RECOMENDANOS con un click: Derecho Constitucional - Domingo Rondina - Dando cátedra: abril 2013

Acerca del Constitucionalista

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Santa Fe, Santa Fe, Argentina
Abogado con veleidades de constitucionalista y literato. Aprendiz de mucho, oficial de nada. Librepensador me educó mi padre... Mi CV aquí http://www.domingorondina.com.ar/1999/10/cv.html

BORGEANA







A papá, que también 'estudió las leyes y los cánones' y que en algún momento pensó que iba a ser otro: 'un hombre de sentencias, de libros, de dictámenes'. Y que murió de la forma que deseaba no morir. Pero que también tuvo el júbilo secreto de encontrar 'la perfecta forma que supo Dios desde el principio', y quizás ese hallazgo, esa resignación, fue lo que lo endiosó...

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POEMA CONJETURAL

El doctor Francisco Laprida, asesinado el día 22 de setiembre de 1829 por los montoneros de Aldao, piensa antes de morir:


Zumban las balas en la tarde última.
Hay viento y hay cenizas en el viento,
se dispersan el día y la batalla
deforme, y la victoria es de los otros.
Vencen los bárbaros, los gauchos vencen.
Yo, que estudié las leyes y los cánones,
yo, Francisco Narciso de Laprida,
cuya voz declaró la independencia
de estas crueles provincias, derrotado,
de sangre y de sudor manchado el rostro,
sin esperanza ni temor, perdido,
huyo hacia el Sur por arrabales últimos.
Como aquel capitán del Purgatorio
que, huyendo a pie y ensangrentando el llano,
fue cegado y tumbado por la muerte
donde un oscuro río pierde el nombre,
así habré de caer. Hoy es el término.
La noche lateral de los pantanos
me acecha y me demora. Oigo los cascos
de mi caliente muerte que me busca
con jinetes, con belfos y con lanzas.
Yo que anhelé ser otro, ser un hombre
de sentencias, de libros, de dictámenes
a cielo abierto yaceré entre ciénagas;
pero me endiosa el pecho inexplicable
un júbilo secreto. Al fin me encuentro
con mi destino sudamericano.
A esta ruinosa tarde me llevaba
el laberinto múltiple de pasos
que mis días tejieron desde un día
de la niñez. Al fin he descubierto
la recóndita clave de mis años,
la suerte de Francisco de Laprida,
la letra que faltaba, la perfecta
forma que supo Dios desde el principio.
En el espejo de esta noche alcanzo
mi insospechado rostro eterno. El círculo
se va a cerrar. Yo aguardo que así sea.

Pisan mis pies las sombras de las lanzas
que me buscan. Las befas de mi muerte,
los jinetes, las crines, los caballos,
se ciernen sobre mí... Ya el primer golpe,
ya el duro hierro que me raja el pecho,
el íntimo cuchillo en la garganta.


Jorge Luis Borges


los viejos


NEW DEAL




La vigilancia contramayoritaria

En la década de 1930, con el problema entre Roosevelt y los nine olds men, dentro del marco del conocido 'new deal', se empezó a discutir en doctrina la legitimidad o no del control de constitucionalidad que expondremos brevísimamente aquí, más como llamado a la reflexión y como dato curioso que como exposición teórica. Para ello seguiremos al maestro Nino y a Genaro Carrió, a cuyos trabajos remitimos si desean los lectores profundizar el tema.
Recordemos que Roosevelt sufría que todos sus proyectos innovadores eran nulificados por la Corte Suprema, la cual así no lo dejaba gobernar pese al amplio apoyo electoral que FDR recibía del pueblo norteamericano.
Primero intenta agregar asistentes jóvenes suponiendo que sólo una cuestión de edad les impedía a los 9 viejos cortesanos entender que el mundo había cambiado.
Pero seguía perdiendo los casos más importantes por 5 contra 4...
Finalmente el enfrentamiento se resuelve tras una nueva elección  ampliamente ganada por Roosevelt: uno de los 5 ministros anti FDR se pasa de bando diciendo "mantengo mis convicciones, pero no puedo seguir desoyendo la voz del pueblo que apoya lo que yo no apoyo".
Bestialmente resumida esa es la historia de aquél nuevo trato...
Vamos ahora al debate de fondo

1 - La crítica

¿Cuáles son las raíces de este planteo?.
Antiguamente, cuando se consideraba al juez sólo como un lector culto de la ley, no se planteaban estos problemas pues se creía que el no ponía nada subjetivo al sentenciar, pero desde que descubrimos que la labor jurídica es principalmente valorativa y que muchas veces puede dejarse llevar por presiones o conveniencias, se empezaron a oír voces que se oponían a sujetarse a los conceptos de legal e ilegal que pudiesen determinar otras personas, tal vez movidas por intereses tanto o más mezquinos que los del justiciable y se empezó a discutir, en todo el mundo, la noción de que los jueces eran la pata menos democrática del trípode que sustenta al poder.
Básicamente, el argumento que niega a la justicia ejercer cualquier tipo de control de constitucionalidad sobre los actos de los poderes, argumenta que los jueces no tienen legitimidad democrática suficiente como para resolver cuestiones de macropolítica. No son designados por el pueblo, ni le rinden cuentas de ninguna manera, toda su autoridad deriva de haber sido nombrados por una autoridad democráticamente electa, es decir: su legitimidad es indirecta y, con el tiempo, inevitablemente se diluye cuando el sistema les da vitaliciamente el cargo. Así surgieron reclamos para que fueran electos popularmente y para que sus cargos sean revalidados periódicamente.
Los opositores al control entienden que, en una sociedad democrática representativa y plebiscitaria, cuesta mucho lograr una relativa comunidad de criterios y que ésta no debería estar sujeta a la interpretación, más o menos caprichosa, de un gueto como parece ser el Poder Judicial.
Carrió nos sugiere las preguntas básicas que se hacen sobre el sistema de control quienes lo critican: "¿No coloca las decisiones de los cuerpos políticos mayoritarios a merced del criterio de un pequeño grupo de hombres que bien pueden sustentar ideas retrógradas o reaccionarias? ¿No constituye tal estado de cosas normativas -si cabe la expresión- una grave amenaza de desintegración institucional en tiempos de crisis socioeconómicas?".
La búsqueda de decisiones rápidas y efectivas, innovadoras, por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo, podría chocar contra este muro que, aparentemente, sólo se ocupa de ficcionales choques entre normas.
Para resumir citemos a Bickel quien sintetizó así sus críticas: "La dificultad radical es que el control judicial de constitucionalidad es una fuerza contramayoritaria en nuestro sistema. (...) Cuando la Suprema Corte declara inconstitucional una sanción legislativa o una acción de un Ejecutivo electo, ella tuerce la voluntad de los representantes del pueblo real de aquí y ahora; ella ejerce control no en nombre de la mayoría prevaleciente sino en su contra. Esto, sin connotaciones místicas, es lo que realmente sucede. El control judicial pertenece del todo a una pecera diferente que la democracia, y ésa es la razón de que se pueda hacer la acusación de que el control judicial es antidemocrático."
Aclaremos que, en principio, la crítica no se dirige contra la labor jurisdiccional en general sino sólo contra su facultad de fiscalizar los actos de los otros dos poderes.
En nuestro país este argumento no había sido muy trabajado hasta el año 2013, probablemente porque a lo largo de casi un siglo y medio de historia institucional, surcada de dictaduras, corrupción e ineficiencia, el Poder Judicial ha sido visto como el más democrático de los tres y el más cercano a la gente, pese a la crisis de credibilidad (no de legitimación) que hoy enfrenta.
Sólo el ex Presidente de la Nación, el doctor Alfonsín, lo plantea en la Convención de 1994 como un posible problema pero lo termina resolviendo a favor de la subsistencia del sistema de contralor con la condición de que se implementen mecanismos que aseguren la independencia de los jueces.


2 - Un esbozo de respuesta

Permítasenos algunos breves pensamientos sobre el tema.
Primero, el control es necesario cuando estamos conformes con nuestra Constitución, caso contrario tenemos los mecanismos mayoritarios del artículo 30 para modificarla, pero sin olvidar que si nos dimos Constitución fue porque elegimos una forma de vida que, mientras la mantengamos en el plano normativo,  debe cumplirse.
Esto es lo que intentaba decirnos Alberdi cuando expresaba tan líricamente: "La Constitución general es la carta de navegación de la Confederación Argentina. En todas las borrascas, en todos los malos tiempos, en todos los trances difíciles, la Confederación tendrá siempre un camino seguro para llegar a puerto de salvación, con sólo volver sus ojos a la Constitución y seguir el camino que ella le traza, para formar el gobierno y para reglar su marcha."
Segundo, hay instrumentos idóneos para lograr mayor legitimidad de los jueces tales como: elección distrital y su renovación mediante el sufragio popular o mediante órganos independientes, la menor duración en los cargos, un control político (del Congreso) más intenso sobre sus actos, un control administrativo institucional como el del Consejo de la Magistratura, etcétera. A nada de eso nos oponemos pues consideramos positiva toda medida que busque el mayor control del pueblo sobre las instituciones y que traslade a éste cuotas mayores de responsabilidad.
Pero también es necesario dejar bien en claro que si queremos que el Estado cumpla con lo que nos ha prometido debemos tener medios de exigirle que lo haga... ¡y no se puede estar siempre esperando las próximas elecciones!
Otro dato que creemos que olvidan los críticos es que los jueces no declaran inconstitucionalidades por mero placer, sino cuando un individuo, miembro de mayorías o minorías pero ciudadano al fin, reclama porque se siente agredido o desprotegido frente a actos de los poderes públicos. Así ha dicho nuestra Corte, parafraseando a Montesquieu: "El Poder Judicial, por su naturaleza, no puede ser jamás un poder invasor, un poder peligroso, que comprometa la subsistencia de las leyes y la verdad de las garantías que tiene por misión hacer efectivas y amparar."
Todo esto nos trae una vez más a la memoria la propuesta kelseniana del Tribunal Constitucional, renovable con los cambios políticos (no decimos partidarios), ajeno a los tres poderes tradicionales, sólo atento al respeto de la Constitución del pueblo pero tratando de interpretarla acorde con lo que el pueblo busca en cada momento histórico o, como dijera Nino: "La eventual facultad de los jueces de descalificar una norma jurídica de origen democrático, por ser violatoria de una prescripción constitucional, sea en lo que hace al procedimiento o al contenido de la norma, es un arma poderosa en manos de los jueces, ya que puede constituir uno de los instrumentos principales para promover una reconstrucción radical de nuestra práctica constitucional."
Terminemos este tema con una cita del más grande y previsor de los constitucionalistas, Alexander Hamilton, quien en estas líneas parece haber intuido el problema que hoy nos ocupa:
"El principio fundamental del gobierno republicano, reconoce el derecho del pueblo a alterar o abolir la Constitución en vigor en todo caso en que llegue a la conclusión de que está en desacuerdo con su felicidad, sin embargo no sería legítimo deducir de este principio que los representantes del pueblo estarían autorizados por esa circunstancia para violar las prevenciones de la Constitución vigente cada vez que una afición pasajera dominara a una mayoría de sus electores en un sentido contrario a dichas disposiciones, o que los tribunales estarían más obligados a tolerar las infracciones cometidas en esta forma que las que procedieran únicamente de las maquinaciones del cuerpo representativo. Mientras el pueblo no haya anulado o cambiado la forma establecida, por medio de un acto solemne y legalmente autorizado, seguirá obligándolo tanto individual como colectivamente; y ninguna suposición con respecto a sus sentimientos, ni aun el conocimiento fehaciente de ellos, puede autorizar a sus representantes para apartarse de dicha forma previamente al acto que indicamos. Pero es fácil comprender que se necesitaría una firmeza poco común de parte de los jueces para que sigan cumpliendo con su deber como fieles guardianes de la Constitución, cuando las contravenciones a ella por el Legislativo hayan sido alentadas por la opinión de la mayor parte de la comunidad."


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LA VIUDA y EL JUEZ


DEMOCRATIZAR 1


DEMOCRATIZAR 2



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Otra nota en video donde analizamos detenidamente los 6 proyectos de reforma judicial propuestos por el Ejecutivo en Argentina


video


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todos acusamos a la justicia


En este video, exponemos algunas ideas sobre el camino abierto por la Presidente Cristina Fernández de Kirchner para democratizar la justicia


video




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la viuda y el juez

La Libertad ama a la Justicia



Reformar, ES JUSTO
Vamos a compartir y a comentar los 6 proyectos que el Poder Ejecutivo Nacional envió en el año 2013 al Congreso para intentar reformar el poder judicial con el lema de ‘democratizar la justicia’. Ojalá que así sea.
A quien esto escribe no le gustan mucho los lemas de los políticos, y admite preliminarmente que las buenas intenciones de los redactores de proyectos, cuando llegan a manos de los políticos, se pueden convertir en bombas neutrónicas, pero igual vale el intento.
Por nuestra parte, siempre estaremos a favor de cualquier intento de sacudir el añoso árbol del Poder Judicial, lo cual provocará que rebrote y se renueve, porque la ciudadanía necesita mejores jueces, más justos, más empáticos socialmente, y mecanismos más ágiles y respetuosos de la Constitución en su integralidad.
El Poder Judicial es el único que desde 1983 no conoció reformas profundas. Y tiene una crisis de legitimidad mayor que el Ejecutivo y el Legislativo porque los funcionarios de Justicia no pueden alegar que la voluntad popular los elige o los mantiene.
La crisis del Poder Judicial se verifica en la convicción de la gente común: los juicios demoran demasiado y no hay garantías de que gane quien tiene razón, siendo habitual que ganen los poderosos económica o políticamente.
Recordemos que todas estas reformas sólo afectan a la justicia federal y a los jueces designados por el Congreso Nacional…
En algunas disposiciones se sigue incluyendo a la Justicia Nacional, lo cual puede ser objeto de cuestionamientos vinculados a la autonomía de CABA (¿hubiesen precisado acuerdo?) y a la nueva sangría al presupuesto nacional que las mismas implican en beneficio exclusivo de los litigantes de Buenos Aires.
También señalo una preocupación general: la falta de definición en los proyectos de los mecanismos de entrada en vigencia de las normas, en especial de la instancia casadora.


La pecera
Haciendo un parrafito de filosofía constitucional, recordemos a nuestro maestro Carlos Santiago Nino quien dijese: "La eventual facultad de los jueces de descalificar una norma jurídica de origen democrático, por ser violatoria de una prescripción constitucional, sea en lo que hace al procedimiento o al contenido de la norma, es un arma poderosa en manos de los jueces, ya que puede constituir uno de los instrumentos principales para promover una reconstrucción radical de nuestra práctica constitucional."
Digamos que el cuestionamiento básico acerca de 'democratizar la justicia' parte de aquellas ideas que tan claramente sintetizó Bickel en 1962: "La dificultad radical es que el control judicial de constitucionalidad es una fuerza contramayoritaria en nuestro sistema. Cuando la Suprema Corte declara inconstitucional una sanción legislativa o una acción de un Ejecutivo electo, ella tuerce la voluntad de los representantes del pueblo real de aquí y ahora; ella ejerce control no en nombre de la mayoría prevaleciente sino en su contra. Esto, sin connotaciones místicas, es lo que realmente sucede. El control judicial pertenece del todo a una pecera diferente que la democracia, y ésa es la razón de que se pueda hacer la acusación de que el control judicial es antidemocrático."

Basta ya de prolegómenos y arranquemos con el análisis porque, como dijo mi abuela, quizás hablando del Poder Judicial, “lo importante es que sea sanito”… 



LOS TRES INDISCUTIBLES

Declaraciones juradas (click aquí para ver el proyecto)
Regula la publicidad y accesibilidad de las declaraciones juradas de absolutamente todos los funcionarios y de terceros vinculados de algún modo a los dineros públicos.
Deberán estar disponibles en Internet, con excepción del anexo de datos reservados, que tiene que ver con la identidad de cónyuge, hijos, etc.
Se prevé el formato de las declaraciones ante AFIP, que son más escuetas que las que actualmente utiliza la Oficina Anticorrupción, lo que debería ampliarse, sin perder la objetividad que implica vincular ambos formularios.
En mi primera lectura, resulta incuestionable.
(Cliqueá para ver el texto final de la ley 26857)




Publicidad de las carátulas de los expedientes y de las resoluciones judiciales (click aquí para ver el proyecto)
Un proyecto que pudo ser mejor, pero es un buen comienzo.
Impone que haya un listado accesible por Internet de todas las causas en trámite. No habrá información completa, sino sólo carátula, número de expediente, fechas de inicio, y poco más.
También impone que las resoluciones, acordadas y sentencias de todos los órganos judiciales deban ser publicadas inmediatamente en la web con su texto íntegro.
Se ordena reservar datos personales en asuntos que puedan afectar intimidad de las personas.
(Cliqueá para ver el texto final de la ley 26856)



Mecanismos de ingreso (click aquí para ver el proyecto)
Asume el Congreso y se le quita a la Corte Suprema, a las Cámaras y -quizás inconstitucionalmente- al Consejo de la Magistratura, las facultades para reglamentar el ingreso de empleados del Poder Judicial.
Tanto respecto al personal lego, como a los letrados, se establecen concursos que acrediten la idoneidad constitucional. La lista definitiva de legos es luego utilizada por sorteo. La lista de letrados es por orden de mérito.
Los jueces ya no serán libres para elegir los secretarios de los juzgados, lo cual era una prerrogativa antirrepublicana que aún subsiste en algunos espacios de las instituciones argentinas.
Todos los cargos de funcionarios deben ser discernidos por concurso, es la única forma objetiva de acreditar la idoneidad constitucional.
Para mí, otro proyecto indiscutible.
(Cliqueá para ver el texto final de la ley 26861)
(NB: a último momento, la famosa cuestión de la selección por concurso de los secretarios de juzgados, fue eliminada por el Congreso a pedido de la Presidenta de la Nación, tras reunirse con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia (Lorenzetti). Se les concedió a los jueces la posibilidad de seguir eligiendo sus secretarios a dedo entre amigos y parientes. Así, la norma mantiene en cabeza de los jueces una prerrogativa totalmente contraria al artículo 16 de la Constitución Nacional que dispone: "Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad")


LOS TRES DISCUTIDOS

Cámaras de casación (click aquí para ver el proyecto)
Se crean tres cámaras de tercera instancia, casadoras de sentencias: Contencioso Administrativo / Laboral y de la Seguridad Social / Civil y Comercial.
Se deroga el recurso de inaplicabilidad de la ley y los fallos plenarios, con su efecto vinculante.
Se crea el recurso de casación en todos los fueros, el recurso de revisión de sentencia firme y se regula por primera vez desde la ley 48 el recurso de inconstitucionalidad que ahora tramitará ante las Cámaras de Casación.
El recurso de revisión por prevaricato, cohecho o violencia funciona en casos de sentencias ya firmes, y parece un poco descolgado en este marco normativo, aunque me parece que es útil y está totalmente admitido por la doctrina.
Honestamente, hubiésemos preferido la creación de una cámara de casación constitucional, o un tribunal constitucional, o que la Corte tenga una sala constitucional, en cualquiera de esos casos, con jueces especializados pero ¿tan poca confianza nos tienen los legisladores a los constitucionalistas que no hay juzgado donde podamos entrar? No digo que no tengan motivos, pero…
El recurso de casación puede resultar útil, aunque implique una demora mayor, si se complementa con una mayor aplicación del writ of certiorari por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, rechazando las causas insignificantes o con jurisprudencia pacífica. Debemos llegar a una Corte Nacional que sólo actúe como casadora constitucional y vigía federal.
Destaquemos que el recurso de casación se endereza contra sentencias definitivas o equiparables, pero se lo permite también contra las medidas cautelares que afecten al Estado (un exceso de revisionismo proestatal) y contra las declaraciones de inadmisibilidad formal de las demandas contencioso administrativas (quizás para compensar el sablazo anterior).
Llama la atención la regulación del recurso de inconstitucionalidad, sin mencionar que se está modificando la ley 48, monstruo sagrado del constitucionalismo, se avanza sobre ella, aunque no veo grandes diferencias, salvo un poco con respecto a los plazos.
De este modo, cuando antes se iba directamente a la Corte Nacional para discutir la constitucionalidad, ahora se irá a la Cámara de Casación a discutir la constitucionalidad. Y si todo falla, siempre quedará el recurso extraordinario de la ley 48 por cuestión constitucional o por caso federal.
Quienes se quejan de lo drámatico que será tener 4 instancias posibles en cuanto a demoras, pueden irse mudando al interior y conocer que desde 'Strada' en las provincias tenemos 4 instancias.
El tiempo dirá si este mecanismo será útil para que nuestra Corte vuelva a ser realmente un tribunal de excepción.
(Cliqueá para ver el texto final de la ley 26853)



Regulación de cautelares (click aquí para ver el proyecto)
Para mí, el único de los seis proyectos que debería ser rechazado. Los otros 5 son constitucionales, y en todo caso discutamos su oportunidad, mérito o conveniencia. Pero este proyecto es inconstitucional.
Contiene algunas ideas útiles, pero su centro es nefasto. Y salga como salga será declarado inconstitucional por el más insignificante juzgado y por la Corte Suprema. Sería bueno saber quiénes fueron los cráneos procesalistas que trabajaron sobre esta barbaridad.
Así como hicieron Jorge de la Rúa y Jorge Reynaldo Vanossi cuando estuvieron en el Ministerio de Justicia, intenta ahora el Congreso limitar el proceso constitucional con la grandilocuente –y compartible- frase de ‘evitemos el gobierno de los jueces’.
Estamos de acuerdo en evitar el gobierno de los jueces, pero la Justicia es más que ellos. La justicia es el ciudadano desprotegido frente al Estado omnipotente, la justicia es el abogado que empuña un escarbadientes frente a una topadora inmóvil, la justicia es aquel juez imaginario que nos espera en Berlín…
Eso no quita que un poderoso abuse de mecanismos que fueron pensados para los débiles, pero no debemos legislar por la excepción sino por la regla deseable.
Las medidas cautelares en los juicios con el Estado deben ser utilizadas con prudencia. Pero no pueden ser restringidas prima facie, porque para eso existen, para adecuarse al caso concreto y no para ser previsibles. Si hay urgencia, debe haber medidas urgentes.
Santa Fe conoce de restricciones a las medidas cautelares contra el Estado, fueron pergeñadas por la entonces fiscal de estado Lepenies durante el segundo gobierno de Reutemann (2002). Y provocan una injusta disparidad a favor del Estado. También es cierto que ni Obeid, ni Binner, ni Bonfatti le devolvieron a la gente la libertad cautelar; todos los políticos llegados al gobierno quieren restringir las acciones constitucionales de los ciudadanos...
Este proyecto nacional que comentamos comete algunos errores gravísimos: prohíbe toda medida cautelar si no está en juego la salud, la vida o conceptos alimentarios; prohíbe las medidas autosatisfactivas y las cautelares cuyo objeto es asimilable al de la demanda; exige el traslado previo; intenta limitar la afectación al patrimonio estatal lo cual no es admisible si con patrimonio estatal se puede evitar la afección de derechos personalísimos; se prohíbe la aplicación de medidas pecuniarias personales a los funcionarios, lo cual es una excelente medida que han encontrado los litigantes para lograr que se dañe menos el patrimonio estatal y se promueva el más pronto cumplimiento en casos de desobediencia; concede efecto suspensivo a la apelación por el Estado de una medida cautelar. Y señalamos sólo lo más grueso.
Otro desacierto, pero por motivos totalmente contrapuestos, es el artículo 17 que pretende asegurarle al Estado el acceso a la justicia cautelar cuando vea afectado el interés público. Esto sólo puede haber sido escrito por un político alcoholizado que no terminó la escuela secundaria. El Estado no necesita acceder a cautelares para garantizar sus cometidos, es EL ESTADO con su poder de imperio, con la presunción de legitimidad, con la ejecutoriedad de sus actos. Verdaderamente aquí parecería que creen estar regulando para un grupo de tareas privado, para una compañía mercenaria en Irak, y no para el Estado soberano de una república constitucional.
Reconozcamos también algunos posibles aciertos: establecer la caducidad de la medida en un máximo de 6 meses, provocando que deba ser renovada mirando a las circunstancias actuales de la causa, es correcto. De hecho ya existe ese mecanismo en los embargos e inhibiciones patrimoniales. Y serviría este mecanismo como contralor de la demora en los procesos monitorios.
En síntesis: no veo necesidad ninguna de sancionar este proyecto, y en casi todas sus aristas resulta completamente inconstitucional.
(Cliqueá para ver el texto final de la ley 26854)




Consejo de la Magistratura (click aquí para ver el proyecto)
Otro proyecto que, salvo alguna fineza, me parece muy bueno y totalmente procedente.

Antes de pasar a su centro, digamos que, escondido en este proyecto también se establece el definitivo vaciamiento de funciones de superintendencia de la Corte, que esperamos que esta vez acate lo que la Constitución manda desde 1994. Claro, habrá quejas de los cortesanos que ya dos veces nulificaron leyes y decisiones del Consejo de la Magistratura para preservar su coto de caza presupuestaria, pese a la clarísima letra de la Constitución Nacional reformada.
El eje del proyecto es incrementar el número de consejeros de la magistratura, lo cual no hace al Consejo ni más ni menos ágil;  sino tendríamos que empezar a discutir sobre el tamaño del Congreso, y no lo hacemos porque entendemos que cuando los órganos se integran electoralmente la cantidad de miembros se incrementa para asegurar proporciones y minorías.
El pueblo elegirá 3 abogados, 3 jueces y 6 académicos/científicos, cargos que se repartirán por tercios mediante lista incompleta entre primero y segundo.
Se votará cada categoría a distrito único: es decir en todo el país una sola lista por categoría, como con presidente y vice, que se eligen en el mismo turno.
Duran 4 años y no pueden ser reelectos sino con intervalo de un período (excelente iniciativa, que debería extenderse a otras categorías).
Esta primera vez durarán 2 años y se elegirán en los comicios de medio mandato.
Se discute si los abogados y jueces deben ser representantes de sus pares, o del pueblo, y qué intención tuvo la reforma de la Constitución Nacional al respecto.
El artículo 114 dice: “El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley”
Nosotros entendemos que son representantes del pueblo, que no hacen una representación corporativa, y que no hay letra ni coma de la norma constitucional que permita entender que sólo pueden ser electos por sus pares. La interpretación contraria sólo parece desconocer la cláusula constitucional de la igualdad, y el principio republicano que inspiró a los convencionales.
El hecho de que deban ser postulados por los partidos políticos, no afecta en un ápice su independencia. Los partidos políticos son la más sagrada de las instituciones de la democracia. Que hoy sean horribles, o que sus miembros sean malos, no hace a la esencia democrática de la participación partidaria. Los partidos, tal como son, resultan la puerta de acceso de la ciudadanía al Estado, quienes hablan contra los partidos políticos suelen preferir otros grupos siempre más restrictivos, siempre más sectarios. Nuestra Constitución Nacional en su artículo 38, incorporado en 1994, nos impone una democracia con sistema partidocrático, porque el consenso constitucional de los argentinos entiende que es la mejor forma de participar.
Insistimos: no se están eligiendo popularmente jueces (lo cual no nos parecería tampoco mal): sólo se están eligiendo algunos a los miembros del Consejo que elige y destituye jueces. Los elige por concurso y los destituye con un proceso debidamente integrado.
Decir que los jueces estarán preocupados por su reelección, cuando no serán ni electos ni reelectos, o decir que los jueces temerán ser destituidos por una oleada electoral, son tonterías que sólo buscan desviar el debate.
Quienes dicen que elegirlos popularmente hará que el que gana una elección controle las tres funciones desconoce dos verdades: que la gente es la que vota, y hay que someterse a su voluntad; y que la idea contraria sería que quien pierde las elecciones, o ni siquiera participa, debe controlar el poder estatal...
El famoso sistema de frenos y contrapesos (checks and balances) prevé, o mejor dicho requiere, que las tres funciones del Estado se entrecrucen, y que la voluntad popular atraviese a todas.
Hace años que venimos analizando un dato de la realidad: el Judicial es el único de los poderes que no está balanceado de modo alguno con la voluntad electoral. Y esa desconexión con la ciudadanía es causal de su falta de empatía con los problemas de la gente común, es causal de que mantengan tantos privilegios antirrepublicanos. Porque la falta de vinculación con la voluntad popular es causal de que no se sientan empleados públicos y funcionarios públicos sino más bien miembros de una monarquía alienígena que acaba de arribar al planeta Tierra para darnos una Justicia totalmente ajena...
(Cliqueá para ver el texto final de la ley 26855)


(NB1: a último momento, la disposición que quitaba a la Corte el manejo del presupuesto del Poder Judicial, la mejor de todo el proyecto, fue eliminada por el Congreso a pedido de la Presidenta de la Nación, tras reunirse con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia (Lorenzetti). Así, la norma no cristaliza lo que la Constitución Nacional dispone expresamente en su artículo 114 inciso 3 sobre el Consejo de la Magistratura: "Serán sus atribuciones: Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia.")


(NB2: el 18/06/2013, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó 'per saltum' la causa RIZZO que venía con sentencia definitiva del Juzgado de Primera Instancia Nacional Electoral y falló declarando la inconstitucionalidad parcial de la ley, en lo que hace a la elección popular de abogados, jueces y académicos. Click aquí para ver el fallo)


Escasez de reformas
Se quedaron cortos con la reforma judicial a nuestro criterio. El juicio por jurados sigue ahí, vivito y gritando la inconstitucionalidad por omisión del Ejecutivo y del Legislativo.
En el mismo sentido, y con la misma inteligencia alberdiana, podrían haber incorporado legos al Consejo de la Magistratura, personas comunes sin título de abogado, lo cual oxigenaría las discusiones.
Se debe también la institucionalidad argentina mejorar los mecanismos de 'juicio de residencia' para que rindan cuentas e indemnicen por los daños que causan los funcionarios (judiciales y no judiciales) en el desempeño de sus cargos.
Algunos proponen que podría establecerse la reválida de los nombramientos, cosa con la que yo en principio no estoy de acuerdo, salvo respecto a un Tribunal Constitucional donde ya Kelsen proponía que se renovase electoralmente cuando cambiaba el humor político de la sociedad.


Parábola de la viuda y el juez injusto
En los evangelios (Lucas 18), una de las historias más extrañas de Jesús, es aquella de la viuda que iba todo el tiempo a pedirle a un juez injusto que le haga justicia. Finalmente, harto ya de la insistencia, el juez piensa: 'aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres haré justicia igual así me dejan de molestar'.

Hacia allá vamos.


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NOTAS PROPIAS RELACIONADAS



12 meses en Barrio Santa Rita

Sebastián Saldaña, de la CCC, la cara del conflicto


El 3 de abril de 2012 un grupo de familias entraron a algunas de las 180 viviendas en construcción en el Barrio Santa Rita II de la ciudad de Santa Fe.
Estas viviendas sociales se encontraban abandonadas desde hacía más de 5 años por el Gobierno Provincial.
Así se fue consolidando un nuevo barrio, entre la represión y las amenazas mediáticas del gobierno municipal y provincial.
El resumen de lo acontecido en aquel entonces, con todos los escritos y resoluciones, se puede ver en nuestra nota con todos los documentos completos aquí.
Hoy, a un año de aquella historia, les dedicamos un video de Intoxicados cuya letra se lee abajo.








COMO GANADO
(INTOXICADOS, Pity)

Conozco una familia cerca de mi rancho
padre, madre, tres hijos y un abuelo muy anciano.
La madre está esperando al cuarto varón,
el padre está sufriendo desocupación.
Juntos pelean por su dignidad,
porque los impuestos se fueron acumulando
no tienen trabajo, no los pueden pagar
encima en las marchas los cagan a palos
de la villa los quieren desalojar
porque dicen que las tierras son del Estado
y el supermercado que las va a comprar
no les dará trabajo, ni les dará fiado
sólo es gente humilde en busca de un trabajo
y no tienen la culpa de lo que está pasando,
no saben lo difícil que se le hace al despertar
y ver que sus hijos quieren desayunar
desayunar...

Entonces salgo a la calle y miro
veo una bella señora y en su brazo una cartera
una parte de mi se la quiere arrebatar
pero la parte más fuerte reflexiona y siempre gana
yo no quiero robar, yo quiero trabajar
soy una muy buena persona como para estar en cana
que ejemplo a mis hijos les voy a dar
pero que ejemplo les daré si hoy no llevo nada a casa
nada a casa...

Cuanta desocupación se ve en las calles
mucha gente digna que quiere trabajar
los hijos ven al padre y juntos murmuran
ellos no quieren ser un ”tonto trabajador”
porque el que trabaja aquí nunca progresa
y se hace rutina la vida de esclavo
ni siquiera un gusto me puedo dar
porque el costo de vida es cada vez más alto.

No podemos negar que algo anda mal
hay mucha miseria, mucha desunión
algunos pelean por lo poco que tienen
y otros lo miran por televisión.

Unamos los reclamos y salgamos todos juntos
por lo tuyo, por lo mío, por lo del que tengo al lado.
Cuando la gente podrá entender
que con desunión nos manejan como ganado
como ganado, como ganado,
como ganado, como ganado.

Cuando terminarán todas estas marchas
que piden justicia y nadie se las da
Los que nos gobiernan no saben nada de esto
sus hijos desayunan todas las mañanas,
no se embarran cuando van al colegio
porque sus calles están asfaltadas
No se preocupan qué van a comer
de eso se va a preocupar la mucama.

No podemos negar que algo anda mal.....