RECOMENDANOS con un click: Derecho Constitucional - Domingo Rondina - Dando cátedra: IGUALDAD, IGUALDAD, IGUALDAD

Acerca del Constitucionalista

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Santa Fe, Santa Fe, Argentina
Abogado con veleidades de constitucionalista y literato. Aprendiz de mucho, oficial de nada. Librepensador me educó mi padre... Mi CV aquí http://www.domingorondina.com.ar/1999/10/cv.html

IGUALDAD, IGUALDAD, IGUALDAD


“la jente habría conseguido la igualdá social, la igualdá política, la igualdá económica
y la igualdá igualdá que tanto nos gusta a todos”

(César Bruto, “Consejos para futuros gobernantes”)




LA IGUALDÁ, IGUALDÁ
El constitucionalismo liberal se erige a partir de las ideas del contractualismo social.
Juan Jacobo no creía en un mundo de iguales, sino todo lo contrario. Advertía que la desigualdad era la regla entre los hombres, por eso el más fuerte prevalecería siempre sobre el más débil hasta llevar a la sociedad a su destrucción.
Para eso inventamos el Estado. Renunciamos a nuestro omnímodo poder, a nuestras diferencias de nacimiento, y cedimos las potestades a favor de una persona ideal que concentraría el ejercicio de la fuerza.
Las condiciones eran que cedíamos nuestra capacidad innata de hacer lo que se nos antoje a cambio de que el Estado asegure un grado igualitario de desarrollo.
Por eso es que hace a la esencia del constitucionalismo que el Estado asegure la igualdad. Porque la igualdad es precondición de la libertad.
La Constitución Nacional en su bello artículo 16 dice que todos los que habitan este suelo son iguales ante la ley.
El constitucionalismo clásico, leyendo parcialmente a Juan Jacobo, creía que la igualdad era el pobrísimo ‘non laedere´.
Con mayor detalle y voluntad social la Constitución santafesina agrega que “Incumbe al Estado remover los obstáculos de orden económico y social que, limitando de hecho la igualdad y la libertad de los individuos, impidan el libre desarrollo de la persona humana y la efectiva participación de todos en la vida política, económica y social de la comunidad”.
La igualdad en el constitucionalismo moderno es que el Estado actúe, estableciendo diferentes puntos de partida para los maratonistas y para los rengos.
Para igualarnos han de ser hechas las leyes. Y no siempre se hacen.
Para igualarnos han de ejecutarse las políticas. Y no siempre se ejecutan.
Pero cuando todo falla, siempre nos queda el recurso de exigir que sea el Poder Judicial quien obligue a los otros dos a tratarnos de un modo igual.
Y aquí es donde empieza la desesperación. Si el Poder Judicial no nos iguala, o peor aún, si favorece a quienes ya llegan hasta él favorecidos, será imposible asegurar la igualdad constitucional.
Para no entrar en temas penales, en causas de armas y causas armadas, para no hablar de la fuerza de las armas ni de las fuerzas armadas, vamos a señalar algunos aspectos donde la consagración de la desigualdad nos para los pelos de la nuca a los constitucionalistas.

El Medio Ambiente
No soy un ecofundamentalista. Pero entiendo que el desarrollo debe ser sustentable y no implicar la destrucción, innecesaria e irreparable, del ambiente en que el hombre vive.
Sin embargo, el imperativo constitucional parece tener distintas persecuciones según quiénes son los que degradan al medio ambiente. Indudablemente son más perseguidas las empresas chicas y de menos recursos, que las empresas grandes que pueden hacer temblar la economía de un país o de una región.
Pero no quiero centrarme en el poder sancionatorio del Estado a quienes dañan el medio ambiente, sino en la responsabilidad del Estado de procurar un ambiente sano.
Lo que advertimos es que son más protegidos los vecinos de River que se quejan de las inmisiones sonoras, que los vecinos del barrio ‘La Gran China’ que deben vivir alrededor del basurero municipal y de un enorme vertedero de líquidos cloacales.
Porque como dijimos, la igualdad no sólo consiste en evitar que los más poderosos no dañen a los más débiles. La igualdad debe incluir políticas proactivas, decisiones judiciales valientes, que aseguren progresos a quienes nunca pueden ni largar en la carrera de los derechos.

Los cortes de rutas y calles
También en este aspecto advertimos flagrantes diferencias en las sanciones judiciales, así como en la represión ejecutiva.
Claro que no es la misma respuesta del poder para Biolcatti cortando la autopista en San Pedro, que para los trabajadores de planes sociales cortando media mano del puente carretero Santa Fe-Santo Tomé.
A los primeros nadie los denuncia; si los denuncian, los procesos judiciales no prosperan; si algún día vemos que un proceso llega a sentencia, no será fácil que veamos una condena.
A los pobres que cortan calles los reprime la policía o la gendarmería, los insultan y golpean los automovilistas, los jueces los intiman a desalojar, y siempre hay procesos donde rápidamente les pintan los dedos, los llaman a indagatoria, y tratan de que acepten una suspensión del juicio a prueba o un juicio abreviado para que se mantengan alejados de la actividad social durante un tiempo.
También acá se advierte una notable diferencia en la efectividad del reclamo entre los pobres del interior, que son menoscabados en la atención que el poder presta a sus reclamos, respecto de los pobres de la Capital, que logran conmover más rápidamente a la opinión pública y ser atendidos en sus petitorios, por la repercusión mediática de sus protestas y por la cercanía física a los centros de poder. Los pobres federales son más pobres en derecho a peticionar que los pobres centralistas.

EL ABORTO VOLUNTARIO
Hay una realidad innegable en el acceso al aborto: los ricos abortan más que los pobres.
Básicamente porque para obtener la realización de una práctica médica prohibida hay que tener dinero, porque no la hacen los hospitales ni la cubren las obras sociales.
Y al estar clandestinizada los costos son superiores a lo que la práctica en sí misma vale, ya que el médico cobra el riesgo.
Y, para obtenerla más barata, hay que recurrir a comadronas que ponen en riesgo la vida de la paciente, compensando con mayor costo de vida el menor costo de la intervención.
Esa es la situación de una legislación que sigue desconociendo la realidad, y manteniendo las diferencias entre ricos y pobres.
Pero la justicia, con su desidia, a veces compensa la desigualdad, ignorando las pocas causas que llegan a los estrados por abortos voluntarios.
Sin embargo, hay penosas excepciones.
En nuestra provincia de Santa Fe, en agosto de 1998, la Corte Suprema de Justicia provincial, guiada por el voto (del) iluminado Rodolfo Vigo, permitió por unanimidad (Ulla, Barraguirre, Álvarez, Falistocco, Iribarren) la sentencia que condenó a prisión a Mirta Insaurralde. El fallo es pieza jurídica militante, cita reiteradamente a San Agustín, a Teresa de Calcuta y abunda en citas de encíclicas papales.
En febrero de 1994, la joven marginal había recurrido a una comadrona para que le practique por poco dinero un aborto. La práctica, como ocurre tantas veces, salió mal. La infección no tardó en manifestarse y, al borde de la muerte, Insaurralde se presenta en el Hospital Centenario de Rosario para que le salven la vida.
Así lo hacen, pero siendo evidente que la infección provenía de maniobras abortivas, la médica interviniente (Mariela Cabral) hace la denuncia.
La defensa se centra en el leading case ‘Natividad Frías’ sosteniendo que el cuerpo había declarado contra sí mismo, de manera obligada por la gravedad de la situación sanitaria, y que eso anulaba esta suerte de confesión física.
Y sostiene que la médica tenía prohibido revelar aquello que conoce en el ejercicio de su deber hipocrático, información que debe ser resguardada bajo la prerrogativa del ‘secreto profesional’.
Chocan en la interpretación de los magistrados dos normas: la obligación de denunciar del funcionario y empleado público prevista en el artículo 180 del Código Procesal Penal santafesino, cuya omisión pune el artículo 277 del Código Penal Argentino; y la prohibición de denunciar violando el secreto profesional establecida en la misma norma ritual y penada en el artículo 156 del Código de fondo.
Primera instancia procesa a Insaurralde y le niega la probation, para finalmente condenarla. La Cámara anula todo por ser inválida la denuncia. El caso llega a la Corte Provincial la que arriba a una insólita conclusión:
Cuando las maniobras abortivas son detectadas en una clínica privada, los médicos tienen prohibido denunciarlas porque deben hacer prevalecer el secreto médico. En cambio, cuando las maniobras abortivas son detectadas en un hospital público, los médicos están obligados a denunciarlas porque el deber de denunciar propio del empleado público prevalece sobre el secreto profesional.
Es decir: si necesitás hacerte un aborto, andá a una clínica privada, donde nadie puede denunciarte. Y si por cualquier motivo sale mal, nunca vayas a un hospital porque terminás en la carcel.
Es que, como dice Dolina, conviene siempre ser lindo, joven y rico antes que ser feo, viejo y pobre.
Mirta Insaurralde en declaraciones periodísticas dijo que no apelaba a la Corte Nacional porque estaba harta de recorrer tribunales y que prefería aceptar la sentencia condenatoria con prisión en suspenso, antes que seguir esperando Justicia de la justicia.
Lo escandaloso de este fallo no es que condene el aborto, hay muchos de esos. Lo terrible es que consagra una aberrante desigualdad entre quienes acceden a la medicina privada y quienes deben soportar la prestación de salud estatal. La Corte Suprema instruyó a los perros de caza tribunalicios para que vayan sobre los pobres, exclusivamente, y les advirtió que se abstengan de tocar a los ricos.
Y hasta el día de hoy, pese a que sólo queda uno de aquellos ministros en la Corte santafesina, nada ha cambiado.

SINTESIS
Marat amplió a Rousseau explicando cómo funcionaría en el contrato social la ‘exceptio non adimpleti contractus’. Sostuvo que los excluidos de la sociedad no están obligados a cumplir su parte del contrato social. Que no habiendo recibido la prosperidad prometida, no se les puede exigir que sigan sometiéndose a la ley. La contundencia del argumento ofusca y enternece. Debemos igualar para cumplir.
La igualdad es condición para la libertad.
La igualdad debe ser real, efectiva, lo cual implica tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales.
El Estado en todos sus órdenes está obligado a remover los obstáculos de hecho y/o a dar privilegios a los menos favorecidos para equipararlos en el punto de largada con los demás.
El Poder Judicial debe estar atento a las consecuencias equilibradoras de sus sentencias, teniendo como horizonte la paridad de las partes, y de quienes no son partes.
Pero para eso, como dice el amigo Alberto Bovino, quizás haya que destruirlo y empezar todo de nuevo, dejando de lado los superlativos, las prerrogativas, los beneficios exclusivos, los tratamientos antirrepublicanos, la conciencia de clase superior, y romper el termo en el que se sientan a juzgar el mundo.
Porque la igualdad bien entendida empieza por casa, por la casa de la justicia.


Domingo Rondina – Abogado constitucionalista
  
Dedicado al Dr. Martín Gainza, colega igualitarista, que mucho aportó en este trabajo




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