RECOMENDANOS con un click: Derecho Constitucional - Domingo Rondina - Dando cátedra: octubre 2011

Acerca del Constitucionalista

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Santa Fe, Santa Fe, Argentina
Abogado con veleidades de constitucionalista y literato. Aprendiz de mucho, oficial de nada. Librepensador me educó mi padre... Mi CV aquí http://www.domingorondina.com.ar/1999/10/cv.html

Otra opinión sobre el Ministerio Público santafesino

Guillermo Nicora se suma a la lucha de pulgares



El amigo Guillermo Nicora, prestigioso procesalista penal, se suma al debate que planteamos en nuestra nota "Luchando por digitar".
Su punto de vista es diametralmente distinto al nuestro ('Luchando por digitar'), y por eso creemos que es muy interesante leerlo y discutir las conclusiones de ambos.
Quizás así podamos llegar a algo parecido a la verdad constitucional...


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Romper con la “familia” judicial (Desafíos santafesinos)

Dentro de algunos años, quizás se pueda escribir la historia del tortuoso proceso de reforma procesal penal de Santa Fe. Por ahora, quienes protagonizan el cambio, los que de algún modo tuvimos la oportunidad de colaborar de modos más o menos tangenciales, y quienes se limitan a ser atentos espectadores del proceso, debemos alternar crónica con reflexión “en caliente”.

Sistema penal y política

Los denodados intentos de algunos miembros de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe por ralentar o directamente impedir la transformación radical de la justicia penal, no son rarezas: es desgraciadamente frecuente ver, a lo largo de cada provincia argentina y cada país latinoamericano, que los más eficientes bloqueos a los procesos de reforma suelen emanar de las cúpulas judiciales.  Tal regularidad social no puede explicarse con teorías conspirativas. Tampoco -como suele señalar Alberto Binder- bajo la equivocada y simplista idea de que “son malos, son vagos o son tontos”. Los motivos son profundos.
Razones de supervivencia y conservación de las posiciones, llevan habitualmente a los actores políticos a defender sus cuotas de poder frente a cualquier cambio que cuestione lo estatuído. Es de una total ingenuidad creer que los ministros de los superiores tribunales son ajenos a la política. Podrán estar (formal o materialmente) fuera de las estructuras partidarias, pero son actores políticos de primer orden, lo cual no es preocupante, salvo que nos empeñemos en negarlo. “Nunca es triste la verdad/lo que no tiene es remedio” (J.M. Serrat)
Antes de seguir: el artículo periodístico que cita Domingo Rondina en el trabajo que de alguna manera pretendo glosar (no me atrevo a decir que lo estoy discutiendo, el Derecho Constitucional es su terreno, y Santa Fe es su provincia, soy visitante por ambos lados) es imprescindible para el lector que no acuerde con las ideas centrales del párrafo anterior. Quizás siga sin compartirlas, pero al menos, estaremos interactuando con similar nivel de datos fácticos.
Decía que la esencia política de lo penal no es un dato preocupante. Y es que no debe existir mayor exhibición de poder que enjaular ciudadanos con permiso legal. El sistema penal siempre será una cuestión política, sin que sea necesario situarse en escenarios de manipulación, persecución a opositores, cobertura para delitos desde el poder y demás patologías. El derecho penal y el derecho procesal penal, es un conjunto de saberes vinculados a las leyes que tienen por finalidad contener y limitar el poder para que no se vuelva opresivo. Es, por lo tanto, un ámbito científico muy emparentado al Derecho Político, al Derecho Constitucional y al Derecho Administrativo. Todas estas campos disciplinares reconocen la natural y esencial ligazón entre derecho y política como algo esencial, innegable y bienvenido. Asumiendo así que jamás se puede hablar del sistema penal sin tomar posición política (salvo ingenuidad, hipocresía o cinismo extremos), avancemos en lo que aquí importa, que es el análisis (político y jurídico a la vez) de la disputa actualmente en curso entre el Procurador General, el Fiscal General y el Defensor General de la provincia de Santa Fe, por los procedimientos de selección y designación de fiscales, defensores oficiales y personal de ambas agencias.

¿Constituciones inconstitucionales?

No se deje confundir por el título, amigo lector. Aunque estemos hablando de ministros de la Corte y lucha por conservar el poder, no me voy a referir al precedente “Fayt” de la CSJN, sino a las eventuales discordancias entre la Constitución nacional (CN) y una Constitución provincial (CProv). En el caso, la de Santa Fe (pero casi todo lo que aquí se dice es aplicable a la mayoría de las provincias Argentinas).
La vigencia de la Constitución Nacional y los tratados a ella incorporados no es opcional para las provincias. El art. 5 CN es claro en el sentido de limitar el poder constituyente provincial, ya que deben ejercerlo "bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional". Y además, claro, está el art. 31 CN, que reitera en forma expresa la subordinación normativa provincial a la normativa federal.
Así las cosas, la interpretación de las constituciones provinciales tiene que preferir siempre la solución más representativa y más republicana. Expresamente dice el art. 1 de la CProv SF  que la Provincia "organiza sus instituciones fundamentales conforme a los principios democrático, representativo y republicano" (el destacado me pertenece).

El pseudo Ministerio Público de la Constitución de Santa Fe

El art. 83 de la CProv SF dice que "El Poder Judical de la Provincia es ejercido,  exclusivamente, por una Corte Suprema de Justicia, cámaras de apelación, jueces de primera instancia y demás tribunales y jueces que establezca la ley" El subrayado es mío, para demostrar que la norma excluye del Poder Judicial a todo lo que no sea jueces, cámaras y Corte.
A su turno, el art. 84 de la CProv SF dice claramente que la Corte se compone de cinco ministros y de un procurador general; éste, sin dudas, integra la corte, y sólo por esa razón, no puede ser jefe de los que ejercen la acción penal pública en un modelo acusatorio. No, al menos, sin contradecir la nota esencial del acusatorio, que es la separación de las funciones de acusar y juzgar.
El art. 85 establece las condiciones para ser miembro de la Corte, vocal o fiscal de las cámaras de apelación; lo resaltado nos permite inferir que el Fiscal de Cámaras es (a semejanza del Procurador) parte de la Cámaras (si no, no estarían en el capítulo del PJ), y por lo tanto, tampoco pueden ser titulares de la acción penal pública del acusatorio, ni tener autoridad sobre éstos. Nótese que el artículo, que también establece las condiciones para ser juez, no fija requisitos para ser fiscal de primera instancia (los que no existen en la CProv SF).
Cuando a su turno, el art. 88 habla de los magistrados y funcionarios del ministerio público, y predica de ellos inamovilidad, intraslabilidad, intangibilidad de las remuneraciones, etc., está hablando de los jueces y de esos funcionarios que integran la Corte y las cámaras, que son denominados Procurador y Fiscales de Cámara, pero que (como todos los fiscales nacidos al socaire del poder monárquico) son una suerte de mutantes institucionales, propios del frankesteiniano modelo mixto, que no tienen nada que ver con el ministerio público autónomo que exige el acusatorio (por si hiciera falta, conste que estoy hablando en términos funcionales, y de ninguna forma puede asignarse a lo que aquí sostengo ninguna voluntad de adjetivación respecto de las personas que ocuparon y ocupan tales cargos).
Para terminar la recorrida por el articulado de la CProv SF, veamos el art. 92, que describe el rol constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Al decir que ésta representa al Poder Judicial, ejerce la superintendencia de la administración de justicia, reglamenta la función judicial, dispone del presupuesto del Poder Judicial, propone (previo concurso) funcionarios y empleados, remueve "magistrados sin acuerdo legislativo", etcétera; claramente, la norma está hablando del personal asignado a las estructuras de los juzgados y tribunales, y en ningún caso se puede estar refiriendo al MP autónomo que exige el acusatorio. Si la Corte tuviera algún poder de decisión sobre la selección y permanencia de cualquier nivel de empleados o funcionarios del Ministerio Público, toda idea de autonomía rodaría por el suelo.
(Dicho sea de paso, y respecto de los empleados y demás funcionarios a los que alude el art. 92 CProv SF: ¿de dónde sale la interpretación de que "proponer" es algo más que "elevar la lista de los ganadores de los concursos" como parece sugerir el Procurador al decir que los concursos expropian facultades de la Corte? Si la designación debe hacerse por concurso, no cabe admitir discrecionalidad alguna.

Así las cosas, no hay NINGUNA otra norma constitucional que directa o indirectamente aluda al Ministerio Público autónomo que exige el acusatorio. No hay más que una alusión a un procurador y fiscales de cámara, que a razón de uno por circunscripción, hace un pseudo Ministerio público de seis funcionarios vitalicios, que  (a lo sumo con distinto color de toga) son tan miembros de los Tribunales como los jueces.
Tanto así que en la organización judicial vigente en Santa Fe hasta esta reforma, los llamados fiscales de primera instancia, son empleados judiciales sin mayor jerarquía, que –como un chofer o una dactilógrafa- pueden ser despedidos por un mero sumario, y no gozan del estatuto de protección (inamovilidad, intangibilidad, etc.) que adorna a los magistrados.

El Ministerio Público del acusatorio (CN 120)

El art. 120 de la Constitución Nacional ubica al Ministerio Público como un órgano extrapoder, es decir, fuera de las esferas de los tres poderes del Estado. No es del caso revivir la extensa discusión de los ’80 y los ’90 sobre la “ubicación institucional” del Ministerio Público. Baste decir que, ora dentro del poder judicial, ora como “extrapoder”, no hay mayor diferencia a la hora de sintonizar con el “interés general de la sociedad” que supuestamente debiera defender el Ministerio Público; al contrario, tiene una enorme tendencia al autismo institucional. Bajo el rótulo de la “objetividad”, pretenden representar el interés de todos no relacionándose con nadie (una suerte de telepatía valórica que remite a lo más oscuro del medioevo). Cierto es que el Ministerio Público en manos del Ejecutivo tiene historia de encubrir a los propios y perseguir a los ajenos. Pero la pertenencia al Ejecutivo es, al menos desde la teoría, lo más coherente, ya que los fiscales son claramente actores de la política criminal, que es una de las políticas estatales básicas, y por tanto, debería reconocer los límites de lo representativo y lo republicano. No obstante, los defectos (altamente resistentes al cambio, como se ve mediante la lectura de los diarios) del sistema electoral, tiñen de preocupación la idea de elección popular de fiscales. El intento de remedio que trae la ley 13013 (orgánica del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe) viene de la mano de los consejos regionales, que sólo después de puestos en marcha y asentados, podrá verse si prestan o no ese servicio de ajustar el derrotero del Ministerio Público al interés de la comunidad que se supone debe representar.
Pero lo que es cierto, es que la ley 13013 organiza el Ministerio Público como manda el paradigma del art. 120 de la Constitución Nacional, y no contraría norma alguna de la Constitución provincial (salvo aquellas que son incompatibles con la Carta Magna federal)

La Defensa Pública: silencio de radio

La situación del sistema de defensa pública que establece la ley 13014, ni siquiera presenta riesgo de equívoco, ya que la Constitución provincial ni siquiera la menciona (más allá del reconocimiento del derecho de defensa en juicio, carente de toda norma programática que acerque a la realidad esa declamación). Por lo tanto, nada impide que sea COMPLETAMENTE AUTÓNOMA, como corresponde. ¿Cuál es la norma que pretende invocar el Procurador para arrogarse autoridad sobre el sistema de Defensa Pública creadio por la ley 13014? La mera existencia de los actuales defensores de oficio, apéndices poco agraciados del Poder Judicial, más bien diseñados para “hacer como que” existe garantía estatal de defensa pública (y me consta que muchos Defensores Oficiales de Santa Fe hacen lo indecible para cumplir a cabalidad una tarea que los supera por mucho), que para efectivamente brindar ese servicio esencial, no permite sostener que deba seguir siendo así.

Otras voces

El Fiscal General de la provincia de Santa Fe, Dr. Julio de Olazábal, dijo en un reportaje reciente lo mismo que aquí intento sostener, pero con mejor estilo:
La Constitución de nuestra provincia, de fecha anterior a la reforma nacional de 1994, sigue en su letra la vieja tendencia a mezclar las funciones de juzgar, perseguir y defender, asignando a la Corte Suprema de Justicia, es decir a magistrados que no sólo gobiernan al Poder Judicial sino que también actúan propiamente como jueces, facultades para resolver temas exclusivos de la Fiscalía o de la Defensa, tales como decidir sobre sus gastos de funcionamiento, sobre la designación de empleados o sobre la potestad sancionatoria. Estas cuestiones, aunque parecen menores, en realidad son esenciales para la autonomía de Fiscalía y Defensa, ya que si son los jueces los que van a decidir cómo utilizan sus presupuestos, quiénes serán sus empleados y a quiénes se sanciona o no, en definitiva serán ellos en verdad quienes las manejarán, al poder por esas vías alterar estrategias de trabajo que hubieran diseñado para el mejor cumplimiento de sus deberes.
Así como carecería de autonomía de vida alguien de quien se dice que la tiene, pero otro le maneja el dinero, establece quien entra o sale de su casa y decide si lo castiga o no, tampoco será autónoma una Fiscalía o Defensa a las que se le maneja el presupuesto y se decide sobre sus miembros.
La Fiscalía -también la Defensa- es plenamente autónoma o pierde todo sentido la reforma penal, se paraliza su implementación y debemos volver a esperar que la Corte Suprema de la Nación objete, como ya lo hizo, a nuestro sistema de justicia penal.” (De Olazábal, Julio, “La reforma penal no está detenida”, reportaje en el Diario El Litoral del 7/9/2011, publicdado en http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2011/09/07/politica/POLI-01.html visto 21/9/11)

A su turno, el Defensor General, Dr. Ganón, ha recordado, también en un reciente pronunciamiento público, la resolución adoptada este año por la Asamblea General de la OEA:

“4. Recomendar a los Estados Miembros que ya cuentan con el servicio de asistencia letrada gratuita que adopten acciones tendientes a que los           Defensores Públicos Oficiales gocen de independencia y autonomía funcional.” (Asamblea General de la O.E.A., 22/6/11, AG/doc.5171/11, publicado en http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=AG/doc&classNum=5171&lang=s visto 21/9/11

Conclusión

Sostener (como lo hace el Procurador) que el Ministerio Público de la Acusación debe depender de un miembro de la Corte Suprema, que no puede designar sus funcionarios sin el arbitrio de ésta, que los cargos de conducción no pueden ser temporales sino que merecen carácter vitalicio, es elegir la interpretación más negadora posible de la república, más perpetuadora del poder monárquico de los jueces, y más alejada de los principios democrático y representativo que la propia CProv declara fundamentales. ¿Qué sistema de fiscales y defensores es más democrático, más representativo y más republicano, el que le quiere extraerse de la CProv (que en realidad no dice nada de lo que dicen que dice) o el de las leyes 13013 y 13014? La respuesta a esta pregunta debe llevar a una interpretación armonizadora de la CN, la CProv y las leyes orgánicas que, como dice Rondina "asegure al máximo los derechos de los ciudadanos sometidos a proceso, irrenunciable finalidad del Estado constitucional de derecho"

Mar del Plata, primavera de 2011

Luchando por digitar

Lucha de pulgares


MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL

Se ha suscitado un interesante debate en la Provincia de Santa Fe sobre la ubicación orgánica del Ministerio Público (de Acusación y de Defensa).
Si bien en los últimos días de septiembre se zanjó la primera disputa, rechazando la Corte Provincial los planteos del Procurador General, seguramente en breve habrá nuevos capítulos.
Lo que concretamente se busca dilucidar es si la Constitución Provincial obliga a ubicar al Ministerio Público dentro del Poder Judicial, o si permite variables autonómicas.
Adelantamos, para evitar el ‘suspense’ que nuestra lectura nos lleva a concluir que nuestra Constitución lo ubica dentro del Poder Judicial, aunque sin relación de dependencia vertical en su actuación, pero sí dentro de su presupuesto y bajo su control en materia de cargos y empleos.
Como introducción, recomendamos una muy buena nota del periodista Guillermo Acrich aquí: http://www.abogados-rosario.com.ar/noticias_leer.php?nid=6050
Pero veamos varios puntos de interés jurídico constitucional:

LA LETRA CONSTITUCIONAL
La Constitución Provincial de Santa Fe establece indudablemente al Ministerio Público dentro del Poder Judicial, concediendo a sus miembros los mismos atributos y privilegios de los jueces:
SECCION QUINTA
CAPITULO UNICO - Poder Judicial
ARTICULO 88. Los magistrados y funcionarios del ministerio público son inamovibles mientras conserven su idoneidad física, intelectual y moral y el buen desempeño de sus funciones. Cesa su inamovilidad a los sesenta y cinco años de edad si están en condiciones de obtener jubilación ordinaria.
No pueden ser ascendidos ni trasladados sin su consentimiento previo.
Perciben por sus servicios una retribución que no puede ser suspendida ni disminuida sino por leyes de carácter general y transitorio, extensivas a todos los Poderes del Estado.

Y, como lógica consecuencia, reserva a la Corte la participación propia de ser la cabeza del Poder Judicial, por ejemplo respecto de las designaciones:
ARTICULO 92. La Corte Suprema de Justicia:
(…)
5- Propone al Poder Ejecutivo, previo concurso, la designación de los funcionarios y empleados de la administración de justicia, y la remoción de los magistrados sin acuerdo legislativo y la de aquéllos, conforme a la ley;

LAS NUEVAS LEYES DEL MINISTERIO PÚBLICO
La Legislatura Santafesina desde 2007 -a partir del caso ‘Fraticcelli’ donde la Corte Nacional declaró inconstitucional nuestro sistema procesal penal- encaró una amplia reforma al ritual penal.
En ese marco se dictaron varias leyes, entre ellas, regulando al Ministerio Público: la 13013 (Ministerio Público Fiscal, al que denomina Ministerio Público de la Acusación) y la 13014 (Ministerio Público de la Defensa, al que denomina Servicio Público Provincial De Defensa Penal).
Si bien el Ministerio Público de Defensa no existe en el texto constitucional, creemos que es de buena exégesis incluirlo en el campo del Ministerio Público, tal como lo hace la Constitución Nacional.

LOS INCONVENIENTES
Hay varias cosas en estas leyes que generan -y generarán- problemas.
Los sustanciosos dictámenes 359 y 360/2011 del Procurador General Bassó, que fueron rechazados como impugnaciones por la Corte, señalan los dos principales puntos del actual conflicto:

1- QUIÉN PROPONE
Los mismos órganos del Ministerio Público son quienes realizan los concursos para cubrir sus cargos. Una vez determinado quién debe ocupar cada cargo, es necesario que el funcionario sea designado, lo que incumbe al Poder Ejecutivo.
Pero ¿quién envía la propuesta al Ejecutivo?
Según el artículo 92, inciso 5 trascripto supra, es la Corte quien debe hacerlo.
Las leyes 13013 y 13014 asignan a los titulares de cada Ministerio la reglamentación y realización de los concursos y disponen idénticamente que les incumbe ‘Proponer al Poder Ejecutivo por intermedio de la Corte Suprema de Justicia el nombramiento, remoción y ascensos de los miembros’.
Entonces los jefes de ambos Ministerios han elevado sus elegidos para los primeros cargos a la Corte pretendiendo que ella -automáticamente- los gire al Ejecutivo.
La Corte recibió entonces la oposición del Procurador General quien entiende que el vocablo constitucional ‘propone’ no puede ser convertido en un simple ‘eleva’, ya que se convertiría -dice- a la Corte en un “mero intermediario entre los órganos creados y el Poder Ejecutivo”.

2- LA INAMOVILIDAD
Algunas de las nuevas figuras creadas por la ley (Administradores Generales, Secretarios, Directores) fueron normativamente previstas con una duración en sus cargos de 6 (seis) años durante los cuales serán inamovibles. Vencido este término, necesitan una nueva designación, o bien concluyen su tarea (según el cargo).
La Constitución Provincial en su artículo 88 (trascrito supra) les da inamovilidad hasta los 65 años (recordemos que este límite cronológico fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso ‘Iribarren’ aplicando el igualmente penoso antecedente ‘Fayt’).
El Procurador General, al opinar sobre las designaciones, advierte también que resulta inconstitucional el límite de los 6 años y que se los debe considerar inamovibles para asegurar la prestación independiente del servicio judicial.

UNA OPINIÓN CONSTITUCIONAL
Nos disgusta que el debate se haya planteado en torno a la calidad personal de los actuales ministros de la Corte. Ninguna decisión institucional puede tomarse mirando a las personas que transitoriamente ocupan un cargo. A los gobernantes, o a los legisladores, o a los ciudadanos, pueden gustarle o no quienes ocupan cargos en la Corte, pero deben pensar en ella como órgano y no en las personas que hoy la componen. Porque sino se incrementaría su poder cuando sean afines a los gustos de época y se menoscabarían sus funciones cuando sus integrantes piensen diferente a los gobiernos.
Nosotros podríamos decir -como lo han hecho tantas voces en estos días- que sería bueno que estos problemas no ocurran, y que todo se resuelva por el diálogo institucional entre los responsables de las tres funciones del Estado. Y, finalmente, parte de eso ocurrió: desde que la Legislatura amplió el presupuesto del Poder Judicial se saldaron las primeras diferencias constitucionales.
Sin embargo nosotros no podemos dejar de oír otra voz, límpida e inalterable: la de la Constitución, que es el punto de partida ordenador del diálogo entre los poderes constituidos.
Estoy convencido de que la norma constitucional quiso ubicar al Ministerio Público dentro de la órbita del Poder Judicial, aunque es cierto también que su artículo 83 no lo menciona dentro de la enumeración, pero sí lo ubica orgánicamente en la sección Judicial. De eso nos convence también el debate habido en la reforma del 62.
Y las leyes 13013 y 13014 intentaron autonomizarlo. Sin embargo, para sortear el problema de la ubicación constitucional, dejaron a la Corte algunas funciones aunque intentando vaciarlas de contenido. Quizás hubiese sido preferible una salida más clara y decidida hacia la autonomía.
A la luz del nuevo texto constitucional nacional, y de las disposiciones de algunos tratados internacionales con su misma jerarquía (en especial la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) puede sostenerse que un Ministerio Público dependiente del Judicial no asegura imparcialidad, ya que tendrían el mismo jefe el juez y las partes.
Sin embargo en los dos puntos álgidos planteados por el Procurador General Bassó parecería que le asiste razón a éste.
La Corte, como cabeza del Poder Judicial, mientras subsista la vigencia de nuestro texto constitucional provincial, no puede actuar como una simple ‘Mesa de Entradas y Despacho’ para los Ministerios Públicos. Su participación es la de PROPONER y por lo tanto tiene derecho a participar de la selección de algún modo, como mínimo rechazando fundadamente los candidatos propuestos, o avalándolos.
Participar en la designación de empleados y funcionarios no la convierte en Jefa de los Ministerios en su desempeño cotidiano, tarea que sí consideramos debe ser lo más autónoma posible. O dependiente del Poder Ejecutivo, como fundadamente opinan muchos juristas.
Con respecto a la inamovilidad de los funcionarios, también en procura de la mayor independencia de los Ministerios, consideramos que debe estarse a la clara letra del artículo 88 que los hace intocables durante toda su gestión. Sin embargo una reforma constitucional que los lleve hacia la autonomía, o hacia la vinculación con el Ejecutivo, podría válidamente limitar la duración de los cargos.
No se nos escapa que el artículo 88 podría estarse refiriendo sólo a los procuradores ante la Corte y ante las Cámaras, pero creemos que cuando la norma no distingue debe estarse a un criterio amplio en un tema tan delicado.
Hemos propuesto reiteradamente que la frontera constitucional de edad para los jueces debe interpretarse como que cesan en su mandato, y que debe mantenerse ese límite, ya que no coincidimos con la eternización de ‘Iribarren’ y ‘Fayt’. Pero hasta tanto lleguen a los 65 años, no pueden quedar sujetos a vaivenes temporales que siempre se mezclan con la política chica.

LA LUCHA POR EL ESTADO DE DERECHO
Como conclusión a este breve análisis decimos que, respetuosos de la Constitución, y de las instituciones por ella creadas, debemos buscar una salida interpretativa que asegure al máximo los derechos de los ciudadanos sometidos a proceso, irrenunciable finalidad del Estado Constitucional de Derecho.
Y ese respeto, y esa finalidad, no pueden con los gobiernos ni con las opiniones de los poderes constituidos.
Es muy importante la Reforma Judicial en que está inmersa nuestra Provincia: hagámosla duradera. Y para eso hay que ceñirse a la norma más durable del sistema: la Constitución Provincial de los santafesinos.

37 años y en marcha estoy








Que sepa el mundo que en marcha estoy
Con mucho que ver y vivir
Con cielos azules andando voy
A un lugar así soñaba con ir

Que sepa el mundo que en marcha estoy
Que me gusta cada instante aquí
Con el sol más brillante mis pasos doy
No se aparta la risa de mí

Es lo más importante volvernos a ver
No me importa dónde tenga que ir
Mil historias hay que oír y van a ser
Las que quiero compartir

Tú diles que me siento bien
Con tanto que ver y vivir
Con la luna sobre mí, duermo en un edén
Nada más se podría pedir

Ni la lluvia al caer me va a cambiar
El sol siempre vuelve a salir
Y sentir el viento sobre tu piel te va a encantar
Cuántas cosas hay por descubrir

Sigo mi camino
Mi destino
Es mi camino

Que sepa el mundo que en marcha estoy
Y voy a cumplir mi misión
Los cielos azules por donde voy
Dan alas a mi corazón

Tú diles a todos que en marcha estoy
Que voy a volver a mi hogar
Con el sol más brillante mis pasos doy
Disfruto el camino al andar
En marcha estoy
Sí, en marcha estoy.

Tomas Moro: Derecho Tributario, Poder Judicial, Estados Totalitarios


Tomás Moro, el político santo.



"Imaginaos un Rey y sus consejeros buscando los medios de enriquecer al monarca. Uno aconseja aumentar el valor del dinero cuando el Rey haya de pagar y dar a la moneda menos valor del que tiene cuando tenga que recibir dinero; de este modo se podrán pagar grandes cantidades con poco dinero y se recibirá mucho cuando hayamos de cobrar el poco que nos deben. Propone otro que se finja que hay guerra y que cuando el Rey haya recibido dinero en abundancia, haga que se celebre la paz con grandes y solemnes ceremonias religiosas, para así cegar los ojos de la plebe y para que él sea tenido por Príncipe piadoso que no ha querido que se derramase sangre humana. Este pide que se hagan cumplir ciertas leyes antiguas, que por antiguas han sido olvidadas y transgredidas por todos; tales leyes castigan los delitos con penas pecuniarias, y mandando cumplirlas, el Rey parecerá hacer justicia. El consejo que da éste otro es que se prohiban muchas cosas que se considera se hacen en dafio de la República, castigando a los trangresores con fuertes penas pecuniarias, y vender luego el privilegio de hacerlas. Por este medio se gana el favor del pueblo y se consigue provecho de dos maneras: primero haciendo sufrir la pena o confiscación a los que por codicia no cumplieron estas leyes y luego vendiéndoles privilegios y licencias. Y más caros podrá vender el Príncipe estos privilegios cuanto menos dispuesto se muestre a consentir que una persona haga algo en daño de sus súbditos.

Otro aconseja que el Rey perdone a los jueces del reino que no hicieron cumplir las leyes, para tener a éstos siempre a su lado y para que mantengan los derechos del Príncipe. Además, los llamará a Palacio para que arguyan y discutan en presencia suya sobre tales negocios. Por mala e injusta que sea una causa sIempre habrá uno u otro de ellos que, porque tiene algo que alegar u oponer, porque se avergüenza de volver a decir lo que ha sido dicho ya o porque quiere agradar al soberano, hallará el modo de defenderla con argucias. Y así, cuando los jueces no estén acordes entre ellos y sigan disputando sobre lo que ya es bastante claro, y sea puesta en duda la verdad maniñesta, podrá el Rey entender que la ley ha sido hecha en su provecho, y entonces los demás, por vergüenza o temor, consentirán en ello. Luego los jueces se atreverán a pronunciarse en favor del Rey, porque el que obra así ha detener una buena razón que lo abone; le bastará tener la equidad de su parte, o la letra de la ley, o interpretar torcidamente ésta, o lo que para los jueces buenos y justos tiene más fuerza que todas las leyes, la indisputable prerrogativa real.

Y, finalmente, todos los consejeros se muestran conformes con la máxima del rico Craso de que no basta la abundancia de oro para que un Príncipe mantenga un ejército. Además, un Rey, aunque podría hacerlo si quisiera, no puede hacer nada injusto: es dueño absoluto de las personas y bienes de sus súbditos, y todo lo que éstos poseen lo tienen merced a la benignidad real. Lo que más conviene al Rey es que sus súbditos posean muy poco o nada; el Rey está más seguro en su trono cuando su pueblo no goza de demasiada riqueza y libertad, pues, cuando hay estas cosas, los hombres no obedecen de buen grado las leyes duras e injustas; por otra parte, la necesidad y la pobreza abaten sus audacias hacíendoles sumIsos a la fuerza.

Suponed que entonces me levanto y afirmo: Son dignos de vituperio y deshonrosos para el Rey todos los consejos que acabáis de darle. Fuera más honroso y provechoso para él enriquecer a su pueblo en vez de buscar su propia riqueza. Los hombres hacen los Reyes para su propio bien, no para el bien de éstos; los hacen para poder vivir sin temor a sufrir afrentas e injusticias. El Rey debe velar más por la felicidad de su pueblo que por la suya, porque es como un pastor, y el pastor antes que nada tiene que apacentar a sus ovejas.

Yerran los que creen que la defensa y el mantenimiento de la paz consiste en la pobreza del pueblo. ¿Dónde abundan más las disputas, las querellas, los alborotos, las rencillas y las reprobaciones sino entre los mendigos? ¿Quiénes desean más las mudanzas que los que no están contentos del modo cómo viven? ¿No es el más audaz de los rebeldes aquel que espera ganar algo porque no tienen nada que perder? Si un Rey es tan poco amado, tan despreciado de sus súbditos, que no puede infundir en ellos temor, si no es a fuerza de injusticias y confiscaciones y llevándolos a la pobreza, mejor le sería renunciar al trono que intentar mantenerse en él por tales medios, pues, aunque sigan llamándole Rey, la majestad se ha perdido. Nada hay más contrario a la dignidad de un soberano que reinar en un pueblo de mendigos; su deber es regir una nación rica y feliz. No lo ignoraba el valeroso Fabricio cuando dijo que prefería más mandar a los ricos que ser rico él. Y en verdad es carcelero, y no Rey, el que vive en la riqueza y los placeres mientras los demás lloran, afligidos por causa de ello. Finalmente, este Rey, como es imprudente médico que no sabe curar a un enfermo sin darle otra enfermedad, tampoco sabe mejorar la manera de vivir de sus súbditos si no es quitándoles la riqueza y las comodidades de la vida, y debiera confesar que no sirve para gobernar a los hombres. Dejadle, pues, que enmiende su propia vida, que renuncie a su orgullo y a los placeres deshonestos, porque estos son los vicios que hacen que su pueblo le desprecie o le odie. Que viva de lo suyo, sin hacer daño a ninguno. Que prevenga los crímenes, que no los deje crecer para después castigarlos. Que no vuelva a imponer leyes que han sido abrogadas por la costumbre, especialmente las que han sido olvidadas hace largo tiempo y jamás han sido necesarias. Que no mande, so color de castigar las transgresiones, hacer confiscaciones que un juez consideraría injustas si pretendiera hacerlas un simple súbdito del reino.

Hablaría luego a los consejeros de las leyes de los Macarienses , los cuales moran no lejos de Utopía. Su Rey, el día de la coronación, jura solemnemente que jamás tendrá en sus arcas más de mil libras de oro o plata. Dicen los macarienses que esta ley fue hecha por un buen Rey que se preocupó más del bienestar de su patria que del suyo. Creía así poner estorbos a la acumulación de riquezas, la cual cosa traía irremediablemente la pobreza del pueblo. Preveía que aquel dinero bastana para mantener el orden en su reino y para impedir las invasiones de los enemigos extranjeros. Sabía también que ese dinero, por ser demasiado poco, no le movería a cometer la injusticia de quitar las haciendas a sus vasallos. Tal fue la causa principal que obligo a dictar esa ley. Otra causa fue que el soberano quería que no faltase dinero a sus súbditos para sus cotidiarias transacciones. Un Rey que obra así es temido por los malos y amado por los buenos. Pero si dijera esto y otras cosas semejantes entre hombres que opinan de diferente modo que yo ¿no sería como hablar a sordos?"



(UTOPÍA) (José Moro, in memoriam)