RECOMENDANOS con un click: Derecho Constitucional - Domingo Rondina - Dando cátedra: marzo 2009

Acerca del Constitucionalista

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Santa Fe, Santa Fe, Argentina
Abogado con veleidades de constitucionalista y literato. Aprendiz de mucho, oficial de nada. Librepensador me educó mi padre... Mi CV aquí http://www.domingorondina.com.ar/1999/10/cv.html

NO COPARTICIPARAS

Limosna inconstitucional


Inconstitucionalidad del decreto que coparticipa las retenciones

Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 206/2009 la Presidenta de la Nación dispone incluir una porción de lo que el Gobierno Federal recauda en concepto de retenciones a la exportación de soja en un Fondo que repartirá entre las Provincias.
Dicha norma es nula de nulidad absoluta e insanable, por su oposición frontal con el texto de la Constitución Nacional.
Primero, porque va contra el inciso 3, párrafo 3, del artículo 99.
Segundo, porque va contra los incisos 1, 2 y 3 del artículo 75 y contra el artículo 4.
Veamos ambos problemas.

Los DNU
A raíz del abuso que el gobierno menemista hacía de los Decretos de Necesidad y Urgencia, y a la complaciente convalidación que de ellos hacía la Corte Suprema, los convencionales de 1994 resolvieron regularlos en el texto constitucional.
Así, si bien los permitieron sólo para casos excepcionales, expresamente los prohibieron para temas penales, tributarios, electorales o del régimen de los partidos políticos.
Las retenciones son impuestos, son los antiguos ‘derechos de importación y exportación’, como ya lo explicamos en otras notas, como lo prevé la Constitución en sus artículos 4, 17, 75-1, como lo enseñó la Corte en ‘La Virginia’, ‘Goodyear’, ‘Montarcé’, entre otros fallos.
Por lo tanto, aunque suene simpático coparticiparlas, ello no puede nunca ser dispuesto por un Decreto de Necesidad y Urgencia, porque la temática tributaria está expresamente vedada al Poder Ejecutivo.

Los Derechos Portuarios
Cuando las provincias del antiguo Virreynato logran unificarse, ponen como condición que los cuantiosos ingresos del puerto dejarían de ser de Buenos Aires, o de cualquier otra provincia con puerto, y pasarían a ser sólo del Estado Nacional.
Y por eso, establecen en el artículo que “el producto de derechos de importación y exportación” será ingreso exclusivo del Tesoro Nacional.
Y ya en el antiguo artículo 67 (hoy 75) se estableció en el primer inciso que no forman parte de la masa coparticipable los derechos portuarios.
Ello era para evitar que nos sigamos matando entre argentinos por saber qué Provincia se quedaba con los impuestos al tráfico internacional. No se los queda ninguna Provincia, son todos para la Nación.
Estando expresamente prohibido su reparto a las Provincias, es claramente inconstitucional que el Estado Nacional establezca un sistema por el que los Estados miembro reciban parte de los fondos surgidos del puerto.
Ello hace a la esencia y a la historia de nuestro sistema federal.
Queda así en claro que ni siquiera una ley del Congreso podría establecer un régimen de participación provincial en los ingresos aduaneros.

Conclusiones sobre la limosna
El “Federalismo de Concertación” es un concepto que venimos analizando los constitucionalistas hace ya muchos años. Y consiste en que, mediante nuevos acuerdos, los estados-parte y el nacional establezcan sus relaciones cotidianas.
En ese marco, la adhesión a normas nacionales es el mecanismo favorito.
Pero el decreto 206/09, por ser inconstitucional (nulo), no puede ser objeto de ninguna adhesión.
Ello, sin perjuicio de que señalemos lo contrario a cualquier idea de ‘concertación’ que es girar fondos a las Provincias limitando su uso a obras que fija la Nación.
Ello es convertir a los gobernadores en meros ejecutores de medidas nacionales, vaciando de contenido las instituciones provinciales.
Si los gobiernos provinciales adhieren a este insostenible decreto se verán triplemente burlados: coparticiparán el enojo agrario, recibirán dinero que no podrán usar de acuerdo a sus propias necesidades, y deberán devolver todo cuando -más temprano que tarde- la Corte declare inconstitucional dicha norma.
Vale entonces tener presente el viejo dicho que alerta: “cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía…”

Seguimos jugando con las fechas



El gobierno nacional, en otra de las demostraciones de menosprecio institucional, ha resuelto modificar su fecha de elecciones, que estaba fijada por una estricta ley.
Y nos parece una actitud poco republicana, en tanto lo republicano es sinónimo de sujeción a la ley, tanto por parte de los gobernados, como de los gobernantes.
Como adelantamos en anteriores notas, no nos parece incorrecto que el gobierno al que la ley le da potestad para fijar libremente la fecha de elecciones, opte por la que prefiere.
En el caso de la ‘Primera Convocatoria Electoral Santafesina’, criticábamos que siempre se privilegie el interés partidario, electoralmente mezquino, del gobierno de turno. Pero destacábamos que la ley autorizaba a que se eligiese cualquier fecha.
Criticábamos también el desdoblamiento, porque nos parece que esas duplicidades electorales siempre esconden maniobras de ‘birlibirloque’, y concepciones paternalistas de la ciudadanía.
Y hoy debemos decir que la decisión nacional de adelantar sus elecciones es una grosería institucional. Aunque no sea inconstitucional si el Congreso la aprueba.
Pero alguna vez debemos entender los argentinos que el primer compromiso de los gobernantes debería ser respetar las leyes. Y las leyes disponen para la generalidad de los casos.
Cada gobierno cree que merece una serie aparte de normas, por ese ánimo fundador tan propio de nuestra patria.
Y así vemos cómo el mismo gobierno que propuso una reforma al Código Electoral Nacional que limitaba estrictamente la fecha de convocatoria a elecciones, y la misma dirigente que defendió el proyecto, no tienen luego ningún empacho en decir que la van a desconocer.
Y nada resuelven diciendo que será ‘sólo por esta vez’. Al contrario. Si hay que volver a flexibilizar el régimen, debería ser para todos los casos. No podemos vivir construyendo normas ‘ad hoc’ porque eso es justamente la negación de la norma como regla general reguladora de todas las conductas.
Ahora le toca al Congreso, nuevamente en su rol de escribanía del ejecutivo, aprobar un proyecto que sólo apunta a custodiar mezquinos intereses partidarios.
Entonces, si no hay díscolos, votaremos diputados y senadores nacionales, el 28 de junio.
Días después del anuncio nacional, para mantener sus propias estrategias de pago chico, el gobierno provincial santafesino decidió la “Segunda Convocatoria Electoral Santafesina”, sin esperar siquiera el resultado de la decisión del Congreso.
Votaremos entonces en internas abiertas el 5 de julio y en elecciones generales provinciales el 6 de septiembre.
Sostuvimos la importancia de separar las internas abiertas de cualquier general, porque la esencia de dicha convocatoria no se condice con una decisión definitiva, le es imposible convivir con ella.
Pero todo este movimiento sólo nos demuestra la fragilidad de los consensos electorales en Argentina, y la utilidad de normas como la que ahora se prepara a excepcionar el Congreso.
Y nos muestra también que era cierto lo que comentábamos cuando la “Primera Convocatoria”: siempre que los políticos hablan de fechas están contando sus porotos sin importarles los intereses cívicos ni las instituciones.
Para ellos, es todo un juego, tal como quedó ahora al descubierto.
Binner cantó ‘truco’ adelantando sus elecciones para separarlas del efecto nacional, el contrincante federal cantó ‘retruco’ y volvió a moverlas. Ahora el socialismo quiere su ‘vale cuatro’.
En verdad, todo esto más parece un envido, por la vocación de ‘mentira’ que tienen los contendientes…


NOTA RELACIONADA: ELEGIR LAS ELECCIONES