RECOMENDANOS con un click: Derecho Constitucional - Domingo Rondina - Dando cátedra: julio 2013

Acerca del Constitucionalista

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Santa Fe, Santa Fe, Argentina
Abogado con veleidades de constitucionalista y literato. Aprendiz de mucho, oficial de nada. Librepensador me educó mi padre... Mi CV aquí http://www.domingorondina.com.ar/1999/10/cv.html

Constitucionalismo comunista

Benito Marianetti, constitucionalista


Martín Molinas, marianettista


 

El comunismo argentino tuvo un constitucionalista. Parece extraño, casi como una contradicto in adiecto, que quienes iban por la eliminación del Estado conocido estudiasen sus instituciones.
Pero Benito Marianetti estaba en eso. Quería encontrar los secretos que la burguesía había condensado en sus estatutos constitucionales.
Era un mendocino que ocupaba una pequeña parte de su tiempo en la abogacía y en el estudio del derecho constitucional, y la mayor parte de su tiempo lo destinaba al activismo y la militancia comunista.
Fue compañero de lucha de mi abuelo Martín Molinas en la lejana Mendoza, donde junto a las acequias prosperaban ideas radicales.
Hoy compartimos, por primera vez en internet, uno de sus interesantes textos, cuando se cumplían cien años de la sanción de la Constitución Nacional de 1853.


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Reflexiones en oportunidad del centenario de la constitución de 1853.
Un gran intento en procura del desarrollo burgués- progresista del país.
MIRANDO HACIA EL FUTURO
El proceso de elaboración teórica de nuestra organización institucional había adquirido un poderoso impulso con la generación de 1837. Ello es visible especialmente a través de la obra de Esteban Echeverría. Este proceso no fue interrumpido. Dentro y fuera del país la tarea continuo y el hecho es que, inmediatamente después de la caída de Rosas, Juan Baustita Alberdi estuvo en condiciones- por medio de sus “bases” – de contribuir, con su valioso aporte, a su consolidación.
Este proceso alcanzo su punto culminante en la quinta década de la primera mitad del siglo pasado, precisamente en la misma época en que Marx y Engels maduraban su histórico “manifiesto”.
Los fundadores del Socialismo Científico escribían teniendo en cuenta primer termino, los países capitalistas mas desarrollados, como Inglaterra. Trabajan merituando las características sociales y económicas de esos países y itinerarios y la historia de un capitalismo que ya estaba cumpliendo una etapa muy importante de su desarrollo. Frente a un mundo condenado a la liquidación, echaban la base de otro nuevo, cuyo nacimiento y realización tenemos el privilegio de haber presenciado.
Alberdi y otros hombres de la Organización Nacional trabajaban en otras circunstancias, en otras condiciones, en otro escenario y con otros objetivos.
Marx y Engels trabajaban con otras expresiones representativas de la moderna clase revolucionaria: la clase obrera.
Los que redactaron la Constitución de 1853 y los que dieron los materiales para esa redacción, eran los representantes esclarecidos de una burguesía naciente que aun no había jugado su papel en estas tierras. Pero por la situación especial del país, mas que considerar una burguesía, trataron de preparar las condiciones para un desarrollo ulterior y creciente de la misma. Miraron mas hacia el futuro que hacia el presente.
EL PAPEL PROGRESISTA DESEMPEÑADO POR LA BURGUESIA
Marx y Engels habían destacado en el “manifiesto” el papel de aquella “La burguesía, habían firmado, ha desempeñado en el transcurso de la historia, un papel verdaderamente revolucionario”. Ella… “había producido maravillas mucho mayores que las pirámides de Egipto, los acueductos romanos y las catedrales góticas”, habiendo dado cima “a empresas mucho mas grandiosa que las emigraciones de los pueblos y las cruzadas”.
Y remataban su aguda observación, diciendo: “En el siglo corto que sirve de existencia como clase soberana, la burguesía ha creado energía productivas mucho mas grandiosas y colosales que todas las demás generaciones juntas”.
Sin embargo, las condiciones sociales burguesas según el “manifiesto”, resultaban ya demasiado estrechas para abarcar las riquezas por ellas engendradas. “Las armas con que la burguesía derribo al feudalismo, se volvían ya contra ella”.
Pero la constitución de 1853 no era el “Manifiesto comunista”. En todo caso era el manifiesto o el programa para el desarrollo burgués de nuestro país. Y en la medidas que ella trataba de impulsar el desarrollo burgués de nuestra economía y de nuestra sociedad, importaba un intento de vastos alcances progresistas. El drama de Europa, a mediados del siglo pasado, era ya la “superproducción”, capitalista, el exceso de capitalismo, la contradicción entre la producción capitalista y las formas de apropiación de esa producción. El drama Argentino era la carencia de un desarrollo capitalista. En Europa se había desarrollado la burguesía y, por consiguiente, el proletariado. Entre nosotros no había nada de esto.
Los hombres del 53, con Alberdi en primera fila, tenían perfecta conciencia del papel progresista y civilizador que, en ese tiempo, podía representar el capitalismo en América.
Cuando Juan B. Alberdi hace su elogio, acaso desmesurado ,de la personalidad de Wheelwrigth, representante típico del capitalismo en su época de ascenso.
En el trabajo que ha dedicado a aquel, dice Alberdi: “Pero la verdadera, la fecunda revolución, la mas digna de recuerdo, como escuela de gobierno, consiste, no en la sustitución de un gobierno extranjero incapaz por otro gobierno igualmente incapaz, aunque americano; si no en la sustitución de un estado económico de cosas que la tenia sumida en el atraso y la pobreza, por un régimen de la vida caracterizada por el trafico libre de todo el mundo civilizado, el cual ah debido en poco tiempo mayor numero de población, de capitales, de industria, comercio, luces y bienestar la América antes Española que a sus tres siglos de gobierno colonial”. (Alberdi: “William Wheelwrigth”. Garnier Hnos. Paris, 1876).
En 1853 se quería precisamente alcanzar esos objetivos burgueses progresistas: por encima del comercio relativo y del capital usuario que existía en Buenos Aires y en ciertas ciudades del interior; por encima del desierto. La distancia, la despoblación, y el atraso en todo sentido, se quería desarrollar la industria, aumentar considerablemente la población, extender el mercado interno y alcanzar los beneficios del mercado mundial, logrando la amplia y libre circulación de las mercancías, de los hambres y de las ideas.
LOS OBJETIVOS PERSEGUIDOS DURANTE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA Y LOS QUE SE PERSEGIAN DESPUES DE CASEROS.
Por eso Alberdi sostenía en las “Bases” que durante la guerra de la independencia los estatutos y las constituciones solo contemplaban el problema de la libertad y de la emancipación  o soberanía nacional. El objetivo constitucional se reducía a estas cuestiones. La riqueza. El progreso material, el comercio, la población, la industria, en fin todos los intereses económicos, eran cuestiones accesorias.
Haciendo la reseña del Derecho Constitucional vigente en la América de su tiempo, es decir, en la América que habla Española y Portuguesa, llevaba a la conclusión de que el mismo se encontraba en oposición con los intereses de su progreso material e industrial, del que dependía todo su porvenir” (J. B. Alberdi: “bases”, edic. Cruz. Buenos Aires, Págs. 11 y 43). Para que los grandes principios proclamados en las guerras de la independencia tuvieran actualidad y valides era necesario que dejaran de ser palabras o frases para convertirse en realidades tangibles: el desarrollo burgués progresista y la posibilidad de este desarrollo.
EL CARÁCTER DE LAS REVOLUCIONES EMAMCIPADORAS Y SU OBJETIVOS.
Alberdi partía de la idea justa de que las revoluciones en Sudamérica consistieron “en movimiento de progreso y de civilización, y ningún abuso, ningún error sobrevenido en su marcha ulterior, será capas de quitarle ese origen y ese carácter”. (Alberdi: “Obras Completas” edic. a cargo de Joaquín V. González, tomo XIII, Pág.38 y siguientes).
Estas revoluciones emancipadoras, como tales y como movimientos progresistas, tenían un carácter irrevocable y como expresión de una civilización, solo podían serlo de la única conocida en su tiempo: la europea.
Su precedente inmediato era la Revolución Francesa, al menos en la conquistas de carácter político.
Muchas veces se ah criticado a Alberdi y a la Constitución de 1853.acusándolos de europeizantes, olvidándose de que lo “europeo” era el progreso técnico y científico y el proceso jurídico e institucional. Nunca ignoraron que, en otros aspectos, que en Europa había mas atrasos que entre nosotros. Tomaron del mundo de su tiempo lo más avanzado y trataron de aplicarlo a las necesidades del país. La generación de 37, a  la que no eran ajenos, pretendió hacer lo mismo. Pero en 1837 las condiciones no habían madurado. En cambio habían madurado bastante en vísperas de Caseros. En 1837 Urquiza, por ejemplo, quizás se conformara con seguir actuando en una economía atrasada como la Representada por Rosas. En 1850, el mismo Urquiza entraba, por el camino de sus intereses, en un clima distinto: el clima de la burguesía. Su residencia en Entre Ríos, que aun permanece en pie, si no existieran otros elementos de valoración y de apreciación, daría la cabal idea de la transformación, en sentido burgués progresista, que se había operado en el. La cabeza de vaca había sido remplazada por el cómodo sofá.
En Sud América, como en Europa, la revolución tenia en cuenta los siguientes objetivos: la libertad civil, política, religiosa y comercial del hombre, la independencia nacional, la democracia política, la igualdad ante la ley, la integridad y conservación del territorio nacional, el libre trato con todas las naciones: el bienestar, el progreso y la civilización, la riqueza, el aumento de la población, el derecho a progreso o el principio de reforma pacifica garantizado por la constitución; garantías publicas y privadas para alcanzar todos estos objetivos (Alberdi, op. Citada, pág. 39). Los medios para alcanzarlos eran los siguientes: un nuevo gobierno y un nuevo régimen. Había que destruir el gobierno español y darse un gobierno nacional. Durante la Colonia no sólo estábamos aislados de la propia España y del resto de América, sino que estábamos aislados también -  y en manera especial – de la Europa. Se trataba de terminar con este estado de cosas. De ahí que la lucha por la emancipación americana no podía quedar desvinculada de la lucha general de la Humanidad, por el progreso y la civilización. La constitución de 1853, en tal sentido, es un instrumento de unidad y acercamiento, desde su Preámbulo hasta los artículos referentes a los derechos y las garantías. Por otra parte, había que reconocer, en los movimientos progresistas de Europa, una influencia decisiva sobre los acontecimientos emancipadores americanos. La marcha de nuestro progreso y de nuestra civilización, desde otro punto de vista, sólo sería posible dentro de las líneas generales y perspectivas de la marcha de la civilización y del progreso europeos.
La Constitución de 1853, en lo que se liga al pensamiento alberdiano, ha concentrado los objetivos precisos de esa concepción progresiva y civilizadora de tipo burgués.
LA GRANESPERANZA ALBERDIANA
Tanta fé tenía Alberti en la acción progresista del capitalismo en el país, que calificaba de “socialistas inconscientes”, que hacían la sociedad “ sin saberlo” a los empresarios de transporte. Esta gente sólo perseguía fines de lucro, pero – sin darse cuenta de ello – hacían lo otro. Esta apreciación realista venían a coincidir, en planos diferentes, con la afirmaron de Marx y Engels, asentada en el “Manifiesto” , en el sentido de que la época de la burguesía se distingue de todas las anteriores, por el constante y agitado desplazamiento de la producción, por la conmoción ininterrumpida de todas las relaciones sociales, por una inquietud y una dinámica incesantes.
“La burguesía, afirmaban, con el rápido perfeccionamiento de todos los medios de producción, con las facilidades increíbles de su red de comunicaciones, lleva la civilización hasta las naciones más salvajes” … “Obliga a todas las naciones a abrazar el régimen de producción de la burguesía o parecer ; las obliga a implantar en su propio seno la llamada civilización; es decir, a hacerse burguesas. Crea un mundo a su imagen y semejanza” .
Es claro que Alberdi veía las cosas de una manera y Marx y Engels de otra y que miraban distintos objetivos, con distintas perspectivas.
LA CONCILIACION
La Constitución de 1853 es una constitución de tipo burgués-progresista. Pero sería un error no comprender que ella, en el fondo, importa una conciliación de hecho no sólo con los estamentos semi-feudales-latifundistas sino que, por esto mismo y también una conciliación con el imperialismo extranjero, que en aquellas circunstancias, no podía ser eludida. Siempre se ha hablado de la conciliación lograda para los federales y los unitarios. Esta es una verdad aparente, porque –desde el punto de vista de los intereses económicos- está demostrado hasta la evidencia que no había distingos profundos entre federales y unitarios, ya que en uno y otro bando había grandes terratenientes y ganaderos o grandes comerciantes y usureros. Pero la verdad es que la burguesía progresista no ha gobernado al país. El gobierno de la economía y de la política estado en manos de la oligarquía al servicio del imperialismo. La Constitución del 53, de la misma manera que la Revolución de Mayo, todavía constituye –en muchos aspectos- un programa a realizar.
Alberdi y los hombres del 53, que se jactaron de ser realistas y de “pactar con los hechos”; que definieron muy bien lo que debe ser una Constitución, manifestando que ella debe responder a las necesidades reales de un país en un momento dado, se sometieron más a los principios teóricos progresistas de su tiempo que a la realidad nacional. Con todo, su empeño y su obra, por tener un sentido progresista, han adquirido categoría histórica.
Una constitución de tipo burgués progresista no puede tener vivencia en un país cuya estructura económica es semi feudal, latifundista y sometida al imperialismo extranjero. Al final, la estructura es la que manda y la que decide. En el país, en este sentido, hemos tenido una Constitución de tipo burgués progresista sin una estructura económica que fuera su justificación.
Cuando Urquiza, después de la victoria de Caseros, hace su entrada triunfal en Buenos Aires, cubierto con galera y con un poncho sobre sus espaldas, nos está dando el símbolo de lo que sería la Organización: galera y poncho, es decir, la teoría burguesa progresista tratando de conciliar con el poncho latifundista oligárquico.   
LA CONSTITUCION DE 1949
La Constitución de 1949 tampoco ha resuelto el problema. Ella, en el fondo, es una copia de la que se sancionó en 1853; una copia empequeñecida, cercenada y deformada en sus aspectos progresistas, que han sido reemplazados por parrafadas declamatorias. Si a la Constitución de 1853 la agregáremos ciertas garantías que no se cumplen y le agregáremos la negación de la división de los poderes, de la autonomía provincial; la supresión de las aduanas interiores, y le añadiéramos algunas afirmaciones vagas, de tipo demagógico, tendríamos la Constitución de 1949.
El drama de ambas es que, en 1853 como en 1949, el latifundio y la estructura oligárquica pro-imperialista siguen dominando al país. En cambio, en otras partes, donde se ha hecho la reforma agraria y se ha roto definitivamente con toda clase de dependencia respecto del imperialismo, las constituciones no son programas a cumplir sino programas ya realizados. Ellas expresan, además, la existencia verídica de una nueva realidad democrática y popular.
Las constituciones burguesas de tipo progresista sólo han cumplido su misión superándose por el cambio del contenido del poder (democracias populares), es decir, con la unidad nacional contra la oligarquía y el imperialismo, por la reforma agraria y la nacionalización, realizada por los trabajadores y el pueblo des de los resortes del poder político.
Ellas, en cambio, no han cumplido su misión, ni siquiera cuando han inscripto entre sus disposiciones esos principios de la reforma agraria y la nacionalización (Italia y Francia) cuando el poder político ha estado en manos de la oligarquía interna y de sus sirvientes reformistas de derecha, todos ellos al servicio del imperialismo extranjero.
En nuestro país queda reservada a esta política de unidad nacional antioligárquica y antiimperialista y por la paz, la tarea de superar la Constitución de 1853.
LATIFUNDIO, OLIGARQUIA Y DESARROLLO CAPITALISTA
Las esperanzas que Alberdi y los hombres del 53 cifraban en el advenimiento del capitalismo progresista, eran fundadas, pero ellos no tenían en cuenta la estructura semi-feudal del país, la enorme extensión de las propiedades, es decir, el latifundio y la clase que encarnaba esta situación, serían una traba insuperable para un verdadero desarrollo capitalista. Todas las afirmaciones que Alberdi hacía respecto de las condiciones progresistas del capitalismo, en consecuencia, eran justas, pero a condición de que el país no hubiese tenido la estructura que tenía.
“GOBERNAR ES POBLAR”
Su conocido lema: “en América gobernar es poblar” significaba, como lo explicó en sus “Bases” que poblar era, en ciertas condiciones, educar, mejorar, civilizar, enriquecer espontánea y rápidamente como “había sucedido en los Estados Unidos”. Pero en los Estados  Unidos el proceso había sido distinto. El impulso inicial lo habían dado los representantes de ese capitalismo progresista. En los Estados Unidos se comenzó con el maquinismo. Entre nosotros se comenzó con las vacas y aún estamos atados a las condiciones económicas creadas por el latifundio y la ganadería en manos de la oligarquía.
Poblar, para Alberdi y para la Constitución de 1853, significaba incorporar al país poblaciones europeas civilizadas, educadas en la     libertad y en la industria. Pero no se puede atraer a ninguna población extranjera, en gran escala, con un sistema de la tierra de tipo semi-feudal. Sólo el acceso cómodo o libre a la tierra podía atraer a esa población y como no puede existir un desarrollo efectivo de la industria si se mantiene el latifundio, “poblar” se convertiría en una aspiración, como lo sigue siendo hasta ahora.
Para el autor de las “Bases”, el secreto de poblar residía en el arte de distribuir la población. Pero la verdad es que no se podía distribuir la población en aquel entonces, ni se la puede distribuir hoy, porque la tierra se encuentra en manos de los latifundistas y porque la industria , por tal motivo, sólo puede ser industria liviana.
Alberdi quería llevar a fondo la lucha contra el desierto. Pero el desierto argentino no era ni es una inmensa extensión arenosa: es el latifundio. Con proclamar la necesidad de atraer la población para cubrir el desierto, no se resolvía el problema. Este se encontraba planteado al revés: había y hay que destruir la estructura latifundista para que la inmigración sea posible.
Tenía razón cuando, confiado en el avance victorioso de la ciencia y la técnica escribía estas proféticas palabras: “Colaborador de la Provincia, el genio creador del hombre hará el verano permanente en Rusia y hará el invierno inacatable en el Ecuador, porque el calor, el hielo, el gas, el agua, la electricidad, sometidos a su dominio, son hoy los esclavos del hombre, que le sirven para llevar su trono a todos los ámbitos de la tierra y ser en todas partes soberano de la creación (Alberdi: Prólogo a las “Bases”. París 1873 – edic. Cruz).
Pero el avance incontenible de la ciencia y de la técnica, para lograr finalidades civilizadores y progresistas, sólo sería y será posible con un cambio en la estructura económica del país y un cambio en el contenido del poder político. En la Rusia de los Zares no podían haberse  logrado jamás las extraordinarias realizaciones alcanzadas bajo el régimen soviético. Allí se han hecho el verano y el invierno, como predecía Alberdi, donde los hombres han querido. Allí se ha hecho descender la lluvia sobre el desierto y se han transformado los desiertos en jardines, pero ha sido necesaria, - para ello – una revolución que destruyera las trabas persistentes. Entre nosotros esas trabas aún permanecen en pie.
VACIAMIENTO Y ESCAMOTEO DEL CONTENIDO LEGAL DE LA LEY
Celebramos el centenario de la sanción de la Constitución de 1853 en circunstancias muy especiales y características en lo que se refiere a la vigencia y al respecto de la Ley.
La clase dominante jamás ha sido fiel a sus propias construcciones jurídicas, pero nunca había llegado al descaro actual.
En su “Dieciocho Brumario”, Marx ha demostrado que la burguesía sanciona determinados derechos para burlarlos al día siguiente. Esto es exacto y ha sido exacto –en manera especial- durante el último siglo. Pero, en la actualidad ha llegado a los limites más inauditos. La clase dominante no puede soportar su propia legalidad. “La legalidad nos mata”, exclamó hace tiempo un representante típico de la burguesía francesa, interpretando el sentido de su clase.
Hoy, en la época en que la crisis del capitalismo es general y más profunda, la legislación se dicta para legalizar la ilegalidad. Y esta ilegalidad de la legalidad burguesa se hace por dos caminos: o por la acción legislativa abierta y desenfrenada o por vía de “reglamentación” de los derechos y garantías.
Los Estados corporativos nazis o fascistas, como los de Mussolini, de Hitler, de Zalazar, de Franco, etc. Dictaron su propia legislación negatoria de todos los derechos reconocidos, hasta su advenimiento, por burguesía. En otras partes, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial , se ha producido y se procura mantener la máscara democrática y legal vaciándose, sin embargo, por medio de “reglamentaciones”, el contenido legal de los derechos y garantías proclamados por la burguesía desde el siglo XVII en adelante. La “democracia”  yanqui implanta el delito de opción y condena a los militantes comunistas en peor forma que si fueran asaltantes de caminos, al mismo tiempo que absuelve a los linchadotes de negros y asesinos de obreros; persigue brutalmente al movimiento sindical; justifica la discriminación racial; niega el derecho de inmigración y de emigración, hace una burla del derecho del sufragio, montando todo aparato nacional de distorsión de la verdad y convierte la “libertad de prensa”, en un asunto comercial en manos de un grupo de grandes intereses. Fabrica comida en lata y también política envasada. Los mismos monopolios que hacen sus negocios con salchichas en lata, los siguen haciendo en la Casa Blanca como presidentes, ministros,    senadores o diputados.
Y, en otras partes, como Italia, en Francia y otros países que se dieron constituciones “democráticas” después de la Segunda Guerra Mundial, con principios progresistas relativos a la tierra, a la soberanía nacional, al derecho político y gremial de los trabajadores, etc., conquistas jurídicas impuestas por el triunfo de los pueblos respetivos sobre el fascismo y el nazismo, las fuerzas coaligadas de la burguesía y de su adláteres y sirvientes, promueven reformas ilegales de las constituciones y de sus leyes sustanciales, para impedir el ascenso político y legal de las masas encabezadas por su partido, el Partido Comunista. En Francia y en Italia se reforman las leyes y las propias constituciones en materia electoral y en materia de derechos y garantías, para crear “el Estado fuerte”, al servicio de la clase dominante. Y ciertos países “comunistas”, como Yugoeslavia, sometidos a dictaduras criminales, también se reforma, por orden de los yanquis, la Constitución sancionada por el pueblo y que tenía –en origen- las características de las cartas sancionadas en la democracias populares. Ahora esa pobre constitución es una constitución hecha a la medida de los intereses yanquis y británicos.
Entre nosotros también, se ha recurrido al sistema de la “reglamentación” o de la legislación especial, manteniéndose la máscara de la legalidad constitucional. Hasta se ha sancionado una Constitución, en reemplazo de la 1853, que –en apariencia- la supera. Pero,  a su lado se han dictado una serie de leyes y de reglamentaciones, antes y después de su sanción, que desnaturalizan la existencia de todo orden legal o constitucional.
Hay que decir que durante la vigencia de la Constitución de 1853 se respetó, en genera, el contenido de la misma y la opción de Alberdi en materia de “reglamentaciones” y de excepciones. El autor de las “Bases”, había recomendado: “ La Constitución debe dar garantías de que sus leyes orgánicas no serán excepciones derogatorias de los grandes principios consagrados por ella, como se ha visto más de una vez. Es preciso que el derecho administrativo no sea un medio falaz de eliminar o de escamotear las libertades y garantías constitucionales. Por ejemplo “la empresa es libre”, dice la Constitución; pero puede venir la ley orgánica de la prensa y crear tantas trabas y limitaciones al ejercicio de la libertad, que la deje ilusoria y mentirosa. “Es libre el sufragio”, dice la Constitución; pero vendrá la ley orgánica electoral y a fuerza de requisitos y limitaciones excepcionales, convertirá en mentira la libertad de votar” (Alberdi: “Bases”, Edic. Cruz, pág. 93).
La oligarquía violó muchas veces la Constitución de 1853. transgredió muchas veces diques de contención de la misma, pero ella ha sido superada en los últimos diez años. No pretendemos, por supuesto, defender a la oligarquía ni mucho menos. Sólo queremos significar como se opera, entre nosotros, la marcha hacia la ilegalidad de la legalidad a través del período oligárquico y del que han impuesto los sectores reaccionarios del peronismo. Es un proceso que se complementa.
Pero esto no es todo. Ahora se trata de darle “legalidad” a todas estas arbitrariedades dispersas. En el Segundo Plan Quincenal se ha contemplado la necesidad de una reforma integral de toda nuestra legislación convirtiéndolo en un organismo de tipo corporativo “sindicalista”. No está de más, entonces, que cien años de distancia de la sanción de la Constitución de 1853, examinemos, aunque sea a vuelo de pájaro, el camino recorrido desde la legalidad implantada después de Caseros hasta la ilegalidad que se pretende implantar a través del Segundo Plan Quincenal.
LAS CONSTITUCIONES DE 1853 Y DE 1949 NEGADAS POR EL 2º PLAN QUINCENAL
Si el método de la comparación tiene todavía algún valor , estamos en condiciones de conocer los defectos y las virtudes de la Constitución de 1853, confrontándola, con ciertos objetivos y propósitos que, en materia institucional, se plantea en el Segundo Plan Quincenal.
Y la comparación no es arbitraria. La misma corresponde por cuanto dicho Plan tiene cuestiones económicas, limitadas en el tiempo, para reclamar el carácter permanente de un ordenamiento integral de la vida social argentina.
Este plan, que se propone simultáneamente, realizar el diagnóstico precoz del cáncer y alentar la producción de la remolacha azucarera, desalentar la producción de aceite integral, aumentar la producción del área sembrada de girasol en dos millones de hectáreas; aumentar en un diez por ciento la producción de “spaghettis”, construir cloacas en Gualeguaychú y hacerle pagar todo esto al pueblo, plantea también y con carácter de permanencia, que excede por supuesto los cinco años mencionados, la formación de la unidad del pueblo argentino sobre la base de la conciencia peronista convertida en doctrina nacional, organizar el estado corporativo “sindicalista”, llevar a cabo una política de discriminación racial e ideológica en materia de inmigración, incrementar la producción a costa de los obreros, y exprimirlos en homenaje al capitalismo, imponer la enseñanza religiosa, intervenir en la enseñanza particular con el mismo objeto, darle una moral nacional al país sobre la base del justicialismo , adaptar la cultura nacional e internacional a la concepción peronista de la vida, realizar algunas expropiaciones, sin atacar al latifundio, respetar a las empresas monopolistas extranjeras y facilitarle el acceso al país, suprimir la autonomía provincial y la de los municipios y reformar toda la legislación en vigencia.
Es, principalmente a estos aspectos de carácter político e institucional a los que queríamos referirnos, como ya se ha expresado, en confrontación con los preceptos de la Constitución de 1853.
Hay que decir que entre la Constitución de 1853 y el Segundo Plan Quincenal está la Constitución de 1949. Pero la verdad es que si bien esta Constitución de 1949, en ciertos aspectos declamativos parece más adelantada que la de 1853, en los hechos aumenta las facultades del Poder Ejecutivo, centraliza aún más el Poder en nuestro país, crea el estado de emergencia (o de guerra), que es la negación de toda verdad y vigencia constitucional, alienta y asienta la penetración del Gobierno Central en la vida de las provincias y permite el nacimiento, crecimiento y desarrollo de sus propios verdugos, tales como el Segundo Plan Quincenal.
EL PERIODO ANTERIOS AL PLAN
Entre la Constitución de 1853 y el Plan Quincenal mencionado existe, además, todo periodo de “reglamentación” de esas libertades, de sus derechos y las garantías establecidas en la Constitución, tanto la oligarquía como los sectores reaccionarios del peronismo, (estos, mucho más que aquella), han ido dictando una serie de leyes y de decretos que han reducido a la nada aquellas conquistas. La oligarquía por ejemplo, tiene en su haber la Ley 4144. El oficialismo, tiene en su haber el mantenimiento y aplicación despiadada y sin precedentes de esta ley monstruosa. Nunca se ha detenido y deportado del país tanta gente como bajo el régimen actual. La oligarquía se amparó creó la Sección Especial y la Policía Federal. Los sectores reaccionarios del peronismo han mantenido y ampliado estas instituciones, reforzando el aparato de espionaje y de provocación policial en el país.
La oligarquía se amparó, en algunas ocasiones, y contadas, en el estado se sitio. El régimen actual ha vivido más o menos en forma permanente bajo el estado de sitio y desde Septiembre de 1951, bajo el estado de emergencia o de guerra.
Para la oligarquía, los delitos contra la Nación, el sabotaje, etc., eran de carácter penal general y las disposiciones pertinentes se incluían en el Código Penal. Bajo el régimen actual, se han dictado leyes y decretos especiales sobre la materia, como el famoso Decreto Nacional número 536, que se viene aplicando sin intermitencias desde 1945 en adelante y por cuya aplicación, obreros, profesionales, intelectuales, mujeres, jóvenes, militares, etc. han sufrido y sufren detenciones interminables, sin la garantía de la excarcelación bajo fianza que se acuerda a los delincuentes comunes. Se ha dictado una ley nacional sobre portación de armas, que tiene un indudable carácter de persecución política. Se ha reformado varias veces el Código Penal, especialmente en materia de desacato a las autoridades, convirtiéndose en delito cualquier expresión que afecte a los funcionarios o a los órganos de la administración.
La prensa está controlada por un aparato de censura y no sólo nuestro Partido sino otras agrupaciones y entidades han sido y son impedidas de publicar sus diarios y revistas, viéndose en la obligación de hacerlo en forma más o menos clandestina y de manera limitada.
Se niegan pasaportes y certificados de buena conducta, sin darse explicaciones ni recursos legales. Se impide la salida del país a quienes están tildados de “rojos”. Se impide la entrada al mismo ciertos “inmigrantes peligrosos”, al mismo tiempo que se ampara a los fascistas, jerarcas mussolinianos y criminales de guerra de Italia y Alemania nazi. Se mantienen intervenidos o clausurados los locales del Partido Comunista y se saquean sus bienes mientras se devuelven a los nazis alemanes sus patrimonios intactos y bien cuidados.
La oligarquía, en la época del general Justo, dictó las leyes de unificación de impuestos internos y de impuestos a los réditos, dando con ello un golpe mortal a la autonomía provincial, al bloquearse su capacidad impositiva y económica. El régimen actual ha mantenido y ampliado estos avances.
La oligarquía permitió la escuela laica. Hombres surgidos en su seno, como Emilio Civit y otros, defendieron la Ley 1442. Varias constituciones, como la de Mendoza, recogieron el principio. El Segundo Plan Quincenal, de hecho y derecho, trata de obligar a todo el mundo a someterse a la “moral y a la religión cristianas”.
La oligarquía, especialmente en la época del general Justo, creó ciertas reparticiones o Juntas “reguladoras” de la producción económica. El régimen actual ha “regulado” y desorganizado todo lo que había en la esfera económica, de tal manera, por ejemplo, que las juntas reguladoras resultan un juguete al lado del IAPI. La oligarquía dictó una ley de Vinos, bastante incompleta, pero que es una obra de santos comparada con la actual “regulación vitivinícola”.
Nuestras universidades, en la época de la oligarquía, permitieron, en alguna medida, cierta independencia ideológica de los profesores. La “nueva universidad” ha colocado a la misma y a los profesores a la cola de una “doctrina” apresurada.
La justicia, en la época de la oligarquía, mal que mal, era respetada como un poder independiente. En la actualidad todo el Poder Judicial está en manos del Presidente de la República. Antes, más o menos, se respetaba el sistema democrático (burgués) , republicano y representativo. Ahora, especialmente, en lo que refiere a los territorios nacionales convertidos en provincias “sui generis”, ensaya un tipo de gobierno corporativo, la organización de los partidos políticos ha sido reglamentada en tal forma que su existencia depende de la política o de la voluntad del régimen. Antes, no sólo podían aparecer los diarios y periódicos de los partidos, sino que aún dentro de la misma clase dominante y en el conjunto social, podían aparecer diarios y revistas, libros y folletos, con relativa libertad, salvo excepciones contadas. El derecho de reunión era desconocido excepcional y había tribunales oligárquicos, que restablecían las garantías constitucionales. Ahora, ciertos jueces se someten a la policía y justifican las arbitrariedades que mismas cometen.
Nunca se han prohibido en nuestro país tantos actos públicos como en los últimos años. Nunca se ha dificultado e impedido la importancia de libros y de revistas y de correspondencia “peligrosa”.
Nunca se ha prohibido en nuestro país tantos actos públicos como en los últimos años. Nunca se ha dificultado e impedido la importación de libros y de revistas y de correspondencia “peligrosa”.
Nunca se ha controlado tanto la actividad interna y pública de los partidos y de las asociaciones. Sáenz Peña nos dio una ley electoral imperfecta, pero que daba representación a la minoría. Con fraude y todo, la oligarquía permitió as representaciones minoritarias. Ahora tenemos “senados únicos” y liquidación de las minorías.
DEFENSA DE LA LEGALIDAD Y DE LAS LIBERTADES Y GARANTIAS BURGUESAS.
En ocasión del histórico XIX Congreso del Partido Comunista (B) de la URSS, el camarada Stalin ha vuelto a llamar la atención sobre las necesidades de que los comunistas seamos, cada vez más, los abanderados de la defensa de las libertades democráticas que la burguesía se diera para sí y que ahora repudia. Esta lucha es inseparable de la lucha por la paz y por la independencia y soberanía de los pueblos.
En su intento criminal de estrangulamiento de las libertades democráticas que la burguesía se diera para sí y que ahora repudia. Esta lucha es inseparable de la lucha por la paz y por la independencia y soberanía de los pueblos.
En su interior criminal de estrangulamiento de las libertades democráticas, la burguesía reaccionaria se apoya a los fascistas, en los cavernarios de todo pelaje, en los dirigentes socialistas de derecha, agentes celosos de los intereses imperialistas. Los Attlee, los Guy Mollet, Los Saragat, los Spaak y los Ollenhauer cumplen las misiones más ignominiosas que les encargan sus patrones anglo-yanquis, con el propósito de reprimir las luchas de liberación nacional de los pueblos y dividir a la clase obrera (Ver: “Por una Paz duradera. Por una Democracia Popular”. 23 de enero 1953).
DEMOCRACIA BURGUESA Y DEMOCRACIA SOCIALISTA
Al cumplirse el primer centenario de la sanción de la Constitución de 1853, los comunistas argentinos debemos comprender en toda su profundidad las recomendaciones del camarada Stalin y tomar en nuestras manos, en el camino de la unidad y de la independencia nacional y de la paz, la bandera de las libertades democráticas. Para nosotros, la democracia burguesa no es la democracia a que aspiramos pero sería una estupidez renunciar a las libertades y garantías que la propia burguesía necesitó para su desarrollo y que ahora repudian si prestáramos que marchamos hacia la democracia socialista y en consecuencia, que no la necesitemos.
Los comunistas debemos enfrentar a la clase dominante con su propia “legalidad”. No podemos permitir, en ningún sentido ni en ningún momento, que estas libertades sean negadas o cercenadas. Por el contrario, debemos luchar para que sean mantenidas y ampliadas.
Los imperialistas yanquis y quienes se someten a sus objetivos, aquí como en otras partes, tratan de liquidar y reducir a la nada los aspectos progresistas de la legislación liberal que existiera en nuestro país, como en otras partes. Y siendo el contenido de esa Constitución derogada, de ese carácter, tenemos que reivindicarlo.
Al hacerlo así no nos aferramos al pasado ni lo defendemos. Luchamos por el presente y por el porvenir, retomando del pasado aquellos elementos o antecedentes que, siendo el resultado de luchas generales de carácter progresista, realizadas por los pueblos, constituyen –desde el punto de vista político- un verdadero jalón en la batalla por la libertad.
CAMBIOS SOCIALES Y PERSPECTIVAS
Desde 1853 hasta ahora, se ha producido algunas novedades. Se está llevando a cabo en nuestra realidad social, un cambio sustancial. La clase obrera que, en aquel entonces, no existía como tal, juega un papel preponderante en nuestra vida política social y económica. Nuestros campos señalan, en situación de inseguridad, pero de creciente descontento la presencia de densas masas campesinas. Nuestra burguesía nacional, en vastos sectores, ha entrado en conflicto de intereses con la oligarquía y el imperialismo. Una clase media muy numerosa, también tiene intereses que defender. La situación internacional y continental nos plantea nuevos problemas. El panorama mundial ha variado desde 1853 hasta ahora. La sexta parte del mundo se ha emancipado de la opresión capitalista, y construye el Socialismo Numerosos países, como China a la cabeza, marchan hacia el Socialismo por el camino de la Democracia Popular, mientras que las colonias llevan a cabo luchas memorables por su emancipación, al mismo tiempo que el capitalismo, en su fase imperialista, descubre la totalidad de sus lacras y su siniestra figura aparece tal cual es, en la etapa de su descomposición y derrumbe definitivos.
Los sectores reaccionarios nacionales, conscientes de este proceso, tratan, con la ayuda del imperialismo y de sus fieles lacayos del reformismo social, de mantener la hegemonía sobre la clase obrera y los campesinos que buscan el camino de las grandes transformaciones y de la revolución. Con el señuelo de supuestas o aparentes reformas, con el lenguaje altisonante de los grandes cambios y con la máscara de un sindicalismo vaciado de su verdadero contenido; por la vía estrecha de un economismo anquilosante tratan de impedir que estas masas abracen la causa del Socialismo. No lo conseguirán. Pero ello dependerá principalmente de nuestra acción. Y de esta acción dependerá también que el nuevo contenido social del proceso argentino engendre una nueva Constitución que nos coloque, en estos tiempos, a la altura de las necesidades reales de nuestro pueblo y a la altura de las grandes conquistas alcanzadas por el Socialismo y la Democracia Popular en el reto del Mundo.
No son únicamente los continentes asiáticos y africano, los que despiertan. América ha despertado también y se agita, conmoviendo los profundos cimientos oligárquicos e imperialistas. Por encima de la demagogia circunstancial, los pueblos de esta parte del mundo van forjando su unidad y su programa y, sobre todo, van aquilatando su verdadera fuerza. En el país argentino la clase obrera ha pasado a ocupar un lugar decisivo en el acontecimiento político. Reducida al economismo sin perspectiva y sometida aún, en gran parte, a la hegemonía de la burguesía que se ejerce a través de “conductores” verbalistas, comienza, sin embargo, a marchar por su propio camino, a través de la influencia comunista. Nuestra misión de tales, de acuerdo a las enseñanzas de Lenín y de la historia victoriosa de la clase obrera en los últimos cincuenta años, consiste en llevar a su seno la verdad revolucionaria del Socialismo. Su emancipación sólo será alcanzada sobre esta base. Lo estamos haciendo aquí, en el resto de América y del Mundo. Lo seguiremos haciendo.
Y alguna vez muy pronto, sin duda, cuando dictemos, en nuestro país la nueva Constitución, podremos decir que no es ella la que ha creado la nueva realidad social, gestada por la clase obrera y por le pueblo, la que ha creado los hechos que se registran en ella. Así habremos hablado como Marx en el proceso de Colonia, refiriéndose al Código Napoleón, o como Stalin, al definir el contenido y las características de la Constitución Soviética de 1936.


Mendoza 1953
Edición propia en los talleres gráficos D'Accurzio


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Texto completo de la
CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE SANTA FE




SANTA FE, 14 DE ABRIL DE 1962.

BOLETÍN OFICIAL, 18 de Abril de 1962


PREÁMBULO


Nos, los representantes del pueblo de la Provincia de Santa Fe, reunidos en Convención Constituyente con el objeto de organizar los poderes públicos y consolidar las instituciones democráticas y republicanas para asegurar los derechos fundamentales del hombre; mantener la paz interna; afianzar la justicia; estimular y dignificar el trabajo; proveer a la educación y la cultura; fomentar la cooperación y solidaridad sociales; promover el bienestar general; impulsar el desarrollo económico bajo el signo de la justicia social; afirmar la vigencia del federalismo y del régimen municipal; y garantir en todo el tiempo los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Provincia, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, sancionamos esta Constitución.


SECCIÓN PRIMERA


CAPITULO ÚNICO - Principios, Derechos, Garantías y Deberes


ARTICULO 1. La Provincia de Santa Fe, como miembro del Estado federal argentino, y con la población y el territorio que por derecho le corresponden, organiza sus instituciones fundamentales conforme a los principios democráticos, representativo y republicano, de la sumisión del Estado a las propias normas jurídicas en cualquier campo de su actividad y de los deberes de solidaridad recíproca de los miembros de la colectividad, de acuerdo con las condiciones y limitaciones emergentes de la Constitución Nacional.


ARTICULO 2. El pueblo, y los órganos del Estado que él elige y ejercen la potestad de gobierno, desempeñan sus funciones respectivas en las formas y con los límites que establecen esta Constitución y las leyes dictadas en su consecuencia. Ningún sector del pueblo, ni persona alguna, puede atribuirse legítimamente su ejercicio.


ARTICULO 3. La religión de la Provincia es la Católica, Apostólica y Romana, a la que le prestará su protección más decidida, sin perjuicio de la libertad religiosa que gozan sus habitantes.


ARTICULO 4. Las autoridades que ejercen el Gobierno Provincial residen en la ciudad de Santa Fe, Capital de la Provincia.


ARTICULO 5. El gobierno de la Provincia provee a los gastos públicos con los fondos provenientes de las contribuciones que establezca la ley; de las rentas producidas por sus bienes y servicios; de la enajenación de bienes de su pertenencia; de la propia actividad económica que realice; y de las operaciones de crédito que concierte.

Todos los habitantes de la Provincia están obligados a concurrir a los gastos públicos según su capacidad contributiva. El régimen tributario puede inspirarse en criterios de progresividad.


ARTICULO 6. Los habitantes de la Provincia, nacionales y extranjeros, gozan en su territorio de todos los derechos y garantías que les reconocen la Constitución Nacional y la presente, inclusive de aquellos no previstos en ambas y que nacen de los principios que las inspiran.


ARTICULO 7. El Estado reconoce a la persona humana su eminente dignidad y todos los órganos del poder público están obligados a respetarla y protegerla.

El individuo desenvuelve libremente su personalidad, ya en forma aislada, ya en forma asociada, en el ejercicio de los derechos inviolables que le competen.

La persona puede siempre defender sus derechos e intereses legítimos, de cualquier naturaleza, ante los poderes públicos, de acuerdo con las leyes respectivas.

Los derechos fundamentales de libertad y sus garantías reconocidos por esta Constitución son directamente operativos.


ARTICULO 8. Todos los habitantes de la Provincia son iguales ante la ley.

Incumbe al Estado remover los obstáculos de orden económico y social que, limitando de hecho la igualdad y la libertad de los individuos, impidan el libre desarrollo de la persona humana y la efectiva participación de todos en la vida política, económica y social de la comunidad.


ARTICULO 9. Ningún habitante de la Provincia puede ser privado de su libertad corporal, o sometido a alguna restricción de la misma, sino por disposición de autoridad competente y en los casos y condiciones previstos por la ley.

Toda persona que juzgue arbitraria la privación, restricción o amenaza de su libertad corporal, puede ocurrir ante cualquier juez letrado, por sí o por intermedio de cualquier otra que no necesita acreditar mandato, para que la haga comparecer ante su presencia y examine sumariamente la legalidad de aquéllas y , en su caso, disponga su inmediata cesación.

Ninguna detención puede prolongarse por más de veinticuatro horas sin darse aviso al juez competente y ponerse a su disposición al detenido, ni mantenerse una incomunicación por más de cuarenta y ocho horas, medida que cesa automáticamente al expirar dicho término, salvo prórroga por auto motivado del juez.

Queda proscripta toda forma de violencia física o moral sobre las personas sometidas a privación o restricción de su libertad corporal.

Nadie puede ser penado sino en virtud de un proceso y de una típica definición de una acción u omisión culpable previamente establecidos por la ley, ni sacado del juez constituido con anterioridad por ésta, ni privado del derecho de defensa.

No se puede reabrir procesos fenecidos, sin perjuicio de la revisión favorable de sentencias penales en los casos previstos por la ley procesal. Cuando prospere el recurso de revisión por verificarse la inocencia del condenado, la Provincia indemniza los daños que se le hubieren causado.

Las cárceles serán sanas y limpias y adecuadas para la readaptación social de los internados en ellas.

No se alojará a encausados juntamente con penados y los procesados o condenados menores de diez y ocho años y las mujeres lo serán en establecimientos especiales.

La ley propende a instituir el juicio oral y público en materia penal.


ARTICULO 10. El domicilio es inviolable. No se puede efectuar en él registros, inspecciones o secuestros sino en los casos y en las condiciones que fije la ley.

Son igualmente inviolables la libertad y el secreto de la correspondencia y de todo otro medio de comunicación y sus restricciones pueden realizarse sólo cuando la ley las autorice y con sus garantías.

Los habitantes de la Provincia pueden permanecer y circular libremente en su territorio.


ARTICULO 11. Todo individuo tiene derecho a expresar y difundir libremente su pensamiento mediante la palabra oral o escrita, o cualquier otro medio de divulgación. El cultivo de la ciencia y del arte es libre. Queda garantido el derecho de enseñar y aprender.

La prensa no puede ser sometida a autorizaciones o censuras, ni a medidas indirectas restrictivas de su libertad. Una ley especial asegura este derecho y define y reprime los abusos que por medio de ella pueden cometerse. En tanto esta ley no se dicte, los abusos que importen delitos comunes según el Código Penal son castigados conforme a éste, sin perjuicio de la obligación de resarcir los daños causados. No puede clausurarse las imprentas, ni secuestrarse sus elementos, como instrumentos del delito, mientras dure el proceso.

Las personas que se consideren afectadas por una publicación periodística tienen el derecho de réplica gratuita, en el lugar y con la extensión máxima de aquélla, con recurso, de trámite sumario en caso de negativa, ante la justicia ordinaria.


ARTICULO 12. Todos gozan del derecho a la libre profesión de su fe religiosa en forma individual o asociada, a hacer propaganda de ella y a ejercer el culto en público o privado, salvo que sea contrario al orden público o a las buenas costumbres. No se puede suprimir o limitar el ejercicio de un derecho en razón de profesarse determinada religión.


ARTICULO 13. Los habitantes de la Provincia pueden libremente reunirse en forma pacífica, aun en locales abiertos al público. Las reuniones en lugares públicos están sometidas al deber de preaviso a la autoridad, que puede prohibirlas sólo por motivos razonables de orden o interés público con anticipación no menor de cuarenta y ocho horas.

Pueden también asociarse libremente con fines lícitos.

Gozan igualmente del derecho de petición a las autoridades públicas, en defensa de intereses propios o generales.


ARTICULO 14. Todos tienen derecho a ejercer, según las propias posibilidades y la propia elección, una actividad o profesión que concurra al progreso material o espiritual de la sociedad, en las condiciones que establezca la ley.

Pueden, asimismo, tener acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad, según los requisitos que se determinen.

Ninguna prestación personal de servicios al Estado es exigible sino en virtud de la ley.


ARTICULO 15. La propiedad privada es inviolable y solamente puede ser limitada con el fin que cumpla una función social.

El Estado puede expropiar bienes, previa indemnización, por motivos de interés general calificado por ley.

La iniciativa económica de los individuos es libre. Sin embargo, no puede desarrollarse en pugna con la utilidad social o con mengua de la seguridad, libertad o dignidad humana. En este sentido, la ley puede limitarla, con medidas que encuadren en la potestad del gobierno local.

Ninguna prestación patrimonial puede ser impuesta sino conforme a la ley.


ARTICULO 16. El individuo tiene deberes hacia la comunidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades puede quedar sometido a las limitaciones, establecidas por la ley exclusivamente, necesarias para asegurar el respeto de los derechos y libertades ajenas y satisfacer las justas exigencias de la moral y el orden público y del bienestar general.


ARTICULO 17. Un recurso jurisdiccional de amparo, de trámite sumario, puede deducirse contra cualquier decisión, acto u omisión de una autoridad administrativa provincial, municipal o comunal, o de entidades o personas privadas en ejercicio de funciones públicas, que amenazare, restringiere o impidiere, de manera manifiestamente ilegítima, el ejercicio de un derecho de libertad directamente reconocido a las personas en la Constitución de la Nación o de la Provincia, siempre que no pudieren utilizarse los remedios ordinarios sin daño grave e irreparable y no existieren recursos específicos de análoga naturaleza acordados por leyes o reglamentos.


ARTICULO 18. En la esfera del derecho público la Provincia responde hacia terceros de los daños causados por actos ilícitos de sus funcionarios y empleados en el ejercicio de las actividades que les competen, sin perjuicio de la obligación de reembolso de éstos.

Tal responsabilidad se rige por las normas del derecho común, en cuanto fueren aplicables.


ARTICULO 19. La Provincia tutela la salud como derecho fundamental del individuo e interés de la colectividad. Con tal fin establece los derechos y deberes de la comunidad y del individuo en materia sanitaria y crea la organización técnica adecuada para la promoción, protección y reparación de la salud, en colaboración con la Nación, otras provincias y asociaciones privadas nacionales e internacionales.

Las actividades profesionales vinculadas a los fines enunciados cumplen una función social y están sometidas a la reglamentación de la ley para asegurarla.

Nadie puede ser obligado a un tratamiento sanitario determinado, salvo por disposición de la ley, que en ningún caso puede exceder los límites impuestos por el respeto a la persona humana.


ARTICULO 20. La Provincia, en la esfera de sus poderes, protege el trabajo en todas sus formas y aplicaciones y, en particular, asegura el goce de los derechos que la Constitución y las leyes nacionales reconocen al trabajador.

Reglamenta las condiciones en que el trabajo se realiza, incluso la jornada legal de trabajo, y otorga una especial protección a la mujer y al menor que trabajan.

Cuida la formación cultural y la capacitación de los trabajadores mediante institutos adecuados, tanto en las zonas urbanas como en las rurales.

Promueve y facilita la colaboración entre empresarios y trabajadores y la solución de sus conflictos colectivos por la vía de la conciliación obligatoria y del arbitraje.

Establece tribunales especializados para la decisión de los conflictos individuales del trabajo, con un procedimiento breve y expeditivo, en el cual la ley propende a introducir la oralidad.

La ley concede el beneficio de gratuidad a las actuaciones administrativas y judiciales de los trabajadores y de sus organizaciones.

La Provincia otorga igual remuneración por igual trabajo a sus servidores.


ARTICULO 21. El Estado crea las condiciones necesarias para procurar a sus habitantes un nivel de vida que asegure su bienestar y el de sus familias, especialmente por la alimentación, el vestido, la vivienda, los cuidados médicos y los servicios sociales necesarios.

Toda persona tiene derecho a la provisión de los medios adecuados a sus exigencias de vida si estuviese impedida de trabajar y careciese de los recursos indispensables. En su caso, tiene derecho a la readaptación o rehabilitación profesional.

El Estado instituye un sistema de seguridad social, que tiene carácter integral e irrenunciable. En especial, la ley propende al establecimiento del seguro social obligatorio; jubilaciones y pensiones móviles; defensa del bien de familia y compensación económica familiar, así como al de todo otro medio tendiente a igual finalidad.


ARTICULO 22. La Provincia promueve, estimula y protege el desarrollo y la difusión de la cultura en todas sus formas, tanto en sus aspectos universales como en los autóctonos, y la investigación en el campo científico y técnico. En particular, facilita a sus artistas, científicos y técnicos el desenvolvimiento de sus facultades creadoras y el conocimiento popular de sus producciones.


ARTICULO 23. La Provincia contribuye a la formación y defensa integral de la familia y al cumplimiento de las funciones que le son propias con medidas económicas o de cualquier otra índole encuadradas en la esfera de sus poderes.

Procura que el niño crezca bajo la responsabilidad y amparo del núcleo familiar.

Protege en lo material y moral la maternidad, la infancia, la juventud y la ancianidad, directamente o fomentando las instituciones privadas orientadas a tal fin.


ARTICULO 24. El Estado promueve y coopera en la formación y sostenimiento de entidades privadas que se propongan objetivos científicos, literarios, artísticos, deportivos, de asistencia, de perfección técnica o de solidaridad de intereses.


ARTICULO 25. El Estado provincial promueve el desarrollo e integración económicos de las diferentes zonas de su territorio, en correlación con la economía nacional, y a este fin orienta la iniciativa económica privada y la estimula mediante una adecuada política tributaria y crediticia y la construcción de vías de comunicación, canales, plantas generadoras de energía y demás obras públicas que sean necesarias.

Facilita, con igual propósito, la incorporación de capitales, equipos, materiales, asistencia tecnológica y asesoramiento administrativo y, en general, adopta cualquier medida que estime conveniente.


ARTICULO 26. La Provincia reconoce la función social de la cooperación en el campo económico, en sus diferentes modalidades.

La ley promueve y favorece el cooperativismo con los medios más idóneos y asegura, con oportuna fiscalización, su carácter y finalidades.


ARTICULO 27. La Provincia estimula y protege el ahorro popular en todas sus formas y lo orienta hacia la propiedad de la vivienda urbana y del predio para el trabajo rural e inversiones en actividades productivas dentro del territorio de la Provincia.


ARTICULO 28. La Provincia promueve la racional explotación de la tierra por la colonización de las de su propiedad y de los predios no explotados o cuya explotación no se realice conforme a la función social de la propiedad y adquiera por compra o expropiación.

Propende a la formación, desarrollo y estabilidad de la población rural por el estímulo y protección del trabajo del campo y de sus productos y el mejoramiento del nivel de vida de sus pobladores.

Facilita la formulación y ejecución de planes de transformación agraria para convertir a arrendatarios y aparceros en propietarios y radicar a los productores que carezcan de la posibilidad de lograr por sí mismos el acceso a la propiedad de la tierra.

Favorece mediante el asesoramiento y la provisión de los elementos necesarios el adelanto tecnológico de la actividad agropecuaria a fin de obtener una racional explotación del suelo y el incremento y diversificación de la producción.

Estimula la industrialización y comercialización de sus productos por organismos cooperativos radicados en las zonas de producción que faciliten su acceso directo a los mercados de consumo, tanto internos como externos, y mediante una adecuada política de promoción, crediticia y tributaria, que aliente la actividad privada realizada con sentido de solidaridad social.

Promueve la creación de entes cooperativos que, conjuntamente con otros organismos, al realizar el proceso industrial y comercial, defiendan el valor de la producción del agro de la disparidad de los precios agropecuarios y de los no agropecuarios.

Protege el suelo de la degradación y erosión, conserva y restaura la capacidad productiva de las tierras y estimula el perfeccionamiento de las bases técnicas de su laboreo.

Resguarda la flora y la fauna autóctonas y proyecta, ejecuta y fiscaliza planes orgánicos y racionales de forestación y reforestación.


SECCION SEGUNDA


CAPITULO UNICO - Régimen Electoral


ARTICULO 29. Son electores todos los ciudadanos, hombres y mujeres, que hayan alcanzado la edad de diez y ocho años y se hallen inscriptos en el Registro Cívico Provincial.

 No pueden serlo los que por su condición, situación o enfermedad están impedidos de expresar libremente su voluntad y los afectados de indignidad moral.

Los extranjeros son electores en el orden municipal y en las condiciones que determine la ley.

El voto es personal e igual, libre, secreto y obligatorio.

La Legislatura de la Provincia dicta la ley electoral con las garantías necesarias para asegurar una auténtica expresión de la voluntad popular en el comicio, con inclusión, entre otras, de las siguientes: 1 la autoridad única del presidente de la mesa receptora de votos, a cuyas órdenes está la fuerza pública; 2 comienzo y conclusión de la elección dentro del día fijado; 3 escrutinio provisional público, en seguida de cerrado el acto electoral y en la propia mesa, cuyo resultado se consignará en el acta, suscripta por el presidente del comicio y fiscales presentes, a quienes el primero dará certificado de dicho resultado; y 4 prohibición del arresto de electores, salvo en flagrante delito o por orden emanada de juez competente.

Los partidos políticos concurren a la formación y expresión de la voluntad política del pueblo y todos los ciudadanos son libres de constituirlos o de afiliarse a ellos.

La ley establece la composición y atribuciones del Tribunal Electoral.


ARTICULO 30. Todos los ciudadanos pueden tener acceso a los cargos electivos en condiciones de igualdad, según los requisitos establecidos en cada caso por esta Constitución.

Carecen de este derecho los inhabilitados para el ejercicio del sufragio.

Los extranjeros son elegibles en el orden municipal en las condiciones que determine la ley.


SECCION TERCERA


Poder Legislativo


ARTICULO 31. El Poder Legislativo de la Provincia es ejercido por la Legislatura, compuesta de dos Cámaras: la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados.

Los miembros de ambas Cámaras se reúnen en Asamblea Legislativa solamente en los casos y para los fines previstos por esta Constitución. La asamblea es presidida por el vicegorbenador, en su defecto por el presidente provisional del Senado y, a falta de éste, por el presidente de la Cámara de Diputados. Sus decisiones son válidas si está presente la mitad más uno de los legisladores y se adoptan por la mayoría absoluta de los presentes, salvo disposición en contrario de esta Constitución. Dicta el reglamento para el desempeño de sus funciones.


CAPITULO I - Cámara de Diputados


ARTICULO 32. La Cámara de Diputados se compone de cincuenta miembros elegidos directamente por el pueblo, formando al efecto la Provincia un solo distrito, correspondiendo veintiocho diputados al partido que obtenga mayor número de votos y veintidós a los demás partidos, en proporción de los sufragios que hubieren logrado.

Los partidos políticos incluirán en sus listas de candidatos por lo menos uno con residencia en cada departamento.

Juntamente con los titulares se eligen diputados suplentes para completar períodos en las vacantes que se produzcan.


ARTICULO 33. Son elegibles para el cargo de diputado los ciudadanos argentinos que tengan, por lo menos, veintidós años de edad y, si no hubieren nacido en la Provincia, dos años de residencia inmediata en ésta, y, en su caso, dos años de residencia inmediata en el departamento.


ARTICULO 34. Los diputados duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y son reelegibles.

Su mandato comienza y termina simultáneamente con el del gobernador y vicegobernador.


ARTICULO 35. La Cámara de Diputados elige anualmente entre sus integrantes su presidente y sus reemplazantes legales.


CAPITULO II - Cámara de Senadores


ARTICULO 36. La Cámara de Senadores se compone de un senador por cada departamento de la Provincia, elegido directamente por el pueblo, a simple pluralidad de sufragios.

Juntamente con los titulares se eligen senadores suplentes para completar períodos en las vacantes que se produzcan.


ARTICULO 37. Son elegibles para el cargo de senador los ciudadanos argentinos que tengan, por lo menos, treinta años de edad y dos años de residencia inmediata en el departamento.


ARTICULO 38. Los senadores duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y son reelegibles.

Su mandato comienza y termina simultáneamente con el del gobernador y vicegobernador.


ARTICULO 39. La Cámara de Senadores es presidida por el vicegobernador y, en caso de ausencia, enfermedad, renuncia, muerte, inhabilidad física o mental sobreviniente de carácter permanente, destitución o suspensión del mismo, o cuando se halle en ejercicio del Poder Ejecutivo, por un presidente provisional que elige anualmente de su seno. El vicegobernador sólo tiene voto en caso de empate.


CAPITULO III - Normas comunes a ambas Cámaras


ARTICULO 40. Ambas Cámaras se reúnen anualmente por sí mismas en sesiones ordinarias desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre.

Este período es susceptible de prórroga hasta por un mes más en virtud de decisión concorde de ambos cuerpos.

El Poder Ejecutivo las puede convocar a sesiones extraordinarias cuando lo juzgue necesario y sólo para tratar los asuntos que determine.

Las Cámaras pueden también convocarse a sesiones extraordinarias, a pedido de la cuarta parte de sus miembros y por tiempo limitado, para tratar graves asuntos de interés público.


ARTICULO 41. Ambas Cámaras empiezan y concluyen simultáneamente sus períodos de sesiones, y ninguna de ellas, mientras se hallen reunidas, puede suspender las suyas por más de seis días sin el acuerdo de la otra.


ARTICULO 42. Las decisiones de las Cámaras son válidas si está presente la mitad más uno de sus miembros y son adoptadas por la mayoría de los presentes, salvo los casos en que esta Constitución prescribe mayorías especiales. En estos últimos supuestos se computan los votos de los presidentes que son miembros de los cuerpos.

Sin embargo, en minoría pueden acordar las medidas que estimen necesario para obtener el " quórum " requerido, inclusive la compulsión física de los inasistentes en los términos y bajo las sanciones que establezcan los reglamentos; y con no menos de la tercera parte de los miembros de la Cámara, en los días ordinarios de sesión, dar entrada a asuntos, escuchar informes o proseguir deliberaciones anteriores, sin adoptar resoluciones de ninguna naturaleza.


ARTICULO 43. Cada Cámara dicta su reglamento, designa y remueve sus empleados y ejerce la policía de sus locales.


ARTICULO 44. Las sesiones de ambas Cámaras son públicas, salvo que acuerden reunirse en sesión secreta.


ARTICULO 45. Las Cámaras tienen el derecho de requerir la asistencia a sus sesiones de los ministros del Poder Ejecutivo para suministrar informes o explicaciones sobre puntos que previamente se les fije. Los ministros pueden excusar su asistencia en el primer caso y dar por escrito los informes solicitados, no así en el segundo caso, en que deben concurrir al seno de las Cámaras.


ARTICULO 46. Cada Cámara puede designar comisiones con propósitos de información e investigación sobre materias o asuntos de interés público y proveerlas en cada caso de las facultades necesarias, las que no pueden exceder de los poderes de la autoridad judicial, para el desempeño de sus cometidos.


ARTICULO 47. Las Cámaras pueden reprimir con arresto que no exceda de treinta días a toda persona extraña al cuerpo que viole sus privilegios o altere el orden en sus sesiones, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que aquélla hubiere incurrido.


ARTICULO 48. Cada Cámara es juez exclusivo de la elección de sus miembros y de la validez de sus títulos y, con el voto de las dos terceras partes de los componentes del cuerpo, resuelve la existencia de causas sobrevinientes de inelegibilidad y de incompatibilidad, sin que, en ambos casos, una vez pronunciada al respecto, pueda volver su decisión.


ARTICULO 49. Al recibirse de sus cargos, los legisladores prestan juramento de desempeñarlo conforme a la Constitución y a las leyes.


ARTICULO 50. Cada Cámara puede, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros, corregir a cualquiera de éstos, y aun excluirlo de su seno, por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones.

La inasistencia a la mitad de las sesiones del período ordinario determina la cesación en el mandato, salvo los casos de licencia o suspensión en el cargo.


ARTICULO 51. Ningún miembro de ambas Cámaras puede ser acusado, perseguido o molestado por las opiniones o los votos que emita en el ejercicio de sus funciones.

Sin autorización de la Cámara a que pertenece, acordada por dos tercios de los votos de los presentes, no puede ser sometido a proceso penal.

Sin la misma autorización tampoco puede ser detenido, o de alguna manera restringido en su libertad personal, salvo si es sorprendido en el acto de cometer un delito que no fuere excarcelable, en cuyo caso se comunicará a la Cámara respectiva, con sumaria información del hecho, a fin que resuelva sobre la inmunidad del detenido.

La decisión de las Cámaras que disponga la suspensión de la inmunidad puede comprender también la suspensión en el ejercicio de las funciones del cargo.


ARTICULO 52. Es incompatible el cargo de diputado o senador con cualquier otro de carácter nacional, provincial o municipal, sea electivo o no, excepto los cargos docentes y las comisiones honorarias eventuales de la Nación, de la Provincia o de los municipios, que solamente pueden ser aceptadas con autorización de la Cámara correspondiente, o si ésta estuviere en receso, con obligación de dar cuenta a ella en su oportunidad.

Los agentes de la Administración pública provincial o municipal que resultaren elegidos diputados o senadores quedan automáticamente con licencia, sin goce de sueldo, por todo el tiempo que dure el mandato.

También es incompatible el cargo de legislador con la propiedad personal, individual o asociada, de empresas que gestionen servicios por cuenta de la Provincia o entidades públicas menores, o sean subsidiadas por éstas, y con el desempeño de funciones de dirección, administración, asesoramiento, representación o asistencia profesional en empresas ajenas en iguales condiciones.

El legislador que haya aceptado algún cargo incompatible con el suyo, queda por ese solo hecho separado de éste.


ARTICULO 53. Los legisladores reciben por sus servicios la retribución que determine la ley.


CAPITULO IV - Atribuciones del Poder Legislativo


ARTICULO 54. Corresponde a la Asamblea Legislativa:

1-    Recibir el juramento del gobernador y del vicegobernador;

2-    Resolver en caso de empate en la elección de los mismos;

3-    Decidir sobre las renuncias de dichos funcionarios y declarar su inhabilidad física o mental sobreviniente de carácter permanente, en ambos casos por el voto de los dos tercios de la totalidad de los legisladores;

4-    Escuchar el informe anual del gobernador sobre el estado de los negocios públicos, en ocasión de abrirse el período de sesiones ordinarias de las Cámaras;

5-    Prestar el acuerdo requerido por esta Constitución o las leyes para la designación de magistrados o funcionarios, el que se entenderá prestado si no se expidiese dentro del término de un mes de convocada al efecto la Asamblea, convocatoria que debe realizarse dentro del quinto día de recibido el pedido de acuerdo, o, en caso de nombramientos en el receso legislativo, de abierto el período ordinario de sesiones.


ARTICULO 55. Corresponde a la Legislatura:

1-    En sesión conjunta de ambas Cámaras, elegir senadores al Congreso de la Nación;

2-    Establecer la división política de la Provincia, que no puede alterarse sin el voto de las dos terceras partes de los miembros de las Cámaras, y las divisiones convenientes para su mejor administración;

3-    Legislar en materia electoral;

4-    Dictar las leyes de organización y procedimientos judiciales;

5-    Organizar el régimen municipal y comunal, según las bases establecidas por esta Constitución;

6-    Legislar sobre educación;

7-    Crear las contribuciones especificadas en el artículo 5;

8-    Fijar anualmente el presupuesto de gastos y cálculo de recursos. En el primero deben figurar todos los gastos ordinarios y extraordinarios de la Provincia, aun los autorizados por leyes especiales, las que se tendrán por derogadas si no se incluyen en el presupuesto las partidas para su ejecución. La Legislatura no puede aumentar los sueldos y gastos proyectados por el Poder Ejecutivo, salvo para la ejecución de las leyes especiales, en cuanto no excedan el cálculo de recursos. No sancionado en tiempo un presupuesto, seguirá en vigencia el anterior en sus partidas ordinarias, hasta la sanción del nuevo;

9-    Aprobar o desechar anualmente la cuenta de inversión;

10- Arreglar el pago de la deuda interna y externa de la Provincia;

11- Aprobar o desechar los convenios celebrados con la Nación o con otras provincias;

12- Autorizar al Poder Ejecutivo para celebrar contratos y aprobar o desechar los concluidos " ad-referendum " de la Legislatura. El servicio de la totalidad de las deudas provenientes de empréstitos no puede comprometer más de la cuarta parte de la renta provincial;

13- Establecer bancos u otras instituciones de crédito;

14- Legislar sobre tierras fiscales;

15- Declarar de interés general la expropiación de bienes, por leyes generales o especiales;

16- Conceder privilegios o estímulos por tiempo determinado con fines de fomento industrial, con carácter general;

17- Dictar leyes de protección y fomento de riquezas naturales;

18- Legislar sobre materias de policía provincial;

19- Dictar los códigos de faltas, rural, bromatológico, fiscal y otros en que sea conveniente este tipo de legislación;

20- Acordar amnistías por delitos o infracciones en general de jurisdicción provincial;

21- Dictar leyes sobre previsión social;

22- Conceder subsidios;

23- Dictar leyes sobre organización de la Administración pública y el estatuto de los funcionarios y empleados públicos, que incluya, entre otras, garantías de ingreso, estabilidad, carrera e indemnización por cesantía injustificada;

24- Fijar su presupuesto de gastos;

25- Convocar a elecciones provinciales si el Poder Ejecutivo no lo hiciese con la anticipación legal, a cuyo fin puede, en su caso, convocarse a sesiones extraordinarias por acuerdo propio y a solicitud de una cuarta parte de los miembros de cada Cámara;

26- Conceder o negar, en su caso, autorización al gobernador o vicegobernador para ausentarse del territorio de la Provincia;

27- En general, ejercer la potestad legislativa en cuanto se considere necesario o conveniente para la organización y funcionamiento de los poderes públicos y para la consecución de los fines de esta Constitución, en ejercicio de los poderes no delegados al gobierno federal, sin otras limitaciones que las emergentes de dicha Constitución o de la Nacional.


CAPITULO V - Formación y sanción de las Leyes


ARTICULO 56. Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las Cámaras por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo.


ARTICULO 57. Aprobado un proyecto por la Cámara de origen, se remite para su consideración a la otra Cámara y, si ésta también lo aprueba, pasa al Poder Ejecutivo.

Si el Poder Ejecutivo está conforme, lo promulga como ley de la Provincia y dispone su publicación inmediata.

Queda convertido en ley todo proyecto sancionado por ambas Cámaras si, comunicado al Poder Ejecutivo, éste no lo devuelve observado dentro del plazo de diez días hábiles.


ARTICULO 58. Un proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras, no puede repetirse en las sesiones del mismo año.

Si solamente es modificado por la Cámara revisora, vuelve a la de origen, y si ésta acepta las enmiendas pasa el proyecto al Poder Ejecutivo. Si, por el contrario, no las acepta, el proyecto vuelve nuevamente a la Cámara revisora, y si ésta las mantiene con el voto de las dos terceras partes de los presentes, vuelve a la Cámara de origen, y sólo si ésta insiste en su sanción con igual mayoría, se tienen por rechazadas definitivamente las modificaciones y aprobado el proyecto que se comunica al Poder Ejecutivo.


ARTICULO 59. Vetado en todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus observaciones a la Cámara de origen, la que, si en votación nominal lo confirma por mayoría de dos tercios de los votos presentes, lo remite a la Cámara revisora, y si ésta también se expide de igual manera, el proyecto queda convertido en ley y se comunica al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Si ambas Cámaras no insisten con dicha mayoría, el proyecto no puede repetirse en las sesiones del año. Si el veto ha sido parcial y las Cámaras aprueban por simple mayoría las enmiendas propuestas por el Poder Ejecutivo, el proyecto, con éstas, queda convertido en ley.

La Legislatura debe pronunciarse sobre el veto del Poder Ejecutivo dentro del término de un mes de comunicado, o, en su caso, de iniciado el período ordinario de sesiones; en su defecto, se considera rechazado el proyecto.

El veto parcial de la ley de presupuesto no implica la necesidad de devolverlo totalmente a la Legislatura y puede promulgarse en las partes no observadas.


ARTICULO 60. Las leyes son obligatorias luego de su publicación.

El Poder Ejecutivo debe publicarlas dentro de los ocho días de promulgadas y, en su defecto, dispone la publicación el presidente de la Cámara que hubiere prestado la sanción definitiva.

Las leyes entran en vigor el noveno día siguiente al de su publicación, salvo que las mismas leyes establezcan otras fechas al efecto.


ARTICULO 61. Todo proyecto que no haya alcanzado sanción definitiva en dos períodos ordinarios de sesiones consecutivas caduca y sólo puede ser nuevamente considerado si se lo inicia como nuevo proyecto.


SECCION CUARTA - Poder Ejecutivo


CAPITULO I - Organización


ARTICULO 62. El Poder Ejecutivo es ejercido por un ciudadano con el título de gobernador de la Provincia y, en su defecto, por un vicegobernador, elegido al mismo tiempo, en igual forma y por idéntico período que el gobernador.


ARTICULO 63. Para ser elegido gobernador o vicegobernador se requiere ser ciudadano argentino nativo o hijo de ciudadano nativo si hubiere nacido en país extranjero y tener, por lo menos, treinta años de edad y dos años de residencia inmediata en la Provincia si no hubiere nacido en ésta.


ARTICULO 64. EL gobernador y vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones, sin que evento alguno autorice prórroga de ese término, y no son elegibles para el mismo cargo o para el otro sino con intervalo, al menos, de un período.


ARTICULO 65. Al tomar posesión de sus cargos el gobernador y el vicegobernador prestan juramento de desempeñarlo conforme a la Constitución y a las leyes, ante el presidente de la Asamblea Legislativa, en sesión especial de ésta, o, en su defecto, ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia, reunido este cuerpo.


ARTICULO 66. El vicegobernador reemplaza al gobernador en caso de muerte, destitución, renuncia o inhabilidad física o mental sobreviniente de éste, por el resto del período legal; y en caso de enfermedad, ausencia o suspensión en tanto el impedimento no cese.


ARTICULO 67. En caso de muerte, destitución, renuncia o inhabilidad física o mental sobreviniente del vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, lo sustituye el presidente provisional del Senado mientras se procede a nueva elección, la que no puede recaer en este último, para completar período. La convocatoria debe hacerse dentro del plazo de diez días y la elección realizarse en término no mayor de noventa días. No procede nueva elección si el resto del período no excede de un año y medio.

El vicegobernador en ejercicio es igualmente reemplazado por el presidente provisional del Senado en caso de enfermedad, ausencia o suspensión, mientras no cese el impedimento.


ARTICULO 68. El gobernador y vicegobernador en desempeño del Poder Ejecutivo residen en la capital de la Provincia, pero pueden permanecer fuera de ella, dentro del territorio provincial, en ejercicio de sus funciones, por un término que, en cada caso, no exceda de treinta días.

No pueden ausentarse del territorio de la Provincia, por un plazo mayor de diez días, sin la autorización de la Legislatura; ni, en todo caso, del territorio de la República sin esa autorización.

En el receso de las Cámaras, y siendo necesario el permiso previo pueden ausentarse sólo por un motivo urgente de interés público y por el tiempo indispensable, comunicando a aquéllas oportunamente.


ARTICULO 69. El gobernador y vicegobernador reciben por sus servicios la retribución que fije la ley.


CAPITULO II - Elección de Gobernador y Vicegobernador


ARTICULO 70. El gobernador y vicegobernador son elegidos directamente por el pueblo de la Provincia, a simple pluralidad de sufragios.

La elección debe realizarse con una antelación no mayor de seis meses ni menor de tres.

En caso de empate, decide, en una sola sesión y sin debate, por mayoría absoluta de los miembros presentes, la Asamblea Legislativa surgida de la misma elección.


ARTICULO 71. Si antes de ocupar el cargo muriere o renunciare el ciudadano electo gobernador, lo reemplaza el vicegobernador conjuntamente elegido.


CAPITULO III Atribuciones del Poder Ejecutivo


ARTICULO 72. El gobernador de la Provincia:

1-    Es el jefe superior de la Administración Pública;

2-    Representa a la Provincia en sus relaciones con la Nación y con las demás provincias;

3-    Concurre a la formación de las leyes con las facultades emergentes, a tal respecto, de esta Constitución;

4-    Expide reglamentos de ejecución y autónomos, en los límites consentidos por esta Constitución y las leyes, y normas de orden interno;

5-    Provee, dentro de los mismos límites, a la organización, prestación y fiscalización de los servicios públicos;

6-    Nombra y remueve a los ministros, funcionarios y empleados de la Provincia, con arreglo a la Constitución y a las leyes, siempre que el nombramiento o remoción no competa a otra autoridad;

7-    Provee en el receso de las Cámaras, las vacantes de cargos que requieren acuerdo legislativo, que solicitará en el mismo acto a la Legislatura;

8-    Presenta a la Legislatura, antes del 30 de setiembre de cada aÑo, el proyecto de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Provincia y de las entidades autárquicas;

9-    Presenta anualmente a la Legislatura la cuenta de inversión del ejercicio anterior;

10- Hace recaudar y dispone la inversión de los recursos de la Provincia con arreglo a las leyes respectivas;

11- Celebra contratos con autorización o " ad-referendum " de la Legislatura;

12- Concluye convenios o tratados con la Nación y otras provincias, con aprobación de la Legislatura y conocimiento, en su caso, del Congreso Nacional;

13- Informa a la Legislatura, al abrirse las sesiones ordinarias, sobre el estado general de la Administración, y aconseja las reformas o medidas que estima convenientes;

14- Convoca a sesiones extraordinarias de la Legislatura de conformidad a esta Constitución;

15- Efectúa las convocatorias a elecciones en los casos y oportunidades legales;

16- Indulta o conmuta penas impuestas dentro de la jurisdicción provincial, con informe previo de la Corte Suprema de Justicia. No puede ejercer esta facultad cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de sus funciones;

17- Dispone de las fuerzas policiales y presta su auxilio a la Legislatura, a los tribunales de justicia y a los funcionarios provinciales, municipales o comunales autorizados por la ley para hacer uso de ella;

18- Resuelve los recursos administrativos que se deduzcan contra sus propios actos, los de sus inferiores jerárquicos y entidades autárquicas de la Administración provincial; y

19- Hace cumplir en la Provincia, en su carácter de agente natural del gobierno federal, la Constitución y las leyes de la Nación.


CAPITULO IV - Ministros del Poder Ejecutivo


ARTICULO 73. El despacho de los asuntos que incumben al Poder Ejecutivo está a cargo de ministros designados por el gobernador, en el número y con las funciones, en los respectivos ramos, que determine una ley especial.

Al recibirse de sus cargos prestan juramento ante el gobernador de desempeñarlos conforme a la Constitución y a las leyes.


ARTICULO 74. Para ser ministro se requieren las mismas calidades que para ser diputado y le comprenden las mismas incompatibilidades de los legisladores.


ARTICULO 75. Los ministros refrendan con su firma las resoluciones del gobernador, sin la cual éstas carecen de eficacia.

Sólo pueden resolver por sí mismos en lo concerniente al régimen administrativo interno de sus respectivos departamentos y dictar providencias de trámite.


ARTICULO 76. Sin perjuicio de las facultades de las Cámaras a su respecto, los ministros tienen el derecho de concurrir a las sesiones de aquéllas y participar en sus deliberaciones, pero no votar.

Dentro de los treinta días posteriores a la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura, los ministros deben presentar a ésta una memoria detallada del estado de la administración de los asuntos de sus respectivos ministerios.


ARTICULO 77. Los ministros son responsables de las resoluciones que autoricen y solidariamente de las que refrenden conjuntamente con sus colegas.


ARTICULO 78. Los ministros pueden ser removidos de sus cargos por el gobernador, que también decide sus renuncias, y ser sometidos a juicio político.


ARTICULO 79. En los casos de vacancia o de cualquier impedimento de un ministro, los actos del gobernador pueden ser refrendados por algunos de sus colegas.


ARTICULO 80. Los ministros reciben por sus servicios la retribución que fije la ley.


CAPITULO V Tribunal de Cuentas


ARTICULO 81. Un Tribunal de Cuentas, con jurisdicción en toda la Provincia, tiene a su cargo, en los casos y en la forma que señale la ley, aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos y declarar las responsabilidades que resulten.

Los miembros del Tribunal de Cuentas duran seis años en sus funciones, son nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa y pueden ser removidos según las normas del juicio político.

Los fallos del Tribunal de Cuentas son susceptibles de los recursos que la ley establezca ante la Corte Suprema de Justicia y las acciones a que dieren lugar deducidas por el Fiscal de Estado.

El contralor jurisdiccional administrativo se entenderá sin perjuicio de la atribución de otros órganos de examinar la cuenta de inversión, que contarán previamente con los juicios del Tribunal de Cuentas.


CAPITULO VI Fiscal de Estado


ARTICULO 82. El Fiscal de Estado es el asesor legal del Poder Ejecutivo, tiene a su cargo la defensa de los intereses de la Provincia ante los tribunales de justicia en los casos y en la forma que establecen la Constitución o las leyes, y desempeña las demás funciones que éstas le encomiendan.

El Fiscal de Estado es designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa, debe reunir las condiciones requeridas para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia y tiene las mismas incompatibilidades y prohibiciones que los miembros del Poder Judicial.

El Fiscal de Estado ejerce sus funciones durante el período del gobernador que lo ha designado, sin perjuicio de ser renombrado, es inamovible y puede ser removido sólo según las normas del juicio político.


SECCION QUINTA


CAPITULO UNICO - Poder Judicial


ARTICULO 83. El Poder Judicial de la Provincia es ejercido, exclusivamente, por una Corte Suprema de Justicia, cámaras de apelación, jueces de primera instancia y demás tribunales y jueces que establezca la ley.

Sin embargo, la ley puede instituir tribunales colegiados de instancia única.


ARTICULO 84. La Corte Suprema de Justicia se compone de cinco ministros como mínimo y de un procurador general.

Las cámaras de apelación se integran con no menos de tres vocales y, en su caso, pueden ser divididas en salas.


ARTICULO 85. Para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia, vocal o fiscal de las cámaras de apelación se requiere ser ciudadano argentino, poseer título de abogado y tener, por lo menos, treinta años de edad, diez de ejercicio de la profesión de abogado o de la magistratura y dos años de residencia inmediata en la Provincia si no hubiere nacido en ésta.

Para ser juez de primera instancia se requiere ser ciudadano argentino, poseer título de abogado y tener, por lo menos veinticinco años de edad, cuatro de ejercicio de la profesión o de la función judicial como magistrado o funcionario y dos años de residencia inmediata en la Provincia si no hubiere nacido en ésta.

La ley fija las condiciones exigidas para los jueces creados por ella.


ARTICULO 86. Los miembros de la Corte Suprema de Justicia, los vocales de las cámaras de apelación y los jueces de primera instancia son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa.

La ley determina la forma de designación de los jueces creados por ella.


ARTICULO 87. Los magistrados y funcionarios de la administración de justicia prestan juramento, al asumir sus cargos, de desempeñarlos conforme a la Constitución y a las leyes.


ARTICULO 88. Los magistrados y funcionarios del ministerio público son inamovibles mientras conserven su idoneidad física, intelectual y moral y el buen desempeño de sus funciones. Cesa su inamovilidad a los sesenta y cinco años de edad si están en condiciones de obtener jubilación ordinaria.

No pueden ser ascendidos ni trasladados sin su consentimiento previo.

Perciben por sus servicios una retribución que no puede ser suspendida ni disminuida sino por leyes de carácter general y transitorio, extensivas a todos los Poderes del Estado.


ARTICULO 89. Los miembros del Poder Judicial no pueden actuar de manera alguna en política.

Los magistrados y funcionarios no pueden ejercer profesión o empleo alguno, salvo la docencia en materia jurídica, las comisiones de carácter honorario, técnico y transitorio que les encomienden la Nación, la Provincia o los municipios, y la defensa en juicio de derechos propios, de su cónyuge o de sus hijos menores.

La ley determina las incompatibilidades de los empleados.


ARTICULO 90. Los magistrados, funcionarios y empleados de la administración de justicia deben residir en el lugar donde desempeñan sus funciones, excepto los ministros de la Corte Suprema de Justicia.


ARTICULO 91. Los miembros de la Corte Suprema de Justicia están sujetos al juicio político.

Los demás jueces nombrados con acuerdo legislativo son enjuiciables, en la forma que establezca una ley especial, ante la Corte Suprema de Justicia, integrada a ese sólo efecto por un senador, un diputado y dos abogados de la matrícula.


ARTICULO 92. La Corte Suprema de Justicia:

1-    Representa al Poder Judicial de la Provincia;

2-    Ejerce la superintendencia general de la administración de justicia, que puede parcialmente delegar, de acuerdo con la ley, y la consiguiente potestad disciplinaria;

3-    Dicta los reglamentos y disposiciones que conduzcan al mejor desempeño de la función judicial;

4-    Dispone, según normas propias, de las partidas para inversiones y gastos de funcionamiento asignadas al Poder Judicial por la ley de presupuesto, sin perjuicio de rendir cuentas;

5-    Propone al Poder Ejecutivo, previo concurso, la designación de los funcionarios y empleados de la administración de justicia, y la remoción de los magistrados sin acuerdo legislativo y la de aquéllos, conforme a la ley;

6-    Envía a los poderes legislativos y ejecutivo un informe anual sobre el estado de la administración de justicia;

7-    Propone en cualquier tiempo reformas de organización o procedimiento encaminadas a mejorar la administración de justicia; y

8-    Ejerce las demás funciones que le encomiende la ley.


ARTICULO 93. Compete a la Corte Suprema de Justicia, exclusivamente, el conocimiento y resolución de:

1-    Los recursos de inconstitucionalidad que se deduzcan contra las decisiones definitivas de los tribunales inferiores, sobre materias regidas por esta Constitución;

2-    Los recursos contencioso-administrativos sometidos a su decisión en los casos y modos que establezca la ley;

3-    Los juicios de expropiación que promueva la Provincia;

4-    Los recursos de revisión de sentencias dictadas en procesos criminales, en los casos autorizados por la ley;

5-    Las contiendas de competencia que se susciten entre tribunales o jueces de la Provincia que no tengan un superior común;

6-    Los conflictos de atribuciones planteados entre funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial;

7-    Los juicios de responsabilidad civil contra los magistrados judiciales;

8-    Los recursos contra las decisiones del Tribunal de Cuentas en los casos y modos que establezca la ley; y

9-    Los incidentes de recusación de sus propios miembros.


ARTICULO 94. Los demás tribunales y jueces ejercen la jurisdicción contenciosa y voluntaria, que corresponda a la Provincia, con las competencias que establezca la ley. Asimismo, las funciones de otra índole que ésta les encomiende.


ARTICULO 95. Las sentencias y autos interlocutorios deben tener motivación suficiente, so pena de nulidad.


ARTICULO 96. Los tribunales y jueces tienen la obligación de fallar las causas dentro de los plazos legales y el retardo reiterado no justificado importa mal desempeño a los efectos de la remoción.


ARTICULO 97. La administración de justicia se rige por una ley reglamentaria de su organización y por códigos que determinen sus modos de proceder.


SECCION SEXTA


CAPITULO UNICO - Juicio Político


ARTICULO 98. Pueden ser sometidos a juicio político el gobernador y sus sustitutos legales en ejercicio del Poder Ejecutivo, los ministros de éste, el Fiscal de Estado, los miembros de la Corte Suprema de Justicia y los del Tribunal de Cuentas, de conformidad con las disposiciones de esta Constitución y de la ley reglamentaria que se dicte.


ARTICULO 99. A la Cámara de Diputados compete, a petición escrita y fundada de alguno de sus miembros o de cualquier habitante de la Provincia, la facultad de acusar ante el Senado a los funcionarios anteriormente mencionados por mal desempeño de sus funciones, delito cometido en el ejercicio de éstas o crímenes comunes.


ARTICULO 100. La acusación no se hará sin previa averiguación de la verdad de los hechos por la comisión permanente respectiva, con citación y audiencia del acusado, y declaración de haber lugar a la formación de causa por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara.

Si la comisión o, en su caso, la Cámara no se expidiese en el término de noventa días útiles correspondientes a los períodos ordinarios de sesiones o de prórroga, caducarán las actuaciones respectivas, inclusive la petición.

Admitida la acusación, la Cámara designará una Comisión para que sostenga la acusación ante el Senado y podrá suspender al funcionario acusado por las dos terceras partes de sus miembros presentes.

Si se desechara una petición de acusación manifiestamente temeraria, se aplicará al particular peticionante la sanción de multa o arresto que establezca la reglamentación.


ARTICULO 101. Corresponde a la Cámara de Senadores juzgar a los acusados por la Cámara de Diputados, a cuyo fin aquélla se constituye en tribunal, dentro del plazo que señale la ley, previo juramento, en cada caso, de sus miembros, de resolver la causa en justicia según su conciencia.

Cuando el acusado es el gobernador o alguno de sus reemplazantes legales en ejercicio, el presidente de la Corte Suprema de Justicia preside la Cámara juzgadora, pero sin voto en el fallo.


ARTICULO 102. Formulada la acusación, el Senado sustancia el juicio con arreglo a la ley, que debe asegurar amplia defensa al acusado.

En ningún caso el juicio puede durar más de tres meses.

Vencido este término sin que hubiere recaído sentencia, el acusado queda absuelto y, en su caso, reintegrado por ese solo hecho a sus funciones.


ARTICULO 103. Ningún acusado puede ser declarado culpable sino por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara. La votación será nominal.

El fallo condenatorio sólo dispone la destitución del acusado y aún su inhabilitación para ocupar cargos de la Provincia por tiempo determinado sin perjuicio de la responsabilidad del condenado ante la justicia ordinaria.

El fallo absolutorio importa, en su caso, el reintegro de pleno derecho del acusado al ejercicio de sus funciones.


ARTICULO 104. Cuando el enjuiciado sea el gobernador o su reemplazante legal o un ministro del Poder Ejecutivo, las mayorías de dos tercios prescriptas en los artículos anteriores se computará sobre la totalidad de los miembros de las Cámaras.


ARTICULO 105. A los efectos de asegurar la continuidad sin interrupciones del juicio político, las Cámaras pueden prorrogar a ese solo fin sus sesiones ordinarias o ser convocadas a sesiones extraordinarias por acuerdo propio y a solicitud de una cuarta parte de los miembros de cada Cámara.


SECCION SEPTIMA


CAPITULO UNICO - Régimen Municipal


ARTICULO 106. Todo núcleo de población que constituya una comunidad con vida propia gobierna por sí mismo sus intereses locales con arreglo a las disposiciones de esta Constitución y de las leyes que se sancionen.

Las poblaciones que tengan más de diez mil habitantes se organizan como municipios por ley que la Legislatura dicte en cada caso, y las que no reúnan tal condición como comunas.

La ley fija la jurisdicción territorial de municipios y comunas y resuelve los casos de fusión o segregación que se susciten.


ARTICULO 107. Los municipios son organizados por la ley sobre la base:

1-    De un gobierno dotado de facultades propias, sin otras ingerencias sobre su condición o sus actos que las establecidas por esta Constitución y la ley;

2-    Constituido por un intendente municipal, elegido directamente por el pueblo y por un período de cuatro años, y un Concejo Municipal, elegido de la misma manera, con representación minoritaria, y renovado bianualmente por mitades; y

3-    Con las atribuciones necesarias para una eficaz gestión de los intereses locales, a cuyo efecto la ley los proveerá de recursos financieros suficientes.

A este último fin, pueden crear, recaudar y disponer libremente de recursos propios provenientes de las tasas y demás contribuciones que establezcan en su jurisdicción. Tienen, asimismo, participación en gravámenes directos o indirectos que recaude la Provincia, con un mínimo del cincuenta por ciento del producido del impuesto inmobiliario, de acuerdo con un régimen especial que asegure entre todos ellos una distribución proporcional, simultánea e inmediata.

Estas mismas normas fundamentales rigen para las comunas, de acuerdo con su ley orgánica propia, con excepción de su forma de gobierno, el cual está a cargo de una Comisión Comunal, elegida directamente por el cuerpo electoral respectivo, y renovada cada dos años en su totalidad.

Queda facultada la Legislatura para cambiar con carácter general el sistema de elección de los intendentes por cualquier otro modo de designación.


ARTICULO 108. La Provincia puede intervenir por ley, o por decisión del Poder Ejecutivo, en receso de la Legislatura, con cargo de dar cuenta inmediata a ésta, los municipios y comunas a los solos efectos de constituir sus autoridades en caso de acefalía total, o de normalizar una situación institucional subvertida.

En el caso de intervención por resolución del Poder Ejecutivo, la Legislatura puede hacerla cesar al examinar los fundamentos de aquélla.


SECCION OCTAVA


CAPITULO UNICO - Educación


ARTICULO 109. El Estado provincial provee al establecimiento de un sistema de educación preescolar y elemental y puede organizar y proteger también la enseñanza secundaria, técnica y superior. La educación impartida en los establecimientos oficiales es gratuita en todos sus grados.

La educación preescolar tiene por objeto guiar adecuadamente al niño en sus primeros años, en función complementaria del hogar.

La educación elemental es obligatoria e integral y de carácter esencialmente nacional. Cumplido el ciclo elemental, la educación continúa siendo obligatoria en la forma y hasta el límite de edad que establezca la ley.

La educación secundaria tiende a estimular y dirigir la formación integral del adolescente. La normal propende a la formación de docentes capacitados para actuar de acuerdo con las características y las necesidades de las distintas zonas de la Provincia.

La educación técnica tiene en cuenta los grandes objetivos nacionales y se orienta con sentido regional referida preferentemente a las actividades agrícolas, ganaderas e industriales de la zona.

La Provincia presta particular atención a la educación diferencial de los atípicos y a la creación de escuelas hogares en zonas urbanas y rurales.


ARTICULO 110. Los padres de familia e instituciones privadas pueden crear escuelas u otros institutos de educación en las condiciones que determine la ley.

La educación que se imparta en los establecimientos privados desarrollará, como mínimo, el contenido de los planes de estudios oficiales y se identificará con los objetivos nacionales y los principios de esta Constitución.

Queda garantido a los padres el derecho de elegir para sus hijos el establecimiento educativo de su preferencia.


ARTICULO 111. La Provincia establece institutos que investiguen y orienten la vocación de los adolescentes hacia una elección profesional adecuada.

Procura, asimismo, que los alumnos que acrediten vocación, capacidad y méritos, dispongan de los medios necesarios para alcanzar los más altos grados de la educación.

Arbitra igualmente las medidas que fueren menester para impedir o combatir la deserción escolar.


ARTICULO 112. El Estado estimula la formación de entidades privadas de cooperación con los institutos educativos oficiales.


ARTICULO 113. La Provincia destina recursos suficientes para el sostenimiento, difusión y mejoramiento de los establecimientos educativos del Estado.

La ley asegura al docente un régimen de ingreso, estabilidad y carrera profesional según sus méritos y estimula y facilita su perfeccionamiento técnico y cultural.


SECCION NOVENA


CAPITULO UNICO - Reforma de la Constitución


ARTICULO 114. Esta Constitución no puede ser reformada sino en virtud de una ley especial, sancionada con el voto de las dos terceras partes de los miembros de cada Cámara, que declare la necesidad de la reforma; y si fuere vetada, su promulgación requiere la insistencia legislativa por igual mayoría.

La ley determina si la reforma debe ser total o parcial y, en este último caso, los artículos o la materia que hayan de reformarse.

La reforma se hará por una Convención compuesta de diputados elegidos directamente por el pueblo en número igual al de los miembros del Poder Legislativo.

Para ser convencional se requieren las mismas calidades que para ser diputado a la Legislatura. El cargo de convencional es compatible con cualquier otro nacional, provincial o municipal.

Los convencionales gozan de las mismas inmunidades y remuneración de los legisladores, mientras ejerzan sus funciones.


ARTICULO 115. La ley especial que declare la necesidad de la reforma debe determinar, asimismo, las bases fundamentales de la elección, instalación y término de la Convención Reformadora. Queda reservada a ésta todo lo concerniente a su ordenamiento interno. La Convención puede prorrogar el término de su duración una sola vez y por la mitad del plazo fijado por la ley.

Si vencido el plazo legal de duración la Convención no se hubiera expedido sobre todos los puntos susceptibles de reforma, se entenderá que ésta no se ha producido en parte alguna.

En los casos de reforma parcial la Convención no puede pronunciarse sino sobre los artículos o la materia designados por la ley.

La Convención no está obligada a modificar o suprimir las disposiciones de la Constitución si considera que no existe la necesidad de la reforma declarada por la ley.


Disposiciones Transitorias


ARTICULO 116. Con el carácter de transitorias se observarán las disposiciones siguientes:

1-    A los efectos de unificar los mandatos legislativos cuya duración regla esta Constitución, dispónese lo siguiente:

a)La próxima renovación de diputados se hará de conformidad con lo que establece la Constitución de 1900/1907, por el término de dos años, de modo que los electos en el año 1964 terminen sus mandatos el 30 de abril de 1966;

b)    La renovación del tercio de senadores que corresponda hacer en 1964 se hará por el término de dos años, de modo que caduquen sus mandatos el 30 de abril de 1966;

c)    La renovación de los dos tercios de senadores que corresponda hacer en 1966 se hará de conformidad con las normas de esta Constitución;

d)    La renovación del tercio de senadores que corresponda hacer en 1968 se hará por el término de dos años, de modo que caduque su mandato el 30 de abril de 1970;

2-    La actual estructura del Poder Judicial se mantendrá hasta la sanción de las modificaciones de su ley orgánica necesarias para adaptarlas a esta Constitución y designación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Dicha ley se dictará en un plazo que no exceda de tres meses. Los mandatos de los actuales jueces subsistirán hasta la finalización del período para el cual fueron designados y la inamovilidad que establece esta Constitución regirá para los que se designen en lo sucesivo;

3-    Los concejales de los municipios que se elijan en 1963 durarán en sus cargos hasta el 30 de abril de 1966 y los que se elijan en 1964 durarán hasta la misma fecha.

En las primeras elecciones de renovación legislativa provincial, los intendentes municipales serán elegidos de conformidad a esta Constitución y durarán en sus funciones por el término que falte para completar el período de gobierno bajo el cual se realicen las elecciones; La Legislatura solo podrá usar de la facultad que le acuerda el último párrafo del artículo 107, una vez que se haya cumplido un período completo de mandato electivo del intendente.

4-    Mientras la Legislatura no sancione el estatuto de los funcionarios y empleados públicos, toda cesantía injustificada de los mismos le dará derecho a una indemnización equivalente al importe de doce meses del sueldo mensual que perciba en el momento de la cesantía.

5-    Esta Constitución entrará en vigencia a partir de su publicación, dispuesta por esta Convención.


El Gobernador de la Provincia jurará esta Constitución ante la Convención reformadora que, a este sólo efecto, podrá reunirse en minoría. Los presidentes de las Cámaras Legislativas lo harán ante los cuerpos respectivos en la primera sesión que realicen con posterioridad a la vigencia de aquélla y los miembros de cada cuerpo ante su presidente. El Presidente del Superior Tribunal de Justicia y el de la Cámara de Apelaciones prestarán juramento ante los respectivos cuerpos y recibirán el de los magistrados y funcionarios. La falta de cumplimiento de los juramentos prescriptos determinará la cesación inmediata en su mandato o función a los que se negaren a prestarlos.


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