RECOMENDANOS con un click: Derecho Constitucional - Domingo Rondina - Dando cátedra: LA CONSTITUCION NO SE TOMA VACACIONES

Acerca del Constitucionalista

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Santa Fe, Santa Fe, Argentina
Abogado con veleidades de constitucionalista y literato. Aprendiz de mucho, oficial de nada. Librepensador me educó mi padre... Mi CV aquí http://www.domingorondina.com.ar/1999/10/cv.html

LA CONSTITUCION NO SE TOMA VACACIONES




El Senado en ojotas
Nombramientos en comisión



Algunas consideraciones breves y urgentes sobre la designación del constitucionalista Horacio Rosatti y de Carlos Rosenkrantz -en comisión- a la Corte Suprema de la Nación Argentina, mediante el decreto 83/2015.
El mecanismo puede ser desagradable, pero es perfectamente constitucional.
Aquí apoyamos al mejor constitucionalista santafesino Horacio Rosatti para ministro de la Corte Suprema de Justicia.
Descuento que tanto mi coterráneo y colega constitucionalista Horacio Rosatti, como Carlos Rosenkrantz, obtendrán el acuerdo del Senado.
Rosenkrantz es el abogado que logró junto a Jorge Barraguirre el triunfo de la Provincia de Santa Fe contra la Nación en la causa por coparticipación.
Horacio Rosatti, la birome de la convención reformadora de la Constitución de 1994, el Secretario de Redacción de la Convención, es la mejor sorpresa para la Corte.
Y en lo que a mí respecta, bienvenido Horacio Rosatti después de más 40 años sin constitucionalistas en la Corte. Tengo la esperanza de que con esto terminó la famosa 'maldición de los constitucionalistas' que esbozamos aquí: www.domingorondina.com.ar/2013/08/la-maldicion-de-los-constitucionalistas.html
Ambos son abogados que vienen de la academia y del ejercicio de la profesión. No son funcionarios judiciales sin calle. Y son personas de fortísimo carácter, que van a servir de dique de contención a una prepotencia expansionista judicial que alcanzó su máximo nivel en la oportunidad elegida para el fallo "Santa Fe c/ Nación", sentencia que -siendo justa- fue inoportunamente decidida.

La Constitución Nacional en su artículo 99 (facultades del Poder Ejecutivo de la Nación) inciso 19 dice que "Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura".
Por eso, preliminarmente, digamos que es constitucional el nombramiento en comisión de ministros de la Corte durante el período de receso del Senado.
No me simpatiza el mecanismo, es cierto, como tantas otras cosas, pero es válido, y me agradan los designados.
La norma en análisis está pensada desde 1860, y fue confirmada en la reforma de 1994. La idea era que funcionara cuando los senadores estaban en sus provincias de vacaciones.
En aquella época, con un receso mucho más largo, era casi imposible reunir de urgencia al Senado, y era lógico que se buscase un mecanismo para que 'el Poder que no descansa' (Ejecutivo) pudiese seguir funcionando durante las vacaciones de los demás.
Es cierto que ahora es más fácil reunir a los senadores, por ejemplo en extraordinarias. Pero también es cierto que la reforma constitucional, aunque recortó el receso, no eliminó este inciso. Ni tampoco impuso la obligatoria convocatoria a extraordinarias.
Por lo tanto, la aplicación de este mecanismo constitucional de vacaciones, es perfectamente válido.
Y es solamente temporario. Hasta que el senado vuelva a sus actividades.
Un último dato: si los que hablan leyesen la Constitución, y aunque sea mucho pedir, si leyesen los debates de los convencionales, se enterarían muchas cosas más. Por ejemplo, que en 1860 cuando se puso el hoy inciso 19 del 99, expresamente se dijo que incluía a los ministros de la Corte...
También podemos apuntar que más cerca en el tiempo, el decreto de organización de la Justicia Nacional 1285/58 (ratificado por ley 14.467) habla claramente de "[e]l Poder Judicial de la Nación será ejercido por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales nacionales de la Capital Federal y los tribunales nacionales con asiento en las provincias y territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur" (artículo 1) y luego "[l]os jueces de la Nación son nombrados por el Presidente de la Nación con acuerdo del Senado y, durante el receso del Congreso, en comisión hasta la próxima legislatura" (artículo 2).
Lean muchachos...

Con respecto al momento elegido para el nombramiento, es justo reconocer un dato de la realidad, que demuestra la necesidad de la cobertura de vacantes: vengo señalando que la Corte iba a quedar casi imposibilitada de sentenciar, a partir de que se efectivice la renuncia de Fayt.
En efecto: un tribunal de 5 miembros, al quedar con tres, no puede válidamente fallar por dos a uno, ya que sería atacada la mayoría obtenida, que no sería tal analizada sobre la totalidad de sus miembros. Por lo tanto toda sentencia deberá obtener unanimidad para poderse pronunciar.
Decir que esto no es urgencia demuestra solamente la ignorancia de la dinámica judicial y el desprecio a la calidad del servicio de justicia supremo.
Claro que yo hubiese preferido el trámite habitual: audiencia pública previa como manda el decreto 222/2003, propuesta, acuerdo del Senado, nombramiento, asunción. Pero según el artículo 99 inciso 19 CN el nombramiento en comisión de ministros un 14 de diciembre resulta válido.
Pero insisto en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha admitido expresamente la validez constitucional de la designación de jueces federales en comisión, adoptando una interpretación amplia de la cláusula constitucional (ex art. 86 inc. 22; actual art. 99 inc. 19, C.N.). En Fallos 313:1232 (1990), el Alto Tribunal sostuvo que son válidas las designaciones judiciales en comisión y esta facultad existe tanto respecto de vacantes judiciales ocurridas durante el receso del Senado como respecto de aquellas ocurridas antes del receso pero que fuera necesario cubrir durante el receso senatorial (cons. 4-6). A este respecto, consideró que existe un evidente interés público en la inmediata cobertura de vacantes judiciales, toda vez que cualquier demora perjudica la prestación del servicio de justicia (cons. 9). Esta situación se hace más evidente en el caso actual de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya integración ha quedado reducida al mínimo establecido para fallar, la mayoría absoluta de los miembros que la integran (art. 23, dec.-ley 1285/58, ratificado por ley 14.467; art. 3, ley 26.183).
En ese mismo fallo se recordó el antecedente del Senado argentino de 1917, donde -con intervención de Joaquín V. González- ese cuerpo entendió que la facultad presidencial de cubrir las vacantes de empleos que requieren acuerdo del Senado (en el caso, se trataba de embajadores) se extiende a vacantes producidas durante el período del sesiones del Congreso pero que no hubieran sido cubiertas antes del receso (cons. 8).
Había necesidad. Objetivamente la Corte se encuentra dificultada para resolver, ya que teniendo tres miembros solamente puede dictar sentencia si consigue unanimidad, con lo cual no será fácil el funcionamiento.
Cargos vacantes. Corte dificultada de funcionar. Senado en receso. Resulta técnicamente correcto nombrar en comisión.

Con respecto al término 'empleos' que usa el art.99 inc.19 es claro que incluye a los jueces, y a cualquier otro cargo que requiera acuerdo del Senado.
Ni el trámite especial que tienen estas designaciones según normativa infraconstitucional, ni la comparación con otros empleos dependientes del PEN, quita la interpretación llana y tradicional del término 'empleo' teniendo en cuenta que se ciñe a todos aquellos tan importantes como para requerir el acuerdo del Senado.
Así por ejemplo el artículo 110 dice que "los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos...".
Los jueces de la Corte son empleados ya que perciben sus salarios del Tesoro Nacional.
Las vacantes deben existir durante el receso del Senado para poderse llenar en comisión. No es necesario que las vacantes se produzcan o que se inicien durante el receso. Esto ha sido establecido hace muchos años por jurisprudencia de la misma Corte.
Y debe quedar en claro que el nombramiento en comisión no implica que el Senado no se pronunciará, es solamente un 'delay' hasta marzo en que se solicitará el acuerdo legislativo.
Lo mismo con respecto a la audiencia pública regulada por el 222, que se convoca inmediatamente, y cuyos resultados descarto que serán favorables, aunque es cierto que el decreto 83/2015 implica una modificación parcial de su antecesor, ya que el rechazo en audiencia pública no permitiría retirar el nombramiento.

Lo mismo respecto a las infundadas acusaciones de desuetudo. La idea de que hay normas constitucionales que dejan de existir por la falta de uso o por el incumplimiento de los poderes constituidos, es contraria a la premisa de la supremacía constitucional. De hecho, salvo en este caso, ningún constitucionalista serio la utiliza ni la defiende.
Y no hace tanto que no se usa, sin ir más lejos, lo hizo el Presidente Alfonsín, al designar en comisión -mediante decreto 3255/84- jueces de las Cámaras Federales de Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia y La Plata, y jueces federales en diversos departamentos judiciales (cons. 10).
En los Estados Unidos, con una cláusula constitucional virtualmente idéntica (Art. II, S. 2, Cl. 3), existe una larga práctica presidencial de designar jueces federales en comisión, buscando luego el acuerdo del Senado. Así han sido designados, hasta la fecha, casi 300 jueces federales, incluyendo 15 jueces de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Entre los jueces del Supremo Tribunal designados mediante este procedimiento se cuentan nada menos que Oliver Wendell Holmes, Jr. (1902), Earl Warren (1953), William Brennan, Jr. (1955) y Potter Stewart (1958). Huelga destacar que el primero es considerado un "gigante legal" en los Estados Unidos y los últimos tres -especialmente Warren y Brennan- fueron campeones del liberalismo y los derechos humanos. El Chief Justice Warren fue el arquitecto de la decisión en "Brown v. Board of Education of Topeka" (1954), decisión que puso fin a la segregación racial en las escuelas de ese país.
Los tribunales de los Estados Unidos han considerado que es perfectamente constitucional la facultad de designar jueces federales en comisión ("United States v. Alloco", 305 F.2d 704; entre otros) y la Corte Suprema de aquel país ha señalado recientemente -de forma concordante con la decisión de la Corte argentina registrada en Fallos313:1232- que la facultad presidencial se extiende tanto a vacantes acaecidas durante el receso del Senado como a aquellas ocurridas durante las sesiones del cuerpo legislativo pero que debieron ser cubiertas durante el receso ("NLRB v. Noel Canning", 572 U.S. _ (2014)).

Lo de los conjueces anulado en 'Aparicio' es totalmente distinto a lo que ocurre en el decreto 83/2015. Aquí hablamos de un supuesto constitucionalmente regulado, expresamente habilitado, con un tiempo claramente determinado, y que asegura la independencia y estabilidad de los nombrados.
Los nombrados en comisión son jueces estables en sus cargos. Las voces que piden al presidente que revea la decisión desconocen o desprecian la necesaria estabilidad en el cargo, ya que los nombramientos y los pliegos no pueden ya ser retirados.
Los Ministros de la Corte nombrados en comisión seguirán en tal carácter hasta tanto el Senado los confirme, o los rechace (en cuyo caso caerán los nombramientos). Si el Senado no tratase los pliegos, o no resolviese sobre ellos, los Ministros en Comisión dejarán de serlo al finalizar el próximo período ordinario de sesiones, el 30/11/2016 (fin de la próxima legislatura).
Son jueces con absoluta estabilidad y sus pliegos no pueden ya ser retirados por el Ejecutivo. Tienen la irremovibilidad propia de los ministros de Corte hasta tanto se culmine su tránsito por el Senado.
Bidart Campos enseñaba que son designaciones perfectamente válidas y que gozan de la estabilidad propia de los ministros normalmente designados, de modo de preservar su independencia respecto al proponente.
En todo caso estos jueces en comisión no son tan independientes respecto al Senado, a quien deberían agradar para ser confirmados definitivamente.
Pero son totalmente independientes respecto al Poder Ejecutivo ya que no puede más afectarlos de ningún modo.
Apenas vuelva la actividad ordinaria al Senado, en el mes de marzo de 2016, los pliegos deben ingresar para su tratamiento, audiencia y resolución; pudiéndose hasta ese momento también realizar la audiencia pública de conocimiento y oposición ciudadana.
En el caso de los nombramientos de ministros de Corte en comisión se abren ahora tres posibilidades: 1) a partir del 1º de marzo el Senado trata los pliegos y los aprueba, con lo cual se convierten en ministros permanentes; 2) el Senado trata los pliegos, y los rechaza, a uno o a ambos, en cuyo caso dejan inmediatamente de ser jueces, pero sus sentencias son válidas hasta ese día; 3) por cualquier razón, el Senado no trata los pliegos, los nombramientos caerán automáticamente el 30 de noviembre de 2016, siendo sus decisiones válidas hasta entonces.
Si son rechazados los candidatos, o si caen por falta de tratamiento, no podrían los mismos ser propuestos nuevamente al Senado, ni ser designados nuevamente en comisión.

Yo, claramente, creo que Horacio Rosatti merecía el trámite habitual. Es el mejor constitucionalista de su generación y uno de los cinco mejores constitucionalistas del país y nada menos que el redactor de la reforma del 94. Pero aunque no sea agradable, el mecanismo es válido.
Claro que el PEN podría haber convocado a sesiones extraordinarias para el tratamiento de pliegos. Pero el problema de fondo no es jurídico sino político.
Quienes creen que la Constitución es ambigua es porque no entienden derecho constitucional. Hay que mirar la pirámide desde arriba. No somos procesalistas.
El problema no está aquí. No lo busquen en el texto de la Constitución. El problema es político, no jurídico, y nos lleva a los juristas a discutir finezas innecesariamente.

Con estas designaciones el PEN no incurre en invasión de los otros poderes, es un simple uso de sus prerrogativas expresamente conferidas por la Constitución Nacional, a la que todos debemos someternos. El PEN simplemente ejerce su poder -que no descansa- durante las vacaciones del Senado.
Frenos y contrapesos entre los tres poderes, en eso consiste, en que la actividad de uno deba ser revisada por los otros, en que cada uno pueda influir de algún modo en la conformación del otro.

A los amigos que me dicen: "Vos, como constitucionalista que sos ¿hubieras aceptado entrar a la Corte de este modo?" les contesto que las decisiones vitales jurídicas, como las decisiones vitales médicas de someterse a un tratamiento, no se pueden analizar desde la premisa "si fuese yo..." o "si le pasase a mi hijo..."

Lo mejor de todo es que en estos últimos días hemos leído y discutido más derecho constitucional que en toda la década pasada...


Dr. Domingo Rondina
Abogado constitucionalista
Santa Fe
@domingorondina
www.domingorondina.com.ar


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TEXTO DEL DECRETO 83/2015


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Decreto 83/2015
Desígnanse Jueces.
Bs. As., 14/12/2015
VISTO lo dispuesto por el artículo 99, incisos 4 y 19 de la Constitución Nacional, y por el artículo 2° del
Decreto-Ley N° 1285/58, ratificado por la Ley N° 14.467, y
CONSIDERANDO:
Que en razón de las renuncias a sus cargos como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
de los Doctores Eugenio Raúl Zaffaroni, aceptada por Decreto N° 2044/2014, y Carlos Santiago Fayt,
aceptada por Decreto N° 1892/2015, existen en la actualidad DOS (2) vacantes a cubrir en dicho
Tribunal.
Que, de este modo, la Corte Suprema ha quedado integrada por TRES (3) jueces, lo que dificulta el
desenvolvimiento de las altas funciones que le encomienda la Constitución Nacional (artículos 116 y
117).
Que conforme lo dispuesto por el artículo 23 del Decreto-Ley N° 1285/58, norma que establece que “las
decisiones de la Corte Suprema se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de los jueces que la
integran, siempre que éstos concordaren en la solución del caso; si hubiere desacuerdo, se requerirán los
votos necesarios para obtener la mayoría absoluta de opiniones”, en el actual contexto no podrán
adoptarse decisiones jurisdiccionales que no cuenten con la unanimidad de los TRES (3) actuales
integrantes del Alto Tribunal.
Que la exigencia actual de unanimidad decisoria, derivada de la diferencia entre el número legal y el
número real de integrantes de la Corte Suprema de Justicia, viene ratificada por el artículo 3° de la Ley
N° 26.183, que dispone que una vez reducido a CINCO (5) el número de miembros de la Corte Suprema,
“las decisiones se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros”.
Que, en consecuencia, resulta imperioso proceder a la cobertura inmediata de las vacantes señaladas, a
fin de garantizar el más adecuado funcionamiento de la máxima instancia judicial del país.
Que es una política primordial de esta administración utilizar todos los medios constitucionales y legales
tendientes a promover una eficaz administración de justicia.
Que por ello es absolutamente necesario que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se encuentre en
condiciones plenas de funcionamiento a la mayor brevedad posible, por lo que resulta procedente la
designación de dos juristas para integrar el Alto Tribunal.
https://www.boletinoficial.gob.ar/pdf/linkQR/WWorakYrcHdzRzArdTVReEh2ZkU0dz09
Página 1
Que en tal sentido corresponde destacar que el texto constitucional consagra un mecanismo concreto
para remediar situaciones como la presente, facultando al Presidente de la Nación a “llenar las vacantes
de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de
nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura” (artículo 99, inciso 19, de la
Constitución Nacional).
Que encontrándose en receso el Honorable Congreso de la Nación, a cuya Cámara de Senadores, según
el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, corresponde prestar acuerdo a los candidatos
propuestos para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resulta constitucionalmente válida la
designación de jueces en comisión hasta el final del próximo período de sesiones, por parte del
Presidente de la Nación, conforme la disposición constitucional citada en el Considerando precedente.
Que según tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación la interpretación auténtica de dicha
norma constitucional sigue la práctica estadounidense, entendiendo que la facultad presidencial de
realizar por sí nombramientos en comisión existe tanto respecto de vacantes producidas durante el
receso legislativo como respecto de vacantes que ya existan al momento del receso (Fallos 313:1232,
considerandos 4 y 6).
Que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es conteste con lo que expone de manera
pacífica la Doctrina Constitucional, en cuanto a que el Presidente de la Nación se encuentra facultado
para cubrir vacantes que requieran el acuerdo del Senado, que se hubieran producido durante el receso
mismo del Poder Legislativo o con anterioridad (conf. BIDART CAMPOS, Germán J., “Tratado Elemental
de Derecho Constitucional Argentino”, ed. Ediar, Bs. As., T° II, pág. 248; EKMEKDJIAN, Miguel A.,
“Tratado de Derecho Constitucional”, Ed. Depalma, T° V, pág. 148; GELLI, María Angélica, “Constitución
de la Nación Argentina comentada y concordada”, ed. La Ley, pág. 867; entre otros).
Que del mismo modo, ante vacantes producidas durante el período de actividad legislativa pero llenadas
durante el receso del Senado, la potestad en cuestión ha sido ejercida en épocas de estabilidad
institucional por un presidente de incuestionables credenciales democráticas y republicanas como fuera
el Doctor Raúl Ricardo Alfonsín, quien en los términos del artículo 86, inciso 22 de la Constitución
Nacional entonces vigente (antecedente del actual artículo 99, inciso 19 del texto constitucional aprobado
en 1994) designó en comisión a los miembros de las Cámaras Federales de Bahía Blanca, La Plata y
Comodoro Rivadavia, como también a los jueces federales de los departamentos de San Martín,
Mercedes y San Nicolás (Decreto N° 3255/84, publicado en el Boletín Oficial del 4 de octubre de 1984).
Que esta facultad de realizar nombramientos en comisión no se limita a los jueces inferiores, sino que se
extiende a los jueces de todos los grados e instancias, inclusive los de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, como surge del propio artículo 99, inciso 19 de la Constitución y es reafirmado por los artículos 1°
y 2° del Decreto-Ley N° 1285/58 (ratificado por la Ley N° 14.467).
Que, en efecto, el artículo 1° de la norma citada en último término prevé que “[e]l Poder Judicial de la
Nación será ejercido por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales nacionales de la Capital Federal y
los tribunales nacionales con asiento en las provincias y territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur”; y el artículo 2° establece el procedimiento para el nombramiento de los jueces
de esos tribunales en los siguientes términos: “Los jueces de la Nación son nombrados por el Presidente
de la Nación con acuerdo del Senado y, durante el receso del Congreso, en comisión hasta la próxima
https://www.boletinoficial.gob.ar/pdf/linkQR/WWorakYrcHdzRzArdTVReEh2ZkU0dz09
Página 2
legislatura”.
Que el ejercicio de esta potestad es compatible con el rol que constitucionalmente corresponde al
Honorable Senado de la Nación en virtud del artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, toda vez
que oportunamente se le enviarán los pliegos respectivos de los jueces designados en comisión, los que
deberán recibir el correspondiente acuerdo del Senado durante el siguiente período de sesiones
legislativas, a fin de ser confirmados en el cargo, cesando en el mismo al final de dicho período legislativo
en caso de no obtener dicho acuerdo.
Que el ejercicio de la facultad constitucional referida precedentemente impone escoger integrantes con
comprobada independencia de criterio, antecedentes académicos de envergadura y que carezcan de
vinculación política o personal con quien los designa, promoviendo de esta manera la autonomía,
independencia y eficacia de la justicia.
Que los Doctores Carlos Fernando ROSENKRANTZ y Horacio Daniel ROSATTI reúnen suficientemente
dichos requisitos.
Que sin perjuicio del nombramiento en comisión que se instrumenta por medio del presente acto,
corresponde instruir al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a efectos de que promueva de
inmediato los procedimientos previstos en el Decreto N° 222/03, para la oportuna designación de los
Doctores ROSENKRANTZ y ROSATTI conforme a las previsiones del artículo 99, inciso 4, de la
Constitución Nacional.
Que el artículo 99, inciso 19 de la Constitución Nacional otorga facultades para el dictado del presente.
Por ello,
EL PRESIDENTE
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — Desígnanse como Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los Doctores
Carlos Fernando ROSENKRANTZ (Documento Nacional de Identidad N° 13.031.536) y Horacio Daniel
ROSATTI (Documento Nacional de Identidad N° 12.696.450), en los términos del artículo 99, inciso 19,
de la Constitución Nacional.
Art. 2° — Encomiéndase al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la inmediata implementación del
procedimiento previsto en el Decreto N° 222/03, a los fines de la oportuna designación de los Doctores
Carlos Fernando ROSENKRANTZ y Horacio Daniel ROSATTI en calidad de Jueces de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, conforme a las previsiones del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional.
Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. —


MACRI. — Marcos Peña. — Germán C. Garavano.

5 comentarios:

Ricardo Gamba dijo...

Buen analisis...para mandarselo al trucho de Sabsay...

Ricardo Gamba dijo...

Algunos "constitucionalistas" son magos babilonicos que conocen el espiritu de la ley escondido detras del texto... Asi los jueces y juristas se cargaron la constitucion y las leyes...

Demonte micaela dijo...

Leí su nota,recomendada por una íntima amiga abogada que fue alumna suya en la facultad.como ciudadana común entendí muy bien ya que generalmente muchos abogados se expresan de una manera rebuscada que la mayoría de la población común no logramos entender.quisiera que me de su opinión acerca de que rosenkranz en su pagina de su estudio en la lista de clientes se encuentra grupo clarín, cablevisión,soc agraria.a ud le sigue pareciendo correcta la designación? Por supuesto que en la pagina ya no figuran los clientes antes citados.agradecería su respuesta.

Demonte micaela dijo...

Mi segundo comentario no se que toque no se publicó.era el siguiente, ud al finalizar la nota dice que sus amigos le preguntan qué hubiera hecho ud en ese lugar,a lo que les contesta que tanto en las decisiones jurídicas vitales como el la medicina en situaciones vitales, no se puede hacer un análisis desde esa posición. Soy médica y estoy de acuerdo en que hay situaciones en las que hay que actuar con celeridad, pero en este caso se sabía con mucho tiempo que el señor Fayt dejaría su cargo un día después de la asunción,a mi ciudadana común me genera suspicacia.podría ud darme su opinión al respecto.gracias lo saludo atte

Andres Gorordo dijo...

vengo leyendo varios articulos relacionados y en todos encuentro una postura. No estoy en desacuerdo con la situacion de "necesidad", y creo q desde el PEN es una forma mas fuerte de "negociar" ante el congreso. En lo q hace a leyes siempre, media biblioteca para un lado y media para otra, como cada argumento se puede plantear de una u otra optica. A mi modesto entender, cualquier ciudadano voto, ademas de un presidente, gobernadores y senadores. Todos describen al senado como corrupto!...y al presidente como democrata! Yo pienso q el PEN avanza sobre el poder judicial marcando un precedente horrible para el futuro, y ademas quiere quitarle atribuciones al congreso. Es tambien una mirada valida. Creo q algo mas se charlo en la reunion Macri-Lorenzetti, porque el punto era q se "quedaban" un año, Si o si. Y ahora, ademas q los senadores peronistas advidtieron q si "juran" votaran por la negativa, y llegamos al 222/03 donde quedan sujetos a votacion y cesacion de sus funciones inmediata. Entonces creo q la "ley" no es tan "blanca y clara" como parece. Y el punto de q existen los aviones(no estamos en la epoca de la colonia), y se puede convocar a extraordinarias, de la noche a la mañana, se desmerece. Es una extrategia, quizas la mejor posible, pero es muy cuestionable. Yo creo q es un momento especial del pais, y no creo q el senado este lleno de "moustruos". Todos defienden distintos interese, pero los "verdaderos" acuerdos se hacen parlamentando.