RECOMENDANOS con un click: Derecho Constitucional - Domingo Rondina - Dando cátedra: mayo 2013

Acerca del Constitucionalista

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Santa Fe, Santa Fe, Argentina
Abogado con veleidades de constitucionalista y literato. Aprendiz de mucho, oficial de nada. Librepensador me educó mi padre... Mi CV aquí http://www.domingorondina.com.ar/1999/10/cv.html

exceso de pensamiento

paradoja: las drogas matan neuronas 



Uno de esos videos imperdibles, que a nosotros los constitucionalistas nos hace pensar en algunos temas propios:
-las drogas, y su involuntario aliento desde los ignorantes que gobiernan
-la libertad, incluso de morirse
-las dictaduras como retroceso cultural
-el paternalismo del estado es siempre de derechas
-el periodismo y su uso de la libertad de expresión
-las contradicciones en que hemos vivido y vivimos inmersos





video



Este es el contralmirante Julio Juan Bardi, quien fue ministro de Desarrollo Social entre 1976 y 1981, la época más negra de la última dictadura militar argentina.
Recién se empezaba en Argentina a hablar del abuso de drogas.
Transcribimos el diálogo con la periodista que lo entrevista, porque no tiene desperdicio:

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Periodista: "¿De que estrato social provendrían los adolescentes drogadictos?"

Bardi, Ministro de Bienestar Social de la Nación: "Hay de todo, pero lamentablemente yo diría que es mas fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador, normalmente el que trabaja está en procura de un ideal y demás... a veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones..."

Ciudad Demasiado Autónoma de Buenos Aires


liberen a la verdad

Libertad de Expresión en la Isla Porteña
o edificación de fueros personales






Hemos analizado detenidamente el proyecto que el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) envió a la Legislatura local sobre Libertad de Expresión. El proyecto completo puede verse aquí.
Además, Macri le dio a su proyecto formato de decreto de necesidad y urgencia, para que rija mientras la Legislatura tramita la sanción legal.
En primer lugar digamos que no había ni necesidad ni urgencia que justifiquen el dictado del DNU, pero bueno, eso dejémoslo para los constitucionalistas porteños.
En segundo lugar digamos que la regulación que hace de la Libertad de Expresión (LdeE) es muy buena, básicamente transcribiendo las normas de los tratados internacionales sobre el tema.
Especialmente es buena en lo que hace al riesgo de afectación por parte del Estado. No establece, ni transcribe, normas de las que protegen la libertad de expresión frente a los mismos medios (como, por ejemplo, el derecho a réplica). Pero indudablemente es muy buena, y desde ya que es mucho más amplia y más tuitiva que lo poco que concede el decreto de información pública que rige en Santa Fe desde la gestión Binner.
En esto queremos ser muy claros: hay que estimular que los gobiernos provinciales, y el nacional, dicten normas protectorias de la Libertad de Expresión, porque si bien están en los tratados y en la Constitución, quienes litigamos cotidianamente en Derecho Constitucional sabemos que explicarles a los jueces la directa operatividad de los tratados es tarea ardua. Y en este aspecto, lo que abunda no daña.
Pero vamos al merengue. En tercer lugar tenemos que hablar del paraguas normativo que intenta construir para proteger a todos los medios de comunicación con sede en la Ciudad capital. Intenta impedir toda regulación y la misma Ciudad se compromete a no regularlos nunca (art. 12 y 20).
Tanto el Tribunal que establece (art. 25 y claúsula transitoria), como las prohibiciones de regularlos dirigidas al Gobierno Nacional (art. 11) parecen simplemente un inconstitucional alzamiento de un estado federado contra la Nación.
Es cierto que el artículo 32 de la Constitución Nacional establece que el Congreso nacional no puede afectar la libertad de imprenta, y sólo las provincias podrían regularla. Pero de ahí a considerar que el Estado miembro puede nulificar las facultades del Estado Federal, es un exceso.
En especial por la amplitud con la que se regula (arts. 13, 15 a 17 y 19): según el proyecto el Estado Nacional no puede expropiar inmuebles, ni muebles, regular la importación, ni establecer impuestos, ni designar directores societarios aunque tenga acciones, ni pedir medidas cautelares judiciales, y ni siquiera realizar controles…
Llega al exceso de que el artículo 18 le da más derechos a los acreedores privados de los medios que al Estado mismo aunque fuese acreedor.
Una cosa es que la Federación no pueda regular la imprenta (in extenso: los medios de comunicación) y otra es que no pueda regular las sociedades, las concentraciones oligopólicas, las transmisiones en espacio aéreo, etc.
Directamente es contradictorio con la letra de la Constitución Nacional y auguramos en este aspecto una rápida nulificación del decreto por los tribunales.
A mí, como iuspublicista, lo que más me causa gracia es la prohibición a las expropiaciones: el derecho del Estado Nacional a expropiar cualquier cosa en cualquier parte del país, previa ley del congreso, razones de utilidad pública, y pago justo, es indiscutible. Y es la figura de más rancio abolengo en la construcción del 'ius principi', el derecho público en su esencia de imperio se halla en juego en la potestad expropiatoria, hace a la filosofía misma del Estado.
Sorprende oír de algunos funcionarios, que deberían estudiar un poco la Constitución (o por lo menos no odiarla), que el DNU y eventual ley son nulos porque una ley provincial no puede contradecir una norma nacional...por favor... claro que una norma provincial puede contradecir a una norma nacional, nadie puede imponerle a las provincias nada en las materias que ellas se han reservado expresa o tácitamente. El Congreso puede dictar mil leyes muy bien redactadas y muy bien sancionadas, pero si son sobre rubros reservados a las autoridades provinciales, serán completamente nulas. El problema en este caso es que el proyecto insular de medios se excede y cae en lo contrario: se inmiscuye en materias que han sido expresamente delegadas a la Nación.
Todo el texto del decreto tiene un ánimo festivo, colegial, como una gran 'pijamada jurídica'. Parece lo que podrían haber redactado un grupo de alumnos de Derecho Constitucional para un trabajo práctico. Copian y pegan los tratados sobre LdeE y construyen un espacio de absoluta protección provincial en un exceso de aplicación del 32.
Parece más la elaboración de un fuero personal para los medios, algo prohibido en el artículo 16 de la Constitución Nacional. Y siempre con la loable finalidad declamada de proteger la libertad de expresión. Amigos macristas: el fin no justifica a Los Medios...
Y así concluimos que todo esto parece más una maniobra de propaganda política. Y una nueva decepción para los argentinos que vemos que a la oposición tampoco le importa la Constitución Nacional.



NOTAS RELACIONADAS:

Nuestra opinión publicada en Diario El Litoral de Santa Fe

1819 Santa Fe primera constitucion provincial


Leo W. Hillar Puxeddu




Tuve el honor de ser su alumno y amigo en sus últimos años de vida, aunque era de la generación de mi abuelo y había sido amigo de mis mayores.
En la senda de grandes docentes, abogados, escritores e historiadores santafesinos, dejó su huella en diversos ámbitos.
Un caballero, un pensador, un buen tipo.
Hoy compartimos uno de sus artículos vinculados al Derecho Constitucional, sobre el importantísimo Estatuto Santafesino de 1819, la primera constitución provincial, dada por aquel enorme prócer que fue el Brigadier General don Estanislao López.
Y, con alegría, puedo decir que por primera vez un texto de Leo llega a la web.



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EL ESTATUTO DE 1819.
PRIMERA CONSTITUCION SANTAFESINA Y PROVINCIAL ARGENTINA.
Correspondió a Santa Fe ser la primera Provincia que se diera una constitución republicana representativa en Argentina. Este fue uno de los primeros actos de Estanislao López después de ser consagrado gobernador por el pueblo santafesino.
López comprendió que la realidad social existente, la actividad comunitaria de loa Santafesinos, si bien debía ser respetada tal cual era, necesitaba una organización jurídica que asegurara a cada habitante sus derechos y garantías, como así también estableciera sus obligaciones dentro de la vida sociopolítica. Concibió también que era necesario precisar las obligaciones de la autoridad y evitar la discrecionalidad y arbitrariedad en los actos de gobierno.
Esa compresión de la realidad política fue decisiva para impulsarlo a redactar su Estatuto Constitucional de 1819, que fuera aprobado por el Cabildo el 26 de Agosto de ese año. Este estatuto vino a ser la primera constitución Provincial argentina, que a parte de establecer el sistema republicano representativo de Gobierno, procuraba la consolidación autonómica e institucional de la provincia como etapa previa a la futura organización nacional, a la vez que era un ejemplo para las demás provincias. Debemos agregar, que no fue solamente la primera constitución republicana representativa provincial, si no que fue la primer carta constitucional Argentina que proclamaba y establecía el sistema republicano democrático en la corta edad jurídica del país, ya que su contemporánea Constitución Nacional de 1819 que no llego a entrar en vigencia, era pro monárquica y aristocatrizante -se estaba esperando la llegada del flamante monarca europeo para el Rió de La Plata -para que en su texto flexible se desplazara al director del Estado por la institución de la monarquía.
Leoncio Gianello  sostiene que el estatuto de 1819”…es la primera y vigorosa definición de federalismo argentino concretada en norma de organización…” y agrega: “era en la practica la mas decidida contribución a la forma de gobierno representativa, republicana, federal. Frente a los enunciados federales de Artigas, del Cabildo de Tucumán de 1813, o de Mariano Vera en 1817, la constitución de López contiene afirmaciones, como lo destaca Busaniche”. En efecto José Luis Busaniche destaca que frente a los meros anunciados antes señalado “…la constitución de 1819 contiene afirmaciones: … la afirmación de formar un estado republicano dentro de la ley y fijar sistemas a la posterioridad”. En ese mismo párrafo, Busaniche pone de relieve la valentía autentica y vivenciada del republicanismo de López, que se destaca, ante Buenos Aires que anduvo mendigando por las cortes europeas un monarca para el Rió de La Plata hasta 1819; y en un sintético sincronismo mundial, nos dice: “…Hay que considerar que era la primera provincia que se daba una Constitución republicana; que no había en el mundo otra Republica que los Estados Unidos de América y que estaba tan arraigada las sumisión del al absolutismo y la inclinación a las pompas exteriores del mando, que solo en 18154 se termino en Buenos Aires con la costumbre de quemar incienso ante la persona del Director Supremo”
El estatuto fue un documento que expresaba el pensamiento de López,-obviamente- con la colaboración y asesoramiento de los mejores hombres letrados de aquella Santa Fe. Leoncio Gianello nos dice “Para algunos el autor de Estatuto de 1819 es el Dr. José de Amenabar… Lo más probable es que el Estatuto fuera redactado por uno de los hombres del consejo de López, y que el gobernador hiciera valer su pensamiento e introdujera en el proyecto modificaciones.
Haremos una digresión, y aclaración a la vez sobre las concesiones de organización jurídico-constitucional del Estado que se daba a partir del siglo XVIII; ubicándonos en un espectro amplio y general, se distinguían dos concepciones, una mas predominante que la otra. A la primera la denominaremos “racionalista” y a la segunda “historicista”. Hasta bien entrado el siglo XIX podemos decir que predomino la “racionalista”, que se caracterizo por crear una estructura estatal sin tener en cuente la realidad socio-político-cultural existente. La forma y la esencia política era elucubrada apriorísticamente, se trataba pues de estructurar una comunidad política atreves del formulismos legales o como también se ah dicho, “de manera logicidad”, sin ningún nexo con la realidad local existente, es decir que os encontramos con categorías sin contenido.
LA SECCION CUARTA, “Del gobierno”, esta dividida en tres capítulos:
1-Quien lo ejerce, duración, etc.
2-Forma de su elección.
3-Sus facultades.
Esta SECCION CUARTA que se refiere al Poder Ejecutivo, establece con claridad la esencia republicana representativa y democrática de la institución: “El gobierno de la Provincia será ejercido por aquel ciudadano que sea elevado al mando por el voto de aquella” (es decir por los ciudadanos de la Provincia);y cuando habla de su elección, art. 19,vuelve a poner de relieve el derecho político fundamental y natural del ciudadano al expresar: “siendo uno de los actos mas esenciales de la libertad del hombre el nombramiento de su caudillo (léase gobernador)… elegirán personalmente al que deba emplearse en el gobierno”.
El LA SECCION QUINTA “del cabildo”, se mantiene esa tradicional y antigua constitución hispano-americana, una de cuyas funciones principales, que le otorga el reglamento, es la de reemplazar al gobernador en caso de ausencia (art. 32 y 33)
El LA SEXTA, “de la administración de justicia” también se mantiene aquí el uso institucional típico del periodo hispánico, el de que la apelación de la primera instancia judicial se hace ante el gobernador (art. 38). Lo cual manifiesta en este aspecto la falta de administrador. Ante series criticas que le hacen tratadistas de derecho publico del siglo XX al Estatuto por otorgar al gobernador funciones judiciales, señalemos que, hasta la primera junta de 1810,que se había preocupado por la división de los poderes como norma, no la cumplía, porque la realidad histórico-institucional exigía aplicar lo usual hasta el momento, así fue que esa Primera Junta tuvo que adoptar-como poder administrador o político-graves medidas de carácter judicial; tales como decretos de confinación, sentencias de muerte, como en el caso de sublimados en Córdoba en la contrarrevolución, etc. Es que el principio de la separación de los poderes, en especial el judicial, no fue de fácil imposición ya que la tradición judicial tricentenaria hispanoamericana facultaba al gobernador-poder administrador- a actuar como tribunal de alzada, y esta es una de las varias situaciones institucionales existentes al tiempo de la emancipación cuya vigencia no podía fenecer hasta que una nueva legislación establéese el cambio. Sin embargo la historia es dinámica y los actos culturales humanos son perfectibles; así nos encontramos que en febrero de 1826 La Junta de Representantes de La Provincia de Santa Fe quita al gobernador su facultad de entender en grado de apelación al crear el respectivo Tribunal Judicial de Alzada.
“De la junta de hacienda”, trata La SECCION SEPTIMA. En ella vuelve a relucir la concepción republicana al establecer que la junta…Exigirá al Ministerio de ramo, cada trimestre, un estado especifico de los ingresos e inversiones” (art. 44); y el art. 45 no deja lugar a dudas sobre la obligación republicana de informar al publico, al establecer que La Junta de Hacienda “…presentara al publico los Estados que obtenga del Ministerio, por medio de copias fijadas en lugares donde puedan ser observada por los ciudadanos, parta acreditar el orden e integridad con que se administrar los intereses del Estado”
Si bien, como hemos visto, se mantienen algunas instituciones hispanoamericana muy arraigadas que no concilian con las nuevas ideas de del siglo XVIII ni con concepciones de derecho de comienzos del siglo XIX, hay sin embargo un marcado progreso y actualización político-jurídica en la sección Octava, titulada “seguridad individual”, donde el estatuto legisla once artículos dedicados a las garantías individuales (art. 46 y 56); y a ello hay que sumarle el art. 35 de La Sección Sexta que establece la abolición definitiva de la tortura.
La SECCION NOVENA contiene disposiciones de carácter general.
La constitución de López de 1819, es sabia y adecuada para su época, ya que es tácticamente, una constitución que responde al tipo de lo que el derecho constitucional llama “flexible” a diferencia de las llamadas “rígidas”, de las que solo pueden ser modificadas mediante un procedimiento y órgano reformador distinto a los órganos legislativos comunes y ordinarios, tal el caso de nuestra Constitución de 1853 que solo podía ser reformada por una convicción convocada al efecto.
Esa “flexibilidad” de La Constitución de 1819, permitió atreves de leyes especiales, llamémosle si se quiere “modificatorias constitucionales”, modificar, suprimir o agregar normas al Reglamento según las exigencias y necesidades de la realidad socio históricas del momento de manera pragmática y con prontitud.
Así ocurrió, por ejemplo, como se señalo, al quitarle al poder administrador la facultad judicial de apelación y concederla a un tribunal judicial de alzada. La Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica es un ejemplo de constitución “flexible” ya que permite modificarla atreves de “enmiendas” por el Congreso Legislativo ordinario.
Admitimos que el estatuto de 1819 no fue una expresión relevante de técnica Jurídica de derecho publico. Juristas del siglo XX lo criticaron llamándolo “tosco engendro” o “cuerpo de doctrina bárbara” (El Dr. Juan P. Ramos), “original concepción del señor López” (irónicamente, González Calderón). Estos constitucionalistas no tuvieron en cuenta que la historia se da en las coordenadas de tiempo y espacio, y que por lo tanto no se puede juzgar una concepción cultural de comienzos del siglo XIX con parámetros culturales vigentes un siglo después. La historia es dinámica.
“No podría comparecerse-nos dice A.J. Pérez Amuschástegui-las concepciones científicas de Newton y Einstein, o las políticas de Pericles y el presidente Kennedy; son distintas, porque cada una ah vivido en su tiempo histórico, y la llamada “herencia cultural” es hija de ese patrimonio cambiante y enriquecido que nunca se da por satisfecho y siempre es susceptible de modificarse, adecuarse, transformarse en función de nuevos intereses, de nuevas circunstancias, de nuevas creaciones”
Como hemos visto para ciertos juristas y corrientes historiográficas, el Estatuto de López no tenia la metodología ni el cientificismo de las constituciones nacionales de 1819 y 1826, consideradas mitológicamente perfectas, las que a pesar de su perfección técnica, fracasaron rotundamente y fueron rechazadas por toda la provincias. En cambio, la de Estanislao López- como señala Faustino J. Legón- tan poco metodológicamente y científica puede redargüir a sus críticos parodiando a Solón “…no he pensado dar la mejor constitución posible, si no la mas adecuada a mi pueblo”
También el Gral. Tomas Guido en carta de lo. De febrero de 1833: “Yo estoy firmemente convencido de que los males que afligen a los nuevos estados americano no dependen tanto de sus habitantes como de las constituciones que lo rigen. Si los que se llaman legisladores en América hubieran tenido presente que a los pueblos no se le deben carácter, la situación de nuestro país seria diferente.
El politicólogo Faustino J Legón, al estudiar el Estatuto nos dice: “Mas, como todo programa constitucional tiene alguna virtualidad educativa (El primer valor de una constitución es corporizar propósitos) no es difícil admitir que el documento de 1819 importo un progreso”, juicio valorativo que Legón extrae del historiador rosarino Juan Álvarez.
El estatuto santafesino de 1819 fue una manifestación de historicismo jurídico, que no dejo por ello de lado ciertos principios nuevos del siglo XVIII, pero adaptados a nuestra realidad. Este Estatuto Provisorio de 1819 tubo vigencia hasta el año 1841, fecha en la que la Junta de Representantes de la Provincia sancionó una nueva constitución para la provincia.


Leo W. Hillar Puxeddu
"De los orígenes toponímicos de símbolos e instituciones en la historia de Santa Fe"
Ediciones de la Cortada
Santa Fe, 2003