RECOMENDANOS con un click: Derecho Constitucional - Domingo Rondina - Dando cátedra: febrero 2014

Acerca del Constitucionalista

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Santa Fe, Santa Fe, Argentina
Abogado con veleidades de constitucionalista y literato. Aprendiz de mucho, oficial de nada. Librepensador me educó mi padre... Mi CV aquí http://www.domingorondina.com.ar/1999/10/cv.html

somos vigilantes

cuidando la constitución





Muchas veces hemos sostenido en este que los constitucionalistas, además de enseñar, escribir y opinar, tenemos que activar, tenemos que ser operadores del derecho constitucional, debemos meternos en las fricciones diarias con las normas infraconstitucionales.
En este caso queremos compartir un fallo obtenido por los colegas Iriarte y Fontán, tucumanos ellos, donde lograron que su justicia provincial declare inconstitucional una reforma de su constitución provincial.
Muchas veces hemos señalado las dificultades conceptuales y venenosamente kelsenianas de la inconstitucionalidad de la constitución.
Bueno, he aquí un interesante caso, y mucho más digno que Fayt o Iribarren...


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San Miguel de Tucumán, marzo 20 de 2013.

SENT. Nº 100


VISTO: Los autos caratulados “Iriarte Luis y otros vs. Provincia de Tucumán s/ inconstitucionalidad (expte. nº 108/07)” y reunidos los Sres. Vocales de la sala segunda de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, se establece el siguiente orden de votación: Dres. Arnaldo Alonso y Carlos Courtade y; habiéndose procedido a su consideración y decisión con el siguiente resultado:

El señor vocal Dr. Arnaldo Alonso, dijo:

RESULTA:

1) Que los Dres. Luis Iriarte y Carmen Fontán acumularon en forma objetiva en el escrito de demanda las siguientes pretensiones declarativas de inconstitucionalidad de la Constitución Provincial: a) del art. 31, en cuanto deniega el derecho de réplica; b) del art. 101 inc. 5, y del decreto del Poder Ejecutivo Provincial nº 1820/14 (MGyJ), por el que se delega en el Poder Ejecutivo la conformación del Consejo Asesor de la Magistratura y se determina ésta, respectivamente; c) de los arts. 90 y 159, en cuanto otorgan la reelección inmediata del titular del Poder Ejecutivo sin contar con el período iniciado al momento de la reforma constitucional; d) del art. 155, en cuanto habilita al Poder Legislativo a reformar la Constitución Provincial por vía de enmienda con la sola exigencia de su convalidación por referéndum; e) del art. 101 inc. 2º, en tanto delega en el Poder Ejecutivo facultades legislativas al habilitar el dictado de Decretos de Necesidad y Urgencia, que producen efectos inmediatos convalidados como ley por el silencio del Poder Legislativo; f) del art. 43 inc. 16, que dispone que los funcionarios que aspiren a participar en cargos electivos no puedan ser obligados a tomar licencia con carácter previo a la realización de los comicios; g) del art. 43 inc. 14, que regula la conformación de la Junta Electoral Provincial; h) del art. 71, que concede al titular del Poder Ejecutivo la facultad de promulgar parcialmente los proyectos de ley sancionados por el Poder Legislativo; i) de los arts. 48, 49 y 67 inc. 26, en cuanto constituirían –a juicio de los demandantes- un “blindaje protectorio especial para el Poder Ejecutivo”; i) de los arts. 125 y 131, que consagrarían – a juicio de los actores- la dependencia del Poder Judicial en relación al Poder Político por la conformación del Consejo Asesor de la Magistratura y el mecanismo instaurado para el juicio político de los magistrados; j) de los arts. 59, 68 y 69, por considerarlos violatorios del principio de división de poderes al poner al Vicegobernador al frente del Poder Legislativo presidiéndolo; y k) del art. 41 inc. 2º, por el que se atribuye al titular del Poder Ejecutivo facultades propias de la Nación al permitirle regular el tránsito y tratamiento de residuos peligrosos y radioactivos.
En lo que respecta al derecho de réplica, afirman que el art. 31 de la Constitución Provincial (en adelante, “CP”) contraría lo dispuesto por el art. 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica (en adelante, “Convención Americana” o “Pacto de San José”) aprobado por ley nº 23.054 de 1984, conforme la interpretación que de él realizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “Corte Interamericana”) en la Opinión Consultiva nº OC-7/86, del 29 de agosto de 1986, sobre “Exigibilidad del Derecho de Rectificación o Respuesta (arts. 14.1, 1.1. y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos)”, desconociendo doctrina judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación interpretativa de esta norma del derecho internacional de los Derechos Humanos, que reiteradamente resolvió que dicho derecho integra el ordenamiento jurídico-constitucional y es operativo, situación en la que encuadra lo acaecido respecto del Dr. Luis Iriarte quien se vio afectado por el contenido de una solicitada publicada en el diario “La Gaceta”, remitiendo luego por fax su respuesta a ella sin que fuera publicada por el diario, lo que derivó en que interpelara vía carta documento al editor responsable de éste para que publicara su respuesta en forma gratuita al encontrarse lesionado en su honor e imagen por informaciones inexactas y agraviantes conocidas por el personal del matutino.
Manifiestan que se encuentran legitimados para promover estas pretensiones en tanto ciudadanos que viven, trabajan, pagan sus impuestos y tienen familia en esta provincia, ejercitando igualmente la honrosa condición de auxiliares del Poder Judicial que les reconoce el art. 4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Colegio de Abogados de Tucumán y como profesores asociados de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, aspirando igualmente a competir en cargos públicos en las próximas elecciones provinciales en su condición de afiliados y dirigentes del partido político denominado “Movimiento Popular Tres Banderas (MP3)” de la provincia, todo conforme la amplia legitimación concedida por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Provincia mediante sentencias nros. 727 y 974 del año 2005, pues pretenden preservar a través de la majestad del la Justicia la integridad y unidad del texto constitucional de la provincia afectado por las reformas introducidas cuya constitucionalidad y validez impugnan con esta acción.
Aducen que el art. 101 inc. 5º, de la CP violenta lo previsto por el art. 8 de la Convención Americana y el art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que ostentan jerarquía constitucional conforme art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional (en adelante, “CN”), pues la integración del Consejo Asesor de la Magistratura (en adelante, “CAM”) quedó condicionada a la exclusiva voluntad política del titular del Poder Ejecutivo, quien puede hacerlo del modo que le plazca por un simple decreto modificable por otro sin ninguna pauta constitucional, todo lo cual infringe no solo la doctrina de los art. 3º, 150, 151, 152 y 153 de la CP sino además de la propia ley nº 7469 declaratoria de la necesidad de su reforma parcial.
Entienden que la Honorable Convención Constituyente (en adelante, “HCCT”) habilitó al Poder Legislativo a reformar el texto constitucional en cualquier artículo, ampliando por ejemplo los períodos de reelección del Gobernador y Vicegobernador como también del resto de la clase política con violación al principio republicano de periodicidad en el desempeño de los cargos públicos, que transformó a un poder constituido como el del Poder Legislativo en un poder constituyente en violación a lo dispuesto por el art. 3º de la CP y con desconocimiento de lo preceptuado por el actual art. 122 del nuevo texto constitucional, con una condición suspensiva groseramente absurda consistente en un referéndum posterior a realizar en una próxima elección provincial que incluso puede coincidir con una elección nacional para convalidar la enmienda con el voto del 50% del padrón, por lo que la cláusula importa además un incremento potencial explosivo del Poder Ejecutivo en sus afanes reeleccionistas al no exigir ni un referéndum aprobatorio específico y excluyente sobre la enmienda constitucional.
Argumentan que el art. 101 inc. 2º, de la CP importa la delegación en el Poder Ejecutivo de funciones legislativas violatorias de lo previsto por el art. 3º de aquélla y en infracción a las previsiones de la ley nº 7469, pues los Decretos de Necesidad y Urgencia (en adelante, “DNU”) producen efectos jurídicos inmediatos desde su publicación en el Boletín Oficial, facultándose al Gobernador para legislar y reglamentar todo tipo de derechos con excepción de temas tributarios, electorales y políticos, lo que violenta y desconoce lo dispuesto por el art. 30 del Pacto de San José y su interpretación auténtica por la Corte Interamericana en la Opinión Consultiva OC-6/86, del 9 de mayo de 1986, denominada “La Expresión ‘Leyes’ en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Sostienen que el art. 43 inc. 16, de la CP, en tanto habilita inconstitucionalmente a que los funcionarios no sean obligados a tomar licencia previa a la realización de un comicio por el hecho de ser candidatos a cargos electivos, violenta lo previsto por los arts. 8 y 23 apartado c), de la Convención Americana, según la interpretación que de ellos realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe nº 01/90, del 17 de mayo de 1990, relativo a los casos nros. 9768, 9780 y 9828, de participar en elecciones auténticas, al habilitar a aquéllos a manejar recursos públicos para promover sus candidaturas infringiendo el derecho de los otros candidatos a participar en las elecciones en condiciones generales de igualdad, pues les concede un verdadero privilegio.
Estiman que el art. 43 inc. 14, de la CP, al regular la composición de la Junta Electoral Provincial incluyendo a dos representantes del Poder Ejecutivo como son el Vicegobernador y el Fiscal de Estado, infringe la habilitación preconstituyente contenida en la ley nº 7469 que no contempló como punto objeto de reforma la constitucionalización de este órgano al no encontrarse previsto por el ex art. 38 de la CP, agregando el hecho de que su conformación violenta el derecho previsto por los arts. 8 y 23 apartado c), del Pacto de San José según la interpretación que de él realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe aludido en el párrafo anterior, al violar el derecho de participar en elecciones auténticas controladas por un órgano objetivamente imparcial.
Razonan que el art. 71 de la CP, al habilitar al titular del Poder Ejecutivo a promulgar un proyecto de ley en forma parcial, importa otorgarle el poder de decidir por sí y ante sí si la parte no vetada quita o no autonomía normativa a la ley, representando en realidad una delegación de facultades del Poder Legislativo a aquél que viola lo previsto por el art. 3º de la CP, y que se diferencia de lo previsto por el art. 80 de la Constitución Nacional pues este condiciona el derecho de veto parcial al hecho de que el proyecto conserve autonomía normativa y que su promulgación no altere el espíritu de la ley.
Plantean que los arts. 47, 48, 49 y 67 inc. 26, de la CP, al exigir el concurso de las tres cuartas partes de la totalidad de los miembros de la Comisión Acusadora y de las tres cuartas partes de la totalidad de los miembros del Tribunal de Juicio para acusar y destituir, respectivamente, en juicio político al titular del Poder Ejecutivo, sin posibilidad de ser suspendido en el ejercicio de sus funciones mientras dure el procedimiento, conforman un blindaje protectorio especial que contradice los principios de contralor efectivo de un gobierno republicano al lesionar el principio de equilibrio de poderes y eficacia en el control del desempeño de los funcionarios públicos, posibilitando la impunidad del funcionario objeto de investigación, discriminando a los vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Provincia respecto de los que solo se exige el concurso de la voluntad de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros presentes de ambos órganos, a pesar de que se encuentran en idéntica situación de jerarquía constitucional con aquél.
Consideran que los arts. 125 a 131 de la CP, que regulan las bases para el procedimiento de remoción de los magistrados del Poder Judicial no sujetos a juicio político por ante el Jurado de Enjuiciamiento, condicionan la estabilidad del Poder Judicial al poder político de turno en violación del Derecho Humano a gozar de una Justicia independiente, idónea e imparcial previsto por el art. 8 de la Convención Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, significando un desconocimiento del principio de progresividad en el aseguramiento del derecho a contar con una Justicia independiente.
Relatan que el art. 130 de la CP, impide que la sentencia del Jurado de Enjuiciamiento sea recurrida o revisada por el Poder Judicial, viola el derecho a la defensa en juicio de la persona y sus derechos previsto por el art. 18 de la CN, pues la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que toda vez que en el proceso de enjuiciamiento se acredite una violación del derecho al debido proceso o a la defensa en juicio, el pronunciamiento emitido en un juicio político debe considerarse recurrible ante el Más Alto Tribunal de la República.
Indican que el art. 79 de la CP, en tanto habilita al titular del Poder Ejecutivo a proponer los candidatos que han de integrar el Honorable Tribunal de Cuentas, viola el principio de imparcialidad en el control de los actos de gobierno y de la administración pública, incrementando el poder del titular del Poder Ejecutivo y asegurándole su impunidad pues no existe independencia del controlante con relación al controlado y no hay un control eficaz y creíble posible, toda vez que los órganos de contralor de los poderes del Estado deben integrarse mayoritariamente por miembros propuestos por las minorías representadas en el Poder Legislativo.
Concluyen que los arts. 59, 68 y 69 de la CP, que remiten a la competencia del Vicegobernador como Presidente del Poder Legislativo, habilita a la fórmula que gane las elecciones en los cargos de Gobernador y Vicegobernador a controlar no solo el Poder Ejecutivo, sino, además, el Poder Legislativo, concentrando y congelando el poder en beneficio de quienes detentan estos cargos sin limitarlo o racionalizarlo, lesionando así topos normativos y axiológicos de la CN y de los Tratados y Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos.
Finalmente, analizan que el art. 41 inc. 2º, de la CP, que habilita al Estado a regular la prohibición de ingreso de residuos peligrosos y radioactivos en su territorio propiciando mecanismos de acuerdo con el Estado Nacional, otras Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Estados Extranjeros e instituciones privadas, con el objeto de crear sistemas de tránsito, tratamiento y/o disposición final de los mismos, es nulo de nulidad absoluta e insubsanable pues el art. 41 de la CN prohíbe el ingreso a territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los residuos radioactivos, atribuyéndose de este modo a la Provincia competencias que solo corresponden al Gobierno Federal ya ejercidas al sancionarse la ley nº 24.051 y la Ley General del Ambiente como ley base.
2) Que notificado el Estado del traslado de la demanda, se apersonó por intermedio de apoderado y la contestó negando todos y cada uno de los hechos expuestos en fundamento de las distintas pretensiones reseñadas, dando su versión sobre los mismos y argumentando sobre la inadmisibilidad e improcedencia de éstas.
En lo que respecta a las pretensiones declarativas de inconstitucionalidad de los arts. 90 y 159 (reelección), art. 155 (reforma parcial), arts. 48, 49 y 67 inc. 26 (juicio político del titular del Poder Ejecutivo), arts. 59, 61, 68, 69 y 101 inc. 5º (elección de los jueces de la Corte Suprema), art. 79 (elección de los vocales del Tribunal de Cuentas), y art. 71 (veto parcial), todos de la CP, afirma que los actores carecen de legitimación para promoverlas pues lo hacen como ciudadanos que habrían sufrido un perjuicio indiferenciado por las normas que impugnan; que la impugnación de los arts. 90 y 159 de la CP es prematura, pues la posibilidad para el en ese entonces titular del Poder Ejecutivo de optar por presentarse nuevamente como candidato a Gobernador, recién tendría lugar en el año 2011; que la impugnación de los arts. 155 y 156 de la CP también carece de actualidad, pues la Constitución no podría reformarse sino hasta el 6 de junio de 2008, a lo que agrega la posibilidad de que la competencia de enmendarla por medio de una ley no sea ejercida; que la competencia para proponer los candidatos a integrar los cargos vacantes en la Excma. Corte Suprema de Justicia y el Honorable Tribunal de Cuentas, se encuentra condicionada al hecho del acuerdo por parte de la Honorable Legislatura, sin perjuicio de que idéntica competencia fue reconocida por la CP a idéntico órgano desde 1884 en adelante; que respecto a la impugnación de los arts. 48, 49 y 67 inc. 26, de la CP, los actores no cumplieron con la carga de probar cuál sería el perjuicio concreto que las normas le causarían, pues no ocupan el cargo de Vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia ni precisan cual sería la mayoría adecuada para iniciar un proceso de Juicio Político; que en lo que respecta a la impugnación del art. 71 de la CP, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció la competencia del Poder Ejecutivo para vetar un proyecto de ley en forma parcial antes de la reforma constitucional del año 1994, que en sí misma esta competencia constituye una forma de control del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo por razones políticas e incluso jurídicas, que el primer control relativo a la autonomía del proyecto con la norma y su espíritu corresponde al Poder Legislativo en razón de lo previsto por el art. 72 de la CP, que la doctrina de los arts. 71 y 72 de la CP en modo alguno impide que la norma sea luego controlada en su constitucionalidad por el Poder Judicial, que como la competencia para vetar un proyecto de ley solo puede ser ejercida una vez por el Poder Ejecutivo sea en forma total o parcial su ejercicio en sí mismo considerado representa una cuestión política no justiciable, y que los actores no cumplieron con la carga de demostrar el perjuicio sufrido del cual derive su interés en obtener la declaración de inconstitucionalidad.
En lo atinente a los arts. 43 incs. 14 y 16, de la CP, manifiesta que, sin perjuicio de que la HCCT estaba habilitada por ley nº 7469 para modificar las bases del régimen electoral incorporando a la Junta Electoral, la composición de este órgano anterior a la reforma constitucional del 6 de junio de 2006 con mayoría de representantes del Poder Judicial, tampoco recepta los principios que emanarían de la Resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nro. 1/90, del 17 de mayo de 1990, correspondiente a los casos nros. 9768, 9780 y 9828 relativos a México, pues sin perjuicio de que en esta Resolución la Comisión no se pronunció sobre las alegaciones específicas contenidas en la denuncia, estableció que la legislación interna de México no disponía de medios adecuados ante órganos del Poder Judicial para el amparo de quienes intentaran recurrir las decisiones de los organismos electorales y que el Gobierno de dicho país debía adoptar disposiciones de derecho interno para efectivizar los derechos y libertades políticos reconocidos por la Convención; que los actos del Poder Judicial provienen de funcionarios que no son elegidos por el voto popular, integran un Poder del Estado que también ha sido caracterizado de político por la doctrina y emiten resoluciones pasibles de control de constitucionalidad; a lo que añade el hecho de que todo ciudadano cuenta con recursos judiciales efectivos para impugnar cualquier decisión de la Junta Electoral que afecte sus derechos políticos (art. 68, Código Procesal Constitucional); de lo que sigue que los actores no cumplieron con la carga de acreditar que sufrieron o sufrirán en forma inminente un daño o agravio derivado del régimen que impugnan.
Asimismo, aduce que la pretensión declarativa de inconstitucionalidad no es idónea para encausar esta impugnación pues fue concebida como tutela preventiva frente a un acto en ciernes con el objeto de despejar un estado de incertidumbre, de lo que sigue que no aplica cuando la competencia que se impugna se ejerció mediante el dictado de los actos que fueran habilitados, lo que acaecería en la especie pues los actores consintieron toda la serie de actos administrativos que la Junta Electoral Provincial dictó luego de su creación, sin perjuicio de que la conducta de aquellos es violatoria del principio de buena fe pues se presentaron ante este organismo en su actual composición con el objeto de aspirar a ser elegidos por el partido político en el que militan.
Sobre idéntica impugnación, entiende que la HCCT estaba habilitada por ley nº 7469 para modificar las bases del régimen electoral incorporando la Junta Electoral con una nueva conformación, pues “modificar” significa, en sus dos primeras acepciones, transformar o cambiar algo mudando alguno de sus accidentes, o dar un nuevo modo de existir a la sustancia material, por lo que el control de constitucionalidad es inadmisible desde que no existe una incompatibilidad inconciliable entre la competencia habilitada y el ejercicio que de ella hizo la HCCT.
Finalmente, argumenta que si bien es doctrina uniforme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la de que la Convención Americana debe ser interpretada teniendo en cuenta los criterios vertidos tanto por la Corte Interamericana como por la Comisión Interamericana, no menos cierto es que la jurisprudencia de nuestro país revela supuestos en los que el Mas Alto Tribunal de la República utilizó un informe de la Comisión Interamericana para privar a una persona del plazo máximo previsto por la ley nº 24.390 para la prisión preventiva  (C.S.J.N., causa “Bramajo”, Fallos: 319:1840), por lo que cabe concluir que la Resolución nº 1/90 no es aplicable a la especie toda vez que su “holding” en modo alguno refiere a los hechos que se debaten en esta causa.
En lo pertinente a la prohibición del derecho de réplica prevista por el art. 31 de la CP, sostiene que ella se introdujo con la reforma constitucional del año 1990 en el entonces artículo 29, que la ley nº 23.054 incorporó con jerarquía superior a una ley federal la Convención Americana cuyo artículo 14 reconoce a toda persona que se encuentra bajo el amparo de este Tratado el derecho de rectificación o respuesta, que ello ha sido reconocido así por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Ekmekdjian, Miguel A. vs. Sofovich, Gerardo y otros”, que el art. 2º de la ley nº 7469 solo habilitó a la HCCT a modificar los artículos 5º, 22 y 35 incisos 10 y 36, de la Sección I, del Capítulo Único, denominado “Declaraciones, Derechos y Garantías”, que el plazo de sesenta días previsto por el art. 90 inc. 1º, del Código Procesal Constitucional (en adelante, “CPC”) para impugnar la omisión de la ley nº 7469 precluyó el 3 de mayo de 2005 y esta demanda recién se artículo el 15 de junio de 2006, de lo que sugiere que los actores no pueden impugnar una omisión en que habría incurrido la HCCT respecto de un tema cuya habilitación no fue ordenada por la ley nº 7469.
En lo relativo a la competencia del Poder Ejecutivo para dictar DNU prevista por el art. 101 inc. 2º, de la CP, razona que esta aptitud fue “constitucionalizada” por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto del Poder Ejecutivo Nacional en el caso “Peralta, Luis Arcenio y otro vs. Estado Nacional – Ministerio de Economía – Banco Central”; que este precedente fue el que sirvió de antecedente para la reforma a la CN del año 1994, que introdujo la competencia del Presidente de la República para dictar DNU en el art. 99; que en el orden provincial fue la ley nº 6686 la que reguló la competencia del titular del Poder Ejecutivo para dictar DNU; que la reforma constitucional del 6 de junio de 2006 introdujo esta competencia en el art. 101 inc. 2º, de la CP; que el efecto que la Constitución asigna al silencio del Poder Legislativo frente a la remisión de un DNU, obedece a la naturaleza de sustancia legislativa de los mismos en razón de las circunstancias que determinan su dictado, en un todo conforme con lo previsto por el art. 17 de la ley nº 26.122; y que al caso no es aplicable la Opinión Consultiva Nro. OC-6/86 de la Corte Interamericana, denominada “La Expresión Leyes en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, pues ella se circunscribe a la interpretación del art. 30 del Pacto de San José, la Corte Interamericana no se pronunció sobre la acepción del sustantivo “leyes” en cada Estado parte, reconoció que el concepto de “ley” no debe divorciarse del contexto del orden jurídico que le presta sentido e incide en su aplicación en cada Estado en razón de las particularidades vinculadas con el desarrollo jurídico y político de cada uno de los regímenes constitucionales, estableció que hasta una ley en sentido formal puede ser violatoria de la Convención cuando no se dicta por razones de interés general y para la realización del bien común, y precisó que el concepto de “Ley” no se contradice forzosamente con la posibilidad de delegaciones legislativas siempre que estén autorizadas por las Constituciones y que se ejerzan dentro de los límites impuestos por ella, por la ley delegante y sujeta a controles eficaces.
En lo tocante a la conformación del Jurado de Enjuiciamiento prevista por los arts. 124 a 131 de la CP, plantea que el instituto del juicio político estaba regulado en el art. 128 de la Constitución Provincial de 1907 en los términos que transcribe, que luego quedó regulado por el art. 110 de la Constitución Provincial con la reforma del año 1990 en las condiciones que detalla, que la reforma constitucional del 6 de junio de 2006 estableció el modo de juzgar a los magistrados del Poder Judicial no sujetos a juicio político en los arts. 124 a 131 en los términos que precisa, que el estudio de los debates que preceden la sanción de la ley nº 7469 determina que el instituto del Jurado de Enjuiciamiento obedeció a la necesidad de no entorpecer la actividad de los Legisladores aliviando en cierta forma su accionar, que los arts. 124 a 131 de la CP reconocen a todo magistrado no sujeto a juicio político los derechos a la defensa en juicio y debido proceso, que los actores no cumplieron con la carga de demostrar que la sola creación y conformación del Jurado de Enjuiciamiento constituya en sí misma una violación a un derecho que les haya sido reconocido por la Constitución, y que además no lograron demostrar que el procedimiento previsto para la sustanciación del juicio de destitución por el Jurado de Enjuiciamiento violente principio o garantía alguna de las reconocidas a ellos por la CN, la CP o el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
En lo concerniente a la prohibición de recurrir la sentencia del Jurado de Enjuiciamiento por no estar sujeta a revisión del Poder Judicial (art. 130, CP), relata que la misma también se encuentra prevista por el art. 115 de la CN, que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que es válida en tanto derivación del principio de división de poderes y en la medida que en el procedimiento no se haya violado garantía constitucional alguna del acusado, y que la parte actora no logró demostrar que este límite infrinja en sí mismo derecho o garantía alguno que la Constitución le reconozca.
En cuanto al CAM previsto por los arts. 101 inc. 5º, y 113 de la CP, y por el decreto del Poder Ejecutivo Provincial nº 1820/14 (MGyJ) del 17 de junio de 2006, indica que la designación de los magistrados del Poder Judicial era una competencia reservada al Poder Ejecutivo y al Senado en los arts. 103 inc. 5º, y 115 del texto de la CP vigente entre 1907 y 1990; que dicha competencia subsistió en el Gobernador con acuerdo del Poder Legislativo en los arts. 87 inc. 5º, y 99 del texto de la CP vigente luego de la reforma del año 1990; que por decreto acuerdo nº 82/14 (SGyJ) del 22 de junio de 1993 el Poder Ejecutivo creó un Consejo Asesor de la Magistratura, integrado por un representante de la Excma. Corte Suprema de Justicia, otro del Colegio Público de Abogados de Tucumán y otro de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán cuyo dictamen no era vinculante; que por decreto acuerdo nº 24/1 del 22 de diciembre de 2003 se modificó el aconsejamiento relativo a la selección de los magistrados del Poder Judicial, consistente en la publicación por un día en el Boletín Oficial y en dos diarios de circulación del nombre y datos personales de las personas que se encontraran a consideración para cubrir una vacante; que por decreto acuerdo nº 48/14 (MGyJ) del 24 de noviembre de 2004 se establecieron una serie de pautas para los aspirantes a cubrir cargos vacantes del Poder Judicial, indicándose las relativas a antecedentes académicos, de investigación, docencia, publicaciones, laborales, actuaciones institucionales, antecedentes personales, patrimoniales, fiscales y distintos informes; que los arts. 101 inc. 5º, y 113 de la CP delegaron en el Poder Ejecutivo la organización del CAM y delimitaron las características que debía tener el procedimiento de selección de candidatos a integrar ternas vinculantes, de entre las cuales el Gobernador habría de proponer el pliego de uno a consideración del Poder Legislativo en el procedimiento que describe; que por decreto nº 1820/14 (MGyJ) del 15 de junio de 2006 el Gobernador ejerció la competencia que le asignó el art. 101 inc. 5º, de la CP; y que la pretensión resulta inadmisible e improcedente pues desde 1907 en adelante la CP reconoce como competencia del Poder Ejecutivo la selección de quienes han de ingresar como magistrados del Poder Judicial, esta aptitud no fue modificada en más de un siglo de historia constitucional en la Provincia ya que jamás se reconoció a entidades intermedias competencia para participar en la selección de magistrados, el diseño previsto para el CAM garantiza la imparcialidad en la selección de quienes aspiren a concursar cargos para ingresar como magistrados del Poder Judicial, y los actores no lograron demostrar la incompatibilidad absoluta entre la disposición que impugnan y los principios, derechos o garantías reconocidos por la CN, la CP o el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Por lo que hace al art. 41 inc. 2º, de la CP, luego de transcribir lo previsto en la norma, concluye que los actores carecen de legitimación y no han logrado demostrar la existencia de un “caso” o “causa” que habilite el ejercicio del control de constitucionalidad que reclaman, pues no surge de las constancias del caso de qué modo la norma en cuestión afecta o lesiona sus derechos o garantías constitucionales, sin perjuicio de que no existe constancia alguna que determine la inminencia o proximidad de cualquiera de los hipotéticos planteos que desarrollan en su escrito de demanda.
3) Que producidas las pruebas de las que da cuenta el informe de Secretaría Actuaria, presentados los alegatos de bien probado y emitido el dictamen pertinente por parte del Ministerio Público Fiscal, corresponde dictar sentencia de fondo en estos autos; y
Considerando:
1) Que en virtud de lo decidido por la Sala 2ª de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, por sentencia nº 7, del 5 de febrero de 2008, dictada en los autos caratulados “Colegio de Abogados de Tucumán vs. Honorable Convención Constituyente de Tucumán s/ inconstitucionalidad”, Expte. nº 379/06, fallo confirmado por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Provincia, mediante sentencia nº 888/2008, del 8 de septiembre de 2008, dictada en los autos de idéntica carátula, la Honorable Convención Constituyente de Tucumán excedió el marco de competencia que le fijó la ley nº 7469 al regular el instituto de la enmienda constitucional por el Poder Legislativo en los arts. 155 y 166 de la Constitución Provincial, lo que determina la nulidad absoluta e insubsanable de éstos (art. 3º, ley nº 7469, y art. 152, Constitución Provincial) con efecto erga omnes (cfr. BIANCHI, Alberto B., Control de Constitucionalidad, Buenos Aires, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, 2ª edición, actualizada, reestructurada y aumentada, tomo 1, págs. 370/373, con cita de la doctrina de Fallos: 321:3487; 322:1616), por lo que deviene abstracto pronunciarse sobre esta pretensión declarativa de inconstitucionalidad incoada por los actores en autos.
2) Que en razón de lo decidido por la Sala 2ª de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo por sentencia nº 7, del 5 de febrero de 2008, dictada en los autos caratulados “Colegio de Abogados de Tucumán vs. Honorable Convención Constituyente de Tucumán s/ inconstitucionalidad”, Expte. nº 379/06, fallo confirmado por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Provincia, mediante sentencia nº 888/2008, del 8 de septiembre de 2008, dictada en los autos de idéntica carátula, la Honorable Convención Constituyente de Tucumán se sustrajo el marco de competencia que le fijó la ley nº 7469 al regular la organización del Consejo Asesor de la Magistratura como una delegación de competencia en el Poder Ejecutivo en los arts. 101 inc. 5º, en el pasaje que preceptúa “el Poder Ejecutivo organizará un Consejo Asesor de la Magistratura”, y también en el art. 162 de la Constitución Provincial, lo que determina tanto la nulidad absoluta e insubsanable de éstos como del decreto nº 1820/14 (MGyJ) del 15 de junio de 2006 (art. 3º, ley nº 7469, y art. 152, Constitución Provincial) con efecto erga omnes (cfr. BIANCHI, Alberto B., ob. cit., tomo 1, págs. 370/373), sin perjuicio de que el caso se encuentra superado por la sanción de la ley nº 8197 y modificatorias, por lo que deviene abstracto pronunciarse sobre esta pretensión declarativa de inconstitucionalidad incoada por los actores en autos.
3) Que por imperio de lo decidido por la Sala 2ª de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo por sentencia nº 75, del 18 de marzo de 2011, dictada en los autos caratulados: “Movimiento Popular Tres Banderas (MP3) vs. Provincia de Tucumán s/ inconstitucionalidad”, Expte. nº 750/06, pronunciamiento que se encuentra firme, la Honorable Convención Constituyente de Tucumán excedió el marco de competencia que le fijó la ley nº 7469 al incluir a la Junta Electoral Provincial y regular su composición en el artículo 43 inciso 14, de la Constitución Provincial, y al prohibir al Poder Legislativo el obligar a ningún funcionario público a tomar licencia previa a un comicio por el hecho de ser candidato en el artículo 43 inciso 16, de la Constitución Provincial,  lo que determina la nulidad absoluta e insubsanable de ambos (art. 3º, ley nº 7469, y art. 152, Constitución Provincial) con efecto erga omnes (cfr. BIANCHI, Alberto B., ob. cit., tomo 1, págs. 370/373), por lo que deviene abstracto pronunciarse sobre estas pretensiones declarativas de inconstitucionalidad incoadas por los actores en autos.
4) Que obedeciendo a lo decidido por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Provincia, mediante sentencia nº 888/2008, del 8 de septiembre de 2008, dictada en los autos caratulados “Colegio de Abogados de Tucumán vs. Honorable Convención Constituyente de Tucumán s/ inconstitucionalidad”, Expte. nº 379/06, fallo que se encuentra firme, la Honorable Convención Constituyente de Tucumán respetó los límites de competencia que la ley nº 7469 estableció en lo que respecta al instituto denominado Jurado de Enjuiciamiento, por lo que deviene abstracto emitir pronunciamiento sobre la pretensión declarativa de inconstitucionalidad del mismo incoada por los actores en autos (cfr. BIANCHI, Alberto B., ob. cit., tomo 1, págs. 358/361 y 368/369).
5) Que obedeciendo a lo decidido por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Provincia, mediante sentencia nº 507/2011, del 18 de julio de 2011, dictada en los autos caratulados “García, Sergio Ariel s/ especiales (residual)”, Expte. nº 870/09, pronunciamiento que se encuentra firme, la Honorable Convención Constituyente de Tucumán respetó los límites de competencia que la ley nº 7469 estableció en lo que refiere al instituto de la re-reelección previsto por el art. 159 de la Constitución Provincial, el que además se declaró constitucional, por lo que deviene abstracto emitir pronunciamiento sobre la pretensión declarativa de inconstitucionalidad del mismo incoada por los actores en autos (cfr. BIANCHI, Alberto B., ob. cit., tomo 1, págs. 358/361 y 368/369), sin perjuicio de que la situación se encuentra superada en los hechos en razón del resultado de los últimos comicios para cargos electivos provinciales.
6) Que la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Provincia estableció, respecto de la doctrina que emana del art. 26, 1er párrafo, in fine, de la ley nº 6374, similar al artículo 115 de la Constitución Nacional, en criterio que es trasladable a la impugnación incoada en autos del art. 130 de la Constitución Provincial, en la parte que establece que “La sentencia del Jurado de Enjuiciamiento es irrecurrible y no sujeta a revisión por el Poder Judicial”, que aquélla es constitucionalmente válida pues encuentra sustento en el principio de división de poderes ínsito en el sistema republicano de gobierno, lo que no empece a que en el supuesto de que se constate en el procedimiento de remoción una violación a las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso, exista para el acusado el derecho de requerir del Poder Judicial una tutela judicial efectiva en los términos de los arts. 18 y 33 de la Constitución Nacional, y de los arts. 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a cuyo efecto es admisible incluso la acción de amparo en razón de la inconstitucionalidad del art. 50, inc. 1º, in fine, del Código Procesal Constitucional (cfr. sentencia nº 1016/2009, 30 de octubre de 2009, autos “Freidenberg, Alicia vs. Estado Provincial (Honorable Legislatura) s/ Acción de amparo”).
Es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la de que en tanto la Convención Americana fue incorporada por voluntad expresa del Constituyente “en las condiciones de su vigencia”, debe interpretarse teniendo particularmente en cuenta los criterios vertidos por los Organismos Internacionales del Sistema de Protección de Derechos Humanos, como son la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Fallos: 315:1492; 318:514; 321:3555; 328:1491, 3399; 330:2361; entre otros).
En idéntica línea de razonamiento, la Corte Interamericana ha establecido que los órganos del Poder Judicial de un Estado parte en la Convención tienen el deber de velar porque los efectos de las disposiciones de este tratado no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, para lo que debe tenerse en cuenta no solo el texto del mismo sino también la interpretación que de él ha realizado la Corte Interamericana (Corte Interamericana, 26/9/2006, “Caso Almonacid Arellano y otros c. Chile”, Serie C, Nro. 154, párrafo 124; 24/11/2006, “Caso Trabajadores Cesados del Congreso [Aguado Alfaro y otros] vs. Perú”, Serie C, Nro. 158, párrafo 128; 1/9/2010, “Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia”, Serie C., Nro. 217, párrafo 202; 26/11/2010, “Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México”, Serie C., Nro. 220, párrafo 225; 1/7/2011, “Caso Chocrón Chocrón vs. Venezuela”, Serie C., Nro. 227, párrafo 164, [con cita de precedentes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, párrafo 165; del Tribunal Constitucional de Bolivia, párrafo 166; de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana, párrafo 167; del Tribunal Constitucional del Perú, párrafos 168 y 169; de la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina, párrafo 170; y de la Corte Constitucional de Colombia, párrafo 171]).
Partiendo de estas premisas, se puede aseverar que la garantía constitucional al debido proceso tiene un carácter evolutivo (Corte Interamericana, 1/10/1999, “Opinión Consultiva OC-16/99 sobre El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal”, Serie A, Nro. 16, párrafos 117 a 119); que todo acto de naturaleza materialmente jurisdiccional -como el que tiene lugar en un juicio político- se encuentra regulado por el art. 8 de la Convención Americana (Corte Interamericana, 6/10/1987, “Opinión Consultiva OC-9/87, Garantías Judiciales en Estados de Emergencia [arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos]”, Serie A, Nro. 9, párrafo 27; 31/1/2001, “Caso del Tribunal Constitucional”, Serie C, Nro. 71, párrafos 69 y 71; 2/2/2001, “Caso Baena, Ricardo y otros vs. Panamá”, Serie C, Nro. 72, párrafos 124, 126 y 127; 6/2/2001, “Caso Ivcher Bronstein vs. Perú”, Serie C, Nro. 74, párrafos 102 y 105; 28/8/2002, “Opinión Consultiva OC-17/02, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, Serie A, Nro. 17, párrafo 117; 17/9/2003, “Opinión Consultiva OC-18/03, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados”, Serie A, Nro. 18, párrafos 123 y 125; 23/6/2005, "Caso YATAMA vs. Nicaragua", Serie C, Nro. 127, párrafos 147, 148 y 149; 5/8/2008, "Caso de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo vs. Venezuela", Serie C, Nro. 182, párrafo 46; y 1/7/2011, “Caso Chocrón Chocrón vs. Venezuela”, Serie C, Nro. 227, párrafo 115); que el derecho a ser oído con las debidas garantías por un juez imparcial comprende tanto supuestos de imparcialidad objetiva como subjetiva, pues de lo que se trata es de hacer desaparecer la más mínima sospecha que pudiera albergar el acusado con relación al órgano juzgador a efectos de evitar un temor fundado de imparcialidad (Corte Interamericana, 31/1/2001, “Caso del Tribunal Constitucional”, Serie C, Nro. 71, párrafos 84 y 94 a 96; 2/7/2004, “Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, Serie C, Nro. 107, párrafos 170 y 171; 5/8/2008, "Caso de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo vs. Venezuela", Serie C, Nro. 182, párrafo 56; CSJN, 17/5/2005, caso “Llerena, Horacio Luis”, Fallos: 328:1491); que entre las “debidas garantías” del art. 8 de la Convención se encuentra el deber de motivación (Corte Interamericana, 23/6/2005, “Caso YATAMA vs. Nicaragua”, Serie C, Nro. 127, párrafo 152; 19/9/2006, "Caso Claude Reyes y otros vs. Chile", Serie C. Nº 151, párrafo 120; y 5/8/2008, “Caso de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo vs. Venezuela”, Serie C, Nro. 182, párrafos 77 y 78); a lo que se agrega el hecho de que la garantía de independencia del Poder Judicial impide al Poder Político inmiscuirse en aquellas cuestiones que competen en forma exclusiva y excluyente a un juez, como son las de determinar e interpretar tanto los hechos como el derecho aplicable a un caso (CSJTuc., sentencia nº 1016/2009, 30 de octubre de 2009, autos “Freidenberg, Alicia vs. Estado Provincial (Honorable Legislatura) s/ Acción de amparo”).
Pues bien, todo lo señalado determina la compatibilidad del art. 130 de la Constitución Provincial con la Constitución Nacional , lo que amerita declarar la inadmisibilidad de esta pretensión declarativa de inconstitucionalidad .-
7) Que en lo atinente a la pretensión declarativa de inconstitucionalidad del art. 101, inc. 2º, 3er y 4º párrafo, de la Constitución Provincial, norma que regula la competencia del Poder Ejecutivo para dictar Decretos de Necesidad y Urgencia, el primer antecedente de esta competencia en el orden federal lo constituye el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictado en los autos “Peralta, Luis Arcenio y otro vs. Estado Nacional – Ministerio de Economía – Banco Central” (Fallos: 313:1513), que sirvió de sustento a la reforma constitucional del año 1994 que la introdujo en el art. 99, inc. 3º, 3er y 4º párrafo, de la Constitución Nacional.
  Este fallo convalidó la constitucionalidad de los Decretos de Necesidad y Urgencia , condicionándolos a que el Congreso no adoptara decisiones diferentes en los puntos legislados y a que mediare una situación de grave riesgo social que justificara la medida tomada por el P.E. Nacional.-
  Ahora bien, la incorporación del art. 82 a la Constitución Nacional por la Asamblea Constituyente de 1994 vino a poner límites a esta facultad legisferante del PEN, en concordancia con el diseño del art. 99 inc. 3° que trata específicamente de los Decretos de Necesidad y Urgencia.-
  El art. 82 de la C.N. manda que la voluntad del Poder Legislativo se manifiesta expresamente, excluyendo “…en todos los casos….” La sanción ficta o tácita.-
  Esto se reflejó en el informe de plenario de la Convención Constituyente, en el que se apuntó que no habría más decretos con el silencio del Congreso pues con esta norma se derogaba la doctrina del caso “Peralta”.-
  Posteriormente, notorios constitucionalistas como  Humberto Quiroga Lavié, Bidart Campos coincidieron en que un Decreto de Necesidad y Urgencia no tratado por el Congreso, es decir respecto del cual no hubiera aprobación o rechazo sería un decreto rechazado en forma ficta en razón de que está prohibida la aprobación tácita y porque su prohibición implica por derivación lógica el rechazo ficto de la medida.-
  Pero ocurre con la posterior sanción de la ley 26.122 que reglamentó los Decretos de Necesidad y Urgencia a nivel federal, se otorgó validez y vigencia a estos decretos legislativos desde su dictado y publicación sin fijarle plazos al Congreso para  que se expida, por lo que el silencio de ambas Cámaras o el aval expreso o el silencio de una sola de ellas, aunque la restante lo rechace expresamente, es suficiente para  lograr su permanencia.-
  Los antecedentes legislativos provinciales sobre el tema remontan a la ley 6686 que reglamentó el dictado de los Decretos de Necesidad y Urgencia  y mediante la cual se estableció que dentro de los 20 días de receptado por la Legislatura ésta debía expresarse sobre su validez.-
  La ley disponía que la falta de pronunciamiento o su rechazo por el P.L. dentro de aquel término importaba su nulidad absoluta y carencia de validez legal.-
  Posteriormente , en 2003, la ley 7304 la modificó y estableció que el silencio legislativo al cabo de los 20 días hábiles de receptado el       DNU implica que éste adquiere fuerza de ley a partir de la fecha de su dictado.-           
La Honorable Convención Constituyente de Tucumán estaba habilitada a introducir esta modificación en las competencias del P.E., por mandato de lo previsto en el art. 2, punto I, apartado “d”, de la ley nº 7469 (cfr. Sesión Especial Extraordinaria del 22/12/2004, sobre Declaración de la Necesidad de Reforma Parcial a la Constitución de la Provincia de Tucumán y Derogación de las Leyes Números 7.194 y 7.259, Orden del Día nº 116/99, Asunto 1º, palabras del Legislador Stordeur, pág. 38).
Que en lo que al caso respecta, el art. 101, inc. 2º, 3er y 4º párrafo, de la Constitución Provincial prevé:
“Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de leyes, y no se trate de normas que regulen la materia tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá [el Poder Ejecutivo] dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos con acuerdo general de ministros… En el término de cinco días hábiles de dictado el decreto, éste será remitido a la Legislatura de la Provincia para su consideración. Dentro de veinte días hábiles de haber sido recibido por la Legislatura, ésta deberá expedirse sobre su validez. En caso que fuera ratificado o venciera el plazo establecido por el presente artículo, sin que la Legislatura se pronunciare, su contenido adquirirá fuerza de ley a partir de la fecha en que fue dictado. Si dentro de dicho término la Legislatura lo rechazare, será nulo de nulidad absoluta y carente de validez legal, sin perjuicio de los efectos cumplidos con motivo de su aplicación inmediata, los que no generarán derechos adquiridos”, con lo que el texto constitucional receptó la doctrina emanada de la ley 7469.-
El argumento que habilita a rechazar esta pretensión declarativa de inconstitucionalidad, encuentra sustento en la circunstancia de que la doctrina del artículo transcripto en modo alguno cercena la competencia del Poder Legislativo para sancionar leyes, incluso derogatorias de un Decreto de Necesidad y Urgencia (art. 67, CP); a ello se agrega que el efecto que el artículo asigna al silencio del Poder Legislativo es compatible con la doctrina que emana del art. 17 de la ley nº 26.122 (cfr. MIDÓN, Mario A. R., Decretos de Necesidad y Urgencia En la Constitución Nacional y Los Ordenamientos Provinciales, Buenos Aires, 2001, Ed. La Ley, págs. 147/149); el rechazo de la pretensión lo corrobora el hecho de constatar que contra un DNU procede el ejercicio de su control de constitucionalidad por ante los órganos del Poder Judicial (arts. 18, 33, 43 y ccdtes., Constitución Nacional; arts. 1, 2, 8 y 25, Convención Americana sobre Derechos Humanos; y arts. 24, 37, 38 y ccdtes., Constitución Provincial); a lo que se agrega que la Opinión Consultiva Nro. OC-6/86 de la Corte Interamericana, denominada “La Expresión Leyes en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, Serie A, Nro. 6, habilita la delegación de funciones materialmente legislativas en otros órganos entre los que la Constitución distribuye el Poder, siempre que –como ocurre en el caso- tales delegaciones estén autorizadas por la propia Constitución, se ejerzan dentro de los límites impuestos por ella y por la ley delegante, y que el ejercicio de la potestad delegada esté sujeto a controles eficaces, de manera que no desvirtúe, ni pueda utilizarse para desvirtuar, el carácter fundamental de los derechos y libertades protegidos por la Convención (párrafo 36). Por lo que la pretensión se desestima por ser inadmisible.-
8) Que el texto de la Constitución Provincial vigente entre 1856 y 1884, carece de precisiones sobre la cantidad de votos necesarios para formular una acusación y eventual destitución en Juicio Político del titular del Poder Ejecutivo, por lo que deviene irrelevante para la consideración de la impugnación de los actuales arts. 48 y 49 de aquélla.
Que entre los años 1884 y 2006 la Constitución Provincial estableció como condición para proceder a la acusación y eventual destitución en Juicio Político del titular del Poder Ejecutivo, el concurso de los dos tercios de votos de los miembros presentes sea de la Cámara de Diputados y de Senadores (arts. 65 inciso 2º, y 72, Constitución Provincial de 1884; y arts. 41 2º párrafo, y 46 2º párrafo, Constitución Provincial de 1907), o de la Comisión Permanente de Juicio Político y del Tribunal de Juicio Político en que se constituye el Poder Legislativo (arts. 43 y 44, Constitución Provincial de 1990).
Que en tal sentido los arts. 43 y 44, ubicados en la Sección III, Capítulo Único, denominado Poder Legislativo, de la Constitución Provincial de 1990, preveían:
Art. 43: “La acusación corresponderá a la Comisión permanente de juicio político, formada por doce legisladores, requiriéndose para promoverla, los dos tercios de ellos. Los restantes veintiocho miembros se constituirán en tribunal, requiriéndose para su funcionamiento un quórum de quince de ellos, prestando nuevo juramento. Cuando el Gobernador o el Vice-Gobernador fuere acusado, el Tribunal será presidido por el presidente de la Corte Suprema”.
Art. 44: “El fallo no tendrá más efecto que el de destituir al acusado y aún declararlo incapaz de ocupar ningún puesto de honor o a sueldo de la Provincia. Ningún acusado podrá ser declarado culpable sin una mayoría de dos tercios de votos de los miembros presentes del Tribunal. Deberá votarse en todos los casos nominalmente y registrarse en el acta de sesiones el voto de cada legislador”.-
Que el debate que precede a la sanción de la ley nº 7469, es vacuo sobre toda consideración de “incorporar” un “agregado” al sistema de mayorías previsto por la Constitución Provincial de 1990, para formular una acusación y eventual destitución en Juicio Político de los cargos de Gobernador y Vicegobernador (cfr. Sesión Especial Extraordinaria del 22/12/2004, sobre Declaración de la Necesidad de Reforma Parcial a la Constitución de la Provincia de Tucumán y Derogación de las Leyes Números 7.194 y 7.259, Orden del Día nº 116/99, Asunto 1º).-
Que de este debate se desprende que la declaración de voluntad preconstituyente lo fue en el sentido de una reforma parcial de la Constitución Provincial de 1990 (cfr. Sesión Especial Extraordinaria del 22/12/2004, sobre Declaración de la Necesidad de Reforma Parcial a la Constitución de la Provincia de Tucumán y Derogación de las Leyes Números 7.194 y 7.259, Orden del Día nº 116/99, Asunto 1º, palabras de los Legisladores Raed, Robles, Rivas y Terán Nougués, págs. 7, 25, 51 y 60, respectivamente).
Que en virtud de lo previsto por el art. 2, punto I, apartado “c”, y punto IV, inciso 1º, de la ley nº 7469, la Honorable Convención Constituyente solo se encontraba habilitada a “modificar” la Sección III, Capítulo Único, denominado “Poder Legislativo”, arts. 39 al 72 inclusive, y a “incorporar” al Poder Legislativo los “agregados” de su autarquía, denominación y facultades implícitas o residuales.
Que el debate que precede a la sanción de los actuales arts. 48 y 49 de la Constitución Provincial, revela que la mayoría de las tres cuartos de la totalidad de los miembros de la Comisión Acusadora y del Tribunal de Juicio Político, obedeció a la “relevancia de las funciones” que desempeñan el Gobernador y el Vicegobernador, lo que ameritaba “contar con una mayoría verdaderamente representativa”, que permita “un sistema más fuerte y menos indefenso a los cambios y avatares coyunturales que la política puede ocasionar” (cfr. Diario de Sesiones de la Honorable Convención Constituyente de la Provincia de Tucumán, IVª Reunión, Sesión del 22 de mayo de 2006, palabras del miembro informante del proyecto, Convencional Orellana, pág. 180).
Que luego de la reforma del 6 de junio de 2006, los arts. 48 y 49 de la Constitución Provincial prevén:
Art. 48: “La acusación corresponderá a la Comisión Permanente de Juicio Político, formada por doce legisladores, requiriéndose para promoverla los dos tercios de la totalidad de los miembros. En el caso del Gobernador y Vicegobernador, la mayoría necesaria para promover la acusación será de tres cuartos de la totalidad de los miembros de la Comisión Acusadora. Los restantes treinta y siete legisladores se constituirán en Tribunal, prestando nuevo juramento, requiriéndose para su funcionamiento un quórum de diecinueve legisladores. Cuando el Gobernador o el Vicegobernador fueren acusados, el Tribunal será presidido por el Presidente de la Corte Suprema” (la cursiva no es del original).
Art. 49: “El fallo no tendrá más efecto que el de destituir al acusado y aún declararlo incapaz de ocupar ningún puesto de honor o a sueldo de la Provincia. Ninguna de las personas sujetas a juicio político será declarada culpable sin una mayoría de los dos tercios de la totalidad de los miembros del Tribunal, y de los tres cuartos de la totalidad de los miembros del Tribunal en caso de enjuiciamiento al Gobernador o Vicegobernador. Deberá votarse en todos los casos nominalmente y registrarse en el acta de sesiones el voto de cada Legislador” (la cursiva no es del original).
Que este tipo de mayoría, con la que se regula el equilibrio que debe existir entre los órganos entre los que la Constitución distribuye el Poder con el objeto de hacer efectivo el principio republicano de responsabilidad de los gobernantes (cfr. BIDART CAMPOS, Germán José, Manual de la Constitución Reformada, Buenos Aires, Ed. Ediar, 1ª reimpresión 1998, tomo I, pág. 429), no tiene parangón en ninguna de las otras veinticuatro Constituciones que existen en la República Argentina pues todas exigen al voto de los dos tercios de los miembros presentes tanto del órgano encargado de sostener la acusación como del de decidir la remoción (Constitución de la Provincia de Jujuy, arts. 208 inc. 1º, y 209 inc. 2º; Constitución de la Provincia de Salta, arts. 106 y 160; Constitución de la Provincia de Catamarca, arts. 230 inc. 3, y 231; Constitución de la Provincia de La Rioja, arts. 108 y 112; Constitución de la Provincia de San Juan, arts. 222 y 226; Constitución de la Provincia de Mendoza, arts. 74 inc. 2º, 81 y 109 incs. 6º y 13; Constitución de la Provincia de Chaco, arts. 124 y 128; Constitución de la Provincia de Formosa, arts. 156 y 162; Constitución de la Provincia de Santiago del Estero, arts. 146 y 147; Constitución de la Provincia de Córdoba, arts. 116 y 121; Constitución de la Provincia de Misiones, arts. 154 y 157; Constitución de la Provincia de Corrientes, arts. 90, 97 y 136 incs. 6º y 13; Constitución de la Provincia de Entre Ríos, arts. 98, 103 inc. 1º, 144 y 150; Constitución de la Provincia de Santa Fe, arts. 99, 100 y 103; Constitución de la Provincia de Buenos Aires, arts. 73 inc. 2º, 74, 79, 80, 81, 124 y 154; Constitución de la Provincia de Río Negro, arts. 154 y 159; Constitución de la Provincia de Neuquén, art. 266 incisos “d” e “i”; Constitución de la Provincia de Chubut, arts. 202 y 206; Constitución de la Provincia de Santa Cruz, art. 139 incs. 2º y 3º; Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, arts. 118 y 121; Constitución de la Provincia de San Luis, arts. 107 inc. 2º, 112 inc. 2º, y 182 incs. 3º y 9º; Constitución de la Provincia de La Pampa, arts. 110 y 111 incs. 2º y 3º; Constitución Nacional, arts. 53 y 59; y Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, art. 94).
Que de lo expuesto se sigue que este “agregado” “incorporado” por la Honorable Convención Constituyente, posiciona a la Constitución Provincial como único ejemplo en todo el Derecho Constitucional Argentino.
Que este “agregado” “incorporado” es trascendente en su obligatoria comparación con la situación prevista para los Vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, pues realiza una distinción desproporcionada entre los requisitos para su Juicio Político en relación con las figuras del Gobernador y Vicegobernador, a pesar de que tanto éstos como aquéllos se encuentran en un exacto pie de jerarquía e igualdad dentro de la distribución de poderes que realiza la Constitución Provincial (cfr. BIANCHI, Alberto B., ob. cit., tomo 1, pág. 238, con cita de la doctrina de Fallos: 137:47; 235:662).
Que, como lo ha declarado la jurisprudencia, las reformas de 2006 a la Constitución Provincial están sujetas al control de constitucionalidad por el Poder Judicial, y es procedente declarar la invalidez de los textos reformados cuando desbordan las necesidades puntualizadas por la ley preconstituyente nº 7469, contraviniendo disposiciones de superior jerarquía y aplicación prevalente de la propia Constitución (Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala 2ª, sentencia nº 7, 5/2/2008, “Colegio de Abogados de Tucumán vs. Honorable Convención Constituyente de Tucumán s/ inconstitucionalidad”; Excma. Corte Suprema de Justicia de Tucumán, sentencia nº 888, 8/9/2008, “Colegio de Abogados de Tucumán vs. Honorable Convención Constituyente de Tucumán s/ inconstitucionalidad”; CSJTuc., sentencia nº 721, 3/8/2009, “Batcon SRL vs. Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano”; y Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala 2ª, sentencia nº 75, 18/5/2011, “Movimiento Popular Tres Banderas (MP3) vs. Provincia de Tucumán s/ inconstitucionalidad”, y sus citas).
Que, como también lo ha indicado la jurisprudencia al interpretar el método de la ley nº 7469, toda incorporación a la Constitución de un tema nuevo que recreara una institución preexistente o la dotara de un novedoso contenido parcial no previsto del todo en su articulado, fue definido como un “agregado” a ser “incorporado” no comprendido en el simple concepto de “modificación”:
Por consiguiente, puede concluirse que la enunciación detallada de ‘agregados’ que hizo la ley 7469, abarcó dentro de sí a la habilitación de dos tipos de contenidos especialmente innovativos. Unos, contenían innovaciones normativas propiamente dichas, porque habilitaban la incorporación normativa de ‘temas y/o instituciones’ completamente nuevos y desconocidos en el articulado constitucional anterior (v.gr.: autarquía del Poder Legislativo, autonomía municipal, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Consejo Asesor de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento, hábeas data, derechos de consumidores y usuarios, derechos de las comunidades indígenas, actos de intervenciones federales, partidos políticos, etc.). Y otros, contenían variaciones especiales de grado equiparable o asimilable a las demás innovaciones, porque abarcaban la incorporación de ‘temas’ nuevos que recreaban a ‘instituciones’ preexistentes o las dotaban de un novedoso contenido parcial que no había sido del todo previsto en el articulado constitucional (v.gr.: amparo colectivo, ecología y política de medio ambiente), y que ya sea por la especificidad, intensidad u otra singularidad de la innovación que traían aparejada, no quedaban suficientemente comprendidos en una mera ‘modificación’ del articulado preexistente” (cfr. Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala 2ª, sentencia nº 7, 5/2/2008, autos “Colegio de Abogados de Tucumán vs. Honorable Convención Constituyente de Tucumán s/ inconstitucionalidad”; y sentencia nº 75, 18/3/2011, autos “Movimiento Popular Tres Banderas (MP3) vs. Provincia de Tucumán s/ inconstitucionalidad”).
Que, como lo ha reconocido la jurisprudencia, la legitimación de los actores encuentra sustento en la doctrina que emana del art. 90 in fine del Código Procesal Constitucional, pues en el caso se ha comprobado que la Honorable Convención Constituyente desbordó el límite de competencia que le fijó la ley nº 7469, al “incorporar” a la Constitución Provincial un “agregado” no habilitado que irrumpe en 122 años de continuidad histórica, que no tiene punto de referencia en el Derecho Constitucional Argentino, que desvirtúa el equilibrio que debe existir entre los órganos en los cuales la Constitución distribuye el Poder, que incide sobre el principio republicano de responsabilidad de los gobernantes y que establece una distinción que expresa de modo desproporcionado una infundada desconexión entre supuestos análogos:
La rigidez de nuestra Constitución, derivada del procedimiento especialmente establecido y de que la misma solo habrá de efectuarse por un órgano especialmente creado para ese fin, opera como una auténtica garantía constitucional de todos los ciudadanos. Configura entre ellas, una garantía de tipo genérica, es decir, uno de aquellos mecanismos que procura impedir que la actuación general y abstracta de los poderes públicos derive en una vulneración a un derecho fundamental o en una afectación al contenido mínimo que el Texto Constitucional confiere a esos derechos de todos y cada uno de los ciudadanos de esta Provincia… Respecto de la trascendente función aseguradora… [se] ha señalado que goza de una legalidad material que queda asegurada mediante la legalidad formal. La legalidad formal garantiza su inmunidad frente a todas las normas, en la medida que tiene un procedimiento especial de reforma distinto de otras normas… lo que le asegura su estabilidad y primacía. La legalidad material -derivada de su carácter de una norma primaria determinante de la fuente del derecho- se manifiesta en la exigencia de que todas las normas del ordenamiento deben ser conformes a la Constitución e interpretadas de acuerdo a ella; este aspecto sustancial está garantizado por el control de constitucionalidad de las leyes y los actos de los poderes constituidos… Desde ese enfoque, el examen de la legitimación de los actores para promover el planteo de nulidad parcial del decreto de convocatoria a elecciones de Convencionales Constituyentes, derivada de la denunciada inconstitucionalidad de los actos legislativos que determinan las normas que rigen la forma en que aquellos se elegirán, por supuesta inobservancia del artículo 131 de la CP, es también positivo… Si por vía de hipótesis, se nombrare una Convención para llevar a cabo la reforma constitucional, integrada por Convencionales Constituyentes que se eligiesen de una forma distinta a la que la misma Constitución establece…, se alteraría esencialmente el propio orden constitucional y también institucional de la Provincia con seria afectación de intereses públicos, desde que el referido procedimiento podría concluir en una reforma indebida, efectuada fuera del mecanismo que ella misma ha previsto. Se configura así, el excepcional supuesto en que el interés general comprometido comprende el de todos y cada uno de los ciudadanos electores y exhibe, por ello, una fuerte proyección institucional… Consecuentemente, la disyuntiva acerca de si la legitimación para promover el planteo que nos ocupa, la detentaría un ciudadano-elector o un partido político deviene aparente e irrelevante en la presente litis, toda vez que la decisión no habrá de recaer en la razonabilidad de la opción normativa adoptada por el Legislador, sino en su adecuación y sujeción a la disposición constitucional que determina la forma en que se elegirán los Convencionales Constituyentes, hipótesis que, como recién se dijo, compromete el orden constitucional e institucional de la Provincia y queda aprehendida en el último párrafo del artículo 90 del CPC, desde que el planteo de los actores está orientado a defender evidentes e indiscutibles intereses públicos, protegidos por el propio orden constitucional nacional y provincial, al estar en juego el acto más trascendental en la vida política de los pueblos republicanos, cual es, la reforma de su Constitución” (cfr. Excma. Corte Suprema de Justicia de Tucumán, sentencia nº 727, 2/9/2005, “Arias, Víctor Hugo y otro vs. Provincia de Tucumán s/ inconstitucionalidad”).
Que, como lo ha afirmado la jurisprudencia, en tanto el “agregado” “incorporado” por la Honorable Convención Constituyente no fue previsto como tal por la ley nº 7469, su declaración de inconstitucionalidad conlleva la de su nulidad absoluta e insubsanable con el efecto de retrotraer el estado de cosas existente al momento anterior a la “incorporación”, de lo que se sigue que sobre el tópico de la reforma introducida a los arts. 48 y 49 de la Constitución Provincial subsisten las mayorías previstas por los ex artículos 43 y 44 del texto constitucional vigente luego de la reforma del año 1990:
Anulada e inconstitucionalizada íntegramente la norma incorporada como art. 101, inc. 5°, 2° parte y 162 constitucional y el decreto consecuente, cabe responder al interrogante acerca de cuál es el sistema de selección de jueces en nuestra provincia… El principio que opera como eje conductor de la respuesta se lo extrae del establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa ‘Gregolinsky y Cía vs. Impuestos Internos’ del 06/7/1945, que no por antiguo deja de tener vigencia: declarada inconstitucional una norma, las cuestiones deben resolverse como si aquella no existiera. Dicho de otro modo, como si el reformador nada hubiere dicho sobre el tema selección de jueces y/o CAM. Es decir, se mantiene vigente el sistema anterior a la reforma del año 2006” (cfr. Excma. Corte Suprema de Justicia de Tucumán, sentencia nº 888/2008, 8/9/2008, autos “Colegio de Abogados de Tucumán vs. Honorable Convención Constituyente de Tucumán s/ inconstitucionalidad”, voto del Vocal Dr. Alberto José Brito).
En consecuencia, con sustento en la doctrina que emana del art. 152 de la Constitución Provincial, del art. 3º de la ley nº 7469 y del art. 90 in fine del Código Procesal Constitucional, corresponde hacer lugar a la pretensión declarativa de inconstitucionalidad interpuesta por los actores en contra de los arts. 48 y 49 de la Constitución Provincial, y se declara la inconstitucionalidad de los mismos en la parte que disponen:En el caso del Gobernador y Vicegobernador, la mayoría necesaria para promover la acusación será de tres cuartos de la totalidad de los miembros de la Comisión Acusadora”, “y de los tres cuartos de la totalidad de los miembros del Tribunal en caso de enjuiciamiento al Gobernador o Vicegobernador”, con su consecuente nulidad absoluta e insubsanable.
9) Que el texto de la Constitución Provincial vigente entre 1856 y 1884, carece de precisiones sobre el efecto que produce la aprobación de la acusación en el procedimiento de Juicio Político, por lo que deviene irrelevante para la consideración de la impugnación del actual art. 47 in fine de aquélla.
Que entre 1884 y 2006 la Constitución Provincial estableció como efecto de la acusación en el juicio político la suspensión de pleno derecho del acusado en el ejercicio de sus funciones con reducción de su sueldo a la mitad (art. 158 inc. 5º, Constitución Provincial de 1884; art. 128 inc. 5º, Constitución Provincial de 1907; art. 110 inc. 5º, Constitución Provincial de 1990).
Que en tal sentido los arts. 42 y 110, incisos 5º y 12, de la Constitución Provincial de 1990, establecían:
Art. 42: “Corresponde a la Legislatura el enjuiciamiento político del Gobernador y del Vicegobernador, de los Ministros del Poder Ejecutivo, de los miembros de la Corte Suprema y demás jueces, y de los representantes de los ministerios fiscal y pupilar, por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, por desórdenes de conducta, por delitos comunes o falta de cumplimiento de los deberes de su cargo. Cualquier habitante de la Provincia tiene acción para denunciar el delito o falta, a efecto de que se promueva la acusación… La ley determinará el procedimiento a seguirse y la responsabilidad del denunciante en estos juicios”.
Art. 110, inc. 5º: “Concluida la investigación por la Comisión Permanente de Juicio Político, decidirá por mayoría de dos tercios si formula o no acusación. Si decide formular acusación, la sostendrá ante el resto de la Legislatura, constituido en tribunal… Si decide no formular acusación, dispondrá el archivo de las acusaciones, comunicando su decisión a la Legislatura… La existencia de la acusación será notificada al interesado, que quedará en ese instante suspendido en sus funciones… Durante la suspensión sólo percibirá medio sueldo que se le integrará si resultare absuelto”.
Art. 110, inc. 12: “Declarado absuelto el acusado, quedará ipso facto restablecido en la posesión del empleo del que se halle suspenso”.
Que el debate que precede a la sanción de la ley nº 7469, carece de referencias tanto sobre “incorporar” al entonces art. 42 de la Constitución Provincial un “agregado” tal como el de impedir suspender al acusado en Juicio Político en el ejercicio de sus funciones, como sobre “suprimir” el efecto previsto por el ex artículo 110, incisos 5º y 12, de aquélla (cfr. Sesión Especial Extraordinaria del 22/12/2004, sobre Declaración de la Necesidad de Reforma Parcial a la Constitución de la Provincia de Tucumán y Derogación de las Leyes Números 7.194 y 7.259, Orden del Día nº 116/99, Asunto 1º).
Que de este debate se desprende que la declaración de voluntad preconstituyente lo fue en el sentido de una reforma parcial de la Constitución Provincial de 1990 (cfr. Sesión Especial Extraordinaria del 22/12/2004, sobre Declaración de la Necesidad de Reforma Parcial a la Constitución de la Provincia de Tucumán y Derogación de las Leyes Números 7.194 y 7.259, Orden del Día nº 116/99, Asunto 1º, palabras de los Legisladores Raed, Robles, Rivas y Terán Nougués, págs. 7, 25, 51 y 60, respectivamente).
Que en virtud de lo previsto por el art. 2º, punto I, apartados “c” y “f”, punto II, apartados “a” y “b”, y punto IV, inciso 1º, apartados “a”, “b” y “c”, de la ley nº 7469, la Honorable Convención Constituyente solo se encontraba habilitada a “modificar” la Sección III, Capítulo Único, Poder Legislativo, artículos 39 al 72 inclusive; a “modificar” la Sección VI, Capítulo Único, Bases para el Procedimiento en el Juicio Político, artículo 110; a “suprimir” la Sección IX, Capítulo Segundo, Tribunal Constitucional, artículos 133 y 134, y la Sección X, Disposiciones Transitorias, artículos 135 a 142; y a “incorporar” como “agregados” del Poder Legislativo su autarquía, denominación y facultades implícitas o residuales.
Que el debate que precede a la sanción del actual artículo 47 in fine de la Constitución Provincial, revela que el “agregado” “incorporado” al ex artículo 42 y la “supresión” de los ex artículos 110, incs. 5º y 12, de aquélla, obedeció a que se entendía a dicha suspensión como violatoria del principio de presunción de inocencia (cfr. Diario de Sesiones de la Honorable Convención Constituyente de la Provincia de Tucumán, IVª Reunión, Sesión del 22 de mayo de 2006, palabras del miembro informante del proyecto, Convencional Orellana, pág. 181).
Que idéntico debate revela que esta reforma fue refutada en el sentido de que el efecto previsto de pleno derecho por la Constitución de 1990, no se trataba de una sanción dispuesta como consecuencia de una condena sino de una medida cautelar que impedía al acusado obstruir la labor investigativa de la Comisión de Juicio Político, ya que la no suspensión habilitaría a aquél a transformarse en juez y parte de la prueba ha producir en el procedimiento (cfr. Diario de Sesiones de la Honorable Convención Constituyente de la Provincia de Tucumán, IVª Reunión, Sesión del 22 de mayo de 2006, palabras de los Convencionales Páez y Robles, respectivamente, págs. 186 y 189).
Que luego de la reforma del 6 de junio de 2006, el artículo 47 de la Constitución Provincial establece:
Art. 47: “Corresponde a la Legislatura el enjuiciamiento político del Gobernador y del Vicegobernador, de los ministros del Poder Ejecutivo, de los miembros de la Corte Suprema , del Ministro Fiscal, de los miembros del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, por delitos comunes o falta de cumplimiento de los deberes de su cargo. Cualquier ciudadano de la Provincia tiene acción para denunciar el delito o falta a efecto de promover la acusación, y la ley determinará el procedimiento a seguir y la responsabilidad del denunciante en estos juicios. Durante la tramitación del juicio político los acusados no podrán ser suspendidos en sus funciones”.-
Que el estudio del Derecho Constitucional Argentino revela que las otras Constituciones Provinciales, la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prevén la suspensión del acusado, sea de pleno derecho (art. 230 inc. 3º, Constitución de Catamarca; art. 112, Constitución de La Rioja; art. 223, Constitución de San Juan; art. 109 inc. 7º, Constitución de Mendoza; art. 125, Constitución de Chaco; art. 146, Constitución de Santiago del Estero; art. 154, Constitución de Misiones; art. 136 inc. 7º, Constitución de Corrientes; art. 145, Constitución de Entre Ríos; art. 155, Constitución de Río Negro; art. 266 inciso “e”, Constitución de Neuquén; art. 139 inc. 7º, Constitución de Santa Cruz; art. 118, Constitución de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; art. 182 inc. 3º, Constitución de San Luis; art. 111 inc. 7º, Constitución de La Pampa; y art. 94, Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o como facultad que deriva del hecho de ser aprobada la acusación (art. 208 inc. 2º, Constitución de Jujuy; art. 159, Constitución de Formosa; art. 117, Constitución de Córdoba; art. 100, Constitución de Santa Fe; art. 203, Constitución de Chubut; art. 4º, Reglamento del Honorable Senado Constituido en Tribunal para el Caso del Juicio Político; y arts. 4º, 5º, 6º, 12, 13 y ccdtes., Ley nº 4434 y modificatorias de la Provincia de Buenos Aires).
Que de lo expuesto se sigue que el “agregado” “incorporado” por la Honorable Convención Constituyente nos posiciona como único ejemplo en todo el Derecho Constitucional Argentino, e incide sobre el principio republicano de responsabilidad de los gobernantes ya que un funcionario público sujeto a juicio político no puede ser juez y parte en la producción de la prueba que se ordena en este procedimiento.
Que, como lo ha apuntado la jurisprudencia, las reformas de 2006 a la Constitución Provincial están sujetas al control de constitucionalidad por el Poder Judicial, y es procedente declarar la invalidez de los textos reformados cuando desbordan las necesidades puntualizadas por la ley preconstituyente nº 7469, contraviniendo disposiciones de superior jerarquía y aplicación prevalente de la propia Constitución (Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala 2ª, sentencia nº 7, 5/2/2008, “Colegio de Abogados de Tucumán vs. Honorable Convención Constituyente de Tucumán s/ inconstitucionalidad”; Excma. Corte Suprema de Justicia de Tucumán, sentencia nº 888, 8/9/2008, “Colegio de Abogados de Tucumán vs. Honorable Convención Constituyente de Tucumán s/ inconstitucionalidad”; CSJTuc., sentencia nº 721, 3/8/2009, “Batcon SRL vs. Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano”; y Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala 2ª, sentencia nº 75, 18/5/2011, “Movimiento Popular Tres Banderas (MP3) vs. Provincia de Tucumán s/ inconstitucionalidad”, y sus citas).
Que, como lo ha manifestado la jurisprudencia al interpretar el método de la ley nº 7469, toda incorporación a la Constitución de un tema nuevo que recreara una institución preexistente o la dotara de un novedoso contenido parcial no previsto del todo en su articulado, fue definido como un “agregado” a ser “incorporado” no comprendido en el simple concepto de “modificación” (cfr. Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala 2ª, sentencia nº 7, 5/2/2008, autos “Colegio de Abogados de Tucumán vs. Honorable Convención Constituyente de Tucumán s/ inconstitucionalidad”; y sentencia nº 75, 18/3/2011, autos “Movimiento Popular Tres Banderas (MP3) vs. Provincia de Tucumán s/ inconstitucionalidad”).
Que la suspensión en el ejercicio de sus funciones del acusado en juicio político con derecho a percibir la mitad de su salario no es incompatible con el principio de presunción de inocencia, pues opera de pleno derecho por mandato constitucional sin autoridad alguna encargada del enjuiciamiento que la decida, con el objeto de impedir que el acusado sea juez y parte en la producción de las pruebas que han de sustanciarse durante el procedimiento.
Que, como lo ha reconocido la jurisprudencia, la legitimación de los actores encuentra sustento en la doctrina que emana del art. 90 in fine del Código Procesal Constitucional, pues en el caso se ha comprobado que la Honorable Convención Constituyente desbordó el límite de competencia que le fijó la ley nº 7469, al “incorporar” a la Constitución Provincial un “agregado” no habilitado que irrumpe en 122 años de continuidad histórica, que no tiene punto de referencia en el Derecho Constitucional Argentino y que incide en el principio republicano de responsabilidad de los gobernantes al permitir que el acusado sea juez y parte en la producción de la prueba que se sustancia durante el proceso de juicio político:
La rigidez de nuestra Constitución, derivada del procedimiento especialmente establecido y de que la misma solo habrá de efectuarse por un órgano especialmente creado para ese fin, opera como una auténtica garantía constitucional de todos los ciudadanos. Configura entre ellas, una garantía de tipo genérica, es decir, uno de aquellos mecanismos que procura impedir que la actuación general y abstracta de los poderes públicos derive en una vulneración a un derecho fundamental o en una afectación al contenido mínimo que el Texto Constitucional confiere a esos derechos de todos y cada uno de los ciudadanos de esta Provincia… Respecto de la trascendente función aseguradora… [se] ha señalado que goza de una legalidad material que queda asegurada mediante la legalidad formal. La legalidad formal garantiza su inmunidad frente a todas las normas, en la medida que tiene un procedimiento especial de reforma distinto de otras normas… lo que le asegura su estabilidad y primacía. La legalidad material -derivada de su carácter de una norma primaria determinante de la fuente del derecho- se manifiesta en la exigencia de que todas las normas del ordenamiento deben ser conformes a la Constitución e interpretadas de acuerdo a ella; este aspecto sustancial está garantizado por el control de constitucionalidad de las leyes y los actos de los poderes constituidos… Desde ese enfoque, el examen de la legitimación de los actores para promover el planteo de nulidad parcial del decreto de convocatoria a elecciones de Convencionales Constituyentes, derivada de la denunciada inconstitucionalidad de los actos legislativos que determinan las normas que rigen la forma en que aquellos se elegirán, por supuesta inobservancia del artículo 131 de la CP, es también positivo… Si por vía de hipótesis, se nombrare una Convención para llevar a cabo la reforma constitucional, integrada por Convencionales Constituyentes que se eligiesen de una forma distinta a la que la misma Constitución establece…, se alteraría esencialmente el propio orden constitucional y también institucional de la Provincia con seria afectación de intereses públicos, desde que el referido procedimiento podría concluir en una reforma indebida, efectuada fuera del mecanismo que ella misma ha previsto. Se configura así, el excepcional supuesto en que el interés general comprometido comprende el de todos y cada uno de los ciudadanos electores y exhibe, por ello, una fuerte proyección institucional… Consecuentemente, la disyuntiva acerca de si la legitimación para promover el planteo que nos ocupa, la detentaría un ciudadano-elector o un partido político deviene aparente e irrelevante en la presente litis, toda vez que la decisión no habrá de recaer en la razonabilidad de la opción normativa adoptada por el Legislador, sino en su adecuación y sujeción a la disposición constitucional que determina la forma en que se elegirán los Convencionales Constituyentes, hipótesis que, como recién se dijo, compromete el orden constitucional e institucional de la Provincia y queda aprehendida en el último párrafo del artículo 90 del CPC, desde que el planteo de los actores está orientado a defender evidentes e indiscutibles intereses públicos, protegidos por el propio orden constitucional nacional y provincial, al estar en juego el acto más trascendental en la vida política de los pueblos republicanos, cual es, la reforma de su Constitución” (cfr. Excma. Corte Suprema de Justicia de Tucumán, sentencia nº 727, 2/9/2005, “Arias, Víctor Hugo y otro vs. Provincia de Tucumán s/ inconstitucionalidad”).
Que, como lo ha determinado la jurisprudencia, en tanto el “agregado” “incorporado” por la Honorable Convención Constituyente no fue previsto como tal por la ley nº 7469, su declaración de inconstitucionalidad conlleva la de su nulidad absoluta e insubsanable con el efecto de retrotraer el estado de cosas existente al momento anterior a la “incorporación”, de lo que se sigue que sobre el tópico de la reforma introducida al ex artículo 42 (actual art. 47 in fine) y a la supresión de los incisos 5º y 12 del ex artículo 110 (actual artículo 124, incisos 5º y 11), subsiste el sistema previsto por estos últimos para el efecto que produce tanto la acusación en juicio político como la absolución del acusado (cfr. Excma. Corte Suprema de Justicia de Tucumán, sentencia nº 888/2008, 8/9/2008, autos “Colegio de Abogados de Tucumán vs. Honorable Convención Constituyente de Tucumán s/ inconstitucionalidad”, voto del Vocal Dr. Alberto José Brito).
En consecuencia, con sustento en la doctrina que emana del art. 152 de la Constitución Provincial, del art. 3º de la ley nº 7469 y del art. 90 in fine del Código Procesal Constitucional, corresponde hacer lugar a la pretensión declarativa de inconstitucionalidad interpuesta por los actores en contra del art. 47 in fine de la Constitución Provincial, y se declara su inconstitucionalidad en la parte que dispone: Durante la tramitación del juicio político los acusados no podrán ser suspendidos en sus funciones”, con su consecuente nulidad absoluta e insubsanable, por lo que sobre el tópico subsiste la doctrina que emana del ex artículo 110, incisos 5º y 12, de la Constitución Provincial, texto según reforma del año 1990, (actual art. 124, incisos 5º y 11) en la parte que disponen: La existencia de la acusación será notificada al interesado, que quedará en ese instante suspendido en sus funciones… Durante la suspensión sólo percibirá medio sueldo que se le integrará si resultare absuelto”, y “Declarado absuelto el acusado, quedará ipso facto restablecido en la posesión del empleo del que se halle suspenso”.

10) Que entre los años 1884 y 2006 el Poder Legislativo solo pudo declarar los casos de inhabilidad del Gobernador o de la persona que ejerciera el Poder Ejecutivo con el voto de los dos tercios de los miembros presentes (art. 93 inc. 21, Constitución Provincial de 1884; art. 21 inc. 21, Constitución Provincial de 1907; y art. 63 inc. 21, Constitución Provincial de 1990).
Que en tal sentido el art. 63, inc. 21, de la Constitución Provincial de 1990, establecía:
“Corresponde al Poder Legislativo: … Declarar con dos tercios de votos de los presentes, los casos de inhabilidad del Gobernador, del Vice-gobernador o de la persona que ejerza el Poder Ejecutivo”.
Que el debate que precede a la sanción de la ley nº 7469, carece de referencias sobre “incorporar” al entonces art. 63, inc. 21, de la Constitución Provincial, un “agregado” tal como el de la necesidad del voto de los tres cuartos de los miembros presentes del Poder Legislativo, para declarar los casos de inhabilidad del Gobernador, del Vicegobernador o de la persona que ejerza el Poder Ejecutivo (cfr. Sesión Especial Extraordinaria del 22/12/2004, sobre Declaración de la Necesidad de Reforma Parcial a la Constitución de la Provincia de Tucumán y Derogación de las Leyes Números 7.194 y 7.259, Orden del Día nº 116/99, Asunto 1º).
Que de este debate también se desprende que la declaración de voluntad preconstituyente lo fue en el sentido de una reforma parcial de la Constitución Provincial de 1990 (cfr. Sesión Especial Extraordinaria del 22/12/2004, sobre Declaración de la Necesidad de Reforma Parcial a la Constitución de la Provincia de Tucumán y Derogación de las Leyes Números 7.194 y 7.259, Orden del Día nº 116/99, Asunto 1º, palabras de los Legisladores Raed, Robles, Rivas y Terán Nougués, págs. 7, 25, 51 y 60, respectivamente).
Que en virtud de lo previsto por el art. 2º, punto I, inciso “c”, de la Ley nº 7469, la Honorable Convención Constituyente solo se encontraba habilitada a “modificar” la Sección III, Capítulo Único, denominado del “Poder Legislativo”, arts. 39 al 72 inclusive.
Que en razón de lo previsto por el art. 2º, punto IV, inciso 1º, de la ley nº 7469, los “agregados” a “incorporar” en la Sección del Poder Legislativo, solo refieren a su autarquía, denominación y facultades implícitas o residuales.
Que el debate que precede a la reforma constitucional del 6 de junio de 2006, salvo en lo que respecta a la intervención del Convencional Páez en la que acudió al vocablo “blindaje” para referir al voto de los tres cuartos de los miembros presentes del Poder Legislativo (pág. 210), carece de precisiones sobre el “agregado” que se habría de “incorporar” al actual art. 67, inc. 26, de la Constitución Provincial (cfr. Diario de Sesiones de la Honorable Convención Constituyente de la Provincia de Tucumán, IVª Reunión, Sesión del 22/05/2006, págs. 197 a 240).
Que luego de la reforma del año 2006, el actual artículo 67, inc. 26, de la Constitución Provincial establece:
“Corresponde al Poder Legislativo… Declarar con tres cuartos de votos de los presentes, los casos de inhabilidad del Gobernador, del Vicegobernador o de la persona que ejerza el Poder Ejecutivo” (la cursiva no es del original).
Que este tipo de mayoría, con la que se regulan los principios republicanos de responsabilidad de los gobernantes y equilibrio que debe existir entre los órganos entre los que la Constitución distribuye el Poder, no encuentra punto de referencia en el estudio de otras Constituciones de la República Argentina (art. 99 inc. 10, Constitución de Mendoza; art. 189 inc. 25, Constitución de Neuquén; art. 135 inc. 18, Constitución de Chubut; art. 120 inc. 25, Constitución de Formosa; art. 127 inc. 3º, Constitución de Corrientes; art. 133 inc. 4º, Constitución de Entre Ríos; art. 136 inc. 15, Constitución de Santiago del Estero; art. 54 inc. 3º, Constitución de Santa Fe).
Que, como lo ha dispuesto la jurisprudencia, las reformas de 2006 a la Constitución Provincial están sujetas al control de constitucionalidad por el Poder Judicial, y es procedente declarar la invalidez de los textos reformados cuando desbordan las necesidades puntualizadas por la ley preconstituyente nº 7469, contraviniendo disposiciones de superior jerarquía y aplicación prevalente de la propia Constitución (Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala 2ª, sentencia nº 7, 5/2/2008, “Colegio de Abogados de Tucumán vs. Honorable Convención Constituyente de Tucumán s/ inconstitucionalidad”; Excma. Corte Suprema de Justicia de Tucumán, sentencia nº 888, 8/9/2008, “Colegio de Abogados de Tucumán vs. Honorable Convención Constituyente de Tucumán s/ inconstitucionalidad”; CSJTuc., sentencia nº 721, 3/8/2009, “Batcon SRL vs. Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano”; y Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala 2ª, sentencia nº 75, 18/5/2011, “Movimiento Popular Tres Banderas (MP3) vs. Provincia de Tucumán s/ inconstitucionalidad”, y sus citas).
Que, como lo ha dictaminado la jurisprudencia al interpretar el método de la ley nº 7469, toda incorporación a la Constitución de un tema nuevo que recreara una institución preexistente o la dotara de un novedoso contenido parcial no previsto del todo en su articulado, fue definido como un “agregado” a ser “incorporado” no comprendido en el simple concepto de “modificación” (cfr. Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala 2ª, sentencia nº 7, 5/2/2008, autos “Colegio de Abogados de Tucumán vs. Honorable Convención Constituyente de Tucumán s/ inconstitucionalidad”; y sentencia nº 75, 18/3/2011, autos “Movimiento Popular Tres Banderas (MP3) vs. Provincia de Tucumán s/ inconstitucionalidad”).
Que, como lo ha declarado la jurisprudencia, la legitimación de los actores encuentra sustento en la doctrina que emana del art. 90 in fine del Código Procesal Constitucional, pues en el caso se ha comprobado que la Honorable Convención Constituyente desbordó el límite de competencia que le fijó la ley nº 7469, al “incorporar” a la Constitución Provincial un “agregado” no habilitado que irrumpe en 122 años de continuidad histórica, y que incide sobre el equilibrio que debe existir entre los órganos entre los cuales la Constitución distribuye el Poder:
La rigidez de nuestra Constitución, derivada del procedimiento especialmente establecido y de que la misma solo habrá de efectuarse por un órgano especialmente creado para ese fin, opera como una auténtica garantía constitucional de todos los ciudadanos. Configura entre ellas, una garantía de tipo genérica, es decir, uno de aquellos mecanismos que procura impedir que la actuación general y abstracta de los poderes públicos derive en una vulneración a un derecho fundamental o en una afectación al contenido mínimo que el Texto Constitucional confiere a esos derechos de todos y cada uno de los ciudadanos de esta Provincia… Respecto de la trascendente función aseguradora… [se] ha señalado que goza de una legalidad material que queda asegurada mediante la legalidad formal. La legalidad formal garantiza su inmunidad frente a todas las normas, en la medida que tiene un procedimiento especial de reforma distinto de otras normas… lo que le asegura su estabilidad y primacía. La legalidad material -derivada de su carácter de una norma primaria determinante de la fuente del derecho- se manifiesta en la exigencia de que todas las normas del ordenamiento deben ser conformes a la Constitución e interpretadas de acuerdo a ella; este aspecto sustancial está garantizado por el control de constitucionalidad de las leyes y los actos de los poderes constituidos… Desde ese enfoque, el examen de la legitimación de los actores para promover el planteo de nulidad parcial del decreto de convocatoria a elecciones de Convencionales Constituyentes, derivada de la denunciada inconstitucionalidad de los actos legislativos que determinan las normas que rigen la forma en que aquellos se elegirán, por supuesta inobservancia del artículo 131 de la CP, es también positivo… Si por vía de hipótesis, se nombrare una Convención para llevar a cabo la reforma constitucional, integrada por Convencionales Constituyentes que se eligiesen de una forma distinta a la que la misma Constitución establece…, se alteraría esencialmente el propio orden constitucional y también institucional de la Provincia con seria afectación de intereses públicos, desde que el referido procedimiento podría concluir en una reforma indebida, efectuada fuera del mecanismo que ella misma ha previsto. Se configura así, el excepcional supuesto en que el interés general comprometido comprende el de todos y cada uno de los ciudadanos electores y exhibe, por ello, una fuerte proyección institucional… Consecuentemente, la disyuntiva acerca de si la legitimación para promover el planteo que nos ocupa, la detentaría un ciudadano-elector o un partido político deviene aparente e irrelevante en la presente litis, toda vez que la decisión no habrá de recaer en la razonabilidad de la opción normativa adoptada por el Legislador, sino en su adecuación y sujeción a la disposición constitucional que determina la forma en que se elegirán los Convencionales Constituyentes, hipótesis que, como recién se dijo, compromete el orden constitucional e institucional de la Provincia y queda aprehendida en el último párrafo del artículo 90 del CPC, desde que el planteo de los actores está orientado a defender evidentes e indiscutibles intereses públicos, protegidos por el propio orden constitucional nacional y provincial, al estar en juego el acto más trascendental en la vida política de los pueblos republicanos, cual es, la reforma de su Constitución” (cfr. Excma. Corte Suprema de Justicia de Tucumán, sentencia nº 727, 2/9/2005, “Arias, Víctor Hugo y otro vs. Provincia de Tucumán s/ inconstitucionalidad”).
Que a esta altura de la exposición debemos advertir que la Honorable Convención Constituyente agravó el régimen de mayorías previstas para hacer posible la responsabilidad política, solo y exclusivamente, en lo que respecta a los cargos de Gobernador y Vicegobernador de la Provincia, lo que incide en el equilibrio que debe existir entre los órganos entre los cuales la Constitución distribuye el Poder.
Que, como lo ha apuntado la jurisprudencia, en tanto el “agregado” “incorporado” por la Honorable Convención Constituyente no fue previsto como tal por la ley nº 7469, su declaración de inconstitucionalidad conlleva la de su nulidad absoluta e insubsanable con el efecto de retrotraer el estado de cosas existente al momento anterior a la “incorporación”, de lo que se sigue que sobre el tópico de la reforma introducida al actual artículo 67, inciso 26, de la Constitución Provincial, subsiste la mayoría prevista por el ex artículo 63, inciso 21, de la Constitución Provincial, texto según reforma del año 1990 (cfr. Excma. Corte Suprema de Justicia de Tucumán, sentencia nº 888/2008, 8/9/2008, autos “Colegio de Abogados de Tucumán vs. Honorable Convención Constituyente de Tucumán s/ inconstitucionalidad”, voto del Vocal Dr. Alberto José Brito).
En consecuencia, con sustento en la doctrina que emana del art. 152 de la Constitución Provincial, del art. 3º de la ley nº 7469 y del art. 90 in fine del Código Procesal Constitucional, corresponde hacer lugar a la pretensión declarativa de inconstitucionalidad interpuesta por los actores en contra del art. 67, inciso 26, de la Constitución Provincial, y se declara la inconstitucionalidad del mismo en la parte que dispone: “… con tres cuartos de votos de los presentes”, tópico sobre el que subsiste la doctrina que emana del artículo 63, inciso 21, de la Constitución Provincial, texto según reforma del año 1990.-
11) Que en lo concerniente a la impugnación de los arts. 59, 68, 69 y 71 de la Constitución Provincial, la impugnación debe ser declarada inadmisible por falta de acción toda vez que opera la regla en virtud de la cual no se admiten los daños alegados en nombre de terceros que no están en juicio (cfr. BIANCHI, Alberto B., ob. cit., tomo 2, pág. 26).
En efecto, las normas impugnadas remiten al exclusivo ámbito de competencia de los Legisladores, motivo por el cual deviene aplicable a la especie la doctrina elaborada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Provincia en los autos caratulados “Padilla, Ernesto José vs. Provincia de Tucumán s/ Especiales (Residual)” (sentencia nº 969/2008, del 28/10/2008), luego repetida en los autos “Danesi, Rodolfo Francisco vs. Provincia de Tucumán s/ inconstitucionalidad” (sentencia nº 521/2009, del 4/6/2009), habiéndose dicho en aquél precedente:
En el caso de autos un legislador reclama ante el Poder Judicial lo que considera una interferencia ejecutiva en el proceso legislativo. Al respecto se debe adelantar que los parlamentarios tienen un interés directo en el desarrollo del proceso legislativo, más aún cuando su voluntad coincide con la mayoritaria del cuerpo. Un impedimento por parte del Ejecutivo para que su actuación tenga eficacia, afectaría directamente a los legisladores que impulsaron esas normas en dos planos: por un lado, como integrante de un poder cuyo funcionamiento se encontraría entorpecido; por otro, por la afectación directa que tendría la actuación de cada uno de los que tomaron la decisión de impulsar las normas en el supuesto de que se anulara su voluntad”
12) Que dentro de la declaración de voluntad preconstituyente contenida en la ley nº 7469, el art. 2º, apartado I, inciso “a”, de esta, no habilitaba a la Honorable Convención Constituyente a modificar el entonces art. 29 de la Constitución Provincial (actual art. 31) que regula el derecho de réplica, por lo que mal puede atribuirse a este órgano el haber omitido regularlo.
Que, en lo que al caso respecta, el artículo 31 dispone:
“Todos tienen el derecho de manifestar libremente su propio pensamiento, de palabra, por escrito o mediante cualquier otro medio de difusión… La ley no puede dictar medidas preventivas para el uso de esta libertad. Tampoco podrá imponer a los medios de publicidad el deber de ser vehículo de ella, ni el de recepción de réplicas de personas que se sientan afectadas”.
Que luego de la reforma a la Constitución Nacional del año 1994, se incorporó con jerarquía constitucional y en las condiciones de su vigencia la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo artículo 14 prevé el derecho de rectificación o respuesta en los siguientes términos:
“1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley… 2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido… 3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial”.
Que al interpretar este artículo, la Corte Interamericana (29/8/2986, “Opinión Consultiva OC-7/86 sobre Exigibilidad del Derecho de Rectificación o Respuesta [Arts. 14.1, 1.1. y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos]”, Serie A, Nro. 7, puntos resolutivos), estableció:
Que el artículo 14.1 de la Convención reconoce un derecho de rectificación o respuesta internacionalmente exigible que, de conformidad con el artículo 1.1, los Estados Partes tienen la obligación de respetar y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción”.
“Que cuando el derecho consagrado en el artículo 14.1 no pueda hacerse efectivo en el ordenamiento jurídico interno de un Estado Parte, ese Estado tiene la obligación, en virtud del artículo 2 de la Convención, de adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la propia Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias”.
“Que la palabra ‘ley’, tal como se emplea en el artículo 14.1, está relacionada con las obligaciones asumidas por los Estados Partes en el artículo 2 y, por consiguiente, las medidas que debe adoptar el Estado Parte comprenden todas las disposiciones internas que sean adecuadas, según el sistema jurídico de que se trate, para garantizar el libre y pleno ejercicio del derecho consagrado en el artículo 14.1. Pero en cuanto tales medidas restrinjan un derecho reconocido por la Convención, será necesaria la existencia de una ley formal”
Que de lo expuesto se sigue que el art. 31, 2º párrafo, in fine, de la Constitución Provincial, resulta incompatible con los arts. 1, 2 y 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que se impone declarar su inconstitucionalidad.
Que si bien se podría cuestionar que el derecho de réplica no aplicaría respecto de “solicitadas”, no menos cierto es que el actor se consideró agraviado por la publicación de una de éstas en un medio de comunicación, que interpeló con el objeto de que se hiciera pública su respuesta y que el art. 31, 2º párrafo, in fine de la Constitución Provincial cercena el derecho que le reconocen los arts. 1, 2, y 14 de la Convención Americana, lo que determina la existencia de un “caso judicial” que habilita a ejercer el control de constitucionalidad de oficio (CSJN, M.102.XXXII y M.1389.XXXI, 27/9/2001, “Mill de Pereyra, Rita Aurora y otros vs. Provincia de Corrientes”; y 27/11/2012, R.401.XLIII, “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/ daños y perjuicios”).
En consecuencia, se declara la inconstitucionalidad del art. 31, 2º párrafo, in fine, de la Constitución Provincial, en tanto incompatible con el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional, los arts. 1, 2 y 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el art. 24 de la Constitución Provincial.
13) Que en lo concerniente a la impugnación del art. 41, inc. 2º, de la Constitución Provincial, en la parte que establece que la Provincia “Regulará, asimismo, la prohibición de ingreso de residuos peligrosos y radiactivos al territorio provincial, propiciando mecanismos de acuerdos con el Estado Nacional, con otras provincias, o con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estados extranjeros e instituciones privadas, con el objeto de crear sistemas de tránsito, tratamiento y/o disposición final de los mismos”, por entenderlo incompatible con el art. 41, último párrafo, de la Constitución Nacional que dispone Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”, norma aquélla a cuya “modificación” se encontraba habilitada la Honorable Convención Constituyente (art. 2º, apartado I, inciso “a”, in fine, ley nº 7469), debemos señalar que ya  el debate precedido a su sanción que evidenció que un Convencional advirtió la existencia de una posible contradicción entre la regulación de la prohibición y el propiciar mecanismos de acuerdos para crear sistemas de tránsito, tratamiento y/o disposición final de residuos peligrosos y radiactivos (cfr. Diario de Sesiones de la Honorable Convención Constituyente de la Provincia de Tucumán, 3ª Reunión, Sesión del 9 de mayo de 2006, palabras del Convencional Vargas Aignasse, pág. 1259).-
Desde esta óptica, claramente se advierte la contradicción que surge entre el último párrafo del art. 41 inc. 2° del Digesto Provincial y la disposición del art. 41 último párrafo de la Constitución Nacional , en tanto existe –incompatibilidad- entre la prohibición expresa, lisa y llana allí consagrada de ingresar al territorio nacional residuos actual o potencialmente peligrosos y radiactivos y la posibilidad de regular sistemas de tránsito tratamiento y/o disposición final de los mismos con estados extranjeros.-
  En consecuencia se declara la inconstitucionalidad del último párrafo del inc. 2° del art. 41 de la Constitución Provincial , en tanto incompatible con el último párrafo del art. 41 de la Constitución Nacional , el que reza “…. Estados extranjeros e instituciones privadas con el objeto de crear sistemas de tránsito, tratamiento y/o disposición final de los mismos…..”
14) Que en lo que respecta a la impugnación de la competencia que la Constitución reconoce al titular del Poder Ejecutivo para proponer a consideración del Poder Legislativo, los pliegos de los candidatos a ocupar cargos vacantes en la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Provincia y del Honorable Tribunal de Cuentas (arts. 101 inc. 5º, y 79, Constitución Provincial), la parte actora no cumplió con la carga de demostrar claramente de qué manera la norma contraría la Constitución Nacional (cfr. BIANCHI, Alberto B., ob. cit., tomo 2, pág. 30), pues este tipo de competencia se presenta respecto de esta clase de cargos en forma permanente en la Constitución Provincial (arts. 52 inc. 12, y 57, Constitución Provincial de 1856; 130 inc. 5º, Constitución Provincial de 1884; art. 103 inc. 5, Constitución Provincial de 1907; y art. 87 inc. 5º, Constitución Provincial de 1990), de lo que se sigue que la pretensión es inadmisible.-
15) Que las costas se imponen por el orden causado en mérito a la naturaleza de las cuestiones debatidas, la materia de la controversia entre las partes y el resultado de éstas (art. 105 inc. 1, Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán, de aplicación supletoria conforme art. 31, Código Procesal Constitucional de Tucumán).





El señor vocal Dr. Carlos Courtade, dijo:

Que estando conforme con los fundamentos expresados por el señor vocal preopinante, y visto el dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara Dra. Elena Sangenis de Terraf, voto en igual sentido.
Por ello, esta Sala IIª de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, integrada al efecto de entender en los presentes autos,


RESUELVE:

1) DECLARAR ABSTRACTO emitir pronunciamiento sobre las pretensiones declarativas de inconstitucionalidad de los arts. 43 incs. 14 y 16, 90, 101 inc. 5º, 125 a 131, 155, 159 y 162 de la Constitución Provincial, y del decreto del Poder Ejecutivo Provincial nº 1820/14 (MGyJ), por lo considerado.
2) DECLARAR INADMSIBILES las pretensiones declarativas de inconstitucionalidad de los arts. 41 inc. 2º, 56, 67 inc. 26, 68, 69, 71, 79, 101 inc. 2º,  y 130 de la Constitución Provincial, por lo considerado.
3) HACER LUGAR a la pretensión declarativa de inconstitucionalidad de los arts. 48 y 49 de la Constitución Provincial, por lo que se DECLARA la inconstitucionalidad y consecuente nulidad absoluta e insubsanable de los mismos, en la parte que disponen: “En el caso del Gobernador y Vicegobernador, la mayoría necesaria para promover la acusación será de tres cuartos de la totalidad de los miembros de la Comisión Acusadora”, “y de los tres cuartos de la totalidad de los miembros del Tribunal en caso de enjuiciamiento al Gobernador o Vicegobernador”, por lo considerado.
4) DECLARAR la inconstitucionalidad del último párrafo del art. 41 inc. “2”  de la Constitución Provincial por ser incompatible con el último párrafo del art. 41 de la Constitución Nacional.
5) HACER LUGAR a la pretensión declarativa de inconstitucionalidad del art. 47 in fine de la Constitución Provincial, por lo que se DECLARA la inconstitucionalidad y consecuente nulidad absoluta e insubsanable del mismo, en la parte que dispone “Durante la tramitación del juicio político los acusados no podrán ser suspendidos en sus funciones”, subsistiendo al respecto la doctrina del art. 110 incs. 5º y 12 del texto de la Constitución Provincial vigente desde 1990 (actual art. 124 incs. 5º y 12, Constitución Provincial del año 2006).
6) HACER LUGAR a la pretensión declarativa de inconstitucionalidad del art. 67, inc. 26 de la Constitución Provincial por lo que se DECLARA la inconstitucionalidad y consecuente nulidad absoluta e insubsanable del mismo, en la parte que dispone “con tres cuartos de votos de los presentes”, por lo que sobre el tópico subsiste la doctrina que emana del art. 63, inc. 21, del texto de la Constitución Provincial vigente desde 1990.-
7)DECLARAR la inconstitucionalidad del art. 31, 2º párrafo, in fine, de la Constitución Provincial, por ser incompatible con la doctrina que emana de los arts. 1, 2 y 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos – Pacto de San José de Costa Rica.
8) IMPONER las costas por el orden causado, conforme lo considerado.
9) RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad.
HÁGASE SABER.






ARNALDO ALONSO                                                         CARLOS COURTADE







Ante mi: María Laura García Lizárraga.