo omitiese los actos necesarios para el ejercicio de un derecho o una garantía, cualquier persona, con un derecho subjetivo, un interés legítimo, simple o difuso afectados, podrá promover acción de amparo para que el juez, una vez probada la omisión, libre mandamiento de ejecución inmediata al funcionario.
Si éste incumpliese el mandato, el juez remitirá autos al fiscal de instrucción penal para que inicie el procesamiento del rebelde. Luego dirigirá la orden al superior inmediato del incumplente y así sucesivamente hasta llegar a la cabeza del poder respectivo. Si en esta instancia el incumplimiento de la orden judicial persistiese el juez condenará al Estado a indemnizar el daño probado, sea a los individuos afectados o a la comunidad.
* Si por razones prácticas fuera necesario un desarrollo normativo y el órgano compelido a hacerlo no cumpliese dentro de un plazo prudente, toda persona tiene derecho a promover acción de amparo para que se declare inconstitucional dicha omisión y se intime al órgano a dictar la norma en un plazo que el juez le fijará.
Si el intimado no cumpliese, el juez procederá a declarar formalmente la inconstitucionalidad de su comportamiento, para luego declarar inconstitucionales con efectos derogatorios para el caso, todas las normas infraconstitucionales opuestas al precepto superior no reglamentado, entonces integrará el orden normativo con efectos relativos al caso y condicionados resolutoriamente en su existencia al dictado de la norma respectiva por el órgano competente.
Si no fuese factible la integración normativa por el juez debido a circunstancias prácticas, se condenará al Estado a indemnizar el daño probado, a la comunidad o a los individuos afectados.
* Si la norma infraconstitucional existiese, pero no desarrollase la norma constitucional con la amplitud con que debía hacerlo debido a detalles materiales, los jueces podrán, incluso de oficio, modificar la norma para darle la extensión y adecuación a la realidad que la norma constitucional programara, quedando sujeta la norma a la condición resolutoria del artículo anterior.

EPÍLOGO
A lo largo de nuestra argumentación ha quedado demostrado el incumplimiento en que incurren los poderes constituidos respecto de los compromisos que, en su nombre, asumió el poder constituyente. Y aquí vemos un primer esbozo de respuesta: no es jurídicamente lógico que los poderes constituidos desoigan al poder constituyente, en todo sistema normativo ha de primar la voluntad original de la Nación al constituir el Estado, por sobre la voluntad coyuntural de las generaciones al tomar decisiones de gobierno.
Hemos visto también que, si la Constitución impera, es necesario que cada una de sus expresiones se realice. Esto es consecuencia natural de vivir en un Estado Constitucional de Derecho.
Por eso hemos trabajado este tema, por eso proponemos la institucionalización de la inconstitucionalidad omisiva como herramienta simple y contundente, para que haya quienes escuchen y tomen el compromiso de hacernos, por una vez, prósperos en realidades y no sólo en promesas.
Sin embargo, en este apocalipsis de la constitucionalidad en que vivimos, todo esto queda en meras expresiones de deseos. Quienes nos gobiernan parecen haber olvidado que ellos mismos son gobernados por la Constitución y que ella es la encarnación del volksgeist, que no olvida y que, tarde o temprano, a todos nos demandará lo que no hemos hecho. Hay una memoria constitucional mucho más poderosa que el olvido institucional, una memoria de lo que el pueblo espera, una memoria a la cual no hay tiempo, ni abandono, ni perjurio, ni cansancio que pueda vencerla.



[1] HAMILTON, Alexander, El Federalista (The Federalist; a commentary on the Constitution of the United States), Capítulo LXXVIII, traducción de Gustavo R. Velasco (1780; México, D.F, editorial: Fondo de Cultura Económica, 1994), página 334.
[2] PAINE, Tom, S.N.T., citado por: BRADLEY, A.W. y EWING, K.D., "Constitutional and administrative law", (la traducción nos pertenece), (Londres, editorial: Addison Wesley Longman Limited, 1997), edición: Duodécima edición, página 5.
[3] ALBERDI, Juan Bautista, "Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina", (Buenos Aires, editorial: Tor, 1948), Capítulo XXXIV, página 147.
[4] LUNA, Félix, "Yrigoyen" (Buenos Aires, editorial: Hyspamérica, 1986), página 192.
[5] Leandro Alem.
[6] Feliz expresión de Kantorowicz.
[7] HAMILTON, Alexander, opus citata, página 332.
[8] Constitución Nacional Artículo 16
[9] Bidart Campos, Quiroga Lavié, Bazán.
[10] Artículo 239 del Código Penal.

REFORMA POLITICA. BAJAR EL COSTO DE LA POLÍTICA PARA AUMENTAR SU VALOR



BAJAR EL COSTO DE LA POLÍTICA PARA AUMENTAR SU VALOR
REFORMAS HOY Y MAÑANA

(NB: esta nota fue escrita en el año 2000, y es notable cómo la mayoría de nuestras propuestas se han ido implementando en la política santafesina, lo cual demuestra que -aunque lentamente- las sociedades avanzan).



FUNDAMENTOS:
Se oyen en Argentina, como nunca, las voces de la gente. Voces que reclaman responsabilidad y moderación a los políticos.



EJES:


1- Reducción de la cantidad de legisladores provinciales
La vida política actual y las características de la tarea legislativa moderna, en relación con la realidad de nuestra provincia, hacen posible pensar en una reducción de la cantidad de legisladores lo cual, incluso, facilitará la labor legislativa.
A este fin hay dos posibilidades a estudiar:
a) Unicameralidad: mediante la constitución de una sola cámara legislativa que represente adecuadamente los intereses geográficos y demográficos
b) Reducción de la cantidad de legisladores: en la actualidad, 69 legisladores para una provincia aparece como un despropósito, aunque se diga que hay provincias que tienen más legisladores hay que tener la certeza de que la reducción del número favorecerá la rapidez de los trámites y la reducción de los gastos.

2- Reducción de los gastos en la Legislatura provincial
En primer lugar debe estudiarse una adecuación de los gastos de la Legislatura a los ingresos genuinos de la provincia.
Para ello hay cuatro temas fundamentales a tratar:
a) Límite al monto de las dietas de los legisladores, mediante algún sistema de ‘enganches’ con los sueldos de la administración pública provincial.
b) Límite a la cantidad de viáticos disponibles por bloque
c) Límite a la cantidad de empleados de planta permanente.
d) Límite al número y a la remuneración de los empleados temporarios que puede tener cada legislador, así como adecuados mecanismos de control de que lo cobrado sea por actividades concretas de personas reales.

3- Reducción de la burocracia en el Poder Ejecutivo
Para reducir gastos y para hacer más fácil la llegada de los reclamos de la gente hasta los despachos de los gobernantes.
A este fin ha de estudiarse una profunda reforma del Estado Provincial mediante la reestructuración de áreas, fusión de direcciones y secretarías, oferta de retiros voluntarios con inmediata eliminación de los cargos liberados, etc.

4- Implementación de internas abiertas y simultáneas
La ley de lemas se convirtió en algo mal visto por la ciudadanía santafesina, aunque tuvo el loable objetivo de permitir que sea la ciudadanía quien elija al mejor candidato de cada partido.
Para rescatar lo bueno y corregir lo malo es interesante pensar en la implementación de internas partidarias, abiertas al voto de los no afiliados y simultáneas de forma tal que cada ciudadano, afiliado o no, vote en la interna de un solo partido, evitando así la manipulación de este tipo de elecciones.

5- Eliminación de la ley de lemas
Como señaláramos antes, la ley de lemas quintuplicó el costo de la política y trasladó la interna al poder, es por eso que se hace necesaria su inmediata derogación reemplazándola por una ley electoral acorde a los tiempos que corren.

6- Eliminación de la lista sábana
Nuestro sistema electoral mantiene en las elecciones legislativas el sistema que el agudo humor popular ha denominado “lista sábana”, que tapa, detrás de un par de nombres aceptables, a un montón de desconocidos e incluso indeseables candidatos, obligando al elector a decidirse por el ‘paquete’.
Hay muchas formas de terminar con este problema: por ello deberán analizarse sistemas de elección uninominal, sistemas de tachas y reemplazos, sistemas de propuesta de candidatos, etc.

7- Instrumentación seria del Consejo de la Magistratura
Santa Fe fue pionera en la creación del Consejo de la Magistratura. El decreto 2952 del año 1990 instauró en nuestra provincia un aceptable organismo pero sin posibilidad de emitir dictámenes vinculantes, es decir: puede proponer al mejor de los candidatos a juez pero el Poder Ejecutivo puede elegir a cualquier persona aunque ni siquiera haya sido considerada por el Consejo.
Es imprescindible reformar este organismo siguiendo la sustanciosa experiencia adquirida durante estos años por el Consejo de la Magistratura nacional.

8- Limitación a los gastos de campaña
Es importante que no se gasten los dineros del Estado en innecesarios movimientos políticos. Pero la ciudadanía también reclama que se ponga límite a algunos de los escandalosos gastos que realizan los partidos en tiempos de campaña. Esta desenfrenada competencia por la opinión pública genera una carrera alocada por ver qué partido consigue más fondos lo cual lleva, muchas veces, a buscar oscuras fuentes de financiamiento.
Por todo esto es necesario que la ley limite los montos a gastar por cada partido durante las campañas electorales.

9- Reducción de las campañas electorales
Una de las formas de acotar gastos es limitar el tiempo de campaña para cada elección. No es posible que cuando falta más de un año de gobierno haya partidos que ya hacen campaña por sus candidatos.
Esto genera un aumento del gasto y trae problemas de gobernabilidad a las instituciones.

10- Publicidad de los gastos y fondos de las campañas políticas
Es necesario que la gente pueda confiar en que sus representantes no se encuentran atados a los intereses de quienes financiaron sus campañas. Los países más desarrollados democráticamente exigen férreos controles a sus partidos políticos acerca del origen y destino de sus fondos.
En esta línea ética se inscribió la reforma constitucional imponiendo este compromiso de publicidad en el artículo 38 de la Constitución Nacional. Y Santa Fe no puede estar ajena a esta conducta.

11- Regulación de lobbies
Los grupos de presión y los factores de poder (empresarios, trabajadores, cultos, minorías, etc.) tienen todo el derecho a reclamar mejoras sectoriales a través de todo tipo de reclamos ante los representantes del pueblo.
Sin embargo, la falta de una adecuada ley que regule la forma y las posibilidades de ejercer presión sobre los funcionarios, hace que muchas veces se acuda a prácticas non sanctas para obtener lo peticionado favoreciendo generalmente a los sectores con más poder económico y muchas veces en desmedro de los intereses de la mayoría del pueblo.

12- Regionalización
Nuestra Provincia de Santa Fe, más que ninguna otra provincia argentina, presenta importantes diferencias entre las regiones Norte, Centro y Sur. Es importante que dejemos de negar estas diferencias y busquemos cauces institucionales para construir entre todos una provincia entera y grande.
Para esto deberá estudiarse la posibilidad de conformar organismos regionales que, mediante la unión, acerquen problemáticas concretas a los órganos decisionales.

13- Autonomía plena de las municipalidades de acuerdo a la Constitución Nacional
La Constitución Argentina consagra en su artículo 123, desde el año 1994, la autonomía plena de los municipios.
Desde entonces la Provincia de Santa Fe se encuentra en una situación irregular: pese a ser una de las que más autonomía ha dado históricamente a sus municipios, sigue estando en falta con respecto al mandato constitucional.
Hay que analizar la inmediata concesión de autonomía política y su consecuente autarquía financiera a los municipios, analizándose al mismo tiempo los requisitos poblacionales necesarios para que una población se convierta en Municipio.
Todo esto sin permitir que se licue el poder provincial sobre todo el territorio.

14- Reducción de la cantidad de concejales municipales
Al igual que lo expresado con respecto a los legisladores provinciales es importante replantearse el número de concejales y sus gastos en las municipalidades.

15- Elección distrital (barrial) de los concejales
El concejal es seguramente el representante del pueblo más cercano a la gente. Es ese funcionario que vive cerca de nuestra casa, al que vemos en las calles que recorremos, aquel al que podemos acercarnos como vecinos y llevarle nuestros reclamos concretos.
Sin embargo esta importante figura se halla expuesta también a una crisis de representación y a la problemática ya mencionada de la lista sábana.
Para ello es fundamental volver a pensar en la elección de un concejal por barrio, domiciliado en el mismo, cercano a la gente.

16- Asegurar los caracteres esenciales del voto (universalidad, intransferibilidad, igualdad, secreto)
Para que la reforma en la forma de hacer política sea posible es necesaria una participación transparente y robusta de la ciudadanía. Para ello es imprescindible asegurar los rasgos de un voto verdaderamente popular.

17- Asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a cargos electivos para varones y mujeres
Para mantenernos dentro de los criterios nacionales que apuntan al cambio de una cultura excluyente debemos mejorar las leyes de cupo femenino y posibilitar no sólo dentro del Poder Legislativo sino también dentro del Ejecutivo y del Judicial el acceso igual de varones y mujeres.

18- Ampliar las formas semidirectas de democracia
Una democracia fuerte no tiene miedo a los votos, por el contrario convoca frecuentemente al pueblo para opinar, no sólo a través de encuestas más o menos manipuladas, sino en elecciones donde se decidan las modificaciones a su realidad.
En este sentido deben ser urgentemente estudiados distintos mecanismos tales como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, el veto legislativo popular y la revocatoria popular de mandatos.


DOMINGO JOSÉ RONDINA

El problema del plazo en el amparo. La Constitución Nacional contra la ley 16986



¿Cómo debe computarse el plazo en el amparo?

Según el art. 2, inc. e) de la ley 16.986, que reguló esta institución nacida pretorianamente de la Corte Nacional en 1957:
“2. La acción de amparo no será admisible cuando: e) La demanda no hubiese sido presentada dentro de los 15 días hábiles a partir de la fecha en que el acto fue ejecutado o debió producirse.”
Sin embargo se considera que cada nuevo acto lesivo (cada nueva norma inconstitucional en esta sinfonía de decretos agraviantes) ‘resucita’ el plazo.
En el momento del corralito financiero, ante la avalancha de amparos, la Corte, sin abrir juicio acerca de cuál era el plazo, alargó los tiempos mediante un ingenioso sistema: declaró inhábiles los días 18 a 22 de febrero, “sin perjuicio de la validez de los actos procesales cumplidos o que se realicen”.

¿Es escaso el plazo de 15 días? Así lo entiende toda la doctrina y gran parte de la jurisprudencia. Desde el caso “Ruffolo” (anterior a la reforma) la Corte entendió que el plazo no podía impedir el ejercicio de derechos constitucionales (Fallos:307:1054).
En este fallo el dictamen del Procurador concluyó: “V.E. tiene dicho que la aplicación de los preceptos procesales, no puede exceder de una manera irrazonable los limites que impone el respeto de aquella esencial garantía, la cual requiere se brinde a los interesados ocasión adecuada para ser escuchados en sus razones (F. 292: 211)) pues si bien el contenido de las normas rituales posee su reconocida importancia, que exige su riguroso cumplimiento, su desnaturalización, su sobredimensionamiento por encima de su razón de ser, termina por convertir a esos imprescindibles preceptos en una suerte de trampas o valladares tendientes a frustrar el derecho constitucional del debido proceso.”
La Corte en voto único y de conformidad con dicho dictamen, interpretó que “si bien las cuestiones de orden procesal, aun regidas por leyes federales, no autorizan la intervención de esta Corte por la vía excepcional utilizada (Fallos: 299:186; 300:866; causa R. 372 “Riffolo Basilotta, Fausto R.“, fallada el 15 de mayo de 1984, y sus citas) , en la especie debe hacerse excepción a tal principio, pues, como lo destaca el señor Procurador General con fundamentos que esta Corte comparte, los jueces de la causa han desnaturalizado en forma inaceptable la norma procesal que fija la fecha a ‘partir de la cual debía computarse el plazo de 15 días para la presentación de la demanda. En efecto, el art. 20, inc. e), de la ley 16.986 dispone que el amparo no es admisible cuando “la demanda no hubiese sido presentada dentro de los quince dias habiles a partir de la fecha en que el acto fue ejecutado o debió producirse”, criterio que en resguardo del derecho de defensa del interesado, exige que el plazo se cuente a partir del momento en que el accionante pudo objetivamente conocer la norma legal que considera lesiva, que no es otro que el de su publicación en el Boletín Oficial y no a partir de la promulgación de la misma”.
Más aún: la misma Corte de la Nación, en el fallo “Video Club Dreams c/ Instituto Nac. de Cinematografía” (06/06/1995), entendió que había que interpretar con flexibilidad ese plazo, para que una mera cuestión procesal no impida ejercer derechos constitucionales.
Veamos algunos de los párrafos más importantes de la Corte en ese leading case:
“En efecto, en cuanto al punto de partida del plazo de 15 días, que establece el art. 2, inc. e), de la ley 16.986, debe recordarse que se trata de una cuestión de índole procesal que, aunque regida por una ley federal, no autoriza ­­en principio­­ la intervención de esta Corte por la vía excepcional utilizada (Fallos 310:2937; 312:1332, entre muchos otros). En el caso, no corresponde apartarse del señalado principio ­­a efectos de considerar el inicio del plazo de 15 días citado­­ pues el a quo pudo razonablemente entender que "el acto [de autoridad pública que, en forma actual o inminente, lesione...] fue ejecutado" (arts. 1° y 2°, inc. e), con la intimación efectuada por la demandada mediante el acta. de fs. 2 y no ­­en cambio­­ con el mero dictado de las normas generales en las cuales la intimación tuvo sustento.”
(consid. 4º de la mayoría y 4º del Voto de los doctores Petracchi y Bossert)
“Con anterioridad a la reforma constitucional de 1994, se ha señalado que ni el inc. d), "in fine", ni el inc. e) del art. 2 de la ley 16.986, pueden constituir una valla infranqueable a la tarea judicial de estudiar la concordancia del acto impugnado con la Constitución Nacional. Máxime si se considera que con la acción incoada no se enjuicia un acto único del pasado sino una ilegalidad continuada, sin solución de continuidad, originada tiempo antes de recurrir a la justicia, pero mantenida al momento de promover la acción y también en el tiempo siguiente (dictamen del Procurador General subrogante compartido por este tribunal en Fallos 307:2174). Ese criterio resulta confirmado por los nuevos textos constitucionales, que autorizan expresamente a los jueces a declarar la inconstitucionalidad de las normas fundantes del acto o la omisión lesiva (art. 43, párr. 1°, in fine).”
(consid. 4º del Voto del doctor Belluscio)
“4. Que el tribunal cuya sentencia fue objeto de apelación ante esta Corte, resolvió al respecto que: "el plazo para interponer el amparo debe computarse desde la intimación al actor, puesto que, en esa oportunidad, se concretó el real perjuicio que ahora se pretende evitar" (confr. el consid. III). El inc. e) del art. 2° de la ley de amparo establece que la acción no será admisible cuando: "la demanda no hubiese sido presentada dentro de los quince días hábiles a partir de la fecha en que el acto fue ejecutado o debió producirse".
5. Que esta Corte sostuvo que el resguardo del derecho de defensa exige que el plazo se cuente a partir del momento en que el interesado pudo objetivamente conocer la ley impugnada, que no es otro que el de su publicación (Fallos 307:1054). De acuerdo con dicho criterio, pareciera "prima facie" que el amparo no podría prosperar, puesto que, como destaca el voto disidente del fallo apelado, cuando la demanda fue interpuesta ya habían transcurrido varios meses desde la publicación de los decretos cuestionados. Más aún, el demandante no sólo había podido objetivamente conocerlos, sino que además lo había hecho efectivamente, pues se inscribió en el registro creado en cumplimiento de sus disposiciones, con una antelación también superior a los 15 días respecto de la presentación de la demanda. Todo ello conduciría, a criterio del apelante, a la descalificación de la sentencia apelada por arbitrariedad.
6. Que, sin embargo, la cámara ha realizado una interpretación posible de la norma en cuestión que, además, no necesariamente se contradice con lo resuelto por esta Corte en Fallos 307:1054. Ello es así, pues el amparo fue reconocido contra todo acto que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos tutelados por la Constitución, los tratados y las leyes (art. 43, Constitución Nacional y 1°, ley 16.986). La cámara pudo, por lo tanto, entender válidamente que lo que en forma actual lesionó los derechos del actor fue el acto del Instituto Nacional de Cinematografía por el cual se lo intimó a regularizar su situación, bajo apercibimiento de aplicación de las penalidades previstas en la legislación vigente, y que a ese acto se refiere también el inc. e) del art. 2° de la ley, cuando ordena que el plazo de 15 días se cuente "a partir de la fecha en que el acto fue ejecutado o debió producirse" (confr. también lo decidido por la sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en la causa V.94.XXVI "Video Club Sabbas c. Instituto Nacional de Cinematografía", considerando IV del voto de la mayoría. Lo cual no enerva de por sí la consiguiente impugnación de los decs. 2736/91 y 949/92, en la medida en que la intimación constituye un acto de aplicación de ellos.
7. Que es razonable afirmar, entonces, que en la economía de la ley de amparo existe una distinción entre acto y norma en la cual se sustenta el acto. Sin perjuicio de lo actualmente dispuesto por el art. 43 de la Constitución, el inc. d) del art. 2° de la ley de amparo es claro en este sentido cuando declara que la acción no será admisible si la determinación de la eventual invalidez del acto requiriese la declaración de inconstitucionalidad de leyes, decretos u ordenanzas. Y la diferenciación referida ha sido también tenida en cuenta en la sanción de la reforma constitucional pues, según el citado art. 43, "En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva".
10. Que, por las razones manifestadas, el modo en que se resuelve este punto no importa contradicción con lo decidido en Fallos 307:1054; sobre todo si se tienen en cuenta las particularidades en las que se inscribió ese pronunciamiento. Se trataba de la impugnación, por la vía del amparo, de la ley 23.115 que determinó que a partir de su promulgación quedarían anuladas de pleno derecho todas las denominadas confirmaciones de profesores universitarios y los beneficios de la estabilidad en el cargo obtenido por aplicación de una ley del gobierno de facto. El tribunal consideró arbitraria la sentencia de cámara que había computado el término del art. 2°, inc. e) desde la promulgación de la norma y sostuvo que el derecho de defensa del interesado "exige que el plazo se cuente a partir del momento en que aquél pudo objetivamente conocer la ley 23.115, que no es otro que el de su publicación" (consid. 4° "in fine"). En tales condiciones, el criterio que ahora se pretende esgrimir para rechazar la acción de amparo, fue sostenido con la finalidad contraria, en un caso en el que sólo se impugnaba un acto de alcance general de efectos aparentemente automáticos. Todo ello entraña relevantes diferencias que impiden la mecánica aplicación al presente de la regla sobre cuya base se resolvió el caso registrado en Fallos 307:1054.”
(Del voto del doctor Boggiano)
“Esta Corte subrayó con especial énfasis, que es preciso evitar que el juego de los procedimientos ordinarios torne ilusoria la efectividad de las garantías constitucionales (Fallos 239:459; 241:291 y 307:2174).
Por lo demás, cabe advertir que el escollo que importa el art. 2° inc. e), de la ley 16.986, en cuanto impone la necesidad de presentar la demanda de amparo dentro de los quince días hábiles a partir de la fecha en que el acto fue ejecutado o debió producirse, no es insalvable en la medida en que con la acción incoada se enjuicia una ilegalidad continuada, sin solución de continuidad, originada, es verdad, tiempo antes de recurrir a la justicia, pero mantenida al momento de accionar y también en el tiempo siguiente. No es un hecho único, ya pasado, cuyo juzgamiento tardío comprometa la seguridad jurídica ni un hecho consentido tácitamente, ni de aquellos que en virtud de su índole deben plantearse en acciones ordinarias (confr. dictamen del Procurador General subrogante en Fallos 307:2174).”
(consid. 5º de la Disidencia parcial del doctor Moliné O'Connor)

La Reforma Constitucional de 1994
Si bien el amparo no estaba escrito en la Constitución, lo regulaba la ley 16986 de 1966.
Cuando en 1994 se realiza la reforma de la Constitución en nuestra ciudad, se consagra el amparo en el artículo 43. Sin embargo no se le fija plazo para presentarlo. Por ello la mayor parte de la doctrina considera que el plazo ha quedado derogado. Y esto por dos razones: primero, por superioridad normativa de la Constitución sobre una ley; segundo, porque la reforma fue posterior a la ley, y un viejo principio del derecho enseña que “la ley posterior deroga a la ley anterior” (lex anterio posterio derogat).

CONCLUSIONES
Un plazo, como señaló la Corte, no puede obstruir el reclamo de lo que es justo ya que “es preciso evitar que el juego de los procedimientos ordinarios torne ilusoria la efectividad de las garantías constitucionales”.
O, como señalara el Dr. Boggiano en su disidencia en la causa ‘Feliceti’:
“12º) Que, en consecuencia, el remedio intentado configura una vía apta para la salvaguarda del derecho a la doble instancia reconocido por una norma internacional de rango constitucional, por lo que la alzada no pudo desestimarlo con fundamento en razones de índole procesal, soslayando que se hallaba implicada la tutela de derechos humanos de jerarquía superior. El excesivo apego a las formas puede producir, en la especie, la impotencia del propio órgano judicial a cuya mejor y más justa labor aquéllas deben servir (doctrina de Fallos: 197:426; 243:467; 313:630).”