RECOMENDANOS con un click: Derecho Constitucional - Domingo Rondina - Dando cátedra: septiembre 2013

Acerca del Constitucionalista

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Santa Fe, Santa Fe, Argentina
Abogado con veleidades de constitucionalista y literato. Aprendiz de mucho, oficial de nada. Librepensador me educó mi padre... Mi CV aquí http://www.domingorondina.com.ar/1999/10/cv.html

CUPO FEMENINO NO SOLAMENTE ELECTORAL

tormenta sobre la legislatura

CUPO FEMENINO EN LA
CONFORMACIÓN DE LOS CUERPOS COLEGIADOS
El caso 'Robustelli'




(ANSIOSOS: aquí el texto completo de la sentencia de primera instancia: SENTENCIA-PRIMERA  y la confirmación por la Cámara de Apelaciones, SENTENCIA-CÁMARA . La Corte Provincial pone fin a la causa con esta SENTENCIA-CORTE)  


El jueves 15 de agosto de 2013 sesionó la Legislatura de la Provincia de Santa Fe. Será recordada como una fecha histórica en la ampliación de la igualdad de género de los argentinos.
Unos días antes había fallecido la diputada provincial (PJ) Silvia De Césaris. Había que cubrir su escaño. Según el orden de la lista de diputados electos del PJ, correspondía el lugar al Sr. Julio Roberto López, quien ingresó una nota solicitando se le tome juramento.
Sin embargo, la dirigente Mariana Robustelli, que se encontraba dos lugares después de López, solicita a la Cámara asumir ella para evitar que se diluya la representación femenina en la Cámara.
Tras algunos días de análisis, la Comisión de Asuntos Constitucionales emitió dictamen mayoritario aconsejando al cuerpo incorporar a Robustelli y rechazar el pedido de López.
Y ese 15 de agosto de 2013 la Cámara de Diputados, en su sesión plenaria, consideró la cobertura del cargo vacante. El presidente solicita que se vote primero y luego, los diputados que lo deseen, expliquen el sentido de su voto.
8 diputados se abstuvieron. Y la Cámara, por 19 votos a favor y 5 en contra, resolvió incorporar como diputada a Mariana Robustelli.
Posteriormente, el Sr. Julio Roberto López, con el patrocinio del veterano constitucionalista Iván Cullen, inició una acción de amparo contra la Cámara para obtener que la justicia la fuerce a admitirlo.
Y la Cámara de Diputados, a través de su presidente Luis Daniel Rubeo, con el patrocinio letrado del Dr. Domingo Rondina, contestó la demanda el 16/09/2013.
Tres días después, la Jueza, hizo lugar al centro de las peticiones de Rubeo: admitir personalidad y por ende tener a la Cámara como parte; citar a la Fiscalía de Estado para que tome la intervención que considere necesaria, citar a la Diputada Robustelli como tercero interesado en el resultado del pleito.
Va a resultar una causa de alto interés constitucional por diversos motivos.
Por empezar es la primera vez en el país en que se resuelve saltear a un hombre sin su asentimiento para que asuma una mujer en la banca vacante.
También es la primera vez en que una Cámara de Diputados busca intervención procesal por sí misma.
Por ello, desde aquí, la iremos comentando y aportando documentos de interés.
Empecemos con el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la demanda presentada por Cullen, y lo que (en un caso similar) había opinado el Fiscal de Estado Saccone poco tiempo antes. Luego la contestación de Rubeo por la Cámara y los decretos subsiguientes.

OTRAS NOTAS y repercusiones, cliqueando.

Comentando la sentencia final de la CORTE PROVINCIAL, nuestra nota.



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EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES QUE HABILITÓ EL INGRESO DE ROBUSTELLI Y RECHAZÓ LA PETICIÓN DE INGRESO DE LOPEZ



DICTAMEN NOTA Nº 5581/13 Y NOTA Nº 5583/13



DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE SANTA FE:
La Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General ha considerado las notas presentadas: NOTA N° 5581/13 - remitida por el Sr. Julio Roberto López, solicitando incorporación a la Cámara de Diputados y la NOTA N° 5583/13, remitida por la Sra. Mariana Robustelli, solicitando incorporación a la Cámara de Diputados, por el deceso de la Diputada Silvia De Césaris en fecha 11 de Julio de 2013. Ambos adjuntan certificación del Tribunal Electoral que acredita el orden de suplencia respectivo en la Lista Santa Fe para Todos, en los comicios del 24 de Julio de 2011.
Que conforme el análisis exhaustivo realizado a partir de las consideraciones que son letra del Dictamen, y, habiendo realizado el correspondiente estudio sobre los requisitos que debe reunir el mismo y que ésta reúne las calidades exigidas por el artículo 33 de la Constitución de la Provincia, como así que no se han hallado incompatibilidades para asumir el cargo de diputada Provincial (artículo 52 Constitución Provincial); y, que no se han producido impugnaciones al respecto y sus títulos son válidos (artículo 48 de la Constitución Provincial), los Diputados abajo firmantes han resuelto aconsejar, ACEPTAR LA INCORPORACIÓN DE LA SEÑORA MARIANA ROBUSTELLI, DNI N° 32.281.819 al cuerpo y la adopción de medidas necesarias para que la misma preste juramento de práctica.
En mérito a las cuestiones fácticas y para este caso concreto y teniendo en cuenta las proporciones de integración femenina actual del cuerpo, la vacante de la diputada mujer genera automáticamente el ingreso de la primera mujer en el orden de suplencias. Surge del mismo orden de la lista de diputados oficializada por la autoridad electoral que la Sra. Mariana Robustelli es la primera mujer por orden de correspondencia y por tanto debe asumir como Diputada Provincial titular ante la vacante producida por el deceso de la Sra. Silvia De Césaris.-
Los fundamentos jurídicos que se esgrimen a lo citado con anterioridad, y la necesidad in límine que el Cuerpo en sesión garantice derechos constitucionales y de representación igualitaria, son los que a continuación se manifiestan, a saber:
1.- El Cuerpo Integrado de la Cámara es la expresión jurídica de la sociedad, por la cual decide mediante un sistema tipificado legalmente, cuáles son los representantes que llevarán adelante la dirección política-legislativa de la misma. El sistema jurídico santafesino prevé dos normas de igual jerarquía que regulan los canales de representación donde se encauza la voluntad popular: la ley provincial 10.802 y la ley provincial 12.367. La participación de las mujeres en las listas y posteriormente en los órganos representativos es uno de los basamentos del sistema electoral, y consecuentemente de expresión de la voluntad popular. La confección de un orden de prelación en la suplencia que prevé el ingreso de cuatro diputados hombres por sobre el de una mujer implica una flagrante violación a la voluntad popular.
El sistema de cupo femenino regulado por la ley provincial 10.802 tiene igual jerarquía que la ley electoral (N° 12.367). Ambas normativas nutren con idéntica fuerza jurídica el mismo bien jurídico: la voluntad popular. El sistema electoral provincial está compuesto por la ley electoral y por la ley de cupo femenino: ambas de igual jerarquía y de aplicación indivisible e interdependiente.
Es taxativo el principio establecido en la ley provincial 10.802 de obligación de composición política femenina de la lista de candidatos de la tercera parte como mínimo (art. 1). Este principio no deja entrever que el cupo femenino rige solamente hasta la oficialización de las listas, sino antes, durante y después del proceso eleccionario. Que se utilice la letra de la reglamentación para menoscabar la participación igualitaria, es hasta tendencioso. Inclusive, el sistema de la ley 12.367 remite constante y celosamente a la ley de cupo femenino N° 10.802.
Es incorrecto el argumento que afirma que -de asumir Robustelli- se violaría la voluntad popular. Dicha fundamentación está basada en la interpretación restrictiva de aplicar un criterio de seguimiento en corrimiento de la lista. La fórmula legal del art. 19 de la ley 12.367, prevé el sistema de corrimiento. Pero -con justa inteligencia y método legal-, la validez surte efectos una vez cumplimentado el requisito del cupo femenino, como lo prevé la ley 10.802 (“ en toda lista de candidatos… la tercera parte estará compuesta por mujeres en forma intercalada y/o sucesiva…”). La violación a la voluntad popular subyace en el orden de prelación que administra un ingreso preeminente de hombres sobre el de mujeres.
La voluntad popular organizó un sistema constitucionalmente receptado: acciones positivas para asegurar participación femenina en los cargos electivos.
Este mandato constitucional surge como regla organizativa también de la voluntad popular. Luego, la expresión electoral del pueblo debe distribuirse respetando aquella regla primigenia.
Por ello, el corrimiento de la lista surgida de la elección hacia la próxima mujer, no es violatorio de la voluntad popular, sino que adecua el resultado electoral a la regla de la participación mínima de un tercio en los cargos electivos. La misma tarea que hace el Tribunal Electoral al definir la nómina que surge de la elección debe hacerla esta Cámara cuando admite nuevos miembros, en este caso separando mujeres de varones, respetando el orden dentro del género.
La aplicación del corrimiento de suplencias hacia un varón sería violatoria del cumplimiento del cupo femenino: no opera una intercalación o corrimiento que garantice lo establecido por el decreto n° 358/1993 en su art. 3, 3er párr. que reglamenta la ley provincial 10.802: “…en los siguientes lugares de la lista se incluirán regularmente una mujer por cada dos varones, hasta cubrir la tercera parte como mínimo dentro del número total de cargos.”
En la provincia de Santa Fe, el 14 de agosto de 2011, un millón quinientos veinticinco mil ciento dieciséis electores (1.525.116) otorgaron mandato de representación transformando las posibilidades de resultar electas, a las que refiere el art 1 de la ley de cupo femenino o de cuota de género, en escaños en cargos públicos electivos, en integración efectiva del colectivo de mujeres en los cuerpos parlamentarios. En el caso del Frente Santa Fe para Todos -en el que se ha producido una vacante- quinientos ochenta y un mil trescientos sesenta y tres electores (581.360), expresaron con su voto que el colectivo de mujeres “habrá de tener en este partido político y en la Cámara de Diputados, nueve bancas”. En consecuencia, la vacante producida por el fallecimiento de la diputada Silvia De Césaris a fin de no violar la ley de cupo y el mandato de representación otorgado a través del voto debe ser cubierta por la candidata mujer siguiente en el orden de proclamación –en el caso Mariana Robustelli-.
Es un principio general y de derecho constitucional ratificado doctrinaria y jurisprudencialmente que las normas no deben ser interpretadas y/o aplicadas en forma literal o aislada, unas de otras, ni sacrificar en la interpretación literal de una de ellas, el resto del plexo normativo, por consiguiente una solución diferente incurriría en “rigor formal absoluto” o “fariseísmo de las formas”, prescindiendo de la propia Constitucional Nacional artículos 37 y 75, inc. 23 y de los tratados internacionales a los que Argentina ha adherido, ello sin perjuicio -como ya dijéramos-, de violentar el mandato de representación popular que reside únicamente en el pueblo y que otorgó al colectivo de mujeres nueve bancas en el consabido Frente Santa Fe para Todos.
2,- Como se ha desarrollado anteriormente, el sistema de corrimiento que prevé el art. 19 de la ley provincial 12.367 surte efectos una vez aplicado el sistema de cupo femenino. La aplicación del cupo hasta la “oficialización” de las Listas, como lo aconseja la interpretación formalista encubre una práctica de flexibilización del cupo femenino y de apartamiento de las mujeres en los circuitos de decisión en los Órganos de la Democracia. Con dicho criterio, la H.C.D. actuaría en clara contradicción a lo que prevé el art. 37 de la Constitución Nacional “…La igualdad de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y régimen electoral.”
Nuestra actuación constitucional primordial, de aplicación de principios y mandatos constitucionales, es la actuación constitutiva de esta misma Cámara, donde resultamos cuerpo soberano para decidir, y debemos asegurarnos de estar cumpliendo con estrictez los parámetros constitucionales.
Las acciones positivas que deben realizarse es una orden hacia todos los órganos estatales, de todos los niveles, y nosotros debemos también actuar en consonancia.
El art. 1 de la ley provincial 10.802, que regula el cupo femenino establece “En toda lista de candidatos que presenten los Partidos Políticos para elecciones Provinciales, Municipales, Comunales y/o Convencionales Constituyentes, la tercera parte como mínimo, estará compuesta por mujeres en forma intercalada y/o sucesivas, entendiéndose en la totalidad de las candidaturas titulares y suplentes, con posibilidades de resultar electas, cualquiera sea el sistema electoral que se aplicare.” No emerge de dicho artículo que el cupo surge efecto hasta la oficialización de listas. Tampoco de la letra de su reglamentación. El momento de oficialización que estipula la ley, sirve como “piso jurídico” que debe cumplimentarse, y no como “techo jurídico”-posición de las prácticas discriminatorias al colectivo femenino-, ya que la participación igualitaria tiene raigambre constitucional.
La interpretación restrictiva de asunción por orden de corrimiento – y no de corrimiento con aplicación de ley de cupo femenino, en menoscabo a la participación de la mujer en las decisiones políticas- conlleva a legitimar y enquistar en el seno del Poder Legislativo, una práctica de acción negativa contraria a lo que ordena el art. 37 de la Constitución Nacional y el art. 8 de la Constitución Provincial.
El corrimiento debe operar en favor de la representación del cupo femenino, con justo criterio en el 33,3%(1/3) que estipula la normativa provincial.
No se violenta aquí el orden surgido de la elección, porque a una mujer se la reemplaza con la siguiente mujer de la lista, no con otra que aparezca detrás. Y el varón que sigue en la lista, seguirá ocupando la primera posibilidad de suplencia cuando el cupo femenino esté debidamente cubierto.
Esta práctica es el único mecanismo a nuestra disposición para asegurar el cumplimiento del mandato constitucional en este caso concreto.
El cupo femenino debe materializarse en la Integración del Órgano, único ámbito donde se llevan adelante los decisorios que la voluntad popular ha delegado sobre los legisladores y legisladoras. La participación en el circuito parlamentario – en la toma de decisiones- se produce dentro del Órgano Legislativo.
El sistema de corrimiento sin respeto al cupo femenino devendría en una pantalla legal: la composición del 33,3% de la normativa provincial se utilizaría solo para formalizar una situación en un momento espacial previo al del proceso de tratamiento, discusión y sanción de leyes. Por diversos mecanismos –principalmente el que se esconde en la interpretación exegética y formalista de incorporación por exclusivo orden de suplencia-, se encubre la discriminación que sufren las mujeres santafesinas que se han encausado en los canales democráticos pertinentes para la toma de decisiones legislativas.
Sin la asunción de una mujer en la vacancia operada, la integración del Órgano sería de quince (15) diputadas mujeres, mientras que por aplicación de la ley de cupo provincial deberían ser dieciséis con cincuenta (16,50).
La Constitución Nacional en su art. 37 ordena garantizar la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios mediante acciones positivas. Interpretar por simple orden de corrimiento el art. 19 de la ley provincial N° 12367 es repulsivo a lo que la Constitución manda y al mismo espíritu del sistema electoral – que posee como uno de sus basamentos al cupo femenino-. Este artículo debe interpretarse en coherencia con las máximas en la materia que obligan a los poderes públicos a realizar acciones positivas.
El plexo normativo local nos otorga la primera solución a la temática. El art. 8 segundo párrafo de la Constitución Provincial obliga a “remover los obstáculos de orden social que limitando de hecho la igualdad de los individuos, impidan el libre desarrollo de la persona humana y la efectiva participación de todos en la vida pública.” Y su artículo 14 dice “Pueden, asimismo, tener acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad, según los requisitos que se determinen”, lo que es ratificado en el 30: “Todos los ciudadanos pueden tener acceso a los cargos electivos en condiciones de igualdad, según los requisitos establecidos en cada caso por esta Constitución.”
La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (prevista en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional) en su art. 2.1 consagra el principio de progresividad en la materia, en cuanto “Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter..”(inc. b) como también de “Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer” (inc. d) y “ Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer…” (inc e).
El principio de progresividad de los derechos tiene como basamento –y contrapartida- la obligación de no regresividad que implica la obligación de los Poderes Públicos de no adoptar medidas que empeoren sin justificación razonable y proporcionada la situación de los derechos consagrados en la Convención. La H.C.D. de la Provincia de Santa Fe, debe actuar en consonancia al Derecho Internacional que manda a eliminar todo tipo de obstáculo que interfiera en la igualdad real de oportunidades.
La interpretación restrictiva y formalista de incorporación por exclusivo orden de suplencia sin aplicación del cupo femenino, se constituiría como una intervención arbitraria del Poder Legislativo. Dicha interpretación pondera una situación obstaculizadora que limita la igualdad de los individuos y se materializa en la incorporación preeminente de diputados varones por sobre el de diputadas mujeres.
La Convención citada, es decir, nuestro derecho constitucional, fulmina cualquier restricción de derechos respecto de la mujer basada en el sexo. El art. 4 de la Convención consagra el principio de Discriminación Positiva que otorga expresamente un trato normativo preferente para la mujer a los fines de morigerar el desequilibrio. Consecuentemente, la ley provincial de cupos o de género impone un tercio de candidatas mujeres, sino no puede oficializarse la lista: el postulado de discriminación positiva es contundente al permitir que exista una lista oficializada de mujeres sin hombres, pero nunca al revés.
En misma dirección, el art. 7 de la Convención, específicamente abraza la razón del presente y reza “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país.”
La decisión de la Cámara Baja de integración de otra mujer por la vacante femenina suscitada sería la aplicación de las “medidas apropiadas” para que se cumplimente lo ordenado por el texto constitucional. De aplicarse un criterio contrario, la Cámara de Diputados convertiría en letra muerta a la Constitución Nacional que tutela expresamente estos casos.
Las pautas restrictivas de aplicación e interpretación de la norma provincial devienen en repulsivas a los tratados internacionales de Derechos Humanos del art. 75. inc. 22, que son letra de nuestra Constitución Nacional. La operatividad –es decir, la aplicación efectiva- de los Tratados de Derechos Humanos insertos en el ordenamiento jurídico constitucional debe ser garantizada por el estamento legislativo provincial, que conforme al principio de no regresividad expuesto anteriormente, no debe someterse a ninguna interpretación reñida con los Derechos Humanos de jerarquía constitucional.
Inclusive, la misma Cámara de Diputados ha dado media sanción a un proyecto de ley que comenzaba a abordar la problemática del cupo femenino en el ámbito legislativo (expte. 26252 HCD). Dicho proyecto se erige como una clara acción positiva que intentaba dar respuesta a algunos mecanismos que menoscaban la participación femenina, aunque no abordaba una solución integral. Expresamente, el cuerpo de la Cámara de Diputados ha otorgado la fórmula legal que el cuerpo debe aplicar en el caso particular de vacancia femenina.
La misma Cámara de Diputados ha dado refrendo en dicho proyecto de ley al concepto de cubrimiento “por la candidata que le suceda en el orden de oficialización”, a través del “corrimiento ascendente tanto en la lista de titulares como de suplentes sucesivamente, con las restantes candidatas mujeres.”
Nos hallamos así ante una suerte de aplicación de la Doctrina de los Actos Propios, que establece la inadmisibilidad de actuar contra los propios actos como consecuencia del principio de buena fe y de las expectativas legítimas creadas.
La Doctrina de los Actos Propios, también se aplica en la reciente adhesión de la Cámara Baja a La Ley Nacional N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que desarrollen sus relaciones Interpersonales y su Decreto Reglamentario N° 1011/10.
Dicha adhesión es la conducta del Cuerpo que termina de otorgar entidad al derecho que debe consagrar (la asunción de una diputada ante la vacancia femenina). De suceder lo contrario se violaría el principio de Buena Fe, y la misma HCD devendría en una de las modalidades tipificadas por la norma, puntualmente la estipulada en el art. 6 inc. b) que es la Violencia Institucional contra las mujeres como “aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas. Quedan comprendidas, además las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil.”
Y, por si quedase alguna duda, debemos dejar totalmente en claro que conforme al artículo 48 de nuestra Constitución Provincial “Cada Cámara es juez exclusivo de la elección de sus miembros y de la validez de sus títulos”. Estamos ante la más típica de las atribuciones políticas –no judiciables- de los órganos legislativos: la decisión sobre su integración. Y por eso debemos cumplirla con entereza y la mirada puesta en los mandatos constitucionales.
Finalmente, el espíritu de la ley provincial 10802 brega por una integración real de mujeres en las bancas. Ello surge expresamente del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la HCD que dio impulso a la posterior aprobación de la ley provincial 10802 de cupo femenino que establece con el criterio que aquí vertimos la garantía de participación femenina efectiva al rezar; “…y con la posibilidad de que accedan a cargos y bancas tanto en el orden Nacional como en el Provincial, con representación femenina proporcional…”
3. - En el ámbito parlamentario nacional (Caso Alicia Kirchner, año 2007), se ha regulado y otorgado solución puntual al caso de sustitución efectiva de la mujer renunciante por la mujer que siga en el orden de la lista. Se generó una política de igualdad y respeto femenino que limitó la utilización de la participación que la ley atribuye a las mujeres como herramienta destinada a encubrir un acuerdo previo del claustro.
En el dictamen del 12 de Diciembre de 2007, Expte. OV 373/07, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación ha resuelto con suma responsabilidad los casos en que se ha tenido que reemplazar a senadores/as electos, y que se transcribe a continuación. Dicho dictamen, basado en la laguna jurídica del sistema electoral, tutela la garantía del cupo femenino::" Y en este rumbo puede verse que en la práctica la Ley 24012 plantearía una laguna jurídica que permitiría que en el caso de la provincia de Santa Cruz, ante la renuncia de Alicia Kirchner, de asumir Jorge Banisevich, ésta se quedara sin mujeres en la Cámara Alta y consecuentemente se violentara la Constitución Nacional y tratados internacionales con la consecuente generación de responsabilidad internacional".
"Además en otros supuestos se podría plantear, como de hecho ocurrió en el caso de la provincia de Corrientes en el año 2001, la existencia de "mujeres de paja", es decir aquellas puestas en la lista para cubrir el requisito formal y que, una vez hecha la elección, sean obligadas a renunciar para que su jefe -por lo general hombre- ocupe la banca que por ley de cupo no le correspondería. Si permitimos que esta práctica se generalice, en poco tiempo tendremos un Senado a la vieja usanza: muchos hombres y dos o tres mujeres ocupando una banca....Como sostuvimos anteriormente, en el caso de la provincia de Santa Cruz, si asume un senador electo de sexo masculino en reemplazo de la banca renunciada por la senadora Alicia Kirchner, dejaría sin representación femenina en el Senado de la Nación a la Provincia y violentaría la igualdad real de oportunidades en el acceso a los cargos públicos de las mujeres de ese distrito. Ello es así toda vez que la banca restante por la mayoría y la banca correspondiente a la minoría, se encuentran representadas por legisladores de sexo masculino, situación esta que no se presenta en ninguno de los restantes distritos ya que todas las provincias tienen al menos una mujer sentada en la banca….Es necesario entonces que este Cuerpo se expida mediante una acción positiva a fin de respetar lo preceptuado en la Constitución Nacional y los tratados internacionales vigentes en nuestro país permitiendo que una mujer asuma en reemplazo de la senadora renunciante..."
En el caso de De Cesaris, es el Cuerpo Legislativo en sesión, el actor institucional que debe otorgar tratamiento y solución a la grave situación de incumplimiento del cupo femenino en la Provincia de Santa Fe. La igualdad de trato y oportunidades entre varones y mujeres es receptada por los Pactos Internacionales de Derechos Humanos del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional. En un todo acuerdo al antecedente citado, está en juego la consecuente generación de responsabilidad internacional.
El Congreso Nacional y la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires vienen abordando esta temática. En el caso de la Provincia de Buenos Aires, se ha tratado un Proyecto de Ley basado en el Dictamen que dio tratamiento a la renuncia de Alicia Kirchner en el Senado de la Nación, en el año 2007, a los fines de adecuar su normativa en dicha dirección. Propone la modificación del párr. 2do del actual art. 122 de la ley 5109 que estipula en una fórmula correcta: “…En los casos en que el titular que crease la vacante fuese de sexo femenino, deberá suplantarla la primera mujer que figure en la lista de candidatos titulares según el orden establecido. Si la lista de candidatos titulares no incluyera más mujeres, le corresponderá a la primera mujer en el orden de prelación establecido en la lista de candidatos suplentes. Los reemplazantes durarán en sus funciones el tiempo que les faltase a los titulares para cumplir el período ordinario…”
Uno de los primeros antecedentes legislativos en defensa del cupo femenino fue sentado por nuestra actual Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en el año 2001, en ejercicio de la Presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. En dicha ocasión, la Senadora por la Provincia de Corrientes Sra. Isabel Viudes presentó la renuncia a su banca para que, en cumplimiento de un pacto político, asumiera el primer suplente, Sr. Raúl Romero Feris.
Al celebrarse la reunión de comisión en fecha 18/12/2001, la Dra. Fernández de Kirchner fijó su posición como Presidenta de la Comisión al decir que “la incorporación del ciudadano Raúl Rolando Romero Feris importaría una flagrante violación a la ley de cupo, por cuanto al haberse producido la renuncia de una señora senadora es procedente que su lugar sea ocupado por otra mujer, en virtud no sólo del espíritu de la ley sino de disposiciones concretas de su decreto reglamentario, en cuanto a que va de suyo que si el legislador ha querido que se preserve su lugar en la lista, con mayor razón esta es un instrumento para cumplimentar el ejercicio efectivo del derecho y, en consecuencia, también lo debe ser al momento de ocupar el cargo.”
En esa misma sesión, la Senadora por Catamarca, María T. Colombo mencionaba que adhería a la postura del Consejo Nacional de la Mujer, entidad que enfatizó la necesidad de reemplazar a la Senadora Viudes “por otra mujer como garantía de los principios generales, el espíritu de la normativa vigente sustentada en tratados internacionales y en la política adoptada por el Estado argentino en materia de igualdad de oportunidades entre varones y mujeres.
La CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) en su Informe n° 103/01 respecto del caso 11.307 María Teresa Merciadri de Morini ha declarado la admisibilidad y consecuente solución amistosa entre el Estado Argentino y la damnificada, originada en el orden de intercalación de la lista electoral de la UCR para Diputados Nacionales de Córdoba. Dicha nómina resultaba lesiva para el cumplimiento del cupo femenino de la 24.012, ya que por el orden de corrimiento de la lista en caso de vacancia preveía un ingreso de una mujer por cada cuatro hombres. En dicho momento de seis candidatos a diputados nacionales se colocó una mujer en el cuarto y otra en el sexto puesto, mientras que el espíritu de la norma indica que debió haberse colocado dos mujeres en los primeros cinco puestos. María Teresa Merciadri de Morini consideraba que la cuestión no era abstracta, porque debía reconocerse el derecho en expectativa, bien “concreto”, en el caso que se produjera una vacante entre los elegidos. Si se produce la vacante ascendería un varón –el que está en el quinto lugar- y no una mujer. Por ello debió haberse colocado a una mujer en el quinto puesto y a un hombre en el sexto lugar, y aún en el caso de cuatro cargos a renovar, deben elegirse dos mujeres porque una sola mujer representa el 25%, inferior al cupo legal. Luego de agotar la vía de reclamación interna –la CSJN rechazó la reclamación-, la peticionaria procede por la vía estipulada por la CIDH, que declara en primer término admisible el recurso mediante informe N° 102/99, y luego se llega a un acuerdo de solución amistosa, donde el entonces Presidente Fernando De La Rúa dicta el Decreto N° 1246/00 que regula expresamente la participación igualitaria y consecuente garantía de cumplimiento de cupo en caso de vacancia, derogando la antigua fórmula legal del decreto N° 379/93.
La Cámara Nacional Electoral atribuyó a la ley de cupo femenino de carácter de orden público en el fallo N° 2951/2011 dictado en autos “incidente de apelación contra la resolución de oficialización de candidatos de la UCR” al resolver que la ley 24.012 legisla sobre una materia de orden público, por lo que se rige sobre la voluntad de las partes. En ella, está interesada la organización institucional de la Nación, toda vez que versa sobre la forma que se ponen en funcionamiento los poderes organizados por la Constitución.
El INADI en miras al cumplimiento de garantías constitucionales y de no discriminación, conforme lo manifestado mediante nota ingresada en esta Cámara de Diputados en fecha 24 de julio de 2013, afirma: (. . . )“En la actualidad no pueden subsistir mecanismos que vulneren la participación de la mujer en la vida política”. También ha enfatizado la gravedad de no cumplimentarse con el cupo, y ha dejado sentado: “A partir de ello, entendemos la correspondencia de la banca a la primera mujer en el orden de suplencias, ya que una interpretación formalista del hecho implica una restricción de las garantías constitucionales y del derecho internacional en lo que respecta a la representación femenina. La realidad indica que una decisión contraria implicaría la presencia reducida de las mujeres en la toma de decisiones legislativas, y por ende de la voluntad popular.”
La Cámara Nacional Electoral (C.N.E.) ha asumido de un modo cabal, el rol que se le ha asignado de garante del cumplimiento de las medidas que procuran la igualdad real de oportunidades entre mujeres y varones para el acceso a cargos electivos y partidarios (cf. fallos CNE 1568/93; 1586/93; 1595/93; 1863/95; 1866/95; 1867/95; 1868/95; 1869/95; 1870/95; 1873/95; 1984/95; 2669/99; 2878/01; 2918/01; 3005/02 y 3780/07) y veló por su respeto en todas las causas que le fueron sometidas a su conocimiento (cf. Fallos CNE 3005/02 y 3780/07).
En particular, ha sostenido que “no basta que las listas estén compuestas por un mínimo de treinta por ciento de mujeres sino que además es necesario que tal integración se concrete de modo que -con un razonable grado de probabilidad- resulte su acceso a la función legislativa en la proporción mínima establecida por la ley..., (cf. fallos CNE 1566/93; 1836/95; 1850/95; 1862/95; 1864/95; 1866/95 y 3507/05).”
4.- Conclusión
La Cámara de Diputados de Santa Fe debe respetar las máximas constitucionales sobre cupo femenino, como también el espíritu de la reglamentación. Las prácticas contrarias a la participación femenina en los canales de decisión se vislumbran detrás de las interpretaciones restrictivas que presuponen el seguimiento de un orden de prelación, en este caso claramente fraudulento a la garantía de cupo femenino, que nutre el sistema electoral, y por ende, la voluntad popular.
Es repulsivo al sistema constitucional la utilización de una disposición de derecho interno para justificar el incumplimiento de un tratado. De no asumir Robustelli, la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe materializaría una violación de los tratados de derechos humanos, plausibles de responsabilidad internacional.
Los legisladores deben aplicar justicia y responsabilidad sobre una situación que sin lugar a dudas genera porosidad y resquebraja la participación de las mujeres en ámbitos legislativos.
Es hora de cumplir nuestra parte en la tarea de aplicación de la Constitución.
Atento a lo manifestado, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente dictamen, ACEPTANDO LA INCORPORACIÓN DE LA SEÑORA MARIANA ROBUSTELLI, DNI N° 32.281.819 al cuerpo y la adopción de medidas necesarias para que la misma preste juramento de práctica

Sala de Comisión

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LA DEMANDA DE LÓPEZ PATROCINADO POR IVAN CULLEN

VER VERSIÓN ESCANEADA HACIENDO CLICK AQUI

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LO QUE FISCALÍA DE ESTADO (SACCONE) HABÍA PREOPINADO SOBRE EL CUPO FEMENINO EN LA LEGISLATURA DE SANTA FE

VER VERSIÓN ESCANEADA HACIENDO CLICK AQUI

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LA CONTESTACION DE RUBEO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS. 



IMAGEN





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LA NOTA DE PÁGINA 12 ROSARIO SOBRE LA CONTESTACIÓN QUE HICIMOS PATROCINANDO AL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE (LUIS RUBEO) SOBRE LA BANCA ROBUSTELLI



LA NOTA ORIGINAL, AQUÍ

TRANSCRIPCIÓN:

RUBEO DEFENDIO ANTE LA JUSTICIA LA ELECCION DE ROBUSTELLI COMO DIPUTADA
Por la clausura de un reclamo
El presidente de la Cámara baja pidió que se rechace el recurso de amparo presentado por Julio Roberto López, quien entendió que le pertenece la la banca. Rubeo, la Cámara ejerció "el control de constitucionalidad de sus propios actos".

Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe

El presidente de la Cámara de Diputados, Luis Rubeo, pidió ayer a la jueza Marcela Aylagas (Civil y Comercial 1ª) que rechace el recurso de amparo presentado por Julio Roberto López -luego de que Mariana Robustelli fuera elegida para ocupar la banca en discusión-, porque se trata de una "cuestión política no judiciable" y carece de "potestad para juzgar" el acto legislativo. Y propuso que cite a las partes a una audiencia de conciliación para "acordar la clausura de un reclamo que sólo puede llevar a una crisis institucional y al desgaste de los órganos de la democracia santafesina".

Rubeo asumió la decisión de contestar la demanda -con el patrocinio del abogado Domingo Rondina﷓ porque a su criterio el fiscal de Estado, Pablo Saccone, no puede retractarse de un dictamen en contra de Robustelli que firmó hace apenas cuatro meses, "a menos de que la Legislatura lo remueva del cargo con un juicio político". El planteo es un intríngulis que deberá resolver la jueza: si la Cámara está "legitimada para intervenir en la causa de modo directo" o si la defensa en juicio de la provincia la debe asumir Saccone por su competencia en la materia.

En un escrito al que accedió Rosario/12, Rubeo pidió participación en el pleito porque Saccone ya dictaminó en un juicio anterior: el amparo que presentó Robustelli -en febrero﷓ cuando la Cámara incorporó al diputado José María Tessa por la renuncia de María Eugenia Bielsa y no a ella. Saccone no sólo rechazó la pretensión de Robustelli de ocupar la banca de Bielsa con el argumento del "cupo femenino", sino que defendió la legislación aplicable en los reemplazos. "La Cámara de Diputados no hizo más que aplicar el mandato claro del artículo 19 de la ley 12.367" que establece que "los reemplazos se harán siguiendo el orden correlativo de postulación de las nóminas de titulares y luego suplentes", afirmó Saccone. El fiscal de Estado no puede retractarse.

"No era esa la inteligencia que prevalecía en la Cámara que él decía defender", le contestó Rubeo. "Ocurría simplemente que, hasta ese momento, no se había perforado el piso de un tercio femenino. Así, y contrariamente a lo sostenido por el fiscal de Estado, pocas semanas después la Cámara mayoritariamente entendió que el cupo femenino debía ser respetado en la conformación del cuerpo, y que se trataba de decisiones propias independientes de la ley electoral".

"Traer hoy aquí a representar a la Cámara de Diputados a un fiscal de Estado que ya ha opinado en nuestra contra resultaría burdo, injustificado y contradictorio. Y tenemos un temor concreto y fundado de que la respuesta del fiscal de Estado sea contraria a la firme decisión de la Cámara que represento, lo cual nos obligaría a resolver el conflicto mediante la promoción de su juicio político", dijo Rubeo. "Por lo tanto, surge claro que la Cámara debe ser admitida como parte en la causa", agregó.

Rubeo solicitó a la jueza Aylagas que cite a Saccone y Robustelli. Al fiscal de Estado para que "tome intervención" en la causa, pero "no para que represente a la Cámara que yo represento", sino para "suscribir el criterio jurídico que la Cámara sostiene. Una actitud diferente del fiscal de Estado podría conducir a la esquizofrenia del conflicto de poder", tiró Rubeo. Y a Robustelli porque "puede verse afectada por la decisión que se adopte en la causa. Por eso debe citársela para que exponga lo que considere que hace a su derecho".


El escrito de Rubeo tiene 74 páginas, más de 20 dedicadas a explicar por qué la jueza lo debe considerar parte en el juicio. Y rebate punto por punto la demanda de López, a quién patrocina el abogado constitucionalista Iván Cullen. Diputados incorporó a Robustelli y no a López porque "el piso del tercio (del cupo femenino) estaba en riesgo" y por lo tanto, "la vacante de diputada mujer genera el ingreso de la primera mujer en el orden de suplencia". "Eso fue en síntesis lo que resolvió la Cámara, haciendo una interpretación de la normativa constitucional vigente, ejerciendo el control de constitucionalidad de sus propios actos".


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LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA EFECTUADA POR LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE A TRAVÉS DE SU PRESIDENTE (LUIS DANIEL RUBEO) CON EL PATROCINIO DEL DR. DOMINGO RONDINA
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TRANSCRIPCIÓN:



Ref.: “López, Julio Roberto

c/ Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe

s/ amparo”

(expte. Nº 21-00027301-2)

 Juzgado de Primera Instancia en lo CyC – 1ª nominación

 Contesta demanda

  





Sra. Jueza:

Luis Daniel Rubeo, DNI 13.174.423, Diputado Provincial, honrado por mis pares como presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, conforme surge de la designación habida en sesiones cuya versión taquigráfica debidamente certificada acompaño, con el patrocinio letrado del Dr. Domingo Rondina, abogado, con fianza suficiente para el ejercicio de la procuración, constituyendo domicilio ad litem en Francia 3352, dpto. C de la ciudad de Santa Fe, ante V.S. me presento y respetuosamente digo:




I) OBJETO
Vengo a comparecer por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe que presido, y a contestar demanda por ella, solicitando se declare el objeto de esta causa como cuestión política no judiciable, resultando de ello un DEFECTO ABSOLUTO EN LA POTESTAD DE JUZGAR (FALTA DE JURISDICCIÓN) por parte de V.S.
A todos los fines, solicito se rechace la demanda, con costas al reclamante.


II) CITACIÓN y PERSONERÍA
Que la Honorable Cámara de Diputados que presido ha sido demandada en estos autos.
Que, por ello, he sido notificado con fecha lunes 9/9/2013.
Que, para cumplir con la convocatoria jurisdiccional, vengo a tomar intervención y a contestar demanda, sin perjuicio de las advertencias y salvedades que a continuación formularé.
Y, en representación de la Cámara, solicito ser tenido.


III) CITACIÓN A FISCALÍA DE ESTADO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
En el parágrafo siguiente expondré por qué considero que la HCD se halla legitimada para intervenir en esta causa de modo directo, y luego argumentaré respecto a su personalidad, sin perder de vista que considero que la presente cuestión resulta NO JUDICIABLE.
Sin embargo, a los efectos de evitar discusiones, evitar nulidades, y ampliar un debate de tanta trascendencia institucional, solicito SE SIRVA CITAR fehacientemente al Sr. Fiscal de Estado de la Provincia de Santa Fe para que tome intervención.
No para que represente a la Cámara que yo represento en esta presentación. Sí para que tome la intervención que el Poder Ejecutivo considere adecuada.
Es criterio del suscripto que el Fiscal de Estado Provincial, en este caso, debe limitarse a suscribir el criterio jurídico que la Cámara sostiene, para cumplir cabalmente su obligación de defensa en juicio de todos los órganos del Estado.
Una actitud diferente del Sr. Fiscal de Estado podría conducir a la esquizofrenia del conflicto de poder.
Reclamo así la citación, denunciando domicilio del Sr. Fiscal de Estado en calle 3 de febrero 2649, 2º piso, ciudad de Santa Fe.


IV) LEGITIMACIÓN PASIVA DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
En decisiones autónomas de cada Cámara, como lo es la decisión de incorporación de un diputado suplente, es dicho órgano constitucional totalmente soberano, actuando según el mejor criterio de su mayoría, discrecionalmente, sin cortapisas posibles provenientes de otros poderes estatales.
La decisión hace a la propia composición, y por ende admitir cualquier invasión foránea pondría al ser mismo de la Cámara en manos de otro órgano.
En ningún otro momento la Cámara es más soberana que al decidir sobre su integración. Tan soberana es que ni siquiera actúa como Poder Legislativo, colegiadamente, sino como órgano unicameral.
Se trata de una facultad asignada directamente por el Poder Constituyente, y dada sin restricciones de ningún tipo.
El texto del artículo 48 es claro y contundente: “Cada Cámara es juez exclusivo de la elección de sus miembros y de la validez de sus títulos”.
Más aún: al final de dicho artículo la Constitución prohíbe a la Cámara (y con mucha más razón al Poder Judicial) volver de la decisión adoptada.
Por ende, la decisión que la Cámara que presido tomó en el caso bajo análisis sólo es atribuible a ella, y debe ser defendida por ella, entendiéndose con la Cámara la discusión que aquí pretende entablarse.


V) PERSONALIDAD DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
Es doctrina comúnmente aceptada que la Legislatura no es demandable.
Suponían los autores clásicos que cualquier pretensión de un particular contra ella iba, en definitiva, a repercutir sobre decisiones provinciales, sobre el presupuesto provincial, sobre el gobierno, y por lo tanto se suponía que el único legitimado pasivamente por el concepto ‘Estado Provincial’ era el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, con la lenta pero persistente perforación de la doctrina de las cuestiones políticas no judiciables, han ido apareciendo casos que nos llevan a reformular la tesis.
En efecto: cuando un juzgado, como en el caso, da curso a una demanda cuyo objeto hace a funciones propias, intransferibles, de una Cámara legislativa, debe admitirse su participación litigiosa.
Ello por varias razones que intentaré desarrollar a continuación:

LA PERSONALIDAD POR FUNCIÓN DISCRECIONAL
Al tratarse de un tema como la incorporación de miembros, estamos ante una decisión exclusiva, y discrecional de la Cámara.
Es su decisión la única que causa el efecto buscado por la Constitución (integrar vacancias) y es la única que puede causar el daño que el demandante cree estar sufriendo.
Postular al Poder Ejecutivo, o a su órgano Fiscal de Estado (‘es el asesor legal del Poder Ejecutivo’, dice el artículo 82 de la Constitución Provincial), como representantes de la Cámara resulta inidóneo para la profundización del debate judicial sobre la causa.
Por lo tanto, surge claro que la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe debe ser admitida como parte en la causa.

LA PERSONALIDAD POR AFECTACIÓN DE LA SENTENCIA
La sentencia que V.S. puede llegar a dictar, si antes no admite su falta de potestad judicial, afectará de manera exclusiva y directa a la Cámara que presido.
La sentencia que el actor pretende implica destituir a una Diputada Provincial en funciones y sentar en su escaño a un ciudadano que no tiene título suficiente para ello.
Afrontar esa posible decisión a manos del Fiscal de Estado es absurdo. Ni a él ni al Poder Ejecutivo les afectaría de modo alguno la sentencia, ni podrían comprometerse a cumplirla, ya que HASTA EL CONTROL DE INGRESOS AL RECINTO es potestad de la misma Cámara, con lo cual malamente podría cumplirse una sentencia de ese objeto.
Y para que la Cámara pudiese ser forzada en el marco de una hipotética e inconstitucional ejecución judicial, debería haber sido parte del proceso, y condenada en firme.
Por lo tanto, surge claro que la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe debe ser admitida como parte en la causa.

LA PERSONALIDAD POR CONFLICTO DE PODER. LA ACTUAL SITUACIÓN HISTÓRICA DE LA COMPOSICIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Que si se pretendiese dar intervención al Ejecutivo o al Sr. Fiscal de Estado (ubicado orgánicamente dentro de la estructura del Poder en la órbita ejecutiva) estaríamos en una situación de grave crisis institucional, ya que podríamos afrontar un serio conflicto entre el Departamento Ejecutivo Provincial y una de las Cámaras Legislativas.
Súmese a ello que, en el cuatrienio actual, se ha dado por primera vez en la historia santafesina la situación inusual de que la mayoría de la Cámara de Diputados no responde al partido del Gobernador.
Aquel temor que los convencionales reformadores de 1962 intentaron conjurar con el artículo 32 de la Constitución, se hizo realidad.
Pero, tal como sostuvimos en diciembre de 2011, es posible la convivencia democrática entre mayorías partidarias diferentes, siempre y cuando haya diálogo democrático, y se respeten las competencias e incumbencias de cada poder.
Pero si se aceptase que, ante una demanda, el Gobernador debe representar a la Cámara de Diputados, caeríamos en una gravísima desviación de las competencias funcionales.
En todo litigio una mala gestión procesal puede conducir a una derrota.
En todo litigio existe la posibilidad de allanarse a la demanda.
En todo litigio debe haber identidad entre quienes debaten y quienes son condenados.
Por lo tanto, surge claro que la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe debe ser admitida como parte en la causa.

LA PERSONALIDAD POR PREJUZGAMIENTO DEL FISCAL DE ESTADO
Hace unos meses, la Srta. Mariana Robustelli inició un amparo contra la Provincia de Santa Fe pretendiendo que se considerase su admisión (expte. Nº 183/2013).
En dicho expediente, dirigido contra ‘Provincia de Santa Fe’, el Juzgado interviniente legitimó como demandado al Sr. Fiscal de Estado, Dr. Pablo Saccone.
El Fiscal de Estado, conforme a la construcción constitucional santafesina, es un órgano subjetivo único (art. 82). Su opinión cristaliza un status quo del cual no puede salir por lo menos mientras dure la composición subjetiva del órgano.
Y el actual Fiscal de Estado, al contestar en la causa 183/2013, expresó innecesariamente una extensa consideración contraria a las facultades amplias de las que la Cámara de Diputados hizo uso al momento de incorporar a Robustelli.
En vez de limitarse a decir que defendería la decisión de la Cámara por los motivos por ella expuestos en aquel momento, el Dr. Saccone se extendió en argumentaciones sobre lo que la Cámara a su criterio podía y no podía hacer (se adjunta en copia y se oficiará para su producción instrumental).
“se basa en un desacierto evidente de exégesis de la legislación aplicable”, “plantea una postulación desacertada para ser ella elegida”, “la Cámara de Diputados no hizo más que aplicar el mandato claro del artículo 19 de la ley 12367”
Y no era esa la inteligencia que prevalecía en la Cámara que él decía defender. Ocurría simplemente que, hasta ese momento, no se había perforado el piso de un tercio femenino.
Así, y contrariamente a lo sostenido por el Sr. Fiscal de Estado, pocas semanas después la Cámara mayoritariamente entendió que el cupo femenino debía ser respetado en la conformación del cuerpo, y que se trataba de decisiones propias independientes de la ley electoral.
Traer hoy aquí a representar a la Cámara de Diputados a un Fiscal de Estado que ya ha opinado en nuestra contra resultaría burdo, injustificado y contradictorio.
Y tenemos un temor concreto y fundado de que la respuesta del Fiscal de Estado sea contraria a la firme decisión de la Cámara que represento, lo cual nos obligaría a resolver el conflicto mediante la promoción de su juicio político.
Por lo tanto, surge claro que la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe debe ser admitida como parte en la causa.

ART. 93, INC. 6 - LA CORTE ES SUPREMA
En este caso, si se permitiese al Poder Ejecutivo Provincial entenderse con quien reclama su incorporación estaríamos ante un claro supuesto de conflicto de Poder que debería ser zanjado por la Corte Provincial.
Si se impidiese a la Cámara de Diputados tomar intervención judicial a través de sus autoridades, y se delegase la tarea al Fiscal de Estado dependiente del Gobernador, se provocaría una crisis institucional de proporciones.
Téngase presente que, por razones partidarias, el Ejecutivo podría tener sus preferencias respecto a uno u otro diputado, en cuyo caso nadie podría garantizarle a la Cámara la JUSTA DEFENSA EN JUICIO con lo cual serían estériles las cláusulas constitucionales que la hacen soberana en materia de incorporaciones.
Por lo tanto, surge claro que la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe debe ser admitida como parte en la causa.

LA PERSONALIDAD Y LA DEMANDABILIDAD
En DI LEO (Reg.: A y S T 32 p 348, 13/12/74) la CSJPSF directamente rechazó que pueda demandarse a la Legislatura provincial diciendo sucintamente:
“CONSIDERANDO: Que el Poder Legislativo no tiene legitimación procesal para actuar en juicio. Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Declarar inadmisible el recurso interpuesto.”
Respetuosamente entendemos que hay una invasión conceptual.
Por una parte, lo que impide a la Legislatura estar en juicio, como enseñan Sagüés y Serra siguiendo a Ulla, es que se le ha dado un marco de inmunidad frente al Poder Judicial para que no se revisen decisiones que le son propias.
Pero cuando las demandas son admitidas, cuando se corre traslado, se le debe reconocer cierta personería para comparecer.
“171. ¿Tienen "personalidad" los órganos? ¿Son sujetos de derecho? Los órganos que, como tales, integran una persona jurídica, no pueden considerarse como sujetos de derecho, con personalidad jurídica distinta de la persona a que pertenecen. La personalidad, en tal caso, le corresponde a la persona jurídica. Así, los órganos legislativo, judicial y ejecutivo, integrantes de la persona jurídica "Estado", carecen de personalidad, la cual le corresponde al Estado. De manera que los meros "órganos" de una entidad o persona jurídica no tienen personalidad: no son sujetos de derecho.
Lo que antecede constituye el "principio", el cual, sin embargo, puede verse modificado por un texto expreso de derecho. Siempre ha de tenerse presente el ordenamiento jurídico vigente, aplicable al caso que se considere.” (Marienhoff, Miguel; Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 1)
En Giordano Monti (Reg.: A y S t 125 p 185-194 27/03/96), al tratar sobre la Medida Cautelar, la CSJP sostuvo su añeja jurisprudencia de falta de personalidad del órgano legislativo (Bastino, Decoud, Di Leo)
Pero, como bien dice Marienhoff, ese es el ‘principio’. Debemos atender al caso y al derecho vigente.
Estamos aquí en una situación particularísima donde la Legislatura debe defender no un acto administrativo cualquiera sino una decisión que hace a su esencia: la decisión sobre su conformación, sobre su integración, sobre quiénes pueden ser sus miembros, sobre ‘las elecciones y títulos de sus miembros’.
Quizás, el único aspecto en que la Constitución ha hecho de la Legislatura un soberano.
Y además estamos en una situación excepcional: acreditamos fehacientemente que el Fiscal de Estado, órgano constitucional subjetivo, ya se ha pronunciado y en contra del criterio de la Legislatura, con lo cual mal podríamos confiarle nuestra defensa.
Pensemos cuánto evolucionó el derecho constitucional en los últimos años. En la edición 1995 de su “Acción de Amparo” Sagüés sigue explicando que la doctrina mayoritaria rechaza el amparo contra las leyes inconstitucionales y sólo lo acepta contra actos administrativos…
En ‘Decoud’ (Reg.: A y S t 117; p 217-276; 07/06/95) la Corte Provincial señaló que la negación de personalidad a los ‘órganos’ (entre los que incluye a las Cámaras) se debe a “la inexistencia de un interés distinto del órgano a cuya satisfacción se destine su actividad”.
Y –justamente en este caso- se advierte que la Cámara de Diputados tiene intereses propios DIFERENCIADOS de la Provincia representada por el Poder Ejecutivo.
“El problema de la legitimación procesal. Procuraremos ahora advertir otras facetas del encuentro que motivan la acción con sus implicados en el derecho constitucional y en el derecho procesal. Ellas se nutren en algunos planteos filosóficos, o bien, surgen de principios particulares de la teoría general del derecho que insisten en presentar al derecho procesal como un derecho de praxis, exclusivamente instrumentador de los derechos materiales y, particularmente, de los denominados “derechos subjetivos”, o de aquella categoría que se refiere a las “situaciones jurídicas subjetivas”.
La tesis que propiciamos consiste en sostener, básicamente, las siguientes posiciones:
a)     que el derecho procesal no es únicamente un derecho absolutamente instrumental, sino, esencialmente, una garantía de los derechos fundamentales del hombre, de modo tal que si aparece en alguna de sus instituciones estructurales (jurisdicción, acción y proceso) algún desconocimiento, alteración o transformación crítica hacia los derecho humanos, le corresponde a la ciencia procesal encausar el desvío, olvidando las reglas de las seguridades formales establecidas, para ir en busca de la justicia especifica que debe concretar;
b)     que, en materia de legitimación procesal, y en especial, en el juicio de amparo, debe postergarse la protección de las individualidades, cuando ella significa anular la tutela en los intereses sociales, colectivos o difusos. El soslayo se basa no tanto en la insuficiencia manifiesta que muestra la captación de los derechos subjetivos, sino porque, además de la tutela y defensa de los interés particulares, la socialización y la masificación de las preocupaciones funda un orden diferente que urge ser tenido en cuenta.
En este sentido, la dimensión y novedad que presentan los fenómenos sociales, encierra concertaciones entre grupos, organizaciones, Estados, y no existe aún mecanismo alternativo que preserve esos intereses.
En verdad, como lo dijo Capelletti, “los derechos y los deberes no se presentan más, como en los códigos tradicionales de inspiración individualista- liberal, como derechos y deberes individuales, sino metaindividuales y colectivos”. (El derecho de Amparo, Osvaldo Alfredo Gozaíni, Págs. 99 y 100)
Y hacia allá vamos. Para desentrañar la verdad del caso sólo puede llevarse el pleito con la Cámara de Diputados como parte.

VI) QUÉ HICIMOS. POR QUÉ LO HICIMOS.
En este caso la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe debía resolver quién se incorporaba al escaño que quedó vacante por la muerte de la Diputada (PJ) Silvia De Césaris.
En el orden de suplencias del Partido Justicialista estaba primero el Sr. Julio Roberto López, segundo el Sr. Guido Gabriel Prieto, y tercera la Srta. Mariana Robustelli.
Pero he aquí que, con la defunción de la diputada De Césaris, quedaban 49 diputados, de los cuales 15 eran mujeres y 34 eran varones.
Es decir: la Cámara que presido perdía el mínimo de mujeres entre sus integrantes (un tercio).
Dicho mandato, como abajo veremos, emerge de la Constitución Nacional tras la reforma de 1994, y es directamente imperativo para todos los poderes del Estado en todos sus niveles.
Si permitíamos la asunción del Sr. López o del Sr. Prieto reduciríamos gravemente la representación de género incumpliendo la norma fundamental, y dándole un pésimo mensaje a la sociedad y a todos los sectores del Estado y la representación política.
Por eso la Cámara, tras un profundo y sosegado análisis, y tras los dictámenes y procedimientos de rigor, rechazó la petición de López para ingresar y admitió en su seno a la primera mujer en el orden de suplencias.
No incorporamos a alguien que no fue electo, no eliminamos al Sr. López ni al Sr. Prieto de la lista de espera.
Lo que hicimos fue resolver que -para asegurar el cupo femenino en la integración del cuerpo- deben diferenciarse mujeres de varones en la lista de suplencias.
Por lo tanto, fallecida una diputada mujer, incorporamos a otra diputada mujer, y mantuvimos, y aseguramos, un piso invulnerable de un tercio de mujeres en las bancas.
Porque cuando el piso del tercio está en riesgo, la vacante de diputada mujer genera automática y obligatoriamente el ingreso de la primera mujer en el orden de suplencias.
No se violó la voluntad popular. La población vota presumiendo que se respetarán los consensos ciudadanos plasmados en la Constitución, entre ellos EL CUPO FEMENINO mínimo de un tercio.
La Cámara por eso escabinó una mujer para asegurar el cabal cumplimiento de la voluntad popular.
Si en las suplencias anteriores no se actuó de ese modo fue porque siempre antes estuvo asegurado un mínimo femenino de un tercio (16 diputadas) entre las bancas.
Hicimos una opción constitucional, en ejercicio de nuestra tarea de control de constitucionalidad.
Hicimos una opción legal, permitida por la Constitución Provincial, tendiente a asegurar derechos.
Hicimos una opción progresiva, pro hominem, eligiendo la solución que mejor asegura los derechos constitucionales.
HICIMOS UNA OPCIÓN, lo que no es revisable por ninguna otra autoridad.


VII) CUESTIÓN POLÍTICA NO JUDICIABLE. DEFECTO ABSOLUTO DE LA POTESTAD DE JUZGAR. FALTA DE JURISDICCIÓN
Entendemos que V.S. debe declarar su falta de jurisdicción por tratarse en autos de una cuestión política no judiciable.

POLITICAL QUESTIONS
Resume Cassagne: “La concepción restrictiva del control judicial sobre las cuestiones políticas pone el acento en la necesidad de impedir el llamado “gobierno de los jueces” a efectos de resguardar el principio de equilibrio en que se nutre la doctrina de la separación de poderes y de evitar, por lo tanto, que un poder quede a merced de otro, como consecuencia de trasladar el poder político a los tribunales judiciales, con todas las implicancias que tendría la injerencia política de los jueces (BIDEGAIN).
En esa línea, pero en una postura menos rígida y más realista, se ubica BADENI al sostener que “en definitiva, las cuestiones políticas no abarcan todas las facultades constitucionales conferidas a un órgano político sino solamente aquellas que revisten carácter discrecional en orden a su contenido, oportunidad y conveniencia y que no son susceptibles de ser examinadas por los jueces sin alterar el equilibrio e independencia de los poderes consagrados en la Ley Fundamental”.
Alberto Bianchi, principal analista doctrinario argentino de esta teoría, explica al tratar de las cuestiones políticas no judiciables que tienen las Cámaras del Congreso:
“Para ello poseen una facultad discrecional, ajena al conocimiento de la Corte. Si ha habido arbitrariedad en esta decisión, no es la Corte el órgano competente para investigarla. Será el electorado el que juzgará, a su vez, a esos senadores, en el próximo comicio. En este sentido, la eventual arbitrariedad del Senado es mas remediable aún que la arbitrariedad de la propia Corte, que, orgullosamente, sostiene que no es susceptible de remedio su propia arbitrariedad.
(…)
Se da un supuesto en el que, típicamente, debe intervenir la Corte y repara el error inexcusable en el que haya incurrido la sentencia. En este caso, su fallo no podrá tener otro efecto que devolver las actuaciones para que se produzca nuevo pronunciamiento, conforme a las pautas allí indicadas.”
Y luego va a analizar el caso que nos convoca:
“Conflictos internos de las cámaras legislativas: Se encuentra muy vinculado con el punto anterior el de los eventuales conflictos internos de las Cámaras del Congreso y su posible judiciabilidad. En efecto, la admisión o no de los nuevos legisladores por sus pares, las sanciones que el cuerpo pueda aplicar a alguno de ellos, etc., son todos asuntos que ofrecen dudas acerca de su revisibilidad por los tribunales.
En los Estados Unidos, la Corte Suprema ha interpretado esta cuestión en “Powell v. McCormack”, con sentido parcialmente favorable a la judiciabilidad. Se debatía si era revisable por los tribunales la decisión de la Cámara de Representantes, que había impedido acceder a su banca a un legislador debido a su conducta irregular. La Corte, según el voto de su Chief Justice Warren, entendió que solo estaba impedida de revisar aquellas decisiones en las que se juzgaban los requisitos exigidos para los legisladores en el Art. I, secc. 2, de la Constitución, es decir la edad, ciudadanía y residencia, pero que el Art. I, secc. 5, en tanto prevé que cada Cámara es juez de las elecciones, escrutinios y calificaciones de sus miembros, no es obstáculo para revisar judicialmente aquellas decisiones en las que se hicieran mérito de otras circunstancias. En un sentido muy parecido fue decidido “Roudebush v. Hartke”, caso en el cual un candidato a senador, que había perdido la elección, pidió un recuento de votos. Ello fue impugnado judicialmente por el vencedor y la Corte entendió que tenía atribuciones para ordenar el recuento, aun cuando sostuvo también que solo la Cámara respectiva podía decir cual de los dos candidatos era el elegido.
La Corte Suprema argentina ha establecido en forma uniforme que tales atribuciones son privativas de las Cámaras del Congreso, cuyo ejercicio final y definitivo no debe ser revisado judicialmente. Así lo ha dicho, por ejemplo, en “Junta Electoral Nacional- Entre Ríos” y en “Unión Cívica Radical c/ Campos”. En fecha más reciente ha confirmado esta tendencia en un pronunciamiento ocurrido con motivo con motivo de la incorporación de dos senadores del Chaco. El caso tuvo lugar en “Chaco c/ Senado de la Nación”, acción declarativa promovida por el gobernador de esa provincia, con el objeto de que se declarara la nulidad de una resolución del Senado, que al hacer lugar a una impugnación del Partido Justicialista desestimó los pliegos de dos senadores y dispuso la incorporación de otros dos. Al rechazar la acción, la Corte, en fallo dividido de 5 votos a 4 y muy criticado, sostuvo que “…las objeciones que sobre ese accionar del Senado de la Nación pudieran formularse, remiten al modo en que ha ejercitado sus facultades constitucionales privativas, ámbito pacíficamente excluido del control jurisdiccional. Se trata, en definitiva, de un espacio propio y exclusivo de ese órgano que compone uno de los poderes políticos del Estado, en el que goza de amplia discrecionalidad funcional”. Igual criterio fue aplicado en “Tomasella Cima c/ Congreso de la Nación” y en “Simón Hernández”.
Se observa en este punto una disparidad de criterio con lo resuelto en los casos de juicio político y del proceso de sanción de una ley. Mientras en los últimos la Corte ha realizado un esfuerzo para ampliar el campo de la revisión judicial, en este terreno, por lo contrario, no lo ha hecho, lo que no parece coherente, pues el mismo ámbito abierto a la judiciabilidad en aquellos también existe aquí. Como en los casos anteriores, hay aquí un ámbito de reserva del Congreso que debe estar excluido de la revisión judicial, pero no es menos cierto que también existen cuestiones revisables por los jueces. Si bien cada Cámara es el juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez (art. 64), ese juicio no constituye un acto discrecional ni está fundado en la exclusiva voluntad de las Cámaras. En otras palabras, no depende de una apreciación política, sino reglada. En tal carácter, es justiciable si la cuestión es planteada por parte legitimada. Me parece, en consecuencia, que si con ocasión de formular dicho juicio cualquiera de las Cámara incurriere en una evidente violación a las normas vigentes, tal que resulte incorporado quien no ha sido debidamente elegido, o por el contrario, se vede el acceso a la Cámara a un legislador, existen cuestiones no revisables y otras que si lo son. No es revisable el criterio empleado por una cámara legislativa para calificar la “inhabilidad moral” de uno de sus miembros, pero sí lo es el cómputo de la mayoría de dos tercios necesarios para decidir la remoción (art.66).” (Control de Constitucionalidad, Alberto B. Bianchi, Págs. 191 y 204 a 207)
Más recientemente, con los fallos ‘Bussi’ y ‘Patti’ (tan meneados en esta causa), la Corte tuvo oportunidad de tratar la problemática de la inhabilidad moral QUE NADA TIENE QUE VER CON EL SUPUESTO QUE NOS OCUPA.
Pero también la Corte actualiza sus criterios sobre ‘political questions’.
Al respecto, en “Teoría y crítica del Derecho Constitucional”, obra dirigida por Roberto Gargarella, nos enseña el Dr. Juan Ignacio Sáenz:
“La cuestión planteada en los casos “Bussi” y “Patti” se detienen en realidad en la precisión del debido alcance que cabe asignarle en la actualidad al art. 64 de la Constitución en cuanto estipula que “Cada Cámara es juez en las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez”.
Desde un punto de vista originalista, teniendo en cuenta el sentido histórico con que el párrafo reproducido fue inserto en la Constitución, las Cámaras carecerían de una atribución como la ejercida en dichos casos, pues aquello que perseguía la Constitución al establecer tal disposición era imponer una instancia de revisión final en el Congreso de la Nación de las elecciones de diputados y senadores, desarrolladas en el ámbito local de las provincias, lejano al asiento del gobierno federal, y respecto del cual los impulsores del régimen federal mantenían gran desconfianza y temor por la amenaza que los intereses locales seguían representando para el éxito de la Constitución y la efectiva organización y supremacía de las autoridades nacionales.”
(…)
“Por lo tanto, la condición de “juez” de las “elecciones, derechos y títulos que para cada Cámara del Congreso instituye el art. 64 de la Constitución deriva de similar disposición contenida en la Constitución de los Estados Unidos y fue inspirada en idénticos propósitos. La equivocidad del término returns en aquélla, que significa “veredicto”, “escrutinio”, “desempeño”, “resultado” o “rendimiento”, llevó al constituyente argentino a reemplazarlo por la palabra “derechos”, de evidente mayor latitud, y comprensiva de cualquier situación que diera lugar a dudas sobre la autenticidad de las elecciones efectuadas en las provincias. En tal sentido, las Cámaras podrían juzgar entonces “los derechos” ostentados por los representantes elegidos en las provincias, cualquiera fuera el cuestionamiento existente sobre sus elecciones, ya fuera en relación con los requisitos fijados para ser candidato, o a la normalidad del acto eleccionario. En el trasfondo del art. 64 se encuentra, pues, como en tantas otras disposiciones de la Constitución de 1853, un reaseguro del gobierno federal dirigido a preservar sus legítimas autoridades y a consolidar su régimen político y económico frente a la todavía latente amenaza que vivía en los ámbitos locales. En el mismo orden había sido necesaria la aprobación del Congreso de las Constituciones provinciales, el juicio político sobre los gobernadores –ambas cosas eliminadas en la reforma de 1860 a instancias de la provincia de Buenos Aires-, así como la intervención federal a las provincias (art.6º), la supremacía del orden federal y la competencia de la justicia federal para aplicarlo (arts. 21 y 116), la uniformidad de la legislación de fondo (art.74, inc. 12) y la competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para dirimir todo conflicto en que sea parte cualquier provincia (art. 117). El art. 64 se enrolaba en la misma idea de consolidación del régimen federal y estabilidad del gobierno central. Para ello era necesario establecer una instancia “federal” de control final de las elecciones realizadas en los Estados locales, y a ese fin- meramente- apuntaba la disposición constitucional.
En suma, la Constitución otorga una potestad excepcional para que cada Cámara “juzgue”, respecto de sus miembros electos: a) las “elecciones”, en cuanto a su regularidad y la veracidad de sus resultados; b) los “derechos” y “títulos”, pues en relación con lo anterior, sólo cabe reconocer derecho y título legítimo a quién ha sido regularmente elegido, de acuerdo con las condiciones objetivas de edad y residencia establecidas en la Constitución (arts. 48 y 55), y con un título expedido por autoridad competente. Al utilizar la Cámara de Diputados la atribución conferida en el art. 64 para “juzgar” subjetivamente la “idoneidad moral” de un legislador electo regularmente, incurre en una distorsión patente de sus atribuciones- que de por si deben interpretarse restrictivamente pues las Cámaras no constituyen órganos sino que integran uno llamado Congreso de la Nación-, lo cuál contraviene la finalidad de la citada cláusula constitucional, altera la distribución de competencias que prescribe la Constitución, y, lo que es quizás mas grave, interviene en el sufragio popular, modificando el resultado de una elección y sustituyendo la voluntad del electorado, hecho contrario al elemental principio de soberanía del pueblo expresamente mencionado en el art. 33 de la Constitución Nacional.”
(…)
“En los Estados Unidos, la Suprema Corte, frente a los excesos a que había dado lugar la aplicación de la cláusula equivalente a nuestro art.64, sostuvo en el caso “Powel v. McCormack” (1969) que “nuestro examen de los materiales históricos pertinentes nos lleva a la conclusión […] de que la Constitución no asigna a la Cámara ninguna autoridad de excluir a una persona, debidamente elegida por sus electores, que satisface todos los requerimientos de incorporación prescriptos explícitamente en el art. I, sección II”. Luego. En “Buckley v. Valeo” (1976), agregó que “El poder de cada Cámara para juzgar si una persona que aspira a ser elegida senador o representante ha reunido las condiciones requeridas no puede convertirse razonablemente en una atribución concedida al Congreso mismo para imponer calificaciones sustantivas al derecho de desempeñar dicho cargo. Sea cual fuere el poder que le Congreso pueda tener para legislar dichas calificaciones debe derivar de la sección IV mas que de la sección V del art. I”. Esto último sostenido por el tribunal norteamericano es de particular importancia, pues lo que quiere significar, precisamente como sostuve antes, es que el Congreso puede regular las calificaciones o la idoneidad necesaria para ser candidato, legislando sobre ello, mas no decidir espontánea y casuísticamente sobre la calidad individual de un legislador electo, pues en tal caso se transvierte la naturaleza de la función conferida por la Constitución al Congreso, de legislativa a judicial.”
Y en Santa Fe la doctrina es uniforme en admitir la irrevisibilidad de las decisiones políticas no judiciables de la Legislatura Provincial:
“Actos del Poder Legislativo. En principio, ellos están excluidos del amparo: Ulla aclara que para impugnar las decisiones de tal órgano del Estado existe un régimen de recursos propios, estimados suficientes para resguardar los derechos de los afectados. En tal tema, explica, la Constitución guardaría correspondencia con el recurso contencioso administrativo, que no abarca la revisibilidad de la actividad de la Legislatura.
Cabe advertir, desde luego, que numerosos actos del Poder Legislativo son conceptuados como “cuestiones políticas no justiciables”, y por lo tanto irrevisables judicialmente. Aunque también debe alertarse que el número de esas political questions ha disminuido. Por ejemplo, las decisiones vertidas en juicio político, hoy justiciables.
Si un asunto decidido por el Poder Legislativo se cataloga como cuestión política no justiciables, no es discutible por le amparo, ni por otra ruta procesal judicial.” (Derecho procesal constitucional de la Provincia de Santa Fe. Néstor Pedro Sagüés y María Mercedes Serra, Pág. 194)

LA INCORPORACIÓN LEGISLATIVA EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL SANTAFESINO
El artículo 48 de la Constitución Provincial es transparente: “Cada Cámara es juez exclusivo de la elección de sus miembros y de la validez de sus títulos”.
No tiene límites. Ni formales ni sustanciales. No tiene condiciones para el procedimiento de decisión. No tiene condiciones para el contenido de la decisión.
Posteriormente, el mismo artículo, regula OTRO SUPUESTO: “causas sobrevinientes de inelegibilidad y de incompatibilidad”.
Y en ese caso sí establece un procedimiento con mayoría agravada.
En ambos supuestos (porque la Constitución deja bien en claro que son dos situaciones distintas), conforme cierra el artículo, NADA NI NADIE puede volver atrás.
Así lo dispone contundentemente: “sin que, en ambos casos, una vez pronunciada al respecto, pueda volver su decisión”.
Mal puede entonces el Poder Judicial inmiscuirse para hacer ‘volver’ la decisión de la Cámara, siendo que ni ella misma puede retrotraerla por imperativo constitucional.
Y esa es una de las características típicas de las Cuestiones Políticas No Judiciables: aquellas que han sido diseñadas constitucionalmente como agotándose al mismo momento de su decisión.
No hay revisión, no hay vuelta atrás, para precisamente evitar que cambios transitorios en las mayorías lleven a cambios en las conformaciones de los cuerpos.

LAS CUESTIONES POLÍTICAS NO JUDICIABLES EN SANTA FE
Ha dicho nuestra Corte Santafesina en el leading case “Giordano Monti” que, en distintas etapas, surfeó en su jurisprudencia durante los últimos 20 años:
“Dicho privilegio es una garantía destinada a preservar o tutelar la plena independencia de los departamentos legislativos protegiendo y defendiendo un bien público -la institución- para el mejor uso de las competencias que tiene atribuidas como tales, en consecuencia, tiene un carácter instrumental respecto del ejercicio de la función.
Ahora bien, en el ejercicio de esas facultades privativas parece lógico admitir que puede reconocérsele al órgano una mayor dosis de discrecionalidad en punto al fondo de sus decisiones. En ese ámbito, es del caso recordar, que existen zonas de difícil acceso para este tribunal, el que no debe penetrar, en principio, en el núcleo discrecional interno de la respectiva decisión, vale decir, en lo que ésta tiene de estrictamente discrecional.” (CSJP Reg.: A y S t 215 p 50-72, 02/08/2006)

ANTECEDENTE RECIENTE DE CÁMARA
La SALA TERCERA de la Cámara de Apelaciones en lo Civil del Distrito 1 (Santa Fe) conformada por Echarte, Aletti de Tarchini y Vargas, resolvió en “Robustelli c/ Provincia” (Expte. 058/2013) mediante Resolución 16/2013 Tº 12, Fº 71 fecha 30/04/2013 que la causa debía ser tramitada por el juez de grado.
Y sintetizó en su considerando 3º:
“Que planteada en tales términos la apelación, analizadas las constancias de la causa, escrito introductoria de la acción jurisdiccional de amparo y la especial naturaleza del presente amparo donde se pretende únicamente –como lo expone la amparista- que la autoridad legislativa se pronuncie sobre los hechos afirmados y que deberán ser discutidos en su ámbito, pero sin invadir con ello el contenido o sentido de la decisión perteneciente a su esfera, insistiendo la amparista –retensión que cabe dentro de los límites expuestos reconocerle- en su derecho de obtener por un acto expreso que se haga mérito de su reclamación como acción constitucional específica, para revertir, en su caso, la mora en la respuesta de la requerida: Cámara de Diputados de la Provincia dentro de las facultades que le otorga el artículo 48 de la Constitución Provincial.”
Es decir: para la Alzada Civil el amparo se justifica si no invade la esfera discrecional de la Cámara de Diputados.
Se justifica el amparo para obtener un pronunciamiento –que no había sido expreso- respecto a la petición de asunción de Robustelli. La alzada civil lo deja tramitar pero como si fuese un amparo por mora.
Nada parecido al caso actualmente juzgado, donde la Cámara de Diputados trató el pedido de López y lo rechazó expresamente, considerando todos los argumentos de ambos dirigentes, y votando conforme a la normativa constitucional.
Esto deja totalmente en claro que estamos ante una Cuestión Política No Judiciable también de acuerdo a la jurisprudencia de vuestra Alzada.


VIII) EL JUICIO DE INCORPORACIÓN EN EL CASO CONCRETO
El principio: “CUANDO EL PISO DEL TERCIO ESTÁ EN RIESGO, LA VACANTE DE DIPUTADA MUJER GENERA EL INGRESO DE LA PRIMERA MUJER EN EL ORDEN DE SUPLENCIA”
Eso fue en síntesis lo que resolvió el Honorable Cuerpo.
Haciendo una interpretación de la normativa constitucional vigente, ejerciendo el control de constitucionalidad de sus propios actos, en un acto de aplicación normativa y de derivación de normas superiores la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe fijó una regla que puede resumirse del siguiente modo:
Cuando el piso mínimo de un tercio de escaños femeninos se vea amenazado, cada vacante de mujer debe ser cubierta por la primera mujer en el orden de suplencias. Pero mientras ese mínimo esté cubierto la lista se seguirá sin alteraciones.
Así lo dispusimos haciendo una decisión de control de constitucionalidad y de aplicación de normas superiores.

NO ES UN CASO DE INELEGIBILIDAD O INCOMPATIBILIDAD
Resulta importante resaltar que en el caso que tenemos aquí en discusión no se trató de una causa de inelegibilidad o incompatibilidad.
En nuestro caso, la Cámara de Diputados se limitó a adelantar el ingreso de una diputada frente a un postulante varón al cual se sigue considerando elegible y compatible.
Tanto es así que el ciudadano Julio Roberto López mantiene su posición de suplente presto a ingresar a la Cámara cuando surja otra vacante, siempre y cuando el cupo femenino de integración del cuerpo no esté en riesgo.
No había una causa sobreviniente de inelegibilidad o de incompatibilidad. EL GÉNERO (ser hombre / ser mujer) en el caso de López y de Robustelli eran anteriores a la elección, y como tales los votó el pueblo de la Provincia.
Lo que hizo la Cámara fue precisamente cubrir una vacante de mujer con otra mujer para asegurar el mantenimiento del piso mínimo del tercio de escaños femeninos.
No eliminó a López. Porque no le correspondía a López cubrir esa vacante concreta.
Pero de ningún modo puede intentarse alegar que estábamos frente a un hecho ‘sobreviniente’.
López ya era varón y Robustelli ya era mujer.
López sigue primero en la lista de reemplazos para la próxima vacante siempre y cuando no corra riesgo el piso mínimo de escaños femeninos.
Pero no fue una causal sobreviniente de incompatibilidad ni de inelegibilidad lo que conjuramos.
Sólo se hizo estricta aplicación del cupo por corrimiento.

MAYORÍA REQUERIDA
La Cámara resolvió la cobertura de la vacancia por 19 votos contra 5 y 8 abstenciones, sobre 32 diputados presentes.
Es decir, hubo una mayoría superior a la absoluta.
No hacía falta otra mayoría ya que no estábamos en un caso de inelegibilidad ni de incompatibilidad basado en causal sobreviniente como claramente hemos expuesto y seguiremos fundamentando.
La Constitución Santafesina en el artículo 48 regula dos supuestos. Sólo en el de inelegibilidad o incompatibilidad sobrevinientes establece una mayoría agravada.
La Constitución es clara en que hay ‘dos casos’.
Pero en este caso no se trató de una causal sobreviniente, sino una mera aplicación del cupo femenino.
Y por ende se debía resolver con simple mayoría de votos. Y así se hizo.

NO SOMETIDOS A LA LEY
Cuando el demandante erróneamente nos acusa de no cumplir con la ley 12367, o cree que debíamos ajustar nuestro criterio de incorporaciones a una ley provincial, demuestra su escasa comprensión de la diferencia entre el ejercicio constitutivo de los órganos y su actuación una vez integrados.
Durante los instantes en que el cuerpo se tiene que armar, que integrar, mientras rompe el cascarón y nace como cuerpo colegiado, no está sometido a leyes.
Está solamente sometido a las normas constitucionales, que lo constituyen.
Si admitiésemos que por una ley se puede afectar la conformación del cuerpo estaríamos admitiendo por vía de hipótesis que una Cámara podría afectar la conformación de la otra. Ello porque, en la dinámica de sanción de leyes santafesina, la Cámara de Origen puede insistir en su proyecto con dos tercios y así eliminar las correcciones efectuadas por la otra Cámara. En esa dinámica, válida para las normas generales, se podría afectar la prerrogativa absoluta y discrecional de cada Cámara para decidir sobre su conformación.
Por ello es que la Constitución es escueta y sencilla: cada Cámara es único juez al momento de incorporar miembros.

DICTÁMENES DE MAYORÍA Y DE MINORÍA
La Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General sesionó durante el cuarto intermedio de la sesión cuyo orden del día incluía la cobertura de la vacante producida por fallecimiento de la Dra. De Césaris.
Emitió un dictamen de mayoría con 5 (cinco) firmas, y uno de minoría (Mascheroni).
Es decir: se analizó el caso, los pedidos ingresados, y se resolvió al respecto, elevando todo lo actuado hacia el Cuerpo a través de presidencia.
Que la actora sostiene que al aprobar la HCD el dictamen de mayoría, “desestimó implícitamente el dictamen de minoría” que aconsejaba la incorporación de López al Cuerpo.
Que dicho argumento es falso y surge expresamente del Dictamen de Mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General:
“La Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General ha considerado las notas presentadas: NOTA N° 5581/13 - remitida por el Sr. Julio Roberto López, solicitando incorporación a la Cámara de Diputados y la NOTA N° 5583/13, remitida por la Sra. Mariana Robustelli, solicitando incorporación a la Cámara de Diputados, por el deceso de la Diputada Silvia De Césaris en fecha 11 de Julio de 2013. Ambos adjuntan certificación del Tribunal Electoral que acredita el orden de suplencia respectivo en la Lista Santa Fe para Todos, en los comicios del 24 de Julio de 2011.”
Expresamente la HCD ha dado ingreso a las pretensiones de López y Robustelli. El Dictamen de Mayoría emanado por la Comisión de Asuntos Constitucionales con justo criterio establece la existencia de dos solicitudes, la de Julio López -mediante NOTA N° 5581/13- y la de Mariana Robustelli -mediante NOTA N° 5583-.
Dichas pretensiones han sido analizadas en el Dictamen de mayoría luego votado en el recinto. Asimismo no ha existido omisión en el tratamiento de López. El Dictamen cristaliza la existencia de los dos pedidos de asunción y seguidamente detalla en más de veinte (20) páginas los argumentos jurídicos que erigen a Mariana Robustelli como Diputada Provincial.
El Dictamen de Mayoría que luego es refrendado en sesión y consecuentemente genera la asunción de la Diputada Robustelli -actualmente en ejercicio de su mandato-, tutela y licúa las solicitudes de ambos interesados.

CONSIDERACIÓN Y RECHAZO DEL PEDIDO DE LÓPEZ. ELECCIÓN Y SOMETIMIENTO A LA VÍA INTERNA. AGOTAMIENTO DE LA VÍA
El pedido de López, tal como él mismo reconoce en su demanda, ingresó a la Cámara y fue analizado en Comisión de Constitucionales.
Pero el dictamen mayoritario de la Comisión, que el Cuerpo hace suyo, aconseja rechazar el pedido de López e incorporar a Robustelli.
Así queda en claro que el Sr. Julio Roberto López inició un pedido administrativo, interno, dirigido al cuerpo. Optó por esta vía. Y su pedido fue considerado y rechazado fundadamente.
De este modo se agotó su reclamo habiendo obtenido una respuesta concreta y clara a su petición.
No puede ahora intentar que el Poder Judicial REVISE el acierto de la opción que hizo en un tema discrecional la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe ya que no hay REVISIÓN posible de estos decisorios políticos.
Y, como esclarece el adagio latino, “electa una via, non datur recursus ad alteram”.
López aceptó que era una cuestión propia de la Cámara, instó ante ella un trámite interno, fue considerado y rechazado fundadamente. No puede ahora, por mero interés personal, buscar la vulneración de la independencia de la Cámara a la que pretende integrar.

PRIMERO VOTACIÓN. LUEGO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL VOTO
Maliciosamente el amparista intenta hacer creer que hubo alguna irregularidad diciendo que primero se votó y luego se debatió.
No fue así. Primero se votó y luego se expusieron los motivos de algunos votos.
Ello fue resuelto por la mayoría de los presentes en el plenario de la Cámara en ese momento.
Y ello es una práctica habitual ya que en muchos casos, cuando la mayoría no cree necesario el debate previo, por tener cada uno su posición ya tomada, se opta por votar y luego -quienes lo desean- pueden exponer al pleno los motivos que lo llevaron a votar de tal o cual modo.
Es un mecanismo perfectamente válido y admitido por el Reglamento Interno de la HCD.


IX) EL CUPO FEMENINO EN LA CONFORMACIÓN DE LOS CUERPOS COLEGIADOS
“La igualdad electoral. El nuevo efecto significativo en materia de derechos políticos que contiene el artículo 37 en su segunda parte, es una recurrencia sobre la igualdad o la no discriminación de los sexos en materia política. En otras palabras, toda persona tiene derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas del país.
Este derivado del artículo 16 sobre el principio de igualdad, está ahora explicitado puntualmente en materia política. La Constitución aspira a llegar a una igualdad “real”, es por eso que declara y garantiza la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para acceder a cargos electivos y partidarios, y esta garantía tendrá que hacerse efectiva a través de acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y del régimen electoral.
La Constitución reafirma de esta manera lo dispuesto por la ley 24.012, que exige un mínimo de 30% de mujeres en las listas para elecciones nacionales y ubicadas en lugares con posibilidad real de resultar electas.
“El concepto de acción o discriminación positiva, como estrategia para corregir y superar la discriminación histórica de las mujeres, reconoce tres aspectos: por un lado, y aunque parezca obvio no lo es tanto, el reconocimiento de la existencia de esta discriminación; en segundo lugar, la voluntad de superarla, y por último la promoción efectiva de la igualdad. Es evidente que la legislación que meramente prohíbe la discriminación no ha sido suficiente para asegurar a las mujeres una presencia y participación efectiva en el ámbito político y económico. La acción positiva va mas allá, desarrollando medidas concretas que proporcionan a las mujeres posibilidades concretas de participación.
Se trata de medidas que superen los obstáculos que impiden llegar a la igualdad entre hombres y mujeres, reconocida por las leyes y las constituciones de la mayoría de los países. La cuota mínima de participación de mujeres es uno de los mecanismos, que en el marco de las acciones positiva, ha demostrado ser efectivo para asegurar la presencia de las mujeres en lo órganos de decisión de los partidos políticos y en las listas para cargos electivos.” (La Constitución Reformada. Roberto Dromi y Eduardo Menem, Págs. 116 y 117).
Comentando el artículo 37 de la Constitución Nacional dice Silvina Álvarez en “La Constitución en 2020” (obra dirigida por Roberto Gargarella:
“De esta manera la Constitución opta por garantizar las medidas de acción positiva allí donde las instituciones del Estado prevén cargos electivos, lo que en la práctica se traduce en leyes de cuotas o cupos en los cuerpos de deliberación, principalmente el Parlamento. La alternativa a este tipo de cláusula constitucional –adoptada también, con una redacción algo similar a la argentina, por constituciones como la francesa- es ampliar la garantía de igualdad de oportunidades o, dicho de otra manera, no restringirla al ámbito de los cargos electivos. Algo así hace la Constitución alemana al establecer en su art. 3 que “el Estado promoverá la realización efectiva de la igualdad de derechos de las mujeres y los hombres e impulsará la eliminación de las desventajas existentes.” Esta última fórmula, que tiene la ventaja de comprometer constitucionalmente al Estado en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres en general, es decir en todos los ámbitos en los que pueda existir desigualdad, tiene la desventaja que al ser menos precisa en cuanto a su ámbito de aplicación puede resultar también menos efectiva al momento de arbitrar medidas concretas como son las leyes de cuotas en el Parlamento.”
La HCD es un órgano constitucional que conforma el Poder Legislativo.
El proceso de sanción de leyes es su principal atribución, y funciona como usina generadora de políticas públicas y por ende de garantía de cumplimiento del ordenamiento jurídico. Que es taxativo el respeto a la garantía del cupo femenino, y devendría en ilegítimo e ilegal que la Cámara Baja administre dicha regla en oposición a los pactos internacionales y al ordenamiento jurídico.
Que asimismo, y de acuerdo al Dictamen de mayoría que fue aprobado en la octava sesión ordinaria de fecha 15/08/2013 se dio cumplimiento al ordenamiento jurídico y se aplicó un justo criterio con fundamento en el Derecho Internacional y en el Derecho Interno.
Que la actora a través de una interpretación al menos tendenciosa, alega la incorrecta aplicación del “cupo femenino” como causal de ineligibilidad que ha llevado adelante la HCD. También expresa la existencia de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta en la justa decisión llevada adelante por el cuerpo soberano e implora la literalidad del texto constitucional.
El cupo femenino ha sido contemplado expresamente por nuestra Constitución Nacional en la reforma del año 1994. Reza el art. 37 párr. 2do: “…La igualdad de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y régimen electoral.”
En torno a dicho tópico, en el ámbito de la 32ª Reunión de la Convención Constituyente, (3ª Sesión Ordinaria del 17 de agosto de 1994), el Convencional, Dr. Iván Cullen estableció que las acciones positivas consisten en “…desigualar para igualar; colocar a todos —o tratar de hacerlo— en el mismo punto de partida, porque es la única forma de obtener la igualdad sustancial…”
Conforme la ley provincial 10.802, la Provincia de Santa Fe posee un sistema que garantiza un piso base del 1/3 de mujeres en los ámbitos Provinciales, Municipales, Comunales y de Convencionales Constituyentes.
Dicha sistémica se nutre además de lo establecido por el Decreto 358/1993 que su art. 3º, 3er párrafo que manda incluir regularmente una mujer por cada dos varones, hasta cubrir la tercera parte como mínimo dentro del número total de cargos.
El art. 37 de la Constitución Nacional establece los nuevos derechos y garantías. Dichas máximas son operativas y es obligación de la Honorable Cámara de Diputados como Poder Público el cumplimento de dicho mandato, puntualmente las acciones positivas.
Asimismo, el art. 8 de nuestra Constitución Provincial establece en su segundo párrafo “…Incumbe al Estado remover los obstáculos de orden económico y social que, limitando de hecho la igualdad y la libertad de los individuos, impidan el libre desarrollo de la persona humana y la efectiva participación de todos en la vida política, económica y social de la comunidad.”
La confección de la lista remitida por la autoridad electoral asegura el ingreso preeminente de hombres por sobre el de mujeres (en proporción de cuatro varones por sobre una mujer). Los suplentes del 02 al 05 inclusive son hombres, por lo que de continuarse sucediendo vacancias femeninas, el sistema de corrimiento que alega la actora garantizaría una administración preeminente de hombres por sobre mujeres.
La única forma de obtener igualdad sustancial subyace en que el Cuerpo como “juez de la elección de sus propios miembros” operativice las acciones positivas que manda la Constitución Nacional. Es un asunto de incumbencia de la Cámara Baja garantizar la efectiva participación del colectivo femenino en el circuito decisorio y por ende remover los obstáculos necesarios para garantizar el cumplimiento del cupo.
La Lista emitida por el Tribunal Electoral establece un orden de prelación en la suplencia lesiva al cupo femenino y el deceso de la Diputada De Césaris provocó una nueva vacancia femenina en el ámbito de la Cámara Baja que conllevó a su integración con solamente 15 mujeres. El seguimiento férreo del sistema de corrimiento en la suplencia implica un incumplimiento del mandato constitucional y de potencial responsabilidad internacional.
El Cuerpo Legislativo a través del mandato del art. 48 de la Constitución Provincial debe eliminar todo tipo de obstáculo que interfiera en la igualdad real de oportunidades. La reforma constitucional del año 1994 a través de la fórmula del art. 75 inc. 22, convierte en letra de la Carta Magna a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. El art. 2.1 establece como obligación para los Poderes Público de “Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter” (inc. b) como también de “Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer” (inc. d) y “Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer…” (inc. e).
En dicha línea (marcada por el criterio constitucional), la HCD debía ABSTENERSE DE ADOPTAR medidas que empeoren sin justificación razonable y proporcionada la situación de los derechos consagrados en la Convención en consonancia al Derecho Internacional.

ANTECEDENTE CONGRESO NACIONAL: SENADORA ALICIA KIRCHNER. ANTECEDENTE INTERNACIONAL: MERCIADRI DE MORINI
Que en el ámbito parlamentario nacional, puntualmente en el caso Alicia Kirchner en el año 2007 se ha otorgado igual solución a la misma disyuntiva. En dicha ocasión la Cámara Alta realizó una sustitución efectiva de la mujer renunciante (Alicia Kirchner, nombrada como Ministra de Desarrollo Social) a la primera mujer en el orden de la lista.
La Comisión de Asuntos Constitucionales fundamentó en dicha oportunidad la necesidad de actuar en consecuencia a lo que manda la garantía constitucional de cupo femenino. El instrumento jurídico –Dictamen 12/12/2007, Expte. OV 373/07-, resolvió con justo criterio incorporar a la primer mujer en la lista de orden de suplencias, en lugar de la vacancia femenina.
El Dictamen de Comisión también hizo referencia a lo que ocurrió en el año 2001 (es decir hace 12 años), cuando se resolvió en mismo sentido en el ámbito de la Cámara Alta.
Con esa misma inteligencia, el cuerpo soberano de la HCD de la Provincia de Santa Fe ha resuelto la incorporación de Robustelli en ocasión de la vacancia femenina, teniendo también en cuenta el caso “Merciadri de Morandini” que comprometió la responsabilidad argentina en el ámbito de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos).
La nómina para Diputados de la UCR en Córdoba resultaba lesiva para el cumplimiento de la garantía del cupo femenino que preveía un ingreso preeminente de hombres por sobre el de mujeres.
Merciadri de Morandini agotó la vía de reclamación interna con el rechazo de la CSJN y avanzó hacia San José de Costa Rica.
Finalmente, luego que la CIDH declare ADMISIBLE el recurso, el Estado Argentino llegó a una solución amistosa con la damnificada, dictando el Poder Ejecutivo Nacional el Decreto N° 1246/00 que, derogando la antigua fórmula legal del decreto 379/93, dispone que “En todos los casos se privilegiarán medidas de acción positiva a favor de la igualdad REAL de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos”.
Por ende, el temperamento adoptado por la HCD también se inspiró en evitar responsabilidades internacionales a la Provincia.

EL SEUDO PROBLEMA DE LA REPRESENTACIÓN TERRITORIAL: UN DIPUTADO POR DEPARTAMENTO
La actora, para distorsionar la interpretación que el Cuerpo soberano ha realizado sobre la garantía del cupo femenino, establece una interpretación forzosa del texto constitucional doméstico, puntualmente del art. 32 de la Constitución Provincial, intentando trasladar una obligación de los partidos políticos al momento de incluir sus listas de candidatos, al momento de funcionamiento soberano de la Cámara Baja.
La Constitución Nacional en su artículo 37 ordena asegurar la igualdad REAL de las mujeres en el ACCESO a los cargos.
En sentido totalmente diferente fue concebido el cupo territorial santafesino, que el actor pretende comparar con el cupo femenino.
En el artículo 32 de la Constitución Santafesina establece que “Los partidos políticos incluirán en sus listas de candidatos por lo menos uno con residencia en cada departamento”.
Así, claramente, la misma Constitución lo establece como cupo para las listas, que nunca podría convertirse en cupo de integración salvo respecto a la lista del ganador la que ingresa 28 diputados.
Pero no lo establece como cupo de integración del cuerpo, lo cual sí hace la norma constitucional nacional con el cupo femenino.


X) NEGATIVAS
Niego todas y cada una de las afirmaciones y consideraciones expuestas por el actor Julio Roberto López en su demanda, salvo aquellas que sean admitidas expresamente en el presente escrito de responde.
En particular insisto en negar expresamente lo siguiente:
que le asista derecho a interponer acción de amparo; que se hallan vulnerado las normas provinciales, nacionales o internacionales que menciona; que deba ser incorporado a la Cámara de Diputados cesando la diputada Mariana Robustelli en sus funciones; que el Presidente de la Cámara de Diputados no haya permitido el debate sobre el problema de fondo; que deba prevalecer la distribución territorial de origen de los diputados por sobre el cupo femenino; que haya causa justiciable; que haya habido apartamiento de la normativa; que debiese la Cámara someterse a la ley 12367 tal como la interpreta López; que se haya resuelto la inelegibilidad de López; que el cupo femenino implique una causal de inelegibilidad de López; que debiese tratarse por el pleno el dictamen de la minoría; que se haya afectado el derecho de defensa de López; que debía resolverse en este caso con la mayoría de dos tercios; que el amparo sea la única vía disponible y la más idónea para el actor; que la doctrina pretoriana de las cuestiones políticas no judiciables esté en retroceso para estos asuntos; que sean aplicables los fundamentos de la mayoría de la CSJN en las causas ‘Bussi’ o ‘Patti’ donde se debatía inhabilidad moral; que sea aplicable el fallo ‘Cosgrove’ donde se debatía un corrimiento ante el Tribunal Electoral; que se pueda advertir arbitrariedad o ilegalidad manifiestas en la actuación de la Cámara de Diputados; que la regla constitucional sólo pretenda que las mujeres estén en las listas y no que resulten electas; que el miembro informante Busatto haya fundado ‘contra legem’; que alguien haya requerido en la sesión que la Cámara tenga siempre ‘dos tercios’ de diputadas; que la diputada Robustelli no haya sido electa por el pueblo; que se atente contra el principio republicano o el principio democrático; que el cupo femenino (siendo acción positiva conforme art. 37 CN) deba utilizarse como simple preferencia razonable y no como medida de discriminación inversa; que sea inválida la actuación actual de la diputada Mariana Robustelli; que la prueba propuesta sea procedente; que el dictamen jurídico del Dr. Cullen resulte prueba del derecho de López; que en cualquier caso pueda ser tramitada o admitida la demanda.


XI) PRUEBA
a- INSTRUMENTAL
a-1- Se requerirá del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nº 1 (Santa Fe) de la Séptima Nominación la remisión de copias debidamente certificadas del expediente caratulado “Robustelli, Mariana c/ Provincia de Santa Fe s/ amparo” (Expte. Nº 183/2013)
a-2- Se requerirá del Sr. Fiscal de Estado de la Provincia de Santa Fe el expediente administrativo donde tramitó la elaboración de la contestación a la demanda instaurada en autos “Robustelli, Mariana c/ Provincia de Santa Fe s/ amparo” (Expte. Nº 183/2013)

b- DOCUMENTAL
b-1- Copia del escrito donde Fiscalía de Estado de la Provincia de Santa Fe (Saccone) analizó un caso similar al presente


XII) DERECHO
Fundo la presente en la Constitución de la Nación Argentina, la Constitución de la Provincia de Santa Fe, los tratados internacionales con jerarquía constitucional, los tratados internacionales sobre Derechos Humanos suscriptos por nuestro país, la ley 10456, y demás normativa concordante.


XIII) RESERVAS
Que en razón de encontrarse directamente afectados y comprometidos Prerrogativas, Principios, Derechos y Garantías de rango constitucional y que fueran oportunamente referenciados, para el hipotético e improbable supuesto de que V.S. admitiera total o parcialmente las pretensiones del actor, dejamos desde ya planteada la reserva constitucional y formulamos expresa reserva de requerir la intervención de la Corte Suprema de Santa Fe en virtud del inciso 6 del artículo 93 y de ocurrir ante la Corte Suprema de Justicia Provincial por la vía del Recurso de Inconstitucionalidad (Ley Provincial Nº 7055 y sus modificatorias), y en su caso, por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación interponiendo el respectivo Recurso Extraordinario previsto en el art. 14 de la Ley Nacional Nº 48 y sus concordantes.
Dejamos también reservada la vía para acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica por violación de los artículos 23 y 30 de la CADH.


XIV) CITACIONES
FISCAL DE ESTADO
Tal como expresáramos ut supra creemos necesario citar al Sr. Fiscal de Estado de la Provincia de Santa Fe, no para que represente a la Honorable Cámara de Diputados, sino para que tome la intervención que el Poder Ejecutivo considere necesaria.
Pero dejo en claro que, de acuerdo a lo expuesto y defendido extensamente más arriba, entiendo que el Fiscal de Estado debe limitarse a adherir a las posiciones que por la Cámara expongo, como expresas instrucciones de defensa.
Denuncio domicilio del Sr. Fiscal de Estado en su público despacho de calle 3 de febrero 2649, 2º piso, ciudad de Santa Fe.

DIPUTADA MARIANA ROBUSTELLI
La Diputada en funciones puede verse afectada por la decisión que en definitiva se adopte en la presente causa. Por eso debe citársela para que exponga lo que considere que hace a su derecho.
Su participación como tercero interesado resulta inevitable para poderle hacer parte de la resolución que en definitiva se adopte.
Denuncio domicilio de la Diputada Mariana Robustelli en su público despacho de Avenida Brigadier General Estanislao López 3141, ciudad de Santa Fe.
Todo ello, sin perjuicio del criterio sostenido a lo largo de todo el escrito por el cual entiendo que debe abstenerse V.S. de continuar con la prosecución de la presente causa por defecto absoluto en la potestad de juzgar.


XV) AUDIENCIA ARTÍCULO 19
Que a los efectos de resolver la cuestión, y acordar con las partes involucradas la clausura de un reclamo que sólo puede llevar a una crisis institucional, y al desgaste de los órganos de la democracia santafesina, solicito que se convoque a una audiencia de conciliación del artículo 19 CPCCSF.
Ello deberá disponerse después de que todos los partícipes hayan tenido acceso al expediente y contestado la demanda.
En dicha oportunidad V.S. podrá actuar en su carácter de mediador de este grave conflicto institucional, tarea que honra a vuestra función judicial.


XVI) PETITORIO
Por todo lo expresado, de la Sra. Jueza respetuosamente solicito:
1) Me tenga por presentado, patrocinado y domiciliado
2) Me conceda la participación que me corresponde en representación de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, como presidente de la misma.
3) Cite al Sr. Fiscal de Estado y a la Diputada Mariana Robustelli, teniendo en cuenta las prevenciones expuestas respecto al primero
4) Convoque a la audiencia artículo 19 CPCCSF propuesta
5) Admita la carencia absoluta de su facultad de juzgar por tratarse de una cuestión política no judiciable
6) Rechace la demanda intentada, con costas.
7) Tenga presentes las advertencias y reservas formuladas.


RESOLVIENDO ASÍ
SE HARÁ JUSTICIA





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DECRETO DEL JUZGADO INTERVINIENTE HACIENDO LUGAR A LOS PEDIDOS PROCESALES DE RUBEO

LOPEZ, JULIO ROBERTO C/ HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROV. DE SANTA FE S/ AMPARO
21-00027301-2
Juzg. 1ra. Inst. Civil y Comercial 1ra. Nom.
SANTA FE, 19 de Septiembre de 2013

Agréguese la cédula acompañada, por cumplimentado lo requerido y proveyendo escrito cargo n° 10193/13: Téngase por contestado el traslado en los términos expresados. Previo a proveer lo demás, atento lo solicitado y considerando procedente, dese intervención al Sr. Fiscal de Estado como asimismo a la diputada Mariana Robustelli, cuyos intereses pudieran verse afectados en la tramitación del presente. A la audiencia oportunamente. Al escrito cargo n° 10406/13: Téngase presente el poder obrante a fs. 178 en cumplimento de lo requerido el 05/09/13. Notifíquese.

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CULLEN POR LÓPEZ OPONIÉNDOSE A LA AUDIENCIA DEL ARTÍCULO 19 Y A QUE EL FISCAL DE ESTADO SEA PARTE

EL ESCRITO PUEDE VERSE Y/O DESCARGARSE AQUÍ


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CONTESTACIÓN DE MARIANA ROBUSTELLI A LA DEMANDA DE AMPARO

EL ESCRITO DEL DR. PISARELLO PUEDE VERSE Y/O DESCARGARSE AQUÍ


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CONTESTACIÓN DE FISCALÍA DE ESTADO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE A LA DEMANDA DE AMPARO

Finalmente, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Santa Fe, que fue convocada a pedido nuestro (en representación de la Cámara de Diputados), contestó la demanda.
En vez de comparecer el Fiscal de Estado Saccone, comparece el principal funcionario de planta (procurador general Carbone).
Y hace dos advertencias preliminares:
1) Que considera que la Cámara de Diputados no es demandable, pero que habiendo sido admitida por la Jueza no hace más que mencionarlo. No interpone recurso al respecto.
2) Que es cierto que en un caso similar sostuvo los mismos argumentos que en este caso sostiene Cullen por López. Pero que aquellos antiguos argumentos (firmados por Carbone y Saccone) eran sólo la opinión personal de los firmantes en aquel momento pero que ahora sostendrán algo distinto (esquizofrenia jurídica).
3) Finalmente, sumándose a nuestra postura, solicita el rechazo de la demanda de López porque considera -igual que la Cámara- que estamos ante una típica cuestión política no judiciable.

EL ESCRITO DEL  PROCURADOR GENERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE (DR. CARBONE) PUEDE VERSE Y/O DESCARGARSE AQUÍ


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Nota en PÁGINA/12 sobre el caso en febrero de 2014

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/10-42683-2014-02-12.html



"Las Cámaras son jueces únicos"

"Nadie puede volver atrás una decisión soberana de la Cámara
de Diputados", señaló el abogado constitucionalista Domingo
Rondina, en alusión al planteo judicial presentado por Julio López.







El abogado constitucionalista Domingo Rondina aseguró que es "legítima" la banca que ocupa la diputada provincial kirchnerista Mariana Robustelli, luego de que se conociera ayer que es inminente el fallo judicial por la banca que ocupa Robustelli en lugar de la fallecida Silvia De Césaris. "La intromisión del Poder Judicial en el Poder Legislativo implicaría la ruptura de la división tripartita del poder eliminando la cláusula constitucional de que las cámaras son jueces únicos y exclusivos sobre la incorporación de sus miembros", explicó Rondina. "Nadie puede volver atrás con una decisión soberana de la Cámara de Diputados", sostuvo el abogado Rondina. Y agregó: "Los santafesinos, cuando votamos, admitimos que el orden de la lista se sometería a los cupos constitucionales de minorías, por eso después de las internas las listas se modificaron para permitir el ingreso a tercios de las mujeres, y por eso puede haber incorporaciones salteadas en los cuerpos para que el mandato constitucional no sea papel mojado".
Ayer, este diario dio cuenta de que el recurso de amparo presentado por Julio López por intermedio de su abogado, Iván Cullen, para ocupar la banca en la Cámara baja en lugar de Robustelli, joven militante del Movimiento Evita, se conocería esta semana. La causa está radicada en el juzgado de Viviana Marín (Civil y Comercial 1) de la ciudad de Santa Fe.
El cupo femenino incluido en la reforma constitucional de 1994 tiene en su espíritu, según Rondina, "un shock cultural que permite el cambio en una cultura machista. A eso temían quienes como Cullen se opusieron en la Convención Constituyente, aunque ahora digan que apoyaron, pero ahí están las versiones taquigráficas de los debates".
-Cullen dice que el fallo podría conocerse el viernes...
-El fallo puede salir en cualquier momento, pero desde hace tiempo venimos pidiendo que, previo a resolver, se produzcan las pruebas que solicitamos y que resultan necesarias para que la jueza conozca bien la situación planteada. Además, hemos pedido una audiencia de conciliación para tener la oportunidad, como Cámara, de explicarle a López los extensos e intensos motivos que nos llevaron a la decisión adoptada.
-Cullen habla también de "consecuencias tremendas" si no asume López. A qué se refiere?
-La asunción de López, mediante un fallo judicial, sería trágica; porque implicaría que el Poder Judicial se crea con derecho a decidir quién puede ser diputado en esta provincia, además de la ruptura de la división tripartita del poder eliminando la cláusula constitucional de que las Cámaras son jueces únicos y exclusivos sobre la incorporación de sus miembros. Así está concebido el Poder Legislativo provincial, y cualquier intromisión sería un mal desempeño de los jueces.
-Es un acto lesivo el de la Cámara de Diputados teniendo en cuenta que es un cuerpo soberano?
-No es lesivo más que de la errónea pretensión de López, quien no parece darse por enterado de que la Constitución Nacional ha ampliado los derechos de las mujeres y nos exige a todos los poderes públicos incorporarlas a los órganos representativos. Cierto es que su abogado patrocinante, en la Convención, atacó duramente la cláusula de cupo femenino, siendo nada menos que el miembro informante de la minoría opuesta al ingreso de mujeres a los órganos públicos.
-Robustelli es legítimamente diputada?
-Nadie puede volver atrás con una decisión soberana de la Cámara de Diputados. Flaco favor le hacen a las instituciones republicanas quienes pretenden afectarlas convirtiéndolas en objeto de escrutinio judicial. Los santafesinos cuando votamos admitimos que el orden de la lista se sometería a los cupos constitucionales de minorías, por eso después de las internas las listas se modificaron para permitir el ingreso a tercios de las mujeres, y por eso puede haber incorporaciones salteadas en los cuerpos para que el mandato constitucional no sea papel mojado.

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Y finalmente, el 19 de febrero de 2014 llegó la sentencia en la causa ROBUSTELLI, un precedente histórico que marca caminos nacionales en el respeto al cupo femenino en las bancas.

Aquí, el fallo completo, recién sacadito del horno tribunalicio:



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Luego, el 2 de julio de 2014, la Cámara de Apelaciones rechazó los cuestionamientos de Cullen por López, indicando que:
* la actuación formal de la Cámara de Diputados fue correcta,
* que sus argumentos de cupo femenino son atendibles,
* y que la vía procesal elegida por López fue incorrecta.
Ahora queda por ver si van a intentar seguir hacia la Corte...




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ESCRITO DE LOPEZ interponiendo recurso de inconstitucionalidad ley 7055
(fue rechazado por la Cámara)


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ESCRITO DE LOPEZ interponiendo queja por recurso de inconstitucionalidad ley 7055 denegado
(en trámite)



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