RECOMENDANOS con un click: Derecho Constitucional - Domingo Rondina - Dando cátedra: Sampay y la RE RE

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Santa Fe, Santa Fe, Argentina
Abogado con veleidades de constitucionalista y literato. Aprendiz de mucho, oficial de nada. Librepensador me educó mi padre... Mi CV aquí http://www.domingorondina.com.ar/1999/10/cv.html

Sampay y la RE RE


El Sampay rereeleccionista


Publicamos completo, por primera vez en internet, un escrito de Arturo Sampay, uno de los más interesantes constitucionalistas argentinos, bastante negado por su compromiso político.
En este capítulo de uno de sus libros explica el por qué de la reelección indefinida que se consagra en la reforma constitucional de 1949.
Este debate, que hoy vuelve a ser actual, tiene a un lúcido defensor en Sampay.
Y nosotros, pese a que no somos partidarios de más de una reelección consecutiva, lo leemos con respeto y admiración.
Oigamos al otro Arturo:




"LA REELEGIBILIDAD PRESIDENCIAL
La reforma constitucional encara el problema de la reelegibilidad del presidente que acaba su mandato, y termina con los impedimentos para hacerlo, 1º) por fidelidad al régimen democrático, porque si el pueblo elige a los sujetos del poder político, es contradictorio que la Constitución le impida hacerlo con determinada persona que llena las capacidades morales, ciudadanas e intelectuales exigidas como regla general;  2º) porque las razones de carácter sociológico que se aducen para que en América Latina rija ese impedimento, no existen en un país de madurez política como lo es la República Argentina; 3º) porque son indiscutibles las bondades de la reelección presidencial, al extremo que, si se exceptúan los países sudamericanos, especialmente los de zonas tórridas ––como dicen despectivamente los autores europeos y norteamericanos –– pocas constituciones la prohíben; 4º) porque las circunstancias políticas excepcionales que vive el país nos obligan a asumir la responsabilidad histórica de esta reforma.
¿Cuáles son las razones que aconsejan para Sud América el impedimento de la reelección presidencial, que según Mirkine-Guetzevich es el problema constitucional más importante de América Latina? “En América Latina ––dice este superficial coleccionador de constituciones, que fuera complaciente profesor de Derecho Público en la Universidad de Petrogrado, durante la época de los Zares –– hallamos una realidad política y constitucional totalmente distinta a la de los Estados Unidos. No hay partidos organizados, y no puede decirse que exista una opinión pública que, malgrado los intereses
personales y egoístas en juego, controle, a pesar de todo, esas elecciones. En América Latina la lucha por el poder tiene un carácter más elemental. El Libertador designa antes de morir sus presuntos sucesores, especificando que deben tomar el poder después de su muerte. Por consiguiente, toda la historia de América Latina, salvo honrosas excepciones, es la de una lucha áspera por el poder.
Prácticamente, todo hombre que haya obtenido el puesto de presidente, con los poderes enormes de esta función, toma gusto por esta omnipotencia y no quiere dejar  la América Latina muchos presidentes no se retiraron al fin de su mandato, o, al salir de sus funciones, usaron de todos los medios de presión a su alcance para hacer elegir a un pariente o un amigo.  Ocurrió así, muy a menudo, que un presidente siguiera siendo durante diez, veinte o treinta años después de la expiración de su mandato, el verdadero inspirador de la política de su país. Pero también hubo presidentes que emplearon la violencia. Después de algunos meses derrocaron a su sucesor para retomar el poder, o ejercieron una desvergonzada presión sobre el Congreso para obtener su reelección, y ello durante diez, veinte, aún treinta años. Estudiar el derecho constitucional de la América Latina –concluye el sumiso ex-profesor ruso del tiempo de los Zares, en su libro Les constitutions des nations américaines- sin tener en cuenta esta realidad dictatorial, es un trabajo científicamente inadmisible.
El norteamericano James Bryce, en su Modern Democracies, compara los regímenes políticos sudamericanos a los sistemas de las tiranías antiguas; el agudo André Siegfried, en su libro Amérique Latine, encuentra su equivalente en el régimen despótico francés del año VIII; Emile Giraud, profesor de la Facultad de Derecho de Rennes, en un nutrido estudio sobre Le pouvoir éxécutif dans les démocraties d’Europe et d’Amerique, publicado en 1938, ve en el predominio de los indígenas y mestizos sobre los blancos el fermento de las oposiciones de clases, movidas por luchas de razas que obligan a reglarse por una dictadura, cuyo límite es dado por el principio de no-reelección. Pero la República Argentina ––digámoslo como una refutación a tantos infundios –– es una comunidad política que en ningún aspecto va a la zaga de los Estados europeos; el fraude y la violencia han sido extirpados de nuestros juegos políticos; poseemos partidos políticos mejor estructurados y más orgánicos que muchos países de Europa; ningún sector del pueblo queda, por motivos raciales, a extramuros de la vida política, como en Estados Unidos los negros, y si en los últimos lustros este país fue azotado por la violencia y el fraude, no fue como consecuencia de incultura política, ni porque un grupo de argentinos se apegara, porque sí, al poder, sino porque era la manera foránea de sostener una satrapía que legalizaba la coordinación de transportes, el Banco Central de Sir Otto Niemeyer y la sanción de la ley del petróleo. ¡Algún día los latinos de
América mostrarán las causas de su llamada incultura política, de los derrocamientos de presidentes, de los fraudes electorales y de las violencias; será el día en que se puedan conocer los archivos de algunas cancillerías extrañas y de los directorios de las plutocracias de Wall Street! En la Argentina pasó el tiempo ––Dios quiera que para siempre–– de la incultura política sudamericana, como para que sea verdadero el argumento de la perpetuación por el fraude y la violencia.
Hamilton ha expuesto en el Federalista la conveniencia de la reelección presidencial, y sus argumentos, extraídos de una visión realista del hombre y de la política, son todavía incontrovertibles. “A la duración fija y prolongada ––se refiere al jefe del poder ejecutivo –– agrego la posibilidad de ser reelecto. La primera es necesaria para infundir al funcionario la inclinación y determinación de desempeñar satisfactoriamente su cometido, y para dar a la comunidad tiempo y reposo para observar la tendencia de sus medidas y, sobre esa base, apreciar experimentalmente sus méritos.” “La segunda ––agrega Hamilton, es decir, la reelegibilidad –– es indispensable para permitir al pueblo que prolongue el mandato del referido funcionario, cuando encuentre motivos para aprobar su proceder, con el objeto de que sus talentos y virtudes sigan siendo útiles, y se asegure al gobierno el beneficio de fijeza que caracteriza a un buen sistema administrativo.” “Nada parece más plausible a primera vista, pero resulta más infundado al reconocerlo de cerca ––añade Hamilton ––, que un proyecto que tiene conexión con el presente punto y ha conquistado algunos partidarios respetables: hago referencia al que pretende que el primer magistrado continúe en sus funciones durante un tiempo determinado, para en seguida excluirlo de ellas, bien durante un período limitado o de una manera perpetua. Ya sea temporal o perpetua esta exclusión produciría aproximadamente los mismos efectos, y éstos serían en su mayor parte más perniciosos que saludables.” “Entre otros perjudiciales resultados ––continúa Hamilton –– la exclusión disminuiría los alicientes para conducirse correctamente.” Porque “si se reconoce que el afán de obtener recompensas constituye uno de los resortes más poderosos de la conducta humana, así como que la mejor garantía de la lealtad de los hombres radica en hacer que su interés coincida con su deber, será imposible que se controvierta esta proposición”. “El mismo amor a la gloria ––sigue diciendo Hamilton, con lo que desentraña los más profundos pliegues de la naturaleza humana ––, esa pasión que domina a los espíritus más selectos, que impulsaría a un hombre a proyectar y acometer vastas y difíciles empresas en beneficio público, que
exigirían un tiempo considerable para madurarlas y perfeccionarlas, siempre que pudiera abrigar la esperanza de que le será posible terminar lo iniciado, lo disuadiría en cambio de todo esfuerzo, en el caso de que previera que debería abandonar el campo antes de completar su labor.” “Otra desventaja de la exclusión ––apunta Hamilton –– consistiría en privar a la comunidad de valerse de la experiencia adquirida por el primer magistrado en el desempeño de sus funciones.” “Que la experiencia es la madre de la sabiduría ––subraya Hamilton ––, es un adagio cuya verdad reconocen tanto los hombres más sencillos como los más doctos.” “¿Qué cualidad puede desearse más en quienes gobiernan a las naciones, o cuál puede ser más esencial que ésta? ¿Dónde sería más deseable o más esencial que en el primer magistrado de una Nación? ¿Puede ser juicioso que la Constitución proscriba esta apetecible e indispensable cualidad, y declare que en el mismo momento en que se la adquiere, su poseedor está obligado a abandonar el puesto en que la alcanzó y en el cual resulta útil?” “Éste es, sin embargo ––afirma Hamilton –– el alcance preciso de todas esas reglas que excluyen a los hombres del servicio del país, en virtud de la elección de sus conciudadanos, después de que la carrera que han hecho los capacitó para prestarla con mayor utilidad.” También sería un “inconveniente de la exclusión ––prosigue –– separar de ciertos puestos a hombres cuya presencia podría ser de la mayor importancia para el interés o la seguridad pública en determinada crisis del Estado”. “No hay Nación ––asevera Hamilton, y la historia política lo refrenda –– que en un momento dado no haya sentido una necesidad absoluta de los servicios de determinados hombres en determinados lugares; tal vez no sea exagerado decir que esa necesidad se relacionaba con la preservación de su existencia política.” Y el sabio y prudente Hamilton concluye admonitoriamente: “¡Qué imprudente, por vía de consecuencia, tiene que ser toda disposición prohibitiva de esta clase, cuyo efecto sea impedir a una Nación que utilice a sus propios ciudadanos de la manera que más convenga a sus exigencias y circunstancias!”. El último mal resultado que Hamilton descubre en la exclusión de la reelegibilidad consiste en crear “un impedimento constitucional para que la administración sea estable”. “Al imponer un cambio de hombres en el puesto más elevado de la Nación, obligaría a una variación de medidas, pues no es posible esperar, como regla general, que cambiando los hombres las medidas sigan siendo las mismas. En el curso natural de las cosas lo contrario es lo que ocurre.” “Y no debemos temer que se caiga en una rigidez exagerada ––advierte Hamilton con fidelidad republicana –– en tanto haya la opción de cambiar; ni hay por qué desear que se prohíba al pueblo que continúe otorgando su confianza a aquellos con quienes cree que está segura, ya que esta constancia de su parte permitirá hacer a un lado el pernicioso estorbo de los consejos vacilantes y de una política mudable.”
El sector mayoritario de la Comisión revisora tiene el convencimiento, compartido por la mayoría del pueblo argentino, que si se atiende la extraordinaria realidad política que vivimos, urge la reforma constitucional que posibilite la reelección presidencial. El país experimenta un profundo proceso revolucionario de superación del liberalismo burgués ––es la manifestación argentina del colapso definitivo de la cultura moderna, con las formas de organización que le son propias ––, cumplido por los sectores populares argentinos tras una personalidad política excepcional, que después de tomar conciencia histórica de esa crisis, después de precisar lo que con ella muere y lo valioso que por ella se regenera, porque es lo inmutable y eterno de la civilización cristiana, conduce al país, con firmeza y clarividencia, hacia la superación del momento crucial que vive el mundo.
Este movimiento popular en torno al general Perón ––porque, cronológicamente, lo primario fue el jefe político, y lo consecuente la formación de los cuadros masivos que lo sostienen –– se funda en una amplísima confianza en su virtud política y apunta a la realización revolucionaria de los más altos valores en la comunidad, porque el vínculo que unifica al general Perón y a las masas populares argentinas es la participación en la misma empresa nacional.
Esta forma extraordinaria de gobierno –– sociológicamente hablando, porque jurídicamente se da en las democracias, a la inversa de los totalitarismos rojos o pardos, en la regularidad de las formas establecidas, como es el caso actual de la leadership de los presidentes americanos reelegidos hasta la muerte –– es, por su propia naturaleza de carácter personal y temporal: la confianza del pueblo no se transmite porque se asienta en la sublimación del prestigio de un hombre, y la acción personal en consecución de la empresa sólo se agota cuando se cumplen sus objetivos. Se comprende, entonces, que si la suerte de esta empresa argentina depende de la posibilidad constitucional de que el general Perón sea reelegido Presidente de la República por el voto libre de sus conciudadanos, debe quitarse de la Constitución ese impedimento que no aconsejan ni la prudencia política ni la circunstancia histórica que vive el país."


ARTURO SAMPAY
"La Constitución Democrática"







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